*Durante doce meses consecutivos, los reportes oficiales de salud solo reconocen una muerte por coronavirus en Nicaragua. Médicos advierten que cifra estática es anticientífica y no corresponde a la realidad del país centroamericano.
** Todos los indicadores alrededor de la pandemia condenan a la mentira el informe oficial de una muerte por semana: desde el reconocido incremento de casos, pasando por el aumento de la letalidad de nueva variante del virus, sumado a la falta de vacunas suficientes junto a los llamados a la aglomeración social.
EXPEDIENTE PÚBLICO
No hay un letrero que lo indique. Ni siquiera está en un documento formal o en un decreto ejecutivo que lo imponga, pero la medida sanitaria es real y todas las semanas se aplica en Nicaragua: solo una persona, semanalmente, tiene derecho a ser reconocida como muerta oficial por Covid-19. Nadie más puede ser incluido en esa lista minúscula.
Los otros, que llegaron al hospital con baja oxigenación, que fueron intubados, que sufrieron largas noches de padecimientos y que fueron enterrados muy noche o muy temprano, sin derecho a velorio y menos a una misa o culto de cuerpo presente, deben morirse de cualquier otra cosa. ¿Era diabético? Esa es una causa. ¿Era hipertenso? Así póngase en el acta de defunción. ¿Tuvo asma? Ahí está otra razón. ¿Era joven? Bueno, ni modo, póngase neumonía atípica. Cualquier cosa, menos Covid-19.
Desde inicios de octubre del año 2020, cuando se reportaron dos muertes, el Ministerio de Salud congeló en sus informes oficiales la cifra de una muerte por semana por el virus del coronavirus hasta este final de septiembre.
Esta semana la política oficial de “una muerte por semana” no varió: del 21 al 28 de septiembre se reportaron 718 contagios de Covid-19 y solo una muerte.
“En la presente semana hubo 1 fallecido atribuible a Covid-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas”, indica el informe oficial del Ministerio de Salud (Minsa).
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Los casos no oficiales indican otros números
“A mi hijo le negaron la muerte por Covid-19 en la constancia de defunción del Ministerio de Salud. Le pusieron “neumonía atípica, insuficiencia respiratoria aguda e hipertensión arterial”, dice “Dominga”, madre de un hombre de 44 años que murió este lunes 27 de septiembre en Managua, la capital, tras ser hospitalizado el pasado viernes con todos los síntomas del virus. También era hipertenso y tomaba dos pastillas de Irbesartán de 150 miligramos al día.
Apenas 12 días atrás, la hija mayor del hombre fallecido en el Hospital Lenin Fonseca, ubicado en la capital, de 24 años, murió con los mismos síntomas del Covid-19, en el mismo hospital y su acta de defunción indicaba “neumonía bacteriana y shock séptico”. Ella no padecía de ninguna enfermedad crónica.
Ambos, padre e hija, fueron enterrados bajo los protocolos de seguridad del Ministerio de Salud: de inmediato y sin permiso para que su familia lo velara o celebrara una actividad religiosa de despedida.
“Dominga”, nombre ficticio de la madre y abuela de las dos víctimas del Covid-19, habló con Expediente Público bajo razones de anonimato por dos situaciones específicas: su hijo fue militante sandinista de su barrio en el Distrito V de Managua y su nieta era trabajadora de una institución pública, y deja una niña en orfandad.
Desde el primer informe de Covid-19 en Nicaragua, en marzo del año 2020, el Ministerio de Salud ha venido brindando cada semana, usualmente los martes, las cifras de nuevos contagios, muertes y personas recuperadas, pero sin mayores datos demográficos, sin acceso a medios independientes a las ruedas de prensa y sin mayores evidencias estadísticas que permitan verificar las cifras.
Ni la OPS se salva de la censura del régimen
Y esa falta de transparencia se la ha echado en cara en reiteradas ocasiones la Organización Panamericana de la Salud, OPS, cuyos funcionarios en conferencias de prensa, han acusado recibo de los pocos creíbles datos oficial de Nicaragua.
La OPS el 8 de septiembre admitió tener evidencias de un rebrote del coronavirus, pero adujo no tener “elementos suficientes” para monitorear y constatar la evolución de la pandemia en Nicaragua por falta de comunicación con el régimen de Daniel Ortega.
Por ello instó, nuevamente, a las autoridades, a superar esa falta de transparencia con mayor información sobre las infecciones en el país centroamericano.
“La OPS no tiene elementos suficientes para valorar el estado de la pandemia en Nicaragua”, indicó entonces Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud de la OPS para la Región de las Américas, en conferencia donde participó Expediente Público.
Este 29 de septiembre, Ugarte en conferencia volvió a exponer que la información que recibe del Ministerio de Salud nicaragüense “sigue siendo muy escasa”.
“En este momento no contamos con información de detección de variantes de interés, dijo el funcionario de la OPS, al insistir que en el pedido “para que la población en Nicaragua reciba información suficiente” reiterando la disposición de “cooperar en todos los sentidos” para que en el país “se controle la pandemia” del Covid-19.
Desde julio de 2020, la organización solicitó al régimen de Nicaragua un permiso para enviar una comisión especializada para verificar los datos y apoyar en el registro y diagnóstico de los casos, pero la administración de Ortega y Rosario Murillo han negado el acceso a la mismísima OPS.
De modo que la información oficial que recibe esa organización internacional de parte del Estado de Nicaragua, es la misma que se le da a la ciudadanía en escuetos comunicados o en lecturas televisadas que duran no más de dos minutos, y donde nunca hay preguntas de los periodistas oficialistas.
Un muerto más. Punto.
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Fuentes alternas más creíbles que el Minsa
“El colmo de la falta de transparencia y desconocimiento a las cifras del Minsa es que la misma OPS ha admitido que, para entender la situación de la pandemia en el país, se auxilia de fuentes alternativas, en este caso del Observatorio Ciudadano Covid-19 Nicaragua”, dijo a Expediente Público un médico de la Unidad Médica Nicaragüense, extinta organización de galenos que se vio obligada a cerrar sus oficinas en junio pasado, debido a la persecución y represión estatal contra sus miembros.
Esta organización nació al calor de las protestas sociales de abril de 2018, cuando el Ministerio de Salud, bajo la dirección de la doctora Sonia Castro, negó atención médica a los opositores heridos y alteró los resultados de las muertes de los manifestantes para proteger a policías y paramilitares que reprimían las protestas sociales. Castro fue sancionada por Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y Suiza.
“Roger”, nombre de pila de este médico en los círculos clandestinos de la salud en Nicaragua, tuvo que dejar de prestar sus servicios especializados en una clínica privada y su trabajo temporal en un hospital subsidiado del Seguro Social, luego de ser amenazado con el retiro de su licencia por el Ministerio de Salud y con cárcel por “noticias falsas” por el Ministerio Público en agosto pasado, a raíz de sus entrevistas y reportes a los medios de comunicación independientes sobre la gravedad de la pandemia.
Ahora colabora de manera discreta con otros colegas dentro del sistema de Salud y reporta datos al Observatorio Ciudadano, un organismo multidisciplinario de la sociedad civil que opera de manera casi clandestina desde hospitales públicos y privados para llevar un registro de contagios y muertes alternativo al dato oficial.
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El Minsa reportó hasta 28 de septiembre un total de 718 nuevos contagios en los últimos siete días, para un acumulado total de 11,272 personas desde marzo de 2020, con 204 muertes.
Distante de esos datos, la semana anterior (el 22 de septiembre), el Observatorio había reportado 1,655 nuevos contagios con 415 muertes. Con ello, el acumulado de la pandemia sube a 28,247 personas contagiadas y 5,230 muertes por el virus.
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Analizando el caso de Nicaragua
Expediente Público consultó al médico “Roger”, que trabajó en el sector público y al doctor Álvaro Ramírez, hoy en el exilio, quien fue director de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud, para tratar de explicar las razones de la política estatal de “un muerto por semana” en Nicaragua, versus los indicadores de salud y otros elementos científicos.
Para “Roger” las cifras son resultados de una decisión política: el Gobierno antepuso sus intereses a la realidad científica del país centroamericano, de modo que los reportes, decisiones, discursos y políticas de salud pública quedaron en manos de los gobernantes y no de los médicos que conocen la complejidad de la pandemia.
“El Minsa sabe que los datos que emiten son falsos, contrarios a la ciencia, casi contra natura, pero ya sea por identidad política-ideológica, por temor a ser despedidos, por falta de ética o valor, han contribuido a tratar de engañar a la sociedad”, dice este médico.
Según sus razonamientos, hay factores de la situación sanitaria de Nicaragua que no hacen posible aceptar como válido los datos del Minsa.
“En primer lugar, no hay un registro público o privado de pruebas para detectar el Covid-19. Ni siquiera se sabe la cantidad de pruebas que ingresaron donadas o fueron compradas. El Gobierno vio una oportunidad de negocio en estas compras y empezó a vender las pruebas para los migrantes a 150 dólares. En los hospitales no es exigido ponérsela a los pacientes sospechosos y así nunca se sabrá la cantidad de casos por el simple método de pruebas aplicadas contra pruebas negativas o positivas”, dice.
“En segundo lugar, los datos que indican que en Nicaragua hay menos casos que en Centroamérica, teniendo más o igual población, no son creíbles si tomamos en cuenta que, contrario a otros países, el gobierno nunca cerró sus fronteras, no llamó al distanciamiento social y al contrario, hizo marchas para celebrar el coronavirus, promovió concentraciones masivas, impidió al inicio a los médicos y personal de salud a usar protección y actuó demasiado tarde en promover las medidas de protección de bioseguridad”, observa “Roger”.
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¿Gracias a quién el “milagro”?
En tercer lugar, indica el médico, Nicaragua no ha tenido una respuesta inmediata y prioritaria en la compra de vacunas como mecanismo masivo de inmunización a como lo ha hecho Costa Rica o El Salvador, cita como ejemplo “Roger”.
“La única manera de reducir los casos de contagios es obligando al distanciamiento social, exigiendo las medidas de protección en todos los espacios y vacunando masivamente a la población”, indica.
Según cifras de la OPS, Nicaragua no alcanza a cubrir al 8% de la población con las dos dosis del biológico, pese a la donación de más de un millón de vacunas para una población de 6.5 millones de habitantes. El país registra la cifra más baja de Centroamérica en inoculación.
“En el primer caso, no ha habido voluntad institucional de aplicar el distanciamiento social responsable, en cuanto a las medidas de protección, ha sido una decisión personal y familiar de un segmento de la población que compra mascarillas, alcohol y evite concentraciones, y en el último caso, no hay una estrategia de vacunación programada, responsable, organizada, lo que hay es un sálvese quien pueda de miles de personas buscando a la misma vez una vacuna para tratar de salvarse”, razona “Roger”.
Por último, dice el médico, la naturaleza misma del virus y su tasa de alta letalidad, impiden que los datos del Minsa, “con una muerte cada siete días”, sea considerada válida.
“Si bien no hay una tasa de letalidad globalmente admitida en el Covid-19, porque esta varía de país a país según las condiciones socioeconómicas, Nicaragua no puede escapar al contexto de sus vecinos. Siendo el país más pobre, con peor sistema de Salud, con menos presupuesto, con menor número de vacunación, con menos pruebas aplicadas ¿por qué debería tener la menor cantidad de muertes y contagios?”, se cuestiona “Roger”.
“Sin datos científicos con los cuales el Minsa pueda aclarar ese milagro a la OPS o la Universidad Johns Hopkins (en Estados Unidos, principal centro mundial de cifras sobre la pandemia), solo nos quedan dos explicaciones: ‘gracias al comandante y la compañera’ o gracias a Dios”, dice “Roger”.
En efecto, el sarcasmo del médico encuentra respuesta en la última oración del reporte oficial del Minsa este 28 de septiembre: “Seguimos trabajando, en la prevención y atención de las personas, ¡En nombre de Dios!”.
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Doctor Ramírez: “Letalidad anda entre 20% y 30% en Nicaragua”
“Simplemente las tasas de letalidad en todo el mundo se están reportando entre el 1% y 2% . Si así fuera en Nicaragua, donde se reportan 600 casos en una semana, se esperaría una cantidad de al menos 6 muertes al 1% y 12 al 2%.
Señala que esta cifra mínima de letalidad (entre 1% y 2%) se da en países donde el sistema de Salud no ha colapsado, donde la atención es óptima y se están atendiendo adecuadamente los pacientes. “Pero, la tasa de letalidad puede subir hasta un 20% y 30% por ciento en casos donde el virus se ha extendido sin control y ha colapsado los servicios médicos, como ocurrió en España, Italia, Estados Unidos y varios países de América Latina, como Brasil, México y Perú este año”, afirma.
“Las largas filas de gente buscando oxígeno, las extensas jornadas de hasta 12 horas en fila esperando de pie para encontrar una vacuna, las noticias diarias de personas allegadas reportando el duelo por un ser querido, el luto por no poder despedir en una vela a sus muertos, los reportes de los amigos médicos que uno conoce personalmente, evidencian que en Nicaragua la tasa de letalidad de la pandemia anda entre el 20% y 30% en este momento. Es decir que se si reportan 600 casos de contagio en una semana, hay entre 120 y 180 muertes reales cada semana”, considera Ramírez a Expediente Público.
Mortandad puede subir
Sin embargo, la cantidad real de muertes, a criterio de Ramírez, puede variar por la falta de capacidad del Minsa de monitorear todos los contagios en Nicaragua.
“El dato que ellos pasan es un filtro de casos que llegan a los hospitales y centros de Salud, una mayoría de nicaragüenses no asiste a recibir atención médica y eso indica que debe haber un subregistro de hasta el 100 por ciento en los casos reportados”, explica a Expediente Público.
Otra de las razones del por qué se ocultan las cifras de muerte desde el Estado, según Ramírez, obedece a crear un falso clima de “normalidad” y “paz” en tiempos de elecciones: ocultar las muertes, como lo hizo en el Servicio Militar en 1990 y los muertos por la represión en 2018, para vender una idea internacional de tener todo bajo control, armonía y alegría, como dice Rosario Murillo en sus discursos diarios.
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“Una especie de hecatombe sanitaria”
Sin embargo, pese a la negación de reconocer la verdadera magnitud de la pandemia por parte del Gobierno y la falta de datos confiables, Ramírez está de acuerdo con una visión menos optimista que la oficial: la posición de la Iglesia católica respecto a la tragedia sanitaria, catalogada por monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, al norte, como “una especie de hecatombe sanitaria”.
El pasado 9 de septiembre, en una misa transmitida por redes sociales, desde el departamento de Matagalpa, al norte de Managua, monseñor Álvarez dijo: “En esta curva epidemiológica de alcances insospechables estamos viviendo tristemente una vorágine, una especie de hecatombe sanitaria».
En una homilía dedicada a los enfermos de Covid-19, Álvarez comparó a Nicaragua con «un pueblo flagelado» por la pandemia: «cientos de miles de nicaragüenses en hospitales ya desbordados, ya tantos de ellos sin capacidad para responder adecuadamente a las urgencias y a las urgentes necesidades médicas de tantos enfermos”.
Y en seguida cuestionó al Gobierno y sus políticas de aglomeración: «Esa es la realidad sanitaria de nuestro pueblo. Un pueblo que camina por la senda del dolor, flagelado por una pandemia descontrolada y, lamentablemente, por aglomeraciones de un pueblo pobre, sencillo, bueno, humilde, pero que muchas veces es alentado y desinformado para realizar esas aglomeraciones».
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Política de aglomeraciones en tiempos de pandemia
En lo que va del 2021, según cifras oficiales extraídas en los discursos de Murillo, el régimen ha convocado hasta el 8 de septiembre, a más 71,663 actividades públicas en medio del repunte de la pandemia.
Solo para el fin de semana del 25 y 26 de septiembre, Murillo convocó a 4,300 actividades públicas entre ferias, eventos deportivos, actividades académicas y culturales apadrinadas por alcaldías, entes públicos y organizaciones afines a su gobierno.
Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, el régimen de Ortega priorizó la actividad económica contra el confinamiento social.
El pasado 7 de septiembre Ortega lo justificó de esta manera: «Encerrándose es como enterrar la cabeza como el avestruz y morir».
Según su razonamiento, el confinamiento «no fue la solución, más bien provocó más muertes y más problemas intrafamiliares» en los países que lo aplicaron.
