*Los recursos totales para las entidades a cargo de seguridad pública y defensa representan el 35% del presupuesto asignado a los sectores de Salud y Educación, de acuerdo al proyecto de ley en discusión en el parlamento de Nicaragua.
Expediente Público
La Policía y el Ejército junto a otras entidades del sistema de justicia y seguridad que son utilizados por el régimen del Daniel Ortega para sostener la represión y los abusos a los derechos humanos a la población que adversa al sandinismo, serán premiadas con mayores presupuestos en 2022 incluso en porcentajes mayores a sectores sociales.
La iniciativa de Ley del Presupuesto General de la República (PGR) 2022, que finalmente fue revelada por el oficialismo, indica que «para los servicios de orden público y seguridad, así como para defensa” se destinan en total 12,316.2 millones de córdobas (alrededor de 350 millones de dólares). Ese monto representa el 35 % del presupuesto total asignado a los ministerios de Salud y Educación el próximo año.
El PGR de gasto total que se propuso es de 91,802 millones de córdobas (equivalentes a 2,832 millones de dólares) que en comparación al aprobado en 2021 sería un incremento del 12.6 %.
Para el 2022, Ortega se muestra optimista en la obtención de recursos externos por parte de la cooperación y con la recaudación de impuestos, y por eso estimó que el presupuesto de ingresos ascenderá 91,542 millones de córdobas (2,591 millones de dólares), lo que es ligeramente superior a los 89,682 millones de córdobas con los que se espera finalizar este 2021.
Los presupuestos de los ministerios de Educación y Salud suman C$ 34,876 millones (poco más de 984 millones de dólares). Sin embargo, al momento de la redistribución del dinero el régimen castigó al Ministerio de Educación (Mined) por cuanto es la segunda entidad que porcentualmente crece menos en su presupuesto el próximo año: 3.5%. En cambio, la Policía, la Corte Suprema, el Ministerio de Defensa, la Asamblea Nacional (parlamento) y el Consejo Electoral tendrán incrementos entre 6.3 y el 64.5 %.
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El PGR de gasto total que se propuso es de 91,802 millones de córdobas (equivalentes a 2,832 millones de dólares) que en comparación al aprobado en 2021 sería un incremento del 12.6 %.
Para el 2022, Ortega se muestra optimista en la obtención de recursos externos por parte de la cooperación y con la recaudación de impuestos, y por eso estimó que el presupuesto de ingresos ascenderá 91,542 millones de córdobas (2,591 millones de dólares), lo que es ligeramente superior a los 89,682 millones de córdobas con los que se espera finalizar este 2021.
Los presupuestos de los ministerios de Educación y Salud suman C$ 34,876 millones (poco más de 984 millones de dólares). Sin embargo, al momento de la redistribución del dinero el régimen castigó al Ministerio de Educación (Mined) por cuanto es la segunda entidad que porcentualmente crece menos en su presupuesto el próximo año: 3.5%. En cambio, la Policía, la Corte Suprema, el Ministerio de Defensa, la Asamblea Nacional (parlamento) y el Consejo Electoral tendrán incrementos entre el 6.3 y el 64.5 %.
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La propuesta presupuestaria la conocieron los ciudadanos casi un mes después de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) la introdujo en la Asamblea Nacional (parlamento), el 15 de octubre pasado. En la oficina de la Primer Secretaría parlamentaria el documento se les ocultó incluso a los diputados, violando la Ley Orgánica de la Asamblea que establece que la iniciativa de Ley del PGR debe ser facilitada a los diputados para que la evalúen, antes de que el ministro de Hacienda la exponga en el plenario legislativo.
Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo enfrentan el desconocimiento internacional para un nuevo gobierno de cinco años a partir del 2022, debido a que las votaciones celebradas el pasado 7 de noviembre fueron consideradas como “erosión y quiebre democrático” por la Organización de Estados Americano (OEA).
El encarcelamiento de los siete precandidatos opositores considerados por Ortega como los más peligrosos para su permanencia en el poder, más de 150 presos y presas políticas, la instauración de un Estado policial formaron parte del contexto en que se celebraron las votaciones en el país centroamericano, que según estimaciones del observatorio ciudadano electoral Urnas Abiertas, hubo una abstención del 85% por parte de los ciudadanos que optaron por no ir a votar.
Mientras el Poder Electoral, conformado por magistrados militantes del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), alardeó que los comicios contaron con la participación del 65% y le asignó a la pareja Ortega-Murillo el 75.87% de los votos.
Las instituciones más priorizadas
Partiendo del proyecto presupuestario del 2022 Expediente Público identificó las instituciones y ministerios que siguen siendo priorizadas por el régimen entre las que figuran: la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral (CSE), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio de Gobernación (Migob) y la Asamblea Nacional.
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La Policía Nacional, institución señalada de ser el principal brazo represor del régimen, contará el próximo año con un presupuesto de 4,048.1 millones de córdobas, equivalentes a 114.6 millones de dólares, lo que demuestra un aumento de 288 millones de córdobas en comparación a los 3,760.6 millones de córdobas (106.4 millones de dólares) que se aprobó inicialmente en 2021.
Mientras el CSE señalado de ser cómplices de las votaciones del 7 de noviembre pasado y lo que incluso Estados Unidos consideró como una “pantomima” o “farsa electoral”, pasó de 1,108.2 millones de córdobas (31.3 millones de dólares) aprobados en 2021 a 1,823.1 millones de córdobas (51.6 millones de dólares) para el 2022.
En esa misma línea, a la Corte Suprema de Justicia, órgano represivo a través de la aplicación de las leyes contra los opositores, se le asignó un presupuesto de 3,672.1 millones de córdobas (103.9 millones de dólares), evidenciando un aumento en comparación al año en curso que fue de 3,261.2 millones de córdobas, equivalentes a 92.3 millones de dólares.
Otra de las instituciones priorizadas es la Asamblea Nacional (parlamento), donde el partido gobernante FSLN cuenta con 70 escaños pero que a partir del 2022 se le sumaran cinco más como resultado de los comicios, pasará de recibir un monto total de 682.3 millones de córdobas (unos 19 millones de dólares) a 725.1 millones córdobas, o su equivalente a unos 20 millones de dólares el próximo año.
El congreso nicaragüense es considerado como otro órgano represor por haber aprobado el combo de leyes represivas a finales de 2020 entre ellas la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, la última con la que actualmente están encarcelados y en juicio más de una treintena de opositores, entre ellos aspirantes presidenciales.
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Mantienen retórica sobre daños por las protestas
El proyecto del PGR fue presentado el jueves 11 de noviembre a las 10:30 de la mañana ante los diputados de la Asamblea Nacional por Iván Acosta, titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), quien fue sancionado el 22 de mayo de 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por “apoyar al corrupto régimen”. Durante su intervención el funcionario utilizando la retórica del oficialismo se refirió al resultado electoral en el que resultaron reelectos Ortega y Murillo, y aprovechó el momento para culpar a los opositores por la recesión económica que afectó el país desde 2018. El Banco Central de Nicaragua proyecta una recuperación económica en el 2021 de hasta el ocho por ciento.
Acosta dijo que Nicaragua no se ha logrado recuperar gran parte de las pérdidas ocasionadas por los huracanes Eta e Iota que afectaron a Nicaragua a finales del 2020, sumado a la crisis sanitaria por la pandemia y los daños ocasionados por los disturbios de abril 2018, por lo que se extenderán hasta el 2023.
El régimen también culpó a las políticas “coercitivas” de EE.UU., y sus aliados, de ser los responsables de ocasionar la pérdida de 27,766 millones de dólares. En tanto, el Ministerio de Hacienda estima que la pandemia del Covid-19 le ha costado al gasto público 257 millones de dólares.
Acosta utilizando insultos con los que la pareja gobernante a través de sus discursos criminaliza las voces disidentes en el país centroamericano, para no asumir su responsabilidad en la violación de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, argumentó que las protestas cívicas antigubernamentales son culpables de la desaceleración de la economía nicaragüense. “Entre 2018 y 2023 las estimaciones mantienen una gran pérdida a la economía de 28,122 millones de dólares. El 98.7 por ciento fue causado por el terrorista y fallido golpe de Estado”, señaló el funcionario.
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Los menos priorizados
El proyecto del PGR 2022 demuestra que los sectores sociales, como Salud y Educación, son de los menos pmenos priorizados por parte del gobierno sandinista.
Por ejemplo, el Minsa encargado de garantizar los servicios de atención médica y enfrentar la pandemia del Covid-19, se le ha propuesto recursos por 19,748.5 millones de córdobas (unos 559.1 millones de dólares), lo que es inferior a los 21,510 millones de córdobas, o su equivalente a 609.0 millones de dólares que se estima cierre en el 2021.
Al Ministerio de Educación se le destinará en 2022 un monto de 15,127.6 millones de córdobas (428.3 millones de dólares) que es ligeramente superior a los 14,613.4 millones de córdobas (413.7 millones de dólares) asignados a inicio de 2021, por lo tanto, lo proyectado reflejaría que esta cartera no crecería significativamente en comparación a otras instituciones a quienes les asignaron mayores fondos.
