A pesar de ser una de las instituciones públicas más antiguas de Nicaragua, la Contraloría General de la República (CGR), no termina de afianzarse como ente fiscalizador. Los gobiernos, desde 1899 hasta la actualidad, han utilizado esta entidad como un arma para presionar a sus adversarios políticos y ocultar la corrupción de sus allegados.
La última investigación que la Contraloría General de la República (CGR) dirigió con ahínco fue en contra del exalcalde liberal de Mulukukú, Apolonio Fargas. En septiembre de 2019 la institución ordenó ejecutar auditorías financieras de la administración Fargas correspondientes a los años 2010, 2011, 2012 y 2018.
Fargas fue alcalde de su municipio de 2009 al 2012 y luego ganó los comicios de 2017 en esa remota zona, ubicada aproximadamente a 242 kilómetros de la capital, Managua.
El exalcalde liberal, que se exilió, explicó a diversos medios de comunicación que las acusaciones eran un complot en su contra por el apoyo que había brindado al levantamiento de tranques durante las protestas a partir de abril de 2018.
Fargas, quien fue preso político de la dictadura sandinista por casi un año, aseguró a El Nuevo Diario que no existían pruebas de corrupción en su contra y que esta era una investigación dirigida por el orteguismo a través de la CGR.
Contraloría como “arma de persecución”
El argumento de Fargas, de denunciar a la CGR como un arma de persecución, no parece lejos de la realidad. El abogado Alberto Novoa, exprocurador General de la República, considera que la Contraloría funciona como una herramienta política del orteguismo para presionar a opositores a su régimen, y obligarlos a llegar a acuerdos o arreglos.
“La CGR no tiene la independencia y la autonomía de un órgano para controlar a las instancias del Estado. No ha gozado del prestigio de su nombre y tampoco de la credibilidad”, advierte Novoa, quien agrega que los únicos que salen “embarrados” han sido funcionarios de tercera categoría u opositores.
La falta de independencia y autonomía de la CGR también se evidencia cuando la institución no investiga a altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua involucrados en actos de corrupción, pese a que existen indicios de posibles ilícitos.
Por ejemplo, en julio de 2019, el medio Artículo 66 publicó una investigación sobre el uso de fondos públicos de la Secretaría de la Presidencia por parte de “Incanto”, una organización dirigida por el hijo del matrimonio Ortega – Murillo y asesor presidencial, Laureano Ortega, que usaba los recursos para organizar conciertos de ópera.
Contraloría ciega ante desmanes oficialistas
Aunque ese medio de comunicación presentó una historia solvente con abrumadoras pruebas, la CGR no dirigió ninguna investigación pese a que la Ley 681, Ley orgánica de la Contraloría General de la República, en el artículo nueve, numeral 24, expresa que es deber de dicha institución de gobierno “Fiscalizar toda contratación que entrañe ingresos o egresos, u otros recursos del Estado y/o de la Administración Pública; y cuando las contrataciones no se ajusten a las disposiciones legales sobre la materia se aplicará el procedimiento de denuncia de nulidad, así como la determinación de las respectivas responsabilidades a que hubiere lugar”.
En el numeral 3 de ese mismo artículo se establece que cuando la CGR lo considere necesario podrá calificar, seleccionar, y contratar firmas profesionales de contadores públicos independientes para fiscalizar dichos proyectos, a fin de garantizar una investigación.
La CGR tampoco reaccionó cuando Estados Unidos sancionó en abril de 2017 a Laureno Ortega Murillo y el Banco Corporativo (Bancorp) por acusaciones directas de corrupción y lavado de dinero.
Pero ¿cómo es que la Contraloría se convirtió en un órgano partidario dominado por el sandinismo ? ¿Cuál fue el punto de quiebre? y entonces ¿cuál debe ser el verdadero funcionamiento de esta institución del Estado?
De 1899 a la actualidad
“Ellos (el Frente Sandinista) crearon la Contraloría como una entidad autónoma, en ese tiempo bajo la dirección de Emilio Baltodano Pallais. Él fue el primer contralor de este nuevo órgano, pero la función era ver cómo se manejaban las cuentas de todas las entidades públicas, similar a lo que se hace ahora”, explica el excontralor Agustín Jarquín Anaya a Expediente Público.
Listen to «Contraloría General de la República, un ente ineficaz» on Spreaker.Aquella Contraloría infuncional de la “revolución”
Aun con la creación y conformación de la Contraloría, el tema de los controles administrativos en la década de los 80 se explica porque la prioridad del gobierno sandinista era “burlar el embargo económico” de Estados Unidos, explica Jarquín Anaya.
“El concepto central era la ética, además de preparar a la muchachada. Nuestro propósito no era despedir a la gente por haber trabajado en la administración somocista, sino formarlos, con la ética y el profesionalismo como quintaesencia”, recuerda el exsubcontralor Martínez, quien añade: “pero eso no funcionó, porque desde los primeros días se comenzaba a ver corruptela, y a los más altos niveles”.
Además del poco interés por la rendición de cuentas, el desorden administrativo era otra de las características dentro de la CGR, que ni siquiera contaba con una unidad de auditoría interna para asegurar el buen uso de los recursos públicos.
“El sistema de control, el sistema de fiscalización de la gestión pública era precario, era muy débil en esa época”, recordó el exfuncionario.
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El exprocurador de la República, Alberto Novoa, coincide con Jarquín Anaya en que en los años 80 había una verdadera Contraloría, pero prácticamente era “disfuncional”. En parte, porque la inflación que se generó en el país en esa época impidió que la institución emergiera como garantía de transparencia.
Inoperante en tiempos de guerra
“No fue funcional por varias razones. Objetivamente porque era tan variable la tasa de inflación que hubo en parte de los años 80, que el cambio oficial era uno el viernes, y otro muy distinto el lunes. Y subjetivamente, porque no se podía concebir que un Estado revolucionario cuyo fundamento era la ética, la mística, la moral, fuera a cometer los mismos vicios que se cometían en tiempos de Somoza”, comentó Novoa.
Otro factor que incidió en el mal funcionamiento de la Contraloría fue que el contralor a cargo era “inoperante” porque no ejercía su labor de control y en caso que lo hiciera, únicamente pasaba sus informes a la Junta de Gobierno para que tomara decisiones a lo interno. “Que yo recuerde, no hubo ningún juicio sobre malversaciones o algo por el estilo en los años 80”, continúa Novoa.
El exsubcontralor Martínez explica que ellos presentaban sus hallazgos a Ernesto “Tito” Castillo, procurador de la República y Ministro de Justicia, para que él procediera, “pero no se hacía nada, porque también entregábamos la misma información a la Junta de Gobierno, que no emitía señales, y eso ataba al procurador”.
La salida de los sandinistas y la época de la presidenta Violeta Barrios
Aunque el triunfo de la candidata Violeta Barrios de Chamorro, en la casilla de la Unión Nacional Opositora (UNO), marcó un antes y un después en la historia de Nicaragua, no hubo cambios significativos en el débil desempeño de la Contraloría, explicó Novoa, pues la UNO se hizo añicos debido a que cada uno de los grupos optó por el poder y prácticamente no hubo control en las organizaciones del Gobierno.
En cuanto al actuar de la Contraloría, Novoa explica que esta sólo podía trabajar a posteriori, es decir, fiscalizar las cuentas, hacer las auditorías, pero cuando ya estaba fiscalizado un caso. No podían actuar como órgano investigador, pues para eso estaban la Policía y la Fiscalía, y la misión de estas instituciones era ver cuál era el daño al erario nacional y de qué manera se le había hecho.
“Y aclaro que no solamente en el erario central, o sea el presupuesto, sino en todos los órganos que estaban supeditados al Estado, ya fueran estos entes autónomos, o descentralizados del gobierno”, especificó Novoa.
El primer contralor independiente
En 1995, el director del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), Agustín Jarquín, fue invitado por Luis Humberto Guzmán, entonces presidente de la Asamblea Nacional, para postularse como Contralor de la República.
Seis meses después, y luego de varios consensos, fue elegido para el cargo ese mismo año, que asumió en abril de 1996.
Según Jarquín él se enfocó en lograr que el personal de la institución comprendiera sus planes y los enriqueciera, proponiendo ideas o cuestionando directrices; buscó mejorar como organización, y obtener recursos para complementar el escaso presupuesto estatal asignado.
“Fomentábamos la cultura de la fiscalización y del control; rendición de cuentas, transparencia en la gestión pública, buen uso de los recursos públicos y que la lucha contra la corrupción fuese parte de la cultura nacional. No solo de los funcionarios sino de la ciudadanía, para que se empoderara”, explicó Anaya.
Semilla de Ley de Acceso a la Información Pública
Se requería mejorar la legislación de la Contraloría, su estructura administrativa, crear las normas de auditoría gubernamental, el sistema de contabilidad gubernamental, y que se establecieran las unidades de auditoría interna en todas las instituciones del Estado.
“Queríamos que se estableciera la Ley de Acceso a la Información Pública, de forma tal que la Ley de Participación Ciudadana tuviera esa contraparte porque ¿cómo va a participar eficazmente la gente en incidir en la gestión pública, si no está informada, si no sabe cómo se manejan los presupuestos, si no sabe cuánto ganan los funcionarios públicos, si no sabe cómo están desarrollándose los proyectos, si no sabe cuál es el resultado de las diferentes auditorías?”, cuestionó Jarquín.
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Así, la CGR pasó a ejecutar auditorías ambientales, municipales, financieras, de salud, infraestructura y educación, contratando personal especializado en cada uno de esos campos.
Alemán puso a prueba a la CGR
El cargo de contralor de Jarquín Anaya coincidió con el ascenso a la presidencia de Arnoldo Alemán Lacayo, quien ganó las elecciones de 1996 y asumió el 10 de enero del siguiente año.
De inmediato, la CGR empezó un proceso de fiscalizaciones del gasto público y auditorías a funcionarios en cargos públicos que derivaron, en muchos casos, en sonados actos de corrupción con impacto mediático.
Con Agustín Jarquín y Claudia Frixione presidiendo la Contraloría General de la República desde abril de 1996, la institución realizó 700 auditorías.
La mayoría de ellas determinaron responsabilidades administrativas, civiles y penales contra funcionarios del Estado, pero en la mayoría de los casos los tribunales de justicia los eximieron de estas responsabilidades y los casos no llegaban a los tribunales, especialmente cuando se trataba de altos funcionarios.
Alemán la declara la guerra a la Contraloría
Estos cambios causaron incomodidad en la administración del presidente Arnoldo Alemán (1997-2002), quien entró en choques con la autoridad de Jarquín Anaya y la CGR, lo cual derivó en un juicio contra el entonces contralor.
El 8 de noviembre de 1999, tras ocho meses de proceso judicial, el juicio político impulsado por el Presidente de la República contra la Contraloría General de la República, y especialmente contra el contralor Agustín Jarquín, desembocó en sentencia de cárcel para Jarquín, acusado de fraude en perjuicio del Estado, por haber firmado un contrato publicitario con el periodista Danilo Lacayo, usando éste un nombre falso.
Jarquín declaró que la sentencia era “un regalo de bodas” que le estaban haciendo al presidente en el mismo día en que regresaba de su luna de miel de 15 días en Venecia.
Tras 44 días en prisión, Jarquín Anaya fue liberado el 24 de diciembre de 1999 y reintegrado a su cargo, pero ya Alemán, en conturbernio con Daniel Ortega como Secretario General del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), había decidido ejecutar cambios en la institución para minar la independencia y autonomía que estaba tomando con Jarquín.
Una Contraloría colegiada
El gobierno del expresidente Arnoldo Alemán decidió colegiar la Contraloría, es decir, nombrar cinco contralores, entre los que había tres del Partido Liberal Constitucionalista y dos del FSLN, más dos suplentes. Este cambio fue parte del pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán entre 1999 y 2000, que terminó neutralizando el trabajo que realizaba la institución.
“La colegiación de la Contraloría, pero también la de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y del Consejo Supremo Electoral (CSE), procede del pacto y se legalizó en la Asamblea Nacional en el año 2000”, para cumplir el mandato constitucional de que debía hacerse en dos legislaturas consecutivas, después que la primera se completó en 1999, recuerda el economista Edmundo Jarquín, quien fuera funcionario del primer gobierno sandinista en la década de los años 80.
Con su influencia disminuida tras investigar actos de corrupción de los dos principales partidos del país, Jarquín Anaya renunció antes que terminara su período (2002), pues no se sentía cómodo negociando con cuatro contralores más, las auditorías que debían realizar en instituciones del Gobierno.
El ascenso de Luis Ángel Montenegro
Su salida dio paso al ingreso de Luis Ángel Montenegro Espinoza como nuevo contralor colegiado del FSLN, cargo que aprovechó para denunciar, con gran habilidad mediática, actos de corrupción de la administración de Arnoldo Alemán en la recta final de su mandato y tras dejar la presidencia de la República en enero de 2002.
En el período del expresidente Enrique Bolaños (2002– 2007), la repartición de cargos entre funcionarios aliados de Alemán y Ortega se extendió a todos los entes colegiados, como por ejemplo el CSE, que tenía cinco magistrados propietarios: dos nombrados por el FSLN y dos por el PLC. Roberto Rivas, (hombre de confianza del Cardenal Miguel Obando y Bravo), era el quinto elemento, apoyado por ambas fuerzas.
Algo similar ocurrió en la Corte Suprema de Justicia, que se amplió de 7 a 16 magistrados, para poder asignar 8 al PLC y los 8 restantes al FSLN, manteniendo ese balance desde el año 2000 en el contexto del pacto, hasta hoy.
A medida que Alemán fue acorralado por las acusaciones de malversación y sometido a juicio, entregó más poder a Ortega y perdió control en la CGR, mientras el FSLN fortalecía su posición en la institución.
Contraloría destapa pudredumbre de Alemán
La CGR filtró toda información posible que involucrara a Alemán en actos de corrupción y perfiló al contralor Montenegro como figura pública destacada contra la corrupción, al extremo que en el año 2001 el Departamento de Estado de Estados Unidos, mediante la Embajada de Estados Unidos en Managua, invitó al contralor al programa de visitantes internacionales para conocer de primera mano las nuevas estrategias y técnicas de lucha contra la corrupción que se aplicaban en Estados Unidos.
Ello le permitió al FSLN que Montenegro subiera a la presidencia de la CGR, en alternancia con el contralor liberal Guillermo Argüello Poessy, quien perdía fuerza e influencia por las enfermedades que lo aquejaron hasta su muerte en 2014.
“Todo eso es parte del pacto, que se instauró para tener el control por parte de ambos partidos dentro de la lógica del entendimiento entre Alemán y Ortega, que decidieron que iban a compartir el poder del Estado para cuidar sus mutuos intereses, pero también para poder repartir cargos entre sus seguidores”, dijo el exdiputado liberal José Pallais.
Alemán dobla su rey y entrega la valija a Ortega
La persecución de los actos de corrupción de Alemán, emprendida por el presidente Bolaños, convirtió a Alemán en un rehén de Ortega a criterio de Novoa.
Según el exabogado del Estado, Ortega ya controlaba parte de la Procuraduría, pero también influía en el Sistema Penitenciario, dominaba a la Policía, a la Fiscalía y al Poder Judicial. Lo que le hacía falta era la Asamblea Nacional, que consiguió a cambio de la libertad total del expresidente liberal.
Siendo Alemán diputado automáticamente tras la presidencia, y con inmunidad parlamentaria gracias a las reformas constitucionales pactadas con Ortega, comenzó una contienda en la Asamblea Nacional para conseguir la desaforación del expresidente, lo que fue posible gracias a la unión de los ocho diputados leales al presidente Bolaños, con la bancada del Frente Sandinista.
Entonces el juicio continuó en la Corte Suprema de Justicia, donde Alemán, ante el avance del proceso judicial en su contra, acepta un pacto no escrito con Ortega: “Le dice ‘dame libertad y yo te doy a cambio la Asamblea Nacional’. O sea, la presidencia de la Asamblea. Esa sentencia sale en la ley”, indica Novoa, quien agregó que el pacto le dio control absoluto a Daniel Ortega sobre la Asamblea, por sobre todos los poderes del Estado.
CGR como “órgano de represión política”
Novoa relata que esa Contraloría, controlada por el PLC y el FSLN, se volvió intransigente con el gobierno del ingeniero Bolaños, pues fiscalizaba hasta los más mínimos contratos.
De esa época recuerda cómo la actuación de la Contraloría profundizó la crisis energética que vivía el país –con apagones y hasta el adelanto de horario en la jornada laboral- pues la Contraloría impidió que Bolaños trajera una planta de energía para instalarla en Corinto, argumentando que no se había realizado una licitación internacional.
Según Novoa, a partir del pacto Alemán-Ortega, la Contraloría pasó a funcionar como un “órgano de presión política”.
No daba tregua a la administración de Bolaños y se acoplaba a lo que decidía Ortega con su práctica de gobernar “desde abajo”, mucho antes de conseguir la presidencia de la República con el 38% de los votos en las elecciones del 2006.
El ascenso de Ortega y el fin de la CGR como ente fiscalizador
Al regresar Daniel Ortega a la presidencia de la República, el 10 de enero de 2007, y con el PLC dividido en varias facciones y relegado a tercera o cuarta fuerza política, la Contraloría se plegó por completo a los dictados del caudillo sandinista.
A partir de ese momento “vimos una influencia total del Frente Sandinista en esas instituciones que se limitaron a cumplir la función de informar al presidente cómo operan los funcionarios para que él decida qué hacer con ese funcionario”, dijo el abogado Francisco Campos, quien desde su puesto en el Consejo de Planificación Económica y Social (Conpes), durante la Administración Bolaños, pudo ver cómo se degradaba el papel del ente fiscalizador.
Sirva de ejemplo cuando, en 2009, un contralor liberal más dos sandinistas impidieron que se conociera el patrimonio del presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), magistrado Roberto Rivas Reyes, que ya era aliado de Ortega, tal como lo reseña esta publicación del Diario La Prensa.
Rivas estaba siendo acusado de enriquecimiento ilícito y de tener millonarias propiedades en Costa Rica, inscritas a nombre de la sociedad Chibilu del Oeste S.A. El valor de una de esas propiedades oscilaba entre 980,000 y tres millones de dólares.
Ciegos ante el FSLN
En junio de 2010, la Contraloría se negó a investigar cómo es que el Gobierno central asignó y distribuyó 2.7 millones de dólares entre empresas de seguridad, propiedad de allegados al presidente Daniel Ortega y el entonces secretario del partido sandinista, Lenín Cerna.
“Ustedes creen que la Contraloría tiene facultades que no tiene. No tenemos facultad de meternos en ese tipo de contrataciones”, respondió en ese entonces el presidente del Consejo Superior de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, a La Prensa.
Argüello Poessy llegó a la CGR en el año 2000, como parte del proceso de colegiación de la institución, hasta alcanzar la presidencia del órgano fiscalizador, puesto que desempeñaba al momento de morir, en noviembre de 2014.
Antes, en los años 60 y 70 del siglo pasado, había sido juez civil y juez penal, en las circunscripciones de Managua y Granada; elevándose hasta el puesto de intendente de la Propiedad en 1998, y viceministro de Relaciones Exteriores entre 1999 y 2000, ambos durante la presidencia de Alemán.
En 2012, el entonces titular de la Contraloría, Luis Ángel Montenegro (quien duró 19 años como contralor hasta que en 2019 fue nombrado Superintendente de Bancos), respondió a Confidencial que esa institución no era “una unidad de delitos económicos, ni Policía, ni el FBI”, como para investigar la cooperación venezolana con Nicaragua.
Inoperantes ante el monstruo Albanisa
El acuerdo de creación de Albanisa estipulaba que esta empresa binacional tenía dos socios: la estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic), con el 49% de las acciones, mientras el 51% restante estaba a nombre de la también estatal Petróleos de Venezuela, por lo que, al haber de por medio intereses del Estado nicaragüense en Albanisa, la Contraloría estaba facultada por ley para hacer las averiguaciones que permitieran dilucidar con detalle, el uso que se le dio a el uso que se le dio USD 3,892.5 millones de dólares recibidos, entre 2007 y 2018, en concepto de cooperación estatal venezolana, según datos del Banco Central de Nicaragua.
“Tenemos una Contraloría que no funciona en absoluto; diseñada para no ver, no oír, y no hablar. Controlada totalmente por el Frente Sandinista. El balance se rompió y los que quedan ahí, de los que fueron propuestos por Arnoldo Alemán no juegan ningún rol, mientras que los que puso el Frente no obedecen el mandato constitucional, sino solo orientaciones políticas: no investigan ni se involucran en dar seguimiento a todo lo que puede perjudicar a la familia gobernante”, dijo el exdiputado Pallais.
Para el abogado Campos, “lo que vemos es una total negligencia en el desempeño de sus funciones. No las están cumpliendo a cabalidad: apañan o encubren muchas irregularidades en el manejo de las finanzas, no solo del Gobierno central, sino también de los gobiernos locales”.
Un consejo de contralores ineficaces
Desde abril de 2020, el Consejo Superior de la Contraloría está conformado por María José Mejía García como presidenta;, Vicente Chávez Fajardo como vicepresidente; con María Dolores Alemán, (hija del expresidente Arnoldo Alemán), y Marisol Castillo, como miembros propietarios.
Sus suplentes son Merlyn Pineda Pérez, Christian Pichardo Ramírez (que fue miembro del Estado Mayor del Frente Norte “Carlos Fonseca Amador”, durante la insurrección de finales de los años 70), y Francisco Guerra Cardenal.
Mejía había sido miembro propietario en el Consejo Superior de la CGR desde noviembre 2014 y ha ocupado el cargo de vicepresidenta. Ha sido docente universitaria y también ha ocupado distintos puestos en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), entre ellos, Directora del Departamento de Derecho y Profesora Titular del Consejo Facultativo de Humanidades.
Chávez, por su parte, (teniente coronel retirado del Ejército de Nicaragua, y exmiembro del antiguo Ministerio del Interior en los años 80), fue Contralor Suplente entre 2001 y 2014, pasando al rol de propietario a partir de ese mismo año.
El cínico silencio de María Dolores
La hija del expresidente Alemán fue electa en abril de 2014 como miembro propietaria de la Contraloría al obtener 61 votos en el Parlamento.
Fue diputada en la Asamblea en el período 2000-2011 y realizó funciones como primera dama de Nicaragua en los años 1996-1999.
En el 2017 el diario La Prensa cuestionó por qué no se realizaba una investigación sobre las anomalías en el Seguro Social, cuyas autoridades en ese momento estaban utilizando los fondos de los asegurados para préstamos con mecanismos ilegales. Alemán respondió: “yo no trabajo en función de los medios de comunicación”.
CGR sin prestigio ni credibilidad
El excontralor Jarquín Anaya opina que se debe mejorar el trabajo que ejecuta ese ente del Estado: “Los resultados que presenta la Contraloría aparentemente son buenos. Han realizado y aprobado más de 900 auditorías, han recibido más de 10,000 declaraciones de probidad; capacitado a más de 6,000 servidores públicos. Todo es válido, pero el resultado final de la gestión realmente es muy pobre”.
Pese a que la Contraloría debe auditar el presupuesto de cada año, Jarquín Anaya explicó que es prácticamente imposible por una “cuestión de sistema” y porque ningún país se audita al 100%, por lo que recomendó que se hagan las muestras adecuadas y se examinen correctamente, para mandar un mensaje que todos pueden ser auditados.
Para Jarquín Anaya, el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), el Ministerio de Educación (Mined), el Ministerio de Salud (Minsa), el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional deberían estar dentro de ese muestreo, porque tienen un gran peso de inversión pública de los proyectos que se desarrollan y también una gran cantidad de personal.
Novoa entiende que debido a que en Nicaragua no hay voluntad política, honestidad y transparencia, es difícil hacer funcionar correctamente las instituciones, incluyendo la Contraloría y de ello nacen los resultados “nulos” de este ente fiscalizador del Estado que no ataca a profundidad los casos de corrupción.
La Contraloría “no ha gozado del prestigio de su nombre y tampoco de la credibilidad”, manifestó Novoa.
