*Al menos 157 personas presas políticas están siendo criminalizados por criterios políticos, sometidos a torturas, indefensión y estigma
**Mientras la comunidad internacional presiona y acusa de dictador a Daniel Ortega, el caudillo nicaragüense insinúa un “diálogo” en 2022 que es rechazado por una amplia mayoría.
***El analista de asuntos internacionales y docente de la Universidad de Costa Rica, Carlos Murillo Zamora considera que en 2021 la familia Ortega Murillo consolidó su régimen a través de unas elecciones fraudulentas.
Expediente Público
La crisis de derechos humanos continuó en Nicaragua durante todo el 2021, al igual que la cacería implacable del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra personas críticas a su gestión, periodistas, medios de comunicación, abogados y defensores de derechos humanos.
Fue el año de consolidación de un proyecto “dictatorial” que la pareja presidencial inició en 2007 con su llegada al poder, interpretó el analista de asuntos internacionales y docente de la Universidad de Costa Rica, Carlos Murillo Zamora.
El académico considera que desde 2007 el régimen inició su proyecto para “controlar Nicaragua en todos los aspectos”.
“La consolidación de un régimen como lo califica incluso el Parlamento Europeo, un régimen autoritario, dictatorial. En este caso la pareja, porque yo creo que no se puede desligar a Ortega de Murillo, constituye un régimen sultánico populista”, dijo Murillo a Expediente Público.
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Previo al contexto electoral el régimen detuvo a siete precandidatos presidenciales y otros rostros visibles de la oposición, además de exdiplomáticos, periodistas y defensores de derechos humanos, mediante el uso de las polémicas leyes aprobadas a finales de 2020.
La socióloga y activista de derechos humanos Haydeé Castillo, señaló que Nicaragua cierra el 2021 bajo la peor crisis de derechos humanos en décadas y una crisis política que derivó en una crisis socioeconómica y emocional, debido a la destrucción del tejido social.
“El 2021 deja la consolidación de un estado policial, la supresión de todas las libertades de movilización, de organización, de expresión, un país por cárcel y expulsor de sus ciudadanos en un éxodo interminable”, mencionó Castillo.
¿Qué hechos marcaron el 2021?
Expediente Público te explica algunos aspectos de lo ocurrido en el transcurso de este 2021 que además de ser un año electoral, dejó a más de 157 personas en las cárceles de un régimen que siguió aislándose de la comunidad internacional.
1. Presos políticos aislados y torturados
En Nicaragua el Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas identifica que, como resultado de la crisis sociopolítica, al menos a 157 hombres y mujeres son presos de conciencia.
Diez nicaragüenses que fueron detenidos por el régimen previo a la crisis social de 2018, también fueron incluidos en la lista del Mecanismo, para un total de 167.
Desde mayo, cuando el Mecanismo reportaba 112 personas presas políticas, el régimen orteguista emprendió una cacería contra la oposición nicaragüense.
Otras 45 personas fueron agregadas a la lista oficial de presos de conciencia, quienes siguen sufriendo tortura y aislamiento, sin visitas de sus familiares o sus abogados y con juicios paralizados.
La persecución se intensificó a medida que se acercaba el 7 de noviembre y el régimen dirigió la represión contra integrantes de organizaciones políticas y sociales.
Cinco organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, integradas por familiares de los presos políticos el 15 de diciembre, demandaron la «libertad inmediata, irrestricta e incondicional» de las más de 157 personas.
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En una declaración conjunta denunciaron que legalmente ninguno «debería estar sufriendo de encarcelamiento, y lo que procede conforme a derecho, es su libertad absoluta».
«La libertad inmediata, irrestricta e incondicional de nuestros presos políticos es la mínima expresión de respeto a los derechos fundamentales consignados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, y de voluntad para aminorar la crisis en que está sumido el país», denunciaron las cinco organizaciones.
Un total de 42 de las 157 personas han sido objeto de múltiples detenciones por razones de persecución política, seis de ellos enfrentan su tercera detención.
Carlos Alberto Bonilla López, de 32 años, cumplió el pasado 17 de diciembre 699 días en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, mejor conocido como “La Modelo”, tras su captura el 18 de enero de 2020. El Mecanismo identifica que está en el “infiernillo”, una celda de castigo en esa prisión.
El 21 de enero de 2021 tendría que haber salido en libertad tras cumplir la pena de un año de prisión por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego, pero no lo soltaron y lo acusaron por tráfico de drogas.
Bonilla es uno de los presos recapturados por el régimen. El 11 de junio de 2019 fue uno de los beneficiados bajo la polémica Ley de Amnistía, luego que la justicia de Daniel Ortega lo condenó a 90 años por terrorismo, tras su participación en las protestas sociales contra el régimen.
Aunque el opositor se había exiliado, a su retorno a Nicaragua fue recapturado en enero de 2020, después de sufrir constantes amenazas por parte de policías y paramilitares.
Murillo considera que después del 10 de enero, cuando Ortega tome posesión ilegítima de su nuevo periodo, la condición de los presos políticos es una de las “cartas” que utilizará frente a una comunidad internacional que lo ha declarado ilegítimo.
“Esto es un juego en el sentido que él tiene que tener más cartas para decir libero a todos estos, que no son presos políticos, son delincuentes, pero los libero, esa es una carta”, mencionó Murillo.
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Ortega aprovechó la XX cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos o ALBA-TCP, el 14 de diciembre en Cuba, para lanzar nuevamente su discurso de odio contra los presos políticos, el mismo día que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Oacnudh) pidió al régimen liberarlos.
2. Gobierno “ilegítimo”
Después de las elecciones del 7 de noviembre de 2021 más de 40 naciones de todo el mundo rechazaron los resultados en los que el Consejo Supremo Electoral (CSE) declaró ganadores a Ortega y Murillo.
La Organización de Estados Americanos (OEA), cuya Carta fue denunciada por el régimen como el inicio de una salida de este foro hemisférico, demandó la realización de nuevas elecciones en el país centroamericano.
“Cerramos el año con una dictadura que también quedó al desnudo internacionalmente con un modelo fracasado y que el mundo ahora lo reconoce como tiranía que para usurpar el poder mata, apresa y tortura”, señaló Castillo.
El Parlamento Europeo votó el 16 de diciembre una resolución en la que calificó como “farsa electoral”, las votaciones, siendo la séptima resolución desde el inicio de la crisis sociopolítica del país centroamericano.
El subsecretario Todd D. Robinson, de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos en conferencia el 14 de diciembre insistió que lo del 7 de noviembre en Nicaragua fue una “farsa”.
Robinson manifestó que la principal preocupación del gobierno estadounidense son los presos políticos del régimen.
“Vamos a trabajar conjuntamente con nuestros socios y Estados miembros de la OEA y la comunidad internacional para luchar para la liberación de esas personas y también mantener una cohesión para que Nicaragua siga el camino hacia una democracia”, mencionó el funcionario estadounidense.
3. Sanciones contra el régimen
Posterior a las elecciones generales el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el gobierno de Reino Unido y Canadá dictó sanciones contra 18 funcionarios del régimen entre alcaldes sandinistas y funcionarios del sector energético, que son claves en los negocios de la familia orteguista, así como a la vicepresidenta Rosario Murillo.
Las designaciones consisten, principalmente, en la congelación de activos en algunos de esos territorios, pero también se les ha revocado las visas y se les prohibió hacer transacciones con los ciudadanos de esos países.
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Pese a las sanciones impuestas contra funcionarios desde el inicio de la crisis sociopolítica, Ortega apuesta a mantener un “proyecto de largo plazo”, sin importar las violaciones de derechos humanos a la que son sometidos los nicaragüenses, señaló Murillo.
“Esta es una estructura de carácter sultánico, es decir, puede morir el actual sultán, pero queda un heredero que habría que ver cuál de la familia asume”, señaló el analista costarricense.
Entre 2018 y 2020 Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos impusieron sanciones a una veintena de personas entre funcionarios de la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral, el Ministerio de Salud, la Asamblea Nacional y otros de confianza del régimen.
4. Ortega llama a diálogo
El 11 de enero de 2021, Ortega adelantó que llamaría a un diálogo después de las elecciones generales, un eventual proceso que es rechazado por familiares de personas presas políticas en el país.
Según Ortega en ese proceso buscaría que “se pueda instalar un gran acuerdo nacional”, pero para los familiares de los presos de conciencia es otra de sus estrategias tomando en cuenta el simple hecho que los juicios estén suspendidos por razón de “fuerza mayor”.
“Ahora quiere organizar un diálogo para limpiarse la cara, pero ahora el pueblo de Nicaragua con su gesta del 7 de noviembre le está demostrando al mundo que el 10 de enero (2022) se genera un vacío de poder, porque Nicaragua queda sin gobierno y sin poderes del Estado legítimo”, mencionó Castillo.
En la resolución del 8 de diciembre, aprobada por 25 países, la OEA concluyó que Nicaragua no está cumpliendo los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana.
Lo más llamativo del documento de la OEA es, sin embargo, el llamado que hizo al régimen para realizar un diálogo con la oposición de cara a organizar unas nuevas elecciones “libres, imparciales, transparentes y con observación internacional creíble”.
5. Régimen aislado y alineado
Con su estrategia, el gobierno de Ortega y Murillo está expuesto a un futuro político de aislamiento y más sanciones internacionales.
El 9 de diciembre el régimen puso fin a las relaciones diplomáticas que mantenía con el gobierno de Taiwán, una pequeña nación insular asiática que contribuía económicamente con el país centroamericano.
El régimen reconoció públicamente que “existe una sola China en el mundo”, que junto a Rusia le dan peso suficiente para “sentarse a negociar”, estimó Murillo.
Para el analista internacional, sin embargo, falta que el régimen revele los puntos negociados con China y Rusia.
“Ya Venezuela y Cuba es como secundario, no le aportan nada en recursos, en cambio China y Rusia sí le aportan, pero queda por saber cuáles son los pactos secretos que tiene Daniel Ortega con China y con Rusia”, mencionó Murillo.
