* El gobierno de Nayib Bukele aumentará en casi 53 millones de dólares los fondos destinados al ejército, pero reducirá el número de policías en 2025.
** El único cuerpo de seguridad pública del país tiene 28,500 agentes, pero se planea jubilar a 4,978.
*** El Salvador lleva dos años y medio bajo un estricto régimen de excepción utilizado como herramienta para detener la ola de violencia.
Eric Lemus / Expediente Público
La cartera del ejército de El Salvador será una de las favorecidas con un aumento en el presupuesto anual del año próximo, pues recibirá 53 millones de dólares más en relación con los fondos asignados en 2024.
El aumento está destinado para comprar equipamiento castrense nuevo, como vehículos, pertrechos y vehículos para el transporte.
De acuerdo con el documento presentado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa, la Fuerza Armada recibirá 314,3 millones de dólares en 2025.
El presupuesto de Defensa está divido en cinco rubros, donde el más grande es remuneraciones con US$267.2 millones. En tanto bienes y servicios tiene asignado US$39.6 millones.
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Para gastos financieros hay US$2.1 millones, en transferencias US$2.1 millones y en inversiones US$3.1 millones.
Nayib Bukele y su control del ejército en El Salvador
El rol del ejército en el Gobierno de Nayib Bukele es vertebral dentro del Plan Control Territorial, que antecedió al Régimen de Excepción y que fue puesto en marcha en marzo de 2022.
Por ejemplo, en 2020, durante el primer quinquenio de Gobierno de Bukele, en el Informe de Gestión Financiera del Estado proporcionado por el Ministerio de Hacienda hubo una partida creada como una unidad presupuestaria independiente cuyos fondos estaban destinados a tareas de seguridad pública, según un análisis hecho por Expediente Público.
El documento muestra que en el año 2020 de un total de US$223.9 millones se utilizaron US$164.2 millones (el 73.3%) para reforzar la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública.
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Además, “el acompañamiento en tareas operativas a agentes de la Policía Nacional Civil, realizando actividades de combate al narcotráfico el cual es realizado por medio de la Fuerza Naval, a través de la Fuerza Tridente y el Grupo Conjunto Cuscatlán, integrado por soldados y policías”.
Expediente Público observó que la asignación presupuestaria al ejército viene en ascenso en los últimos seis años: en 2019 fue de US$194,71 millones de dólares y para 2024 le aprobaron US$261,43 millones.
Aunque fue en 2023 que el ejército recibió el mayor presupuesto por US$293,23 millones de dólares.
La Fuerza Armada fue el principal apoyo institucional durante el primer mandato de Nayib Bukele, entre los años 2019 y 2024.
Ejército sobre Policía
El representante del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), Marvin Reyes, criticó a Expediente Público la distribución que históricamente realiza la administración de Nayib Bukele a favor del ejército.
“El presidente prácticamente se ha enamorado de la Fuerza Armada y es a quienes les están dando todo el apoyo, mientras a la Policía Nacional Civil la está dejando en el olvido prácticamente como para que caduque”, opina.
Reyes señala el desequilibrio que muestra entre el dinero que se reparte entre cárceles y formación de nuevos agentes de la PNC.
En el borrador que llevó al Congreso el ministro de Hacienda, Jerson Posada, el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública tiene US$589.03 millones.
El 76.38 % de la cantidad (que equivale a US$446.80 millones) será dirigido a la Policía Nacional Civil (PNC), mientras que la Dirección General de Centros Penales tiene US$72.39 millones y solo 9.74 millones será destinado a la Academia Nacional de Seguridad Pública, la escuela de formación policial.
Durante la presentación del presupuesto al Congreso, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, anunció que la principal característica es que será autofinanciado.
“Aunque tengamos que hacer sacrificios y que tengamos que hacer un buen uso del dinero público, vamos a cumplir con ese déficit cero”, prometió.
En 2022, el año de la aplicación del régimen de excepción esta cartera de Estado tuvo US$693,34 millones y luego ha ido decreciendo hasta bajar a US$589,03 en 2025, donde prevén la jubilación de más de 4,000 elementos.
Las prioridades del presupuesto
El economista César Villalona advierte tres principales prioridades al estudiar el borrador presupuestario de 2025 que está siendo analizado en el Congreso.
“El Gobierno prioriza pagar la deuda (externa), hacer propaganda y (más) gasto militar para la represión y para atemorizar a la población junto con el régimen de excepción”, resume a Expediente Público.
Villalona destaca que el aumento de 53 millones de dólares para la Fuerza Armada no puede dejarse de analizar sin el recorte a los ministerios vinculados al área social.
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Además, “hay un aumento de 43% del presupuesto de las dos oficinas de Comunicación y Prensa de la Presidencia, o sea propaganda y un aumento del pago de la deuda externa desde 640 millones”, añade.
De acuerdo con el cálculo del Banco Central de Reserva (BCR), la deuda total de El Salvador suma US$31,261.86 millones hasta septiembre de este 2024, que equivale a un crecimiento anual de 7.38% en comparación al año anterior cuando fue de US$2,149.35 millones.
El economista Carlos Acevedo, expresidente del BCR entre 2009 y 2013, calcula que actualmente “la deuda pública equivale al 85 u 87% del Producto Interno Bruto”.
Más concentración del poder
El representante del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), Samuel Ramírez, anticipa que los gastos planificados para 2025 servirán para consolidar más el poder de la administración Bukele, que hasta el momento tiene mayoría legislativa en el Congreso y magistrados afines en la Corte Suprema de Justicia.
El MOVIR aglutina casos de personas detenidas sin antecedentes penales al momento de su captura por el ejército o la policía.
De los 83,000 arrestados durante los casi tres años bajo Régimen de Excepción, alrededor de 8,000 eran inocentes, pero sufrieron cárcel, admitió el presidente Nayib Bukele durante una visita oficial a Costa Rica estos 11 y 12 de noviembre.
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Ramírez denunció que el sistema judicial realiza audiencias masivas que no diferencian a la población civil de los pandilleros y procesa a las personas únicamente por residir en zonas controladas por la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) o Barrio 18.
“A los jóvenes inocentes que no le encuentran delito por ahora los van a condenar por un delito cometido por la pandilla que pertenece al mismo territorio donde viven jóvenes trabajadores, pobres, porque la pandilla estaba mezclada con la población”, sostiene.
Más recursos a Órgano Judicial
Pese a los recortes que afectarán diversas carteras de Estado, el Órgano Judicial sí tendrá un refuerzo presupuestario de US$43,065,550 millones e, incluso, prevé la creación de 54 nuevas plazas laborales. En 2024, el monto asignado fue US$442,659,735.
Con las 54 nuevas contrataciones el número de empleados del sistema judicial aumentará de 11,707 a 11,761 para 2025.
“Él le está apostando a la concentración de poder, de dinero, porque sabe que no va a ser eterno toda la vida en el Gobierno. Tiene que garantizar su futuro”, critica Ramírez.
