*La Asociación de Periodistas de El Salvador denunció la reforma penal impulsada por el presidente Bukele como censura, al amenazar con hasta 15 años de cárcel por difundir información relacionada a las pandillas. Organismos internacionales fustigaron la legislación aprobada.
Expediente Público
Una reforma al Código Penal salvadoreño que busca prohibir los mensajes y grafitis de las pandillas delincuenciales en El Salvador es considerada como una forma de censura y mordaza contra los medios de comunicación por periodistas y organismos internacionales defensores de los derechos humanos.
Como parte de la ofensiva del gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas, el 5 abril en la noche y de manera sorpresiva, fue presentada ante la Asamblea una iniciativa gubernamental para castigar hasta con 15 años de cárcel la promoción de mensajes, comunicados y grafitis de las pandillas que incluyó un inciso relacionado a los medios de comunicación.
La reforma castiga a las personas que transmitan “mensajes o comunicados” emitidos por pandillas en medios de comunicación, e incluso en redes sociales.
“Esta reforma lo que busca es que la gente se censure y que no digamos nada, hay medios de comunicación que están investigando el repunte de homicidios (pero están analizando) cómo se va a publicar, porque no hay garantías constitucionales», denunció el periodista César Castro Fagoaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
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Ocultar la realidad de las pandillas
La reforma aprobada se aplicará a quienes «reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico a la población en general», señaló el texto, que establece sanciones de 10 a 15 años de prisión.
La Asociación de Periodistas sostuvo que la reforma penal «amenaza con cárcel a los medios de comunicación y reporteros que informen sobre una realidad» que el actual Gobierno «busca esconder».
“Es decir, que amenaza con cárcel a los medios de comunicación y periodistas que reporten sobre una realidad que desde la actual administración, obsesionada con la propaganda y la tergiversación, se busca esconder”, dijo la organización a través de un comunicado divulgado en rechazo a la reforma penal.
Para Castro Fagoaga, «es un claro intento de censura a los medios de comunicación. Prohibir al periodismo reportar la realidad no surtirá efecto en las vidas de las personas sino que creará un espejismo no mencionar a las pandillas tampoco las hará desaparecer”.
“¿Cual es el límite? ¿Quién va a determinar si una publicación está haciendo apología o está contraviniendo la ley? ¿La fiscalía que responde al oficialismo? ¿La policía que responde al oficialismo? ¿Los militares sin poder de raciocinio? ¿Quién determina? ¿Cuál es el límite?”, cuestionó Castro Fagoaga.
El presidente de la APES hizo “un llamado a la sensatez” y pidió al Fiscal General “que se pliegue a lo que dice la Constitución y respete el trabajo periodístico, el periodismo es esencial para combatir la violencia”, subrayó.
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El comunicado de la APES le recordó al Gobierno que “gracias al periodismo, El Salvador y el mundo conoció que varios gobiernos salvadoreños, incluido el actual, pactaron con las pandillas”, y la organización señaló “que el actual Estado salvadoreño, con Nayib Bukele a la cabeza, protegió a estos criminales y negó la extradición hacia los Estados Unidos”.
Violación a la libertad de prensa
Para Serafín Valencia, relator de la APES, “esto que estamos viviendo, es un segundo paso por violentar la libertad de prensa, es un acto puro de censura previa y la censura previa está prohibida en nuestra Constitución de la República».
Valencía recordó dos antecedentes cuando “dos tribunales ya ordenaron bajar información de dos medios digitales”.
“Ese fue un primer caso, esto es una grada más por violentar la libertad de prensa, garantía para el derecho a la información ciudadana. Probablemente el siguiente paso será apretar y coartar la libertad de expresión a la población general y ya hay visos de eso”, subrayó Valencia.
Varios medios salvadoreños han denunciado durante años los pactos entre los gobiernos con las pandillas durante los periodos de Mauricio Funes, Salvador Sánchez Cerén y Nayib Bukele. También han denunciado acuerdos entre el partido opositor, Arena, de derecha, con pandillas, durante una campaña electoral anterior.
Varios procesos judiciales están en marcha por lo que en El Salvador se conoce como “la tregua con las pandillas”.
La justificación oficial
El presidente Bukele justificó la medida comparando la situación de violencia por las pandillas en El Salvador con el nazismo, en Alemania. «Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología Nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo (…) Ahora nosotros haremos eso con las pandillas».
“Si queremos algún día ser un país desarrollado, debemos hacer lo que los países desarrollados hacen, no lo que ellos nos dicen que hagamos”, agregó Bukele en sus redes sociales.
El estado alemán prohíbe toda propaganda relacionada al nazismo pero no impide a los medios informar sobre grupos afines a esa ideología o hacer reportajes históricos al respecto.
Marcela Pineda, diputada del Partido Nuevas Ideas -de Bukele-, aseguró durante el debate parlamentario del martes en la noche que “la aprobación de la reforma busca no coartar la libertad de expresión sino obligar a ser responsables en los mensajes que se difunden a la población».
Atacan a los periodistas
El diputado Guillermo Gallegos, del Partido GANA, aliado del presidente, sostuvo en la sesión parlamentaria que “hay medios, personas que por querer lucirse o son afines a las pandillas, estos medios de comunicación, ya sean electrónicos, radiales o de otro tipo, se dan a la tarea de estar transmitiendo, publicando, pintas alusivas a las pandillas”.
Gallegos sostuvo que hay “medios electrónicos que más parecen terroristas” y advirtió que también lo hacen los “financistas” y que “al final se convierten en una asociación ilícita y van a estar sujetos a responder como grupos terroristas”.
“Hay medios que quieren implementar el miedo en la población, esto no tiene nada que ver con informar asesinatos”, agregó Gallegos.
La única voz que expresó desacuerdo con la medida, durante el debate legislativo, fue el diputado del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena, de derecha), René Portillo Cuadra, quien sostuvo que ““sí hay una clara violación al derecho de prensa y libertad de información”.
“Con esta reforma, los medios de comunicación no hubieran podido informar la masacre de 87 personas del fin de semana del 25 de marzo”, dijo Portillo Cuadra quien propuso eliminar la mención a los medios de comunicación, pero su iniciativa solo tuvo nueve de los 84 votos de la Asamblea.
Fuertes críticas internacionales
Las nuevas reformas penales generaron una ola de críticas y preocupación sobre la censura a los medios de comunicación salvadoreños.
Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, reaccionó en sus redes sociales diciendo que “los límites a la libertad de expresión no pueden depender de la ansiedad política de una situación”.
“Cuánto mas difícil sea el desafío que enfrenta una sociedad mayores deben ser las garantías a la libertad de expresión porque es el único camino para la comprensión del problema. Todo limite a la libertad de expresión debe poder acreditar estricta legalidad, finalidad legítima, necesidad en una sociedad democrática, proporcionalidad e idoneidad”, escribió Vaca en Twitter.
Según Vaca, “una crisis no flexibiliza estos requisitos. En una crisis los estándares de Derechos Humanos son mucho más exigentes”.
Para Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional “continúa el embate contra los derechos Humanos en El Salvador”.
“La Asamblea presenta reforma que busca silenciar a los medios de comunicación independientes que “reproduzcan” material que cause “zozobra. Sigue pasos de Ortega, Maduro y compañía”, subrayó Guevara Rosas.
¿Cárcel por Twitter?
Por su parte Human Rights Watch (HRW) rechazó la reforma y su directora en funciones, Tamara Taraciuk, cuestionó en sus redes sociales si será el presidente Bukele, si decidirá por Twitter «quién va preso hasta 15 años por esto», o si será «su Asamblea o sus jueces».
“La Asamblea aprobó una reforma que criminaliza hasta pintar un grafiti sobre maras y la publicación de información sobre ellas en medios si generan “zozobra”. ¿Decidirá Nayib Bukele por Twitter, su Asamblea Legislativa, o sus jueces quién va preso hasta 15 años por esto?», cuestionó Taraciuk.
Por su parte, el investigador sénior de HRW para las Américas, Juan Pappier, igual a través de sus cuentas en redes, sostuvo que los salvadoreños «amanecen con menos derechos».
“Nuevamente, los salvadoreños amanecen con menos derechos: Hace 10 días: suspensión de libertad de reunión y de garantias de debido proceso. Hace 7 días: reformas legales que permiten encarcelar niños desde 12 años. Hoy: nueva legislación que restringue la libertad de prensa”, escribió Pappier.
Según Pappier, “la reciente reforma legislativa de Bukele sobre la reproducción de mensajes de pandillas contradice las obligaciones internacionales de El Salvador en materia de libertad de expresión”.
El exdirector de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, también rechazó la reforma y aseguró que «si las pandillas revelan pactos o negociaciones clandestinas con el gobierno de turno y los medios lo publican, arriesgan años en prisión simplemente por informar».
“Lo que se quiere es la autocensura. Vivimos en el reino de populistas autoritarios y populares. Una desgracia», criticó Vivanco en Twitter.
