*El mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, desea gobernar hasta el 2029, violando al menos cinco artículos de la Constitución.
*Al igual que Daniel Ortega en Nicaragua, Bukele se aferra al poder debilitando la institucionalidad de El Salvador.
Expediente Público
“Si ves un ave que anda como pato, nada como pato y grazna como pato, entonces debe ser un pato”, dice el razonamiento común. Opositores, miembros de la sociedad civil y la comunidad internacional han advertido constantemente el autoritarismo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ahora se adentra en caminos de violación de al menos cinco artículos de la Constitución de su país al anunciar recientemente su intención de reelegirse en el cargo.
El 15 de septiembre de 2022, día de la Independencia de los países de Centroamérica, Bukele anunció que aspira a una elección consecutiva en 2024, rompiendo un tabú político, ya que los últimos presidentes salvadoreños que se reeligieron fueron Maximiliano Hernández (depuesto el mismo año) y Andrés Menéndez en 1944.
Mayor deterioro democrático
El mismo Bukele explicó en 2013, cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán, que la Constitución de su país prohíbe la reelección continua, pero ahora parece haberlo olvidado. El fragmento de la entrevista del programa producido en Nicaragua El Bar de Patico, circula en las redes sociales.
El lunes 19 de septiembre de este año, la diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Anabel Belloso declaró ante los medios locales que “la crisis política en El Salvador no viene con este anuncio, es la cereza en el pastel, todo el mundo lo sabía, solo faltaba que el delito se confesara de boca del presidente, es un delito porque es una ilegalidad”.
La diputada criticó al vicepresidente Félix Ulloa por apoyar la reelección continua y calificó como incoherente e inadmisible su posición ante un acto prohibido por la Constitución, cuando Ulloa se jacta de ser democrático y de trabajar por la consolidación democrática del país.
Circula también en redes una entrevista de Ulloa en la que manifestaba que sería el primero en oponerse a una reelección: «soy un demócrata y he trabajado en los últimos 15 años de mi vida en 25 países promoviendo la democracia. No voy a traicionar mis principios a estas alturas de mi vida para apoyar un régimen dictatorial”. Sin embargo, fue uno de los primeros funcionarios que aprobó públicamente a Bukele tras el anuncio de su candidatura, el 16 de septiembre.
Copia a Daniel Ortega
Del mismo modo, la figura de Daniel Ortega quien se ha reelecto varias veces en Nicaragua, hace temer a expertos que el tema reelectoral conlleve a condiciones similares en El Salvador.
La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, opinó el pasado fin de semana en sus redes sociales, que “ya sabemos lo que sigue por la experiencia de otros países, cuando un mandatario tuerce el texto constitucional y busca perpetuarse en el poder, más exclusión, más corrupción, más pobreza, más abuso de poder” y llamó a formar un frente amplio, porque “un político que es capaz de violentar la Constitución de su país, es capaz de todo”.
Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, una oenegé salvadoreña que promueve la reforma política del Estado, la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción e impunidad y la participación, explicó a Expediente Público que “la cultura política autoritaria rige nuestros países, no nos hagamos ilusiones que la población y sus gobernantes están preparados para vivir en democracia, no se ha construido eso para evitar autoritarismos y que funcionarios se enclaustren en el poder de forma ilimitada”.
Lea: Abusos de Bukele alcanzan redes sociales de opositores
Otro elemento que alimenta el continuismo político son las carencias es “una ciudadanía que no tiene satisfechas sus necesidades básicas, al no tener suficiente educación e información, es presa de estos cantos de sirena de autoritarios populistas, pensando que les van a resolver sus problemas” señaló.
“Ya sabemos el desenlace de la historia, lo que viene es represión, supresión de elecciones y afectación a los derechos, pero como sociedad latinoamericana no henos aprendido esto por esa falencia de la cultura política autoritaria, la falta de educación y las necesidades insatisfechas, ese es el caldo de cultivo para autoritarios y populistas”, reiteró.
Popularidad elevada, peligros ignorados
Desde marzo de este año El Salvador está bajo estado de excepción, para frenar el actuar de las pandillas, pero colateralmente se esconden abusos y se concentra el poder, atacando constantemente a los medios y periodistas o socavando la independencia de las instituciones.
Una de las primeras acciones que hizo Bukele al asumir su mandato, fue destituir a los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Los nuevos jueces asignados a ella, aprobaron en septiembre de 2021 una resolución que habilitó la reelección consecutiva y casi de inmediato el Tribunal Supremo Electoral, anunció que acataría la resolución.
Desde la oposición política es difícil pensar que puede haber una voz reflexiva que lleve a la población a tomar una decisión electoral, sostuvo Escobar, “aquí solo se está quedando la prensa de investigación, algunos medios y la sociedad civil como las voces que alertan y señalan los riesgos, pero somos más débiles, fácilmente nos pueden callar, el año pasado (Bukele) intentó pasar una ley de agentes extranjeros como la nicaragüense o quizá pero, no la aprobaron pero está latente”.
La única vocería crítica está con los miembros de la sociedad civil y algunos actores de la prensa, que pueden llevar a la gente a mostrar el peligro al que se enfrenta el país, dijo.
También: Bukele tras pasos reeleccionistas de Ortega y Hernández en CA
Reelección debió discutirse
¿La reelección existe en muchos países, pero por qué en El Salvador causa alarma en organizaciones políticas, de derechos humanos y académicos? Escobar explicó que esto se debe a que la reelección “está prohibida” en El Salvador, en Estados Unidos y otros países es permitido, y está en su Constitución.
Además, “no estamos ante un gobierno democrático, que respete los derechos fundamentales y el estado de derecho, estamos ante un gobierno populista autoritario, al darle más poder y prolongar el que tiene pone en riesgo los derechos fundamentales de la gente, el funcionamiento de las instituciones y la democracia”.
Escobar considera que el problema no es tanto la figura de la reelección, sino, la falta de reflexión para saber si conviene y si hay un cauce constitucional para hacer reformas.
Deslice para ver más información.
Deslice para ver más información.
Lea: Corte Suprema impuesta por Bukele le abre camino a la reelección
Estado de excepción, como propaganda
A menos de dos años para las próximas elecciones, “ya no es relevante si Bukele renuncia o no seis meses antes, porque no hay una autoridad que frene esa intensión. Está en campaña constantemente desde 2019, “este gobierno se parece más a una agencia de publicidad, todo lo que han hecho está en función de una campaña electoral”, advirtió Escobar.
Bukele, quien no terminó una carrera universitaria, se dedicó a los negocios de su familia desde los 18 años, particularmente una agencia de publicidad y entre sus principales clientes estaba el FMLN.
Desde marzo de este año El Salvador vive bajo estado de excepción, lo cual le ha generado gran popularidad al presidente y su partido, por la caída de los crímenes violentos, pero a la vez, crea mucha preocupación en las organizaciones de derechos humanos.
Para el entrevistado, Bukele mantendrá el régimen de excepción mientras le genere popularidad y beneficios electorales, pero sobre todo “porque no tienen un plan real de seguridad pública, tienen que invocar esto porque no hay otra cosa, el plan de control territorial es una farsa, no tuvo el efecto que debería tener esa medida”.
Además: Oficialismo de Bukele impulsa profunda reforma constitucional
Inhibido por la Constitución
Hay al menos cinco artículos en la Constitución salvadoreña que prohíben la reelección continua (arts. 75, 87, 88, 52 y 154), incluso castiga con la inhibición política a quienes promuevan la reelección o continuidad presidencial (art. 75) e incluso reconoce el derecho a insurrección si se pretende alterar el orden constitucional (arts. 87 y 88).
Escobar explica que la base jurídica del oficialismo la afincan en dos factores, la base popular, dicen que la gente decida si continúa o no, basado en la soberanía popular y la sabiduría del pueblo, el otro es una resolución de la sala constitucional que lo habilita.
“Un pueblo libre se autoregula en una Constitución, el pueblo soberano no queda a expensas de su voluntad de forma arbitraria, está obligado a respetar la Constitución, porque el mismo pueblo se comprometió a cumplirla”, enfatizó.
“El presidente está llamando a la gente a incumplir la Constitución, pone al pueblo por encima de la Constitución, lo cual jurídica y políticamente no es aceptable en un estado democrático de derecho. Si el pueblo está inconforme porque no hay reelección, entonces obliga a los funcionarios a seguir el proceso de reforma constitucional”.
En cuanto a la resolución de la Corte, “en estos momentos no hay sala de lo constitucional, porque los magistrados legítimamente electos fueron destituidos, y los que están ahí, no son magistrados, pueden emitir documentos, pero no una resolución porque no son Sala, este documento que habilita la reelección no existe jurídicamente, lo emitieron personas que no son magistradas, no son de obligatorio cumplimiento”.
Economía: determinante para reelección
Hay economistas que plantean que la situación económica alcanzará su popularidad cuando haya un golpe a sus bolsillos y los salvadoreños buscarán culpables. Sin embargo, hay una variable en esa relación de hechos y es la capacidad propagandística, que es muy alta para desviar la atención e imponer su propia una narrativa.
Lo que está haciendo es mantener subsidios y crear otros, pero a pesar de eso, El Salvador no es productor de varios insumos y no tiene control de las importaciones. Según los analistas, lo que Bukele está haciendo, es atribuir la crisis económica a la guerra de Rusia en Ucrania.
La diputada Anabel Belloso señaló la reciente baja en la calificación financiera de El Salvador, por parte de la agencia Fitch, precisamente el 15 de septiembre pasado.
La nota de deuda soberana a largo plazo pasó a «CC» después de estar en «CCC», a causa de la frágil posición de liquidez salvadoreña, que podría debilitarse aún más con una anunciada oferta de recompra de bonos con vencimiento en 2023 y 2025, según El Economista de México.
“Desde antes venimos sufriendo las consecuencias (de la crisis política), por ejemplo, en la baja calificación de riesgo país que tenemos, que tiene una repercusión inmediata en la vida de la población. Aunque a veces no se logre dimensionar, suben las tasas de interés, quien tiene un préstamo se ve afectado, quien quiere optar a financiamiento se ve restringido porque las condiciones de la banca privada se vuelven más complejas por la forma que nos ven afuera”, indicó.
La diputada agregó que no solo en el campo económico hay consecuencias, sino, en las relaciones con otros países, en la cooperación, sobre todo de los más vulnerables que se benefician con estos proyectos que se ven afectados.
