*Un documento revelador de Cristosal sistematizó durante un año el patrón que sufren los capturados durante el régimen de excepción que instauró el Gobierno de Nayib Bukele en marzo de 2022.
**La organización defensora de derechos humanos denunció el asesinato de al menos 153 víctimas de tortura.
***La investigación confirmó las denuncias de palizas, estrangulación, descargas eléctricas, asfixia por inmersión, privación del sueño, aislamiento, entre diversos tratos crueles.
Eric Lemus / Expediente Público
Lo primero es una andanada de golpes. Lo segundo es la humillación. Las palizas son propinadas sin misericordia por los carceleros. La degradación empieza desde la primera noche que un recién capturado comparte con 250 internos adentro de una celda con capacidad para 70.
Este primero de junio el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumplió cuatro años en el poder regodeado por la desarticulación de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 echando mano del Régimen de Excepción como piedra angular de su plan de seguridad.
En paralelo, una investigación exhaustiva realizada por la organización humanitaria Cristosal confirmó el uso deliberado de la tortura en los centros de detención a donde están recluidos 65,000 reos y sumando.
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El documento, que abarca casos en el periodo del 27 de marzo de 2022 al 27 de marzo del año en curso, detalla la tortura como patrón normalizado por la Dirección General de Centros Penales, que encabeza Osiris Luna, uno de los funcionarios de confianza del gobierno de Bukele.
Un discurso punitivo
El reporte de violación a los derechos humanos llega en el momento que Nayib Bukele cumple cuatro años en el poder y debe confirmar que buscará la reelección presidencial.
“Ahora es una estrategia de violaciones de derechos humanos y de populismo punitivo que es usada como herramienta de propaganda evidentemente con fines electorales de parte del Gobierno”, dice a Expediente Público, David Morales, jefe jurídico de Cristosal.
El mandatario salvadoreño pidió en marzo de 2023 el primer Estado de Excepción y desde entonces cuenta con el respaldo de la fracción legislativa de Nuevas Ideas (NI), el partido oficialista que controla el Congreso.
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La reelección del mandatario, que está prohibida en la Constitución salvadoreña, es allanada por la popularidad que originó las medidas punitivas que incluyó la inauguración de una megacárcel con capacidad para recluir a la gran cantidad de detenidos.
Un sondeo de opinión difundido por el Gobierno, que fue calzado por el Centro de investigaciones Estudios sociales y económicos de Centroamérica (CIESCA), reitera que Bukele sigue con más del 90% de aprobación gracias a sus medidas represivas.
Diversas organizaciones sociales salieron a las calles el día del trabajo para rechazar las pretensiones de seguir en el poder.
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¿Amenaza de pandillas?
El pasado domingo 28 de mayo, el gobernante convocó de urgencia al gabinete de seguridad que incluye a los jefes de la policía, el Ejército y la fiscalía.
La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia divulgó imágenes del encuentro con el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy; el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza, y el fiscal general, Rodolfo Delgado.
La causa de la reunión fue un informe de inteligencia policial titulado “Amenaza de incremento de homicidios contra la población general y contra operadores de la ley, por parte de la ranfla nacional de la MS-13”.
Según el documento, los pandilleros de la MS planean una ola de homicidios. Esa noche, la policía colocó retenes en las carreteras y aumentó los patrullajes en zonas residenciales.
Unas semanas atrás, Nayib Bukele había pedido el encierro de un municipio del norte del país donde un policía fue abatido por reductos pandilleriles.
Mandato salpicado por el régimen
El cuarto aniversario del Gobierno, sin embargo, está sacudido por la investigación que registra la normalización de la tortura contra los detenidos bajo el régimen.
“Fotografías y el propio Instituto de Medicina Legal (instancia forense) documentaron signos de asfixia, fracturas, numerosos hematomas, laceraciones e incluso perforaciones (por proyectiles) en los cadáveres”, reza el resumen de la pesquisa.
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A lo largo de los últimos cinco meses Expediente Público sigue los casos de un grupo de familiares de privados de libertad que comparten hallazgos.
“Entre nosotros circulamos información sobre traslado de reos a centros hospitalarios o cualquier dato que ayude a brindar luces a quienes no saben nada acerca de sus parientes desde el día que los capturaron”, relata a Expediente Público una mujer que busca a su esposo y pide ocultar su nombre.
Luz verde a la tortura
De acuerdo al testimonio de quienes han sobrevivido el encierro, las víctimas del régimen sufren privación del sueño, aislamiento prolongado y la humillación permanente.
Los custodios que trabajan para el Ministerio de Justicia y Seguridad son quienes perpetran los abusos de forma sistemática.
El representante del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), Marvin Reyes, explica a Expediente Público que los guardias de las prisiones “están formados en la Escuela Penitenciaria” y “han generado una especie de ritual (…) de darle una golpiza de bienvenida” al detenido para que acepte que es pandillero.
“Algunos de ellos son exmilitares… gente que causó baja en el ejército y buscó meterse” a este trabajo.
Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), advierte a Expediente Público que “se ve que está dejando morir premeditadamente a las personas sin haber sido condenados”.
“Quizás pueda ser una intención ya premeditada de dejarles morir porque ellos saben cuándo tienen problemas de salud”, reflexiona.
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Desnutrición y muerte
Un abogado de oficio, que solicitó a Expediente Público no revelar su identidad, opina que el hallazgo de Cristosal confirma lo que él atestigua cuando entra los recintos en busca de sus defendidos.
“Cuando reparten comida, solo les dicen: pongan la mano, y les echan una cucharada de frijol. Esa es toda la comida dos veces al día si tienen suerte. Por eso los ves desnutridos”, describe.
Al cierre del mes de mayo, la red de familiares de detenidos confirma un nuevo deceso.
– “Nuevo fallecido: Eric Oswaldo Erazo Godínez, edad aproximada 35 a 37 años, quien falleció en Módulo B celda 6”, publica el administrador del grupo.
– “Quizás por eso estaba Medicina Legal hoy en el penal de Mariona” -comenta uno de los usuarios.
Unos minutos después, una mujer ingresa a la red y escribe apresuradamente.
– “Mi esposo se llama así. Pero se supone que estaba en la cárcel de Quezaltepeque. No puede ser…” -teclea.
