La “regulación legal” del consumo de marihuana, así como la creación de una Junta Nacional de Drogas que coordina el trabajo de nueve ministerios, ha permitido al Gobierno de Uruguay el registro de al menos 50,000 productores, consumidores y vendedores de esa droga.
Los cambios en el marco legal para los consumidores de esta droga en el país sudamericano, ha quitado recursos a los grandes narcotraficantes de aproximadamente 25 millones de dólares.
Uruguay se ubica entre los primeros lugares de América Latina en relación con diversas medidas de bienestar y se destaca por ser una sociedad igualitaria, por su alto ingreso per cápita, sus bajos niveles de desigualdad y pobreza y por la ausencia casi total de indigencia. En términos relativos, su clase media es la más grande de América, y representa más del 60% de su población.
De acuerdo con la medición oficial, la pobreza moderada pasó del 32,5% en 2006 al 8,1% en 2018, mientras que la indigencia o pobreza extrema ha prácticamente desaparecido: reduciéndose del 2,5% al 0,1% durante el mismo periodo. En términos de equidad, los ingresos del 40% más pobre de la población uruguaya han aumentado más rápidamente que el crecimiento promedio de los ingresos de toda la población.
En diciembre de 2013, el Senado aprobó que los uruguayos mayores de 18 años pudieran adquirir hasta 480 gramos de marihuana legal por año para consumo personal.
LEGALIZACIÓN
En el 2012, el entonces presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, sostuvo un acercamiento con los mandatarios de México, Costa Rica y Belice, para mostrarse en contra de la legalización de la marihuana en estas naciones de América. Los presidentes de estas naciones firmaron un compromiso, a través de una declaración conjunta, en la que expresaron la necesidad de luchar contra el crimen organizado transnacional y mostrarse en contra de la idea de legalizar el uso despenalizado de esta planta.
La declaración del documento firmado por los líderes de estas naciones, explicaba que «resulta necesario analizar a profundidad las implicaciones sociales de políticas públicas y de salud general que se derivan para nuestras naciones de los procesos en marcha a nivel local y estatal en algunos países de nuestro continente, para permitir la producción, consumo y distribución legal de la marihuana».
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En 2016, el diputado hondureño Liberato Madrid quiso proponer una iniciativa de ley que buscaba permitir el uso de uno de los componentes de la marihuana para fines medicinales, sin embargo recibió el rechazo absoluto de algunos sectores que no se tomaron el tiempo para tomarla en consideración.
En diálogo con Expediente Público, Diego Olivera, director de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, rechazó el concepto de “legalización de la marihuana” y más bien hace referencia a la “regulación legal” enfocada en tres grandes aspectos: la posibilidad para personas adultas de cultivar hasta seis plantas en sus hogares; la libertad de conformar clubes de membresía o clubes sociales de consumo y producción de hasta un máximo de 45 personas adultas residentes; y la adquisición de cannabis a través de una red de farmacias.
Indicó que uno de los grandes objetivos de esta disposición es alejar a los ciudadanos de los mercados ilícitos, es decir, “que para poder adquirir una cantidad de marihuana para uso personal, en Uruguay no tienen que entrar en contacto con las redes de criminales y distribución de drogas”.
Estimó que en su país, de 3 millones de habitantes, han logrado un registro de 50,000 personas que producen, venden o usan marihuana. Esto ha permitido arrebatarle del mercado ilegal de esta sustancia unos 25 millones de dólares a los narcotraficantes. Indicó que el registro es necesario para garantizar que a este mercado solo accedan las personas autorizadas: mayores de 18 años y residentes del país, no turistas. En total, se calcula que hay unos 200,000 consumidores en Uruguay, pero un 80 por ciento son del tipo ocasional.
Mientras que Honduras las maras y pandillas diseminadas en todo el país controlan el narcomenudeo: producción y distribución y venta a menor escala de marihuana y otras drogas, donde el consumo de marihuana es el pan de cada día para la mayoría de los adictos de ese país. De acuerdo a las autoridades policiales de Honduras, estas estructuras criminales están vinculadas con “muertes múltiples” o masacres por pelea de territorio para sus ventas.
Honduras registra altos niveles de violencia con más de 40 homicidios por cada 100,000 habitantes (2018), siendo una de las más altas de América, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional. Ese país de ingreso medio-bajo enfrenta altos niveles de pobreza y desigualdad con cerca del 66 por ciento de la población viviendo en la pobreza en 2016, según datos oficiales. En zonas rurales aproximadamente uno de cada 5 hondureños viven en pobreza extrema o con menos de US$1.90 al día.
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COMBATE AL NARCO
Olivera insistió en que el combate al narcotráfico “no es a través de la incautación de bienes o a través de la persecución policial, sino, a través de la generación de un mercado legal que constituya una alternativa para las personas que aun recibiendo la advertencia que la marihuana es perjudicial para la salud, deciden aun así consumirla”, dijo Olvera.
A criterio del funcionario, otra ventaja de controlar la producción y venta de marihuana es la protección a la salud, pues en el mercado clandestino se produce cannabis de mala calidad o se usan fertilizantes que pueden ser dañinos, mientras que en el sistema legal hay un control de calidad y cantidad de lo que se utiliza.
El experto señaló que otra forma de luchar contra el narcotráfico por parte de los Estados es ofrecer alternativas de inclusión social y económicas para los sectores de la sociedad que se dedican a la venta de drogas, especialmente a aquellos más pobres que venden en los barrios latinoamericanos a nivel micro.
Son necesarias políticas de largo plazo en temas como la “reducción de la pobreza, la inclusión social y sobre todo la presencia del Estado”.
Eso significa mantener fuerzas del orden desligadas de los narcotraficantes, pero también darle a la población sistemas de salud y educación, públicos y eficientes.
Esto exige el involucramiento de varios países, de una responsabilidad compartida, especialmente con los países europeos y de Estados Unidos, pues según el funcionario uruguayo, el problema no se lo puede resolver un solo país.
Todos los esfuerzos que puedan hacerse para el trabajo de cooperación internacional, “a través de organismos equilibrados, no a través de políticas dirigidas al intervencionismo en los países más pobres o en vías de desarrollo porque lo que ha sucedido en la historia de América Latina es que el problema de las drogas se ha utilizado como una excusa para aumentar la posición dominante de algunos países, en particular, Estados Unidos”, apuntó Olivera.
En el otro extremo consideró importante perseguir a las “grandes operaciones del narcotráfico”, las que mueven los grandes cargamentos de droga y que tienen el poder de corromper a los servidores públicos y hasta financiar a partido políticos.
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Consideró que cuando las políticas públicas se enfocan solo en poner presos a quienes venden drogas en las esquinas de los barrios, “lo que estoy haciendo es engrosando de una manera muy fuerte el encarcelamiento masivo de personas pobres”.
Consideró que ese “encarcelamiento masivo” solo genera más violencia porque las mafias siguen operando desde las cárceles.
Al tratar el consumo de drogas y el narcomenudeo como un problema exclusivamente de criminalidad y no de salud pública aumenta la estigmatización, donde la sociedad ve al consumidor como alguien peligroso que debe ser aislado, señaló.
“El encierro y la exclusión no conlleva nada positivo para la salud de los consumidores. Estos tienen que ser concebidos como personas que tienen un problema como podría ser diabetes o una enfermedad cardiológica. Es decir, necesitan que los servicios públicos de salud están disponibles y estén abiertos para recibirlos”, dijo Olivera.
