A principios de los años 90, en plena posguerra, se dieron las condiciones sociales y políticas para que Centroamérica se convirtiera en el principal puente marítimo, aéreo y terrestre para el tráfico de drogas desde América del Sur, principalmente de Colombia.
El legado de la guerra fue una situación de pobreza generalizada, decenas de miles de hombres en armas quedaron virtualmente sin oportunidad de insertarse económicamente a la vida civil y el fin de los conflictos bélicos en la región llevó primeramente a reducciones drásticas de los presupuestos de seguridad y defensa que en la práctica dejaron grandes territorios de la región aislados y sin presencia del Estado.
Todo esto representó para los carteles del narcotráfico oportunidades e incentivos para incrementar exponencialmente el tráfico de drogas por la región. Honduras no escapó a esta realidad, porque desde la década de los 80 el narcotráfico ya había comenzado a carcomer diversas esferas institucionales y sociales de ese país.
Como parte de su enfoque contra el narcotráfico, el Gobierno hondureño debió hacer ajustes en su enfoque en el combate del crimen organizado. Uno de ellos, quizás el más importante, fue redirigir los presupuestos de defensa y seguridad al combate del narcotráfico como una de las principales amenazas a la seguridad.
Por ejemplo, de 217 millones de dólares en el 2012, el presupuesto militar pasó a 400 millones de dólares en el 2018, según el Instituto Nacional de Estudios para la Paz de Estocolmo.
Por otra parte, el presupuesto del Ministerio de Seguridad, a cargo de la Policía, alcanzó los 300 millones de dólares en el 2018. Además, en Honduras se creó una “tasa de seguridad” que se obtiene de las transacciones de cuentas bancarias que superan el equivalente a 5,000 dólares en depósitos. Las deducciones son del 2 por ciento de retiros o depósitos.
La “tasa de seguridad” fue aprobada por el Legislativo en 2011 y tendría una vigencia de cinco años, pero diputados del gobernante Partido Nacional, hicieron reformas en 2014 para prolongar su vigencia hasta el 2021.
Aunque la Ley de Secretos Oficiales permite a los funcionarios ocultar el monto recaudado, al momento de su discusión y aprobación en el Congreso Nacional se estimaba que serían unos 81.6 millones de dólares anuales.
Los recursos se transfieren a un fideicomiso que viene sirviendo como garantía para obtener préstamos bancarios con los que se realizan inversiones en seguridad y prevención de violencia.
La “deuda de la tasa de seguridad” se estimaba en 2014 en 64.28 millones de dólares, creciendo gradualmente hasta llegar a mediados del 2019 a sumar 405.3 millones de dólares.
Sin embargo, un cuarto de esta deuda se creó en menos de un año, entre julio de 2018 y julio de 2019, subió 153.7 millones de dólares.
La mayor parte de estos recursos están destinados a la lucha contra el narcotráfico y otras formas del crimen organizado y una mínima cantidad van a prevención.
MUCHO DINERO, POCA INCAUTACIÓN
El canciller Lisandro Rosales, en agosto de 2019, expuso ante el cuerpo diplomático acreditado en Honduras que “el 90 por ciento de la incidencia criminal en el país tiene su origen en el narcotráfico, ya sea por tráfico a gran escala o narcomenudeo, factores que provocan, entre otras situaciones, las luchas de territorio entre maras y pandillas”.
Un reporte presentado a mediados de 2019 por el servicio de análisis del Congreso estadounidense, señala en la página 19 que “Honduras es un importante punto de transbordo de narcóticos ilícitos como resultado de su ubicación entre los productores de cocaína en América del Sur y los consumidores en los Estados Unidos. La región costera caribeña del país es un punto de aterrizaje principal para los traficantes marítimos y aéreos debido a su ubicación remota, infraestructura limitada y falta de presencia del Gobierno. En 2017, el Departamento de Estado estimó que tres o cuatro toneladas métricas de cocaína transitan por Honduras cada mes”.
Honduras es el país centroamericano donde el gasto militar y policial ha aumentado más en los últimos 6 años, pero es el que menos cocaína incauta.
En el 2018, Costa Rica, que no tiene ejército, logró interceptar 33.6 toneladas del alcaloide; Guatemala incautó 17.8 toneladas; El Salvador 13.7 toneladas; mientras que Honduras llegó apenas a 1.5 toneladas, y Nicaragua menos de una tonelada.
Además, el 5 de marzo de este año, en sus redes sociales la congresista por California, Norma Torres, lamentaba que “los militares hondureños estén capturando menos del 1% de las drogas que pasan por Honduras”.
En las carreteras hondureñas pasaba el 87% de la cocaína que iba rumbo a Estados Unidos, según declaraciones del mismo Gobierno hondureño. Sin embargo, en pleno juicio a Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente, el viceministro de Seguridad Luis Suazo dijo, el 11 de octubre 2019 durante una conferencia de prensa, que el paso de la droga bajó de un 87% a un 3% en los últimos años.
El ministro de Seguridad Julián Pacheco ha señalado en sus comparecencias ante periodistas que la baja incautación de drogas se debe al excelente trabajo del “escudo aéreo” implementado por sus equipos de seguridad, lo que ha obligado a los narcotraficantes a buscar rutas diferentes.
Pese a los magros resultados en el tema de incautaciones, el 16 de octubre del 2019, a dos días de terminar el juicio a Tony Hernández y en medio de fuertes críticas al Gobierno tras las declaraciones de varios narcotraficantes que aseguraban haber pagado por protección, las autoridades hondureñas informaron de la intercepción de dos narcoavionetas en La Mosquitia, en la costa caribeña.
De una de ellas los narcos se llevaron toda la droga, pero de la otra las autoridades lograron recuperar un cargamento de 560 kilos de cocaína gracias a la intervención de un helicóptero militar que incluso fue atacado por los criminales, según informes de los oficiales. El cargamento fue trasladado a la capital hondureña y presentado a los medios, pero como suele suceder en estos casos, nadie fue detenido.
Días después, el 25 de octubre, una narcoavioneta cayó en Guatemala y las autoridades de ese país incautaron al menos diez sacos con cocaína. En este caso las autoridades hondureñas aseguraron que la nave cayó en el país vecino debido al sistema de defensa que impidió su aterrizaje en la línea costera nacional.
POLÍTICOS, MILITARES, POLICÍAS Y DROGAS
Pese a que el Gobierno ha aumentado los recursos a las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Seguridad para luchar principalmente contra el crimen organizado, desde el presidente Juan Orlando Hernández, hasta políticos e incluso oficiales de la Policía y de las Fuerzas Armadas han sido señalados por autoridades estadounidenses y por los mismos narcotraficantes de tener estrechos vínculos en el negocio de drogas.
En el juicio concluido el 18 de octubre de 2019 y que encontró culpable al exdiputado y hermano del actual presidente, Juan Antonio Hernández, varios narcotraficantes dieron información importante, uno de ellos fue el exalcalde de El Paraíso, Copán, a 386 kilómetros al occidente de Tegucigalpa, Alexander Ardón, quien dijo haber estado presente cuando el mexicano Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, pagó un millón de dólares de a Tony Hernández para que se los entregara a Juan Orlando Hernández a cambio de protección para sus cargamentos de cocaína.
Ardón, que no fue extraditado, sino que se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses, dijo que el mismo presidente Hernández le pidió miles de dólares para su campaña de reelección en el 2017, a cambio le ofreció protección. Aseguró en el jucio que se reunió con el presidente seis meses antes de las elecciones y que este pagó millones en sobornos.
El testigo indicó que el Chapo Guzmán le dijo en 2012 que el narcotraficante guatemalteco Jairo Orellana le había robado un cargamento de cocaína y que pretendía apropiarse de la ruta fronteriza entre Honduras y Guatemala. Ardón asegura que, el Chapo habló con el entonces presidente Porfirio Lobo, quien envió un batallón compuesto por 120 soldados para ayudarle a mantener el control sobre la frontera y garantizar el paso de la droga.
Indicó que otro narcotraficante y exsocio, Franklin Arita, se había apoderado de una ruta de la droga y no dejaba pasar los cargamentos. Esto se lo informó a Tony Hernández, quien le dijo que lo mataría y que le encargaría el trabajo al jefe policial de la región, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla.
Días después Arita murió de un “bazucazo” . Años después El Tigre Bonilla llegaría a ser jefe de la policía a nivel nacional. Sin embargo, el oficial niega cualquier vínculo con Hernández.
Otro de los testigos, Víctor Hugo Morales, alias “El Rojo” declaró haber pagado 40,000 dólares a “Tony” para financiar la campaña presidencial de su hermano. Además, indicó que le entregaba 5,000 dólares por información específica sobre investigaciones de las autoridades ligadas al narcotráfico y por retenes en las rutas de la droga.
Antes de eso, en el 2009, dijo haber pagado 100,000 dólares para financiar las campañas de Porfirio Lobo a la presidencia y del mismo Juan Orlando Hernández, quien llegó a ser presidente del Legislativo en el mismo periodo de Lobo, del 2010 al 2014.
El Rojo confirmó en el juicio que Tony Hernández fabricaba cocaína con la marca “TH” y mencionó al actual diputado Juan Carlos Valenzuela como uno de los participantes en las reuniones de narcotraficantes.
También declaró Giovany Rodríguez, quien fue subdirector de operaciones de la Policía de Honduras y es narco confeso ante las autoridades estadounidenses. Él reconoció haber trabajado en la protección de cargamentos para Alexander Ardón y Tony Hernández. Anteriormente también había dado protección a los cargamentos de cocaína de Mauricio Hernández Pineda, un oficial de policía de alto rango, quien tiene una acusación por narcotráfico en una Corte de Nueva York.
En su momento trascendió en varios medios de comunicación hondureños que Mauricio Hernández es primo de Tony y Juan Orlando, pero los abogados del primero han negado esta versión. La familia no se ha pronunciado.
También atestiguó Devis Leonel Rivera Maradiaga, jefe del cartel de Los Cachiros, quien mostró un video de una reunión que tuvo con Tony Hernández para pedirle que intercediera de modo que el gobierno pagara algunas deudas que mantenían con empresas de su propiedad. Aseguró haberle entregado 250,000 dólares a Juan Orlando Hernández y 50,000 a Tony. Al gobernante anterior, Porfirio Lobo, dijo haberle entregado entre 500,000 y 600,000 dólares.
Devis Leonel es el mismo narcotraficante que en el 2017, en el juicio al hijo del expresidente Porfirio Lobo, Fabio Lobo, aseguró que en junio de 2014 este presentó a dos supuestos narcos con el actual ministro de Seguridad Julián Pacheco, a quien le pidieron seguridad para un cargamento de cocaína que venía de Venezuela.
En ese momento Pacheco no era ministro, era asesor del presidente Lobo en materia de seguridad. Los “narcos” eran en realidad un agente y un colaborador de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, quienes filmaron el encuentro.
Ante la evidencia presentada en el juicio Pacheco debió reconocer que el encuentro sí se dio pero que “los echó a patadas de su oficina”, dijo el abogado que lo representó, Daniel DeMaría. Sin embargo, Pacheco nunca denunció el hecho, hasta que trascendió en el juicio contra Lobo, que terminó con una sentencia de 24 años de reclusión.
Los testimonios de los narcotraficantes fueron validados por la Fiscalía y el juez, mientras los jurados estadounidenses declararon culpable a Tony Hernández, mencionado en el expediente judicial como “coconspirador 4”, un terminó utilizado por la justicia estadounidense para designar a quienes planifican las operaciones del narcotráfico. Al hermano del presidente Hernández se le impondrá la pena en enero próximo.
Por su parte, las declaraciones de los testigos durante el juicio a Tony Hernández fueron desestimadas por el Gobierno de Honduras, al considerar que vienen de criminales resentidos por la lucha emprendida contra ellos. De hecho, en la televisión y radio hondureña existe una campaña publicitaria que destaca la extradición de más de veinte narcotraficantes a Estados Unidos y enfatizan el apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) al presidente Hernández.
Pese a la publicidad, lo cierto es que ninguno de los narcotraficantes extraditados tenía procesos judiciales en Honduras y algunos de los que declararon haber sido socios de Juan Antonio Hernández se entregaron voluntariamente a la DEA o fueron extraditados desde Guatemala y Costa Rica.
Además de mencionar al presidente Hernández y al expresidente Lobo, también fueron implicados el actual ministro de Energía, Roberto Ordóñez; los diputados Reynaldo Ekónomo y Juan Carlos Valenzuela; y el exvicealcalde de la municipalidad de Gracias, Mario José Cálix Hernández, todos del Partido Nacional, del presidente Hernández y el expresidente Lobo.
Hay que mencionar que Mario José Cálix Hernández tiene una acusación formal por narcotráfico en Nueva York y es primo de la abogada Soraya Cálix, titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
VÍNCULO CON LAS MARAS
El paso continuo de cocaína a través de Honduras tiene como consecuencia la inundación de droga en los barrios de la mayoría de las ciudades, donde el consumo de marihuana, cocaína y crack es el pan de cada día y está dejando una gran cantidad de adictos, muertes violentas y otros delitos graves.
“Anteriormente el país solo era sitio de paso de la droga, sin embargo, del año 98 a esta fecha los grupos criminales comenzaron a pagar a las personas que colaboraban con el trasiego con una parte de la droga. Con esta droga se ha creado el consumo en los jóvenes”, indicó el subcomisionado Marlon Miranda, vocero de la Policía Nacional.
Explicó que en los últimos meses del 2019 incluso han encontrado que la Mara Salvatrucha ha establecido bases subterráneas en la cordillera de El Merendón, al oeste de San Pedro Sula, donde preparan las dosis de las diferentes drogas que venden y desde allí sus operadores se desplazan en motocicletas de alta velocidad a dejar los pedidos a varias ciudades del Valle de Sula, entre ellas San Pedro Sula, Villanueva, Potrerillos, La Lima, Choloma y otras, con una población superior a los 2 millones de personas.
Oficiales antinarcóticos dijeron a Expediente Público que podría haber unos 1,000 puntos de venta de diversos tipos de drogas a nivel nacional.
Desde hace al menos cuatro años, la pandilla (Barrio 18) y la mara Salvatrucha (MS-13) son las dueñas del negocio de drogas y eso ha contribuido a la distribución masiva de narcóticos, porque esos grupos están organizados en la mayoría de las ciudades y pueblos de Honduras.
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“En el tema de consumo y tráfico de drogas las maras y pandillas tienen una relación estrecha. Eso ha hecho que estos grupos se hayan fortalecido, las maras y pandillas están diseminadas en todo el país y eso hace que el esfuerzo de la policía sea más fuerte”, confirmó Miranda.
El vínculo entre maras y carteles de la droga habría comenzado a finales de los 90. “En ese tiempo eran organizaciones de jóvenes que peleaban territorio. Entonces los carteles utilizaron estas estructuras en diversas tareas como protección y transporte. Ellos les cambiaron las armas hechizas, o chimbas, por armas automáticas: fusiles AK 47, AR15 y pistolas especiales”, dijo Miranda.
Con el paso del tiempo y el poder del dinero, las maras y pandillas se transformaron en organizaciones más complejas y con un mayor número de adeptos. Al ver lo lucrativo del negocio de las drogas incursionaron poco a poco en la venta al por menor o narcomenudeo, desatando verdaderas guerras urbanas que han dejado ríos de sangre, pero que les han permitido conservar la exclusividad en la distribución.
El vocero policial reconoce que las maras y pandillas están vinculadas con “muertes múltiples” o masacres por pelea de territorio para sus ventas.
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Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional, entre 2004 y 2018 hubo 71,695 homicidios en Honduras.
La tasa de homicidios pasó de 42.3 por cada 100,000 habitantes en 2006 hasta alcanzar su pico más alto en el 2011, cuando llegó a las 86.5 muertes por cada 100,000. En ese momento Honduras llegó a ser conocido como el país más violento del mundo.
En los últimos años, según las estadísticas oficiales, hubo una baja notable de la criminalidad, al pasar de 59.1 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2016, a 43.6 en 2017, hasta llegar al punto más bajo en el 2018 con una tasa de 40 por cada 100,000 habitantes.
Y aunque el Gobierno ha presentado la reducción como un gran éxito, lo cierto es que la tasa de homicidios de Honduras en el 2018 siguió siendo una de las más altas de América, solo por debajo de Venezuela (81,4 por 100,000); El Salvador (51 por 100,000) y Jamaica (47 por 100,000).
Además, diversos analistas hondureños consideran que la reducción de la tasa de homicidios es insostenible porque las causas subyacentes de la violencia persisten: la pobreza es de casi un 70%, las maras y las drogas siguen en las calles y no hay un control efectivo de las armas de fuego.
Según registros oficiales, del 1 de enero al 3 de noviembre de 2019 se registraban 3,246 muertes violentas, es decir 166 más que en la misma fecha de 2018.
El comisionado de policía Jair Meza, vocero de la Secretaría de Seguridad, explicó que una de las causas del repunte de la violencia serían las muertes múltiples o masacres generadas por el narcotráfico.
“Las maras y pandillas quieren, a través de la venta de droga, agenciarse dinero y tener el control de los diferentes barrios, ocasionando homicidios múltiples”, indicó.
Hasta principios de noviembre de 2019 se han ejecutado 56 masacres -tres muertes o más-, dejando al menos 194 víctimas, mientras en el 2018 se produjeron 39 masacres, que dejaron 136 víctimas.
Narcotraficantes, políticos, militares, policías, mareros y pandilleros son una combinación perfecta para seguir llenando de sangre las ciudades hondureñas.
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