* El Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas revela que 8 de cada 10 personas detenidas en Honduras sufren abusos a los derechos humanos.
** Organismo mundial cuestionó al Estado de Honduras por uso del delito de parricidio como base para penalizar a mujeres que abortan.
***Desde el 2017 hasta abril del 2024, Naciones Unidas ha registrado alrededor de 6 muertes bajo custodia en diferentes postas policiales en el país.
Sharon Ardon / Expediente Público
El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este 17 de abril del 2024 interpeló al Estado de Honduras sobre la situación de tortura en ese país centroamericano.
Durante este encuentro, el Comité identificó como los principales autores de torturas a la Policía Nacional, a la Dirección General Antimaras y Pandillas, la Dirección Policial de Investigación, la Unidad de Toma Integral de Respuesta de Seguridad y la Policía Militar de Orden Público en Honduras.
Naciones Unidas criticó al Gobierno de Xiomara Castro por la falta de existencia de un registro nacional sobre las torturas, considerada una de las peores formas de violación a los derechos humanos.
Claude Heller, presidente del Comité, criticó que exista “la impresión que no se puede conocer el número real de casos de tortura”.
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ONU expone problema de torturas en Honduras
Heller observó que la violación a las salvaguardias de protección se ejecuta principalmente sobre personas de bajos recursos o habitantes de sectores marginales hondureños.
“Las víctimas de torturas son personas de bajos recursos o sectores marginados (…) y muchos casos no se denuncian por temor a represalias o desconfianza en las autoridades”, afirmó el funcionario.
La reunión se realizó en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza
La delegación de Honduras la encabezó la ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Angélica Lisseth Alvarez. La acompañaron Jari Dixon y Silvia Ayala, diputados del Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación (Libre) y Mario Rolando Díaz, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), también del partido oficialista.
¿Qué respondió Honduras a la ONU?
Honduras aceptó que existen desafíos en la prevención de estos actos inhumanos en el país, pero que están trabajando para que estas acciones no se vuelvan a repetir. Para ello, aseguró que se han capacitado entre 2021 y marzo del 2024, a más de 14 mil funcionarios del aparato de seguridad en el país.
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Ilegalidades en detenciones en Honduras
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas enfatizó en las debilidades de las salvaguardias legales en Honduras. Las visitas de monitoreo realizadas en centros de detención develaron que estas salvaguardias no se han respetado en las primeras horas de detención, por parte de los funcionarios de seguridad.
Un estudio realizado por el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus Familiares abordando el trato de detenidos en las Unidades Metropolitanas de Prevención (UMEP), reveló que 8 de cada 10 personas han sufrido violación a sus derechos humanos en los que se detalla la tortura física, psicológica y sexual.
Las cifras de sentencias en torno a este delito divergen entre sí, ya que según las brindadas por el Ministerio Público, del 2017 al 2023 solo se han judicializado 10 casos. Mientras que la Fiscalía de Derechos Humanos reporta 99 casos en ese período.
Muertes y actos crueles bajo custodia estatal
El Comité contra la Tortura de la ONU también expuso al Estado de Honduras con preocupación el tema de las muertes ocurridas bajo custodia en las cárceles.
Desde el año 2017 hasta abril del 2024, se han registrado seis casos de muertes en custodias, por ende bajo la responsabilidad de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Estos casos se han ejecutado en los departamentos de Cortés, Distrito Central, Intibucá, Copán y Comayagua.
Naciones Unidas igual reclamaron las altas tasas de impunidad en el marco de las muertes efectuadas por fuerzas de seguridad.
«En la mayoría de las presuntas violaciones de los derechos humanos que involucran a las fuerzas de seguridad y armadas, la investigación y enjuiciamiento no han podido determinar a los presuntos responsables», afirmó el director Heller.
Citó la muerte de enfermera Keyla Martínez, en febrero del 2021, mientras estaba bajo custodia de la Policía. A pesar de las acusaciones contra el oficial Jarol Rolando Perdomo como responsable de su muerte, los jueces han favorecido al acusado y reducido su condena.
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Naciones Unidas reclama trato a presos
Heller reclamó los tratos inhumanos y degradantes que tienen reportados sobre el tratamiento de los presos en los centros penitenciarios del país a manos de funcionarios.
El 1 de marzo del 2024 el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), a través de un comunicado, reportó actos de tortura en varios centros penitenciarios hondureños.
Se denunció la aplicación de electrochoque, extracción de uñas, quemaduras de segundo y tercer grado, y la obligación de dormir desnudos en el suelo recibiendo golpes en horas de la noche.
¿Cómo respondió el Estado? No hubo reconocimiento a las graves denuncias de abusos a los derechos humanos.
El coronel Héctor Fajardo, miembro de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario, afirmó que implementan medidas para mejorar las condiciones dentro del sistema.
Dentro de esas acciones, Fajardo enumeró la revisión de expedientes para identificar casos que ameriten un beneficio judicial. Además, la construcción de salas virtuales en 12 centros penitenciarios, permitiendo la agilización de audiencias virtuales.
Fajardo afirmó que han «recibido capacitaciones en el tema de gestión penitenciaria y estándares internacionales con los amigos del Comité Internacional de la Cruz Roja».
Para disminuir el hacinamiento, el coronel Fajardo anunció proyectos de construcción en diferentes localidades del país. Un módulo de máxima seguridad en los centros penales de Ilama, Morocelí y Támara, que en conjunto albergarán alrededor de 2 mil reos.
Aborto en Honduras
Naciones Unidas también abordó la criminalización del aborto en Honduras, y la causa del porqué es considerado un delito. Honduras es uno de los seis países de América Latina en el que todavía se prohíbe el aborto por cualquier causa.
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Jorge Contesse, miembro del Comité contra la Tortura, enfatizó que las penas por el aborto oscilan entre 3 y 10 años de prisión en Honduras. Mientras que las penas por parricidio comienzan a los 20 años. Solicitó del porqué utilizan el delito de parricidio para penalizar a las mujeres.
“Entendemos que parricidio se aplica en casos de aborto, y la condena por parricidio es mayor que la de aborto”, expuso Contesse.
¿Qué respondió Honduras en el reclamo del aborto?
El aborto está tipificado como delito en el Código Procesal Penal de Honduras en el artículo 196.
“Es la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto. Quien intencionalmente cause un aborto debe ser castigado”. La pena oscila de 3 a 6 años de prisión.
Por su parte, el parricidio se encuentra tipificado en el Art. 194 con una pena de prisión de 20 a 25 años.
El parricidio es el asesinato de un pariente cercano, especialmente perpetrado por un hijo o por parte de un padre o madre, de acuerdo a las normas penales. En el caso del aborto, su aplicación implica la interrupción del embarazo por decisiones personales o situación médica.
«El aborto (en Honduras) no puede ser confundido con el parricidio. Evidentemente ambos son delitos contra la vida se encuentran bajo la misma rúbrica», respondió el magistrado de la Corte Suprema, Mario Díaz.
