El régimen de Daniel Ortega ignora una vez más el llamado de la comunidad internacional sobre derechos humanos, se niega al cese a la represión e impide la búsqueda urgente de reformas electorales de cara a los comicios de 2021.
EXPEDIENTE PÚBLICO
“Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, el Estado de derecho sigue deteriorándose”, expresó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, durante la 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos. La Alta Comisionada señaló que el espacio cívico y democrático en el país centroamericano se sigue restringiendo a causa de la adopción de varias leyes contrarias a los derechos a la libertad de asociación, expresión, participación política y las garantías al debido proceso judicial contra los detenidos por razones políticas.
Bachelet evidenció las nuevas tácticas de represión recrudecida en los últimos tres años en Nicaragua, en el informe anual sobre la situación de derechos humanos en el segundo país más pobre de América Latina, después de Haití.
“A principios de este mes (enero), dos prominentes organizaciones defensoras de la libertad de expresión se vieron obligadas a suspender sus actividades por las exigencias y controles introducidos por la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, ejemplificó la Alta Comisionada, durante su presentación.
Puede leer: Daniel Ortega ha ignorado 37 llamados de la ONU sobre situación de Derechos Humanos
Gobierno mantiene ataques
Desde junio de 2020, el Gobierno de Nicaragua dejó de responder a las solicitudes de la Oficina de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), a pesar de su insistencia en que se le permita el ingreso al país centroamericano. El presidente Daniel Ortega ha demostrado su rechazo una vez más a las recomendaciones, al ignorar 37 llamados de esa organización.
El informe de Naciones Unidas recopila 117 casos de acoso, intimidaciones y amenazas por parte de agentes de la policía en contra de estudiantes, campesinos , activistas políticos, defensoras y defensores de derechos humanos y organizaciones de víctimas de la represión y de mujeres organizadas.
Lea más: Defensores de Derechos Humanos seguirán denunciando a regímenes dictatoriales
Oacnudh también ha observado y documentado las detenciones arbritarias, 34 casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados “opositores”.
Y entre el 1 de agosto de 2019 y el 30 de noviembre de 2020 documentó 51 casos de los 586 casos de detenciones denunciado por la sociedad civil.
En el mismo tono de desprecio a los llamados internacionales de respeto a los derechos humanos, la Procuradora General de la República de Nicaragua, Wendy Morales Urbina, rechazó el informe y lo llamó “unilateral, parcializado y carente de objetividad”, durante su intervención, el 25 de febrero de 2021.
“Debe someterse a imparcial revisión el funcionamiento de estos organismos que han perdido independencia u objetividad y continúan sirviendo como caja de resonancia de los apetitos y voracidades que fundamentan la agenda política interventora e invasora con que hoy se definen y caracterizan las prácticas expansionistas en términos de dominio político y asfixia económica, impuestas por las potencias imperiales, coloniales y neocoloniales”, afirmó Morales Urbina, representante de Nicaragua, sobre el informe presentado, al que calificó de “denigrante y agresivo”.
Durante el debate dentro del máximo foro de derechos humanos, 9 de las intervenciones apoyaron el rechazo de la procuradora de Nicaragua. Todos son regímenes señalados de cometer abusos a los derechos humanos: Venezuela, Cuba, Rusia, Siria, Corea, Irán, Sri Lanka, Eritrea y Bielorrusia. Las otras 20 miembros se mostraron a favor de las peticiones de las instancias de protección a las organizaciones y personas víctimas de la represión gubernamental.
Uno de las recomendaciones que la Oacnudh reiteró fue el fin inmediato a las detenciones arbitrarias, a las restricciones indebidas, a la libertad de circulación, amenazas y otras formas de intimidación contra nicaragüenes que participan en reuniones pacíficas y actividades políticas, o que expresan opiniones que difieren de las del Gobierno.
Defensores piden nueva resolución
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, expuso la grave crisis en Nicaragua, durante su intervención ante el Consejo, donde dijo que “hay una impunidad total”.
La abogada detalló que desde 2018, la víctimas no han obtenido verdad, justicia, reparación, ni garantía de no repetición y 115 presos políticos actualmente, son sometidos a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Por otra parte, denunció la cancelación de la personería jurídica de nueve organizaciones no gubernamentales, que fueron despojadas de sus bienes y hoy son ocupadas por el Ministerio de Salud.
“La aprobación de nuevas leyes, constituyen verdaderos instrumentos de represión, para silenciar y controlar a la oposición política, periodismo independiente y defensores de derechos humanos”, manifestó la defensora.
Claudia Paz y Paz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), lamentó que estas confiscaciones perpetradas en 2018, casi tres años después se mantengan vigentes: “es sumamente grave en un año electoral, de qué elecciones podemos hablar con esta situacion tan difícil de hostigamiento, persecución y criminalización de la defensa de derechos humanos”, declaró a Expediente Público.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, organización creada por defensores exiliados desde 2018, también se sumó a la denuncia pública de la situación de Nicaragua y destacó las condiciones delicadas en las que permanecen varias personas presas políticas, que desde 2018 se contabilizan al menos 1,614. Aunque la mayoría fue excarcelada a través de la polémica Ley de Amnistía
“Urgimos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que renueve y fortalezca la resolución sobre nicaragua de cara a sostener el escrutinio internacional en el país, para que cesen estos crímenes de lesa humanidad y no permanezcan en la impunidad”, intervino el defensor, Juan Carlos Arce Campos.
Campos detalló la documentación de 77 casos de personas que han sufrido torturas y tratos inhumanos como golpizas, asfixia mecánica, extirpación de uñas, amenaza de muerte, violacion sexual y simulacion de asesinatos.
Hasta la fecha, al menos110 personas continúan presas por razones políticas, aun cuando 41 de ellas son beneficiarias de medidas de protección del sistema interamericano de derechos humanos al padecer enfermedades crónicas, aseguró el defensor.
Puede interesarle: Prisión en casa: la otra condena contra los ex prisioneros políticos de Ortega
Paz y Paz, especialista en derecho penal, recalcó la importancia de la denuncia internacional ante el espacio de Consejo de Derechos Humanos, y expresó su preocupación por la situación de privadas de libertad en los procesos de criminalización: “la situación de las cárceles en Nicaragua es exageradamente precaria, en cuanto al acceso a la salud que se agrava en medio de una pandemia.”
La sociedad civil solicitó al CIDH la aprobación de una nueva resolución que mantenga el mandato de la Alta Comisionada y exhorte a Nicaragua a cumplir las recomendaciones anteriores, incluyendo la autorización de ingreso inmediato al país de la Oacudh y la CIDH.
Abuso y control de la población
“El comportamiento que ha tenido hasta ahora el Gobierno de Ortega, demuestra el querer tener un control absoluto de la población y es por eso que están recrudeciendo estas medidas violatorias”, manifestó Paz y Paz.
“Desafortunadamente el espacio para la defensa de derechos humanos no ha mejorado, la aprobación de las recientes leyes, limita aun más la posibilidad de defensa de derechos humanos, más organizaciones han sido canceladas sus personerías jurídicas o están bajo la amenaza de que se les cancele”, enfatizó.
El Gobierno de Nicaragua no ha reconocido la responsabilidad del Estado, por las múltiples violaciones de derechos humanos, incluidos homicidos y detenciones arbitrarias, señala el informe de Oacnudh. Y esta ha sido su posición por casi tres años desde el estallido de las protestas sociales en Nicaragua, en abril de 2018.
Paz y Paz explicó que la postergación de las reformas electorales y la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de leyes que socavan el ejercicio de los derechos civiles y políticos no serán conducentes a un proceso electoral representativo, pluralista, transparente y justo en el corriente año 2021.
“Me parece muy afortunado por parte de la CIDH de seguir demandando que exista un pleno respeto a los derechos humanos en Nicaragua, porque es un mensaje también para las instancias de protección nacional de que en esta labor no están solas”, finalizó Paz y Paz.
