* El Comité Contra la Tortura (CAT) expresa su preocupación por más de 500 días bajo Estado de Excepción en Honduras y una decena de extensiones.
** Los resultados del Estado de Excepción incluyen la desarticulación de 455 bandas delictivas y la detención de 600 miembros de estructuras criminales, según el Gobierno.
*** Jorge Contesse, miembro de la CAT, sugirió al Estado de Honduras notificar a los organismos internacionales de las ampliaciones de la medida de emergencia vigentes.
Sharon Ardon / Expediente Público
El Comité Contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas cuestionó las prórrogas del Estado de Excepción en Honduras, su justificación y su posible impacto en los derechos humanos.
En la 79 sesión del CAT en Ginebra, Suiza, estuvieron presentes representantes del Gobierno de Honduras, representado por una delegación integrada por los diferentes poderes del Estado.
“Nos gustaría saber más a fondo cuáles son las razones que han llevado a las continuas prórrogas (del Eestado de Execpción), ¿Por qué se ha tenido que prorrogar? ¿No ha sido suficiente? ¿cuáles son los resultados? ¿Funciona o no funciona?, cuestionó Claude Heller, presidente del CAT.
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La administración de Xiomara Castro inició el 6 de diciembre de 2022 con un Estado de Excepción en algunos municipios del país, que sería por 30 días, pero que se extendió a nivel nacional y se ha prolongado al menos diez veces.
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Desde su implementación el 6 de diciembre de 2022 y su ampliación en 226 de los 298 municipios que conforman los 18 departamentos de Honduras. Hasta abril del 2024, el Estado de Excepción se ha prorrogado alrededor de 11 veces, la más reciente ratificada el 4 de abril extendida hasta el 19 de mayo próximo.
¿Qué responde el Estado de Honduras?
El viceministro de la Secretaría de Seguridad, Hugo Suazo, justificó las prórrogas del Estado de Excepción en el Comité Contra la Tortura (CAT) afirmando que las extensiones “no violan el Estado de Derecho y que no imponen restricciones a la ciudadanía”.
“La prolongación del Estado de Excepción se fundamenta en la necesidad imperiosa de preservar la seguridad y el orden público en situaciones extraordinarias como la lucha directa contra el crimen organizado en el territorio nacional”, refirió.
Además, informó que desde diciembre de 2022 se ha establecido un grupo de alto nivel encargado de monitorear estas medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos.
Entre los logros de esta medida resaltó la detención de más de 600 miembros de estructuras criminales y la desarticulación de más de 455 bandas delictivas. Además, el decomiso de 8 mil armas de fuego, de 4,751 kilos de cocaína y 740 kilogramos de fentanilo.
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Denuncias de violaciones
No obstante, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) ha denunciado en reiteradas ocasiones el sinnúmero de quejas desde que entró en vigor el Estado de Excepción en el país.
Las presuntas violaciones a los derechos humanos involucran a agentes de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) e incluyen actividades coercitivas como detenciones sin pruebas y allanamientos nocturnos sin justificación.
A través de un informe «Desafíos invisibilizados: de violencia de género durante el Estado de Excepción”, el Conadeh resaltó que la mayoría de las denuncias recibidas también están las relacionadas con uniformados que habrían cometido violaciones a los derechos humanos de mujeres y niñas.
El Comisionado se basa en relatos obtenidos de víctimas que denuncian «golpes, patadas, halones de cabello, bofetadas con y sin armas por parte de agentes del Estado».
«El temor de interponer la quejas y denuncias proviene de los bajos niveles de confianza de parte de la ciudadanía hacia las instituciones públicas, esto debido a las continuas denuncias del involucramiento de agentes del Estado en crímenes y delitos cuyos casos reportan altas tasas de impunidad”, subraya el informe.
Preocupación por violación a Derechos Humanos
Por su parte, Jorge Contesse, miembro del CAT, durante su participación expresó que el tema del Estado de Excepción en Honduras es importante para el comité y es inevitable no preocuparse y, aunque ha escuchado la idea de que, con esta medida no se limitarían los derechos de los ciudadanos en Honduras.
Sin embargo, «precisamente la medida implica la suspensión de derechos fundamentales», explicó.
Ante esto, citó expresamente el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que detallan claramente la suspensión de garantías en estas situaciones de emergencia.
“Por definición lo que hace el Estado de Excepción es poner en pausa el ejercicio de derechos fundamentales y desde luego, el Estado de Excepción no puede formar parte de una política permanente de seguridad”, concretó.
Del mismo modo, cuestionó por qué esta herramienta ha sido renovada tantas veces, hasta la fecha, son al menos 10 renovaciones al Estado de Excepción en el país, y recordó como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció ante la prolongación de esta medida, que no debía ser excesiva, y cuando lo hizo el “Estado de Excepción había sido renovado tres veces” en el país.
Contesse solicitó “justificar estrictamente por qué es necesario y por qué es proporcional el uso de esta herramienta (Estado de Excepción) que es por definición de excepción y no de normalidad”.
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“No será permanente”
Como respuesta al cuestionamiento de los miembros del comité, los diputados del Congreso Nacional presentes en la sesión, durante su comparecencia expresaron estar conscientes de la modalidad temporal que debe tener esta medida de excepción.
La diputada, Silvia Ayala dijo que la prolongación del Estado de Excepción se fundamenta en la “urgente necesidad de preservar la seguridad y el orden público en las situaciones extraordinarias en las que se encuentra nuestro país”.
Además, Ayala secundó los datos brindados por el viceministro de seguridad y agregó que desde el “2021 estábamos en la tasa de homicidio en 41.71 y para el actual año 2024, estamos en 6.35 lo que implica que se ha reducido 10 puntos desde año 2021″.
“Recalcando que no va a ser una medida permanente y que esto ha obedecido a la situación de violencia extrema que atraviesa el país”, dijo la diputada.
Por su parte, el diputado Jari Dixon también aceptó que esta medida debe ser temporal, “de hecho la palabra lo dice ‘excepcionalmente´, pero sabemos que no es fácil decirle no a una sociedad que ha sido víctima de la criminalidad por muchos años”.
Notificar a organismos de DD. HH
Asimismo, Contesse cuestionó si las más de 10 renovaciones habían sido notificadas o informadas tanto a la ONU como a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Ante esto, Eleana Cis, directora de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lamentó que por “omisión de coordinación interna” no se haya informado sobre las prórrogas, al tiempo que se comprometió como Estado a poner al día la información de esta suspensión de garantías, así como a mantener un intercambio abierto de diálogo.
