En esta primera entrega del reportaje sobre la violencia política en Honduras, Expediente Público analiza el ambiente preelectoral y la conflictividad social en la cual se da la violencia por razones políticas en este país centroamericano.
En plena pandemia de coronavirus (Covid-19), Honduras se encuentra en la antesala de un nuevo ciclo electoral: en marzo los comicios primarios e internos y en noviembre los generales. Para ambos procesos, las previsiones no son del todo alentadoras, debido a que el país arrastra una tensión social que podría agravar la violencia política existente.
Previstas para el 14 de marzo, las elecciones primarias e internas se darán al interior de los tres principales partidos políticos: Nacional (extrema derecha), Liberal (derecha) y Libre (populismo de izquierda). En estos comicios, los tres partidos políticos elegirán a sus aspirantes que correrán en las generales por la Presidencia de la República, diputados y alcaldes, y en una cuarta urna, escogerán a sus autoridades partidarias. Por eso se les denomina elecciones primarias e internas.
Las advertencias sobre los posibles riesgos alrededor del año electoral no se han hecho esperar. De acuerdo al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), para estos comicios «hay altas probabilidades de que se reediten las características del proceso electoral de 2017, cuando la debilidad de las instituciones electorales quedó en evidencia, y la falta de confianza y credibilidad de los resultados aportaron al país una crisis de gobernabilidad y de confrontación en el periodo postelectoral que aún persiste»
Gran parte de la sociedad hondureña coincide con la valoración del IUDPAS, tomando en cuenta que el proceso electoral está marcado por el agravamiento de la situación económica, por el empobrecimiento general de la población, por el aumento de la migración, por los constantes escándalos de corrupción, por los conflictos ambientales que se dan en el interior del país, por los altos niveles de violencia e inseguridad a nivel nacional, y por las dificultades gubernamentales para gestionar la crisis derivada del coronavirus y de las tormentas tropicales Eta e Iota.
Violencia social, sin vacuna a la vista
El Informe Situacional de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos 2020, «Honduras: corrupción, muerte y destrucción», presentado por la organización no gubernamental Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) calificó el 2020 como «un año pródigo en desgracias para el pueblo, en el que la cancelación de las garantías constitucionales mediante la declaración de estado de sitio y toques de queda, sirvieron al régimen para evitar la reacción masiva de la población enardecida, exigiendo su cabeza ante su inmoralidad al consentir el latrocinio del erario en detrimento de la salud del pueblo».
Destacan en ese y otros informes de la sociedad civil la situación de inseguridad, violencia y criminalidad prevalecientes en el país, evidenciada por unas 40 masacres perpetradas a lo largo del 2020, dejando un saldo de unas 150 víctimas mortales, de las cuales casi la tercera parte eran mujeres.
En Honduras ni siquiera los privados de la libertad tienen segura su vida, ya que entre 2019 y 2020 fueron asesinados más de 50 reclusos en las diferentes cárceles del país, donde permanecen en hacinamiento unas 22 mil personas.
Aún más vulnerable es la situación de los defensores de los derechos humanos y el medioambiente. La organización ACI PARTICIPA documentó entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020 un total de 1476 agresiones y ataques dirigidos contra defensores de los bienes comunes (tierra, agua, bosques y territorio), libertad de expresión, derechos políticos, derechos de los pueblos originarios y del medioambiente.
La última víctima en 2020 fue Adán Mejía, líder indígena tolupán perteneciente a la tribu La Candelaria, asesinado el 29 de diciembre en represalia a su defensa de la tierra y de los derechos de los pueblos indígenas.
La organización internacional Global Witness, en su informe «Defender el mañana: crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medioambiente», describe a Honduras como uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de la tierra y de los recursos naturales.
No hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medioambiente que en Honduras», sostuvo Global Witness.
Para el sociólogo hondureño Eugenio Sosa, «la conflictividad social y la violencia criminal se funden en la violencia política, es una mezcla. Los defensores de los territorios son los que más mueren y habrá que interpretarlas como víctimas de la violencia política».
De similar forma, organizaciones internacionales que trabajan a favor de la libertad de prensa apuntan que los periodistas y comunicadores sociales son blanco de amenazas y actos de violencia sistemáticos, perpetrados tanto por particulares como por agentes del Estado. Una veintena de ellos perecieron entre 2019 y 2020, con 91% de los casos sumidos en la impunidad.
A finales del 2020 fueron asesinados los periodistas Luis Alonso Almendares, German Gerardo Vallecillo Chávez y el camarógrafo Jorge Posas, hechos ocurridos en medio de un estado de «emergencia» a nivel nacional por la pandemia del coronavirus. También el comunicador social Pedro Arcángel Canelas, director y propietario de una radioemisora la comunidad de Culmí, en el nororiental departamento de Olancho, ubicado a 235.9 km de Tegucigalpa. El hecho ocurrió el 19 de diciembre de 2021.
En el caso de Luís Alonso Almendares, quien radicaba en la ciudad de Comayagua, a 86 kilómetros al norte de Tegucigalpa, realizaba periodismo de denuncia e investigación y afirmó previo a su muerte que había recibido amenazas graves luego de indagar sobre un presunto acto de corrupción pública en su municipio.
La violencia basada en la identidad de género o la orientación sexual es otro desafío prioritario que enfrentar. Varios informes dan cuenta que las agresiones contra las personas LGTBI las obliga al desplazamiento interno o a huir en busca de protección internacional.
El gobierno de Honduras no cuenta con datos sobre asesinatos basados en la identidad de género, pero fuentes civiles calculan en unos 325 los integrantes de la comunidad LGTBI asesinados entre 2009 y 2019, a los que habrá que sumar una veintena acontecidos en 2020.
Según un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), los miembros de la comunidad LGTBI usualmente son víctimas de homicidios, tentativas de homicidios, abusos de autoridad, lesiones, detenciones ilegales, robo, hostigamiento, violación sexual, amenazas de muerte, violencia intrafamiliar y agresión por parte de particulares y agentes de cuerpos de seguridad del Estado. Su riesgo aumenta cuando toman la decisión de aspirar a cargos públicos.
Es claro que, pese a múltiples reclamos internacionales, las autoridades no enfrentan adecuadamente la violencia y la discriminación enquistada por motivos de identidad de género, lo que motiva a muchas personas a pedir asilo en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos.
Una situación similar ocurre con las mujeres. El Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), adscrito al IUDPAS, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), sostiene que unas 300 mujeres fueron asesinadas en 2020, crímenes que, según las organizaciones feministas, alcanzan un 94% de impunidad.
La violencia, una epidemia crónica
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la «cultura de la violencia» en Honduras se considera como una epidemia crónica. Los homicidios en el país cuadriplican la tasa de 10 asesinatos por cada cien mil habitantes, la cual es considerada como el límite para empezar a considerar la violencia como una epidemia.
Año con año, el país sigue presentando una tasa de homicidios escalofriante, a pesar de la reducción del promedio de estos delitos en el 2020. Las cifras oficiales dan cuenta que el país registró hasta el 26 de diciembre pasado 3415 homicidios, lo que implicó un promedio diario de 9.46 casos.
El balance de 2020 significó una reducción de los homicidios superior al 15 % con respecto a 2019, una disminución probablemente ligada a las restricciones derivadas de la pandemia del Covid-19. Pese a que el dato puede ser calificado como «esperanzador», ese promedio fue menor que en otros países centroamericanos, pero significó un cambio en relación a la leve tendencia al aumento experimentado en 2018 y 2019.
Si bien en las estadísticas la situación parece mejorar, la percepción de inseguridad e impunidad es otra, sobre todo para los activistas sociales. Por ejemplo, a mediados de julio del 2020 un grupo armado llegó a la aldea garífuna de Triunfo de la Cruz, unos 220 km al norte de la capital, secuestrando a cuatro miembros de la comunidad, entre ellos el presidente del patronato, quienes se oponían a proyectos extractivistas. Desde entonces, no se ha sabido nada de su paradero o destino.
En general, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas enfrentan en condición de desventaja la presencia de traficantes de drogas, de terratenientes, de ganaderos y de empresarios extractivistas que sientan sus dominios sobre tierras y territorios donde habitan estos grupos originarios.
Algo que preocupa mucho a quienes analizan ese fenómeno es que año con año parece acentuarse la interacción y cooperación entre las bandas del crimen organizado y los funcionarios del Estado, lo cual ha permitido el control de estos grupos sobre amplios territorios urbanos y rurales del país.
Eugenio Sosa, académico de las ciencias sociales, comentó a Expediente Público que «para el crimen organizado es muy importante obtener el control de la institucionalidad pública en las zonas donde opera».
El control de esa institucionalidad es clave para garantizar la impunidad de sus operaciones, sostiene Sosa. Efectivamente, en sus territorios y desde ellos se organizan diversas actividades criminales, como el sicariato, la extorsión, secuestros y tráfico de drogas, entre otras. De hecho, el IUDPAS atribuye al crimen organizado la responsabilidad del 61 % de los homicidios ocurridos en el 2020.
Ello contribuye a explicar el hecho que la violencia afecta de manera diferenciada a diversos grupos poblacionales y se concentra en unos territorios más que en otros. De esa manera los registros más altos de violencia tienen lugar en el noreste (Olancho, Atlántida y Colón) y oeste (Copán y Lempira). Además de los núcleos mayores que se concentran en las dos ciudades principales, Tegucigalpa (centro) y San Pedro Sula (norte).
El contexto preelectoral
En el actual contexto, marcado por la crisis del Covid-19 y el paso devastador de las tormentas tropicales Eta e Iota, la vulneración de muchas garantías constitucionales, la dificultad de la mayoría de las personas para asegurar la manutención de sus familias no abona a la perspectiva de un proceso electoral menos tenso que los anteriores.
Al contrario, el panorama al cierre del 2020 en lugar de mejorar, empeoró. La economía de Honduras, con cuatro de cada diez habitantes sin recursos siquiera para adquirir un plato de comida al día, cayó hasta un 10.5 % tras el paso de los huracanes Eta e Iota, sumados a la pandemia. Se calcula que el saldo del año deja, al menos, un 71 % de la población en condición de una pobreza cada vez más próxima a la extrema y entre 500 mil y un millón de desempleados nuevos.
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Los daños provocados por los fenómenos meteorológicos que golpearon entre los días 4 y 16 de noviembre afectaron 3.5 millones de personas, miles de hectáreas de cultivos destruidas y fuertes daños estructurales. Las regiones más golpeadas por las crecidas de los ríos fueron el valle de Sula y los departamentos de la zona del noroeste, que concentran gran parte de la producción agrícola, así como ganadera e industrial.
Esas regiones son, coincidentemente, las principales «expulsoras» de mano de obra para el extranjero, en especial para Estados Unidos. De hecho, la última caravana de migrantes, que salió de San Pedro Sula en enero pasado, estuvo integrada en su mayoría por damnificados de las zonas inundadas.
Paradójicamente, los migrantes que suelen ser marginados laboralmente dentro del país, una vez que logran llegar al extranjero se vuelven la principal fuente de divisas en ese país. Según cifras oficiales del BCH, hasta el 5 de octubre de 2020 se habían recibido más de cuatro mil millones de dólares por tal concepto. Si las remesas se caen, la economía de consumo se desplomaría al mismo ritmo y magnitud.
La otra fuente de ingresos que aumenta aceleradamente es la deuda pública externa y privada interna. La pandemia y los huracanes se convirtieron en la excusa perfecta para que esta nación se endeude hasta el cuello.
Los hondureños entienden la necesidad de recursos extras para el presupuesto nacional; lo que objetan es que ese inmenso capital no se traduzca realmente en obras y beneficios públicos, sino que financie los bolsillos de la corrupción pública y las campañas electorales oficialistas, como ya ocurrió en 2013 cuando fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social fueron desviados a favor de candidatos del Partido Nacional, entre ellos el actual gobernante.
Según el estudio «Percepciones sobre la situación hondureña en el año 2020», realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, de la Compañía de Jesús en Honduras, 8 de cada 10 personas consultadas piensan que la corrupción está extendida en el gobierno central y el mismo porcentaje dijo no tener confianza en el Poder Ejecutivo.
Congruente con esa percepción, uno de los últimos escándalos de corrupción muestra que ni siquiera el efecto humano devastador de la pandemia frena al latrocinio público. Esta vez la institución involucrada no fue el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), sino el fondo de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), cuyo ex director, Marco Bográn, está siendo investigado por la compra fraudulenta de unos siete hospitales móviles, involucrando unos 48 millones de dólares en la transacción.
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Paralelamente, entre los meses de abril y julio, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó una serie de ocho Informes titulados «La Corrupción en Tiempos de COVID-19», que evidencian situaciones como: incumplimientos contractuales por obras inconclusas y de mala calidad; inconsistencias en los procesos de adquisición de equipos y materiales; favoritismos estratégicos para beneficiar a familiares; condiciones ventajosas para empresas proveedoras; y ejecuciones de procesos de adquisición contrarios a los principios que establece la Ley de Contratación del Estado, entre otros hallazgos.
Las denuncias no parecen preocupar mucho al gobierno de Hernández ni al Partido Nacional que han ido desmantelando las pocas defensas anticorrupción existentes, incluyendo la eliminación de su mayor «riesgo», la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), creada en 2016 a través de un acuerdo entre el gobierno y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
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La investigación en unos pocos casos de corrupción en los que estaban implicados altos funcionarios y parlamentarios selló la suerte de la MACCIH. Su mandato tenía que ser renovado en enero de 2020, pero el gobierno no accedió, con la «tolerancia» de la Secretaría General de la OEA que no opuso mayor resistencia.
Se desconoce cuál será el impacto de la corrupción entre los votantes, pero, en todo caso, el Partido Nacional sigue adelante con su estrategia de acudir a las urnas sin cambiar las viejas reglas electorales, sobre todo en lo que atañe a la integración de las mesas electoras y al financiamiento de las campañas.
«Las elecciones son muy importantes para quienes tienen el control de la institucionalidad y no parece tener intención de ceder democráticamente, aunque se polarice aún más sociedad», señala Sosa, al referirse que se irá a elecciones primarias e internas con la ley electoral vigente, al no aprobarse, por ahora, la nueva ley electoral que se espera esté lista para los comicios generales de noviembre próximo.
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La incertidumbre marca el proceso electoral
Si los procesos electorales son en este país un caldo de cultivo para el enfrentamiento y la intolerancia, las elecciones primarias y generales de este año no parecen escapar a esa tendencia.
El perfil de los votantes se caracteriza por una mayor precariedad, indefensión y empobrecimiento de sus condiciones de vida. La inseguridad alimentaria está presente en la mayoría de los hogares que vieron reducir drásticamente sus ingresos o la destrucción de sus escasos patrimonios por diferentes circunstancias en los últimos diez años.
Los votantes perciben que todo falla a su alrededor, que los cortes de energía son constantes, que son pocos y mal pagados los empleos, que el precio de los combustibles siempre va en aumento, que los hospitales públicos están saturados y que los privados son para una élite, que el transporte público es muy inseguro y que muchos mueren sin que lleguen a saber exactamente por qué.
El país enfrenta una emergencia humanitaria, pero, las autoridades no parecen tomarla en cuenta destinando unos mil millones de lempiras (moneda local) para organizar las elecciones primarias y el triple de ese monto para las generales. En contraste, con más de 3000 muertos y cerca de 200 mil contagiados por la pandemia, muchos ciudadanos piensan que, en lugar de destinar tanto dinero en convocatorias electorales sin credibilidad, mejor sería invertir en la compra urgente de vacunas para la población.
De cualquier manera, la sociedad está llegando a un extremo límite justo cuando los políticos empiezan a recorrer de arriba abajo al país con sus ofertas, promesas y mensajes. Las posiciones están definidas: desde el oficialismo se multiplican los programas asistencialistas que buscan asegurar la cosecha de votos y se apuesta a la virtualidad para minimizar riesgos, y desde la oposición arrecian las críticas y denuncias en tonos cada vez más agresivos. El escenario preelectoral es como ver el movimiento de dos trenes en la misma vía, pero en sentido contrario.
En la segunda entrega de este reportaje, Expediente Público analizará el registro de los crímenes por razones políticas, sus características comunes, quiénes son sus presuntos victimarios, los móviles por los cuales podrían haberse cometido y el contexto de impunidad que rodea esta violencia.
