Actualmente, en Honduras las mujeres representan el 21% de diputadas electas y han sido votadas para dirigir apenas el 10% de alcaldías. Las hondureñas que deciden hacer carrera política sufren de conductas machistas de sus colegas, discriminación y trato desigual en comparación con los hombres, algunas incluso han sufrido agresiones físicas y verbales, explican lideresas y expertas a Expediente Público.
Fátima Patricia Mena Baide es abogada de profesión, hija de una ex jueza de los tribunales hondureños, actualmente regidora de la alcaldía sampedrana y, en el periodo de gobierno 2014-2018, fue diputada en el Congreso Nacional. Es una activista permanente en la lucha contra la corrupción y fundó cuando estuvo en el parlamento, el Frente Parlamentario de Apoyo a la Maccih (FPAM), que hoy se denomina Frente Parlamentario de Lucha contra la Corrupción, de la cual es integrante honoraria.
A sus 38 años de edad y con menos de una década de bregar en política, Mena sabe lo que es ser víctima de violencia y discriminación por su condición de mujer. En noviembre de 2017, a pocos días de las elecciones generales para decidir las autoridades del período 2018-2022, ella se encontraba en un mitin político cuando fue atacada por una turba.
En ese momento aspiraba a dirigir la alcaldía de San Pedro Sula por la corriente independiente “Sí podemos sampedranos”. Mena, una mujer cercana a Salvador Nasralla, con quien fundó el Partido Anticorrupción (PAC), del cual se desligó posteriormente, decidió acompañar en una caminata política a Nasralla, quien era el aspirante presidencial por la Alianza Opositora contra la Dictadura, una coalición política integrada por diversas fuerzas políticas que constituyó el primer esfuerzo de esa naturaleza que en pos de la presidencia de la república se registraba en Honduras. El día de la agresión, un 9 de noviembre de 2017, la Alianza realizaba un mitin en la colonia Planeta, al este de San Pedro Sula.
«Nos encontramos diversos grupos de la Alianza, dentro de los cuales un grupo estaba siendo liderado por el diputado de Libertad y Refundación, Edgardo Castro, quien era una de las figuras públicas visibles. Me querían obstaculizar el paso para que no estuviera al lado del candidato, y una de las formas en que lo hicieron fue que mandaron una turba y enviaron a alguien a que me agrediera. Me jalaron el cabello, y cuando volteé, la persona que logré identificar fue al diputado Edgardo Castro. Para mí fue un momento duro, porque también eran compañeros de la Alianza”.
En los días siguientes fue amenazada y percibió que su vida correría peligro si volvía a visitar algunos barrios de la ciudad.
Incluso recibió una llamada para exigirle que no comentara lo sucedido, porque podía afectar la reputación de la Alianza. Aun así, tomó la decisión de denunciar, porque no podía tolerar esas conductas.
“Soy una mujer que motiva a otras mujeres a que denuncien constantemente la violencia para romper y erradicar la violencia hacia las mujeres en general. La violencia política es una triste realidad. Les puedo contar de primera mano que no existe ningún tipo de protocolo para darle seguimiento a este tipo de violencias, ni a lo interno de los partidos ni por parte de las autoridades. Recuerdo que, cuando fui a poner la denuncia al Ministerio Público, los funcionarios lo miraban como un acto político. No entendían por qué estaba allí, o por qué no tenía un gran moretón”.
Pero las mujeres en política se ven expuestas no solo a la violencia física, sino también de tipo sicológica y hasta económica, al no recibir un trato igualitario respecto a los hombres. La regidora Mena apunta que son usuales los ataques mediante comentarios como “las mujeres no pueden” o “¿Por qué pusieron a esas mujeres?”.
En el tema económico le ha tocado ver como algunos aportantes suelen dar más dinero para la campaña si el candidato es hombre, aunque muchos de esos financistas suelen afirmar que “las mujeres son mejores administradoras, pero cuesta adquirir mucho más los recursos cuando una mujer es candidata”.
La regidora lamenta que todavía no exista un mecanismo que garantice de manera equitativa la distribución de los recursos.
“Normalmente las diputaciones son negociaciones que se hacen a lo interno de cada partido. Hay rumores, porque yo no nunca he comprado una diputación, de que si usted quiere una casilla debe aportar tanto (dinero) al partido. Por eso es que se vuelve tan difícil para las mujeres. Hay diputaciones que valen cualquier cantidad de millones (de lempiras), pero no me consta. Esa es otra forma que limita la participación de las mujeres”.
Se debe aclarar que en el caso de las diputaciones se tiene más posibilidad de salir electo si ocupa los primeros lugares en la planilla, y esos son precisamente las posiciones más cotizadas y reservadas para quienes tienen poder económico. Esas posiciones son de la primera a la sexta, aseguran los entendidos.
Resalta que al menos en la nueva Ley Electoral se destinará el 15% de la deuda política a fortalecer el liderazgo de las mujeres. El término “deuda política” hace referencia a lo que paga el Estado a cada partido por voto obtenido. Según la nueva Ley Electoral será de 60 lempiras por voto (2.45 dólares), aunque anteriormente era de 39 lempiras (1.59 dólares). En las elecciones de 2017 el gobierno pagó 191 millones de lempiras (7.8 millones de dólares) a diez partidos políticos.
Un estudio del Instituto Nacional Demócrata (NDI), por sus siglas en inglés, sobre la participación política de las mujeres en Honduras, revela que, en las últimas tres décadas, apenas 161 féminas han salido electas como diputadas, en contraste con los más de 1,071 hombres parlamentarios, en ese mismo lapso de tiempo.
En las elecciones de 1997, cita el estudio, las mujeres diputadas propietarias fueron nueve, las mujeres diputadas suplentes fueron 15. Para los comicios de 2001, las diputadas propietarias fueron siete, las suplentes 21 y aparecen, por primera vez, 25 mujeres como alcaldesas.
Para el año 2005, la representación de mujeres diputadas fue de 28 propietarias y 28 suplentes y las mujeres alcaldesas fueron 27. En el 2013, por ejemplo, las mujeres diputadas propietarias y suplentes fueron 42, pero en el 2017, ese número bajó a 27 parlamentarias, pero el poder de las mujeres en las alcaldías pasó de 21 alcaldesas (2013) a 32 en el 2017. Honduras tiene 298 municipios. La lucha de las mujeres por la inclusión y participación en la política sigue siendo un desafío pendiente en la sociedad hondureña.
Margarita Bueso, representante de ONU Mujeres en Honduras, la instancia de Naciones Unidas responsable de promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, reconoce que “por la conformación de los hogares de la sociedad hondureña, las mujeres tienen menores recursos que los hombres. Es un gran obstáculo para las mujeres el tema económico”.
Ella considera que, a pesar de la aprobación de nuevas leyes, estas se pueden violentar fácilmente sin dar explicaciones. Por esta y otras razones, muchas mujeres se retiran de la política.
El machismo y otras conductas misóginas
A la violencia política se suman las tradicionales conductas machistas. Jessica Sánchez, directora del Grupo Sociedad Civil (GSC), explicó que las hondureñas son limitadas por su entorno familiar, especialmente por sus parejas.
Sánchez recuerda que, en diversas capacitaciones realizadas en las zonas rurales, los esposos de las mujeres se acercaban a las instalaciones donde celebraban la actividad, para observar lo que hacían. A la sobrecarga de trabajo, generada por la faena política y las responsabilidades familiares, se suma el hecho de que los partidos políticos no brindan espacios a las mujeres, de modo que una madre pueda asistir a una reunión con sus hijos.
Bueso, la representante de ONU Mujeres en Honduras, enfatizó que, a diferencia de la zona urbana, los obstáculos en las áreas rurales para las mujeres son más fuertes, debido al machismo. “Esta introspección que tenemos de los liderazgos, masculino no es igual a femenino. Entonces por ahí empiezan una serie de boicots silenciosos terribles. Además, otro factor que enfrentan es la violencia política”.
De acuerdo al estudio del NDI, entre las formas más comunes de este tipo de violencia resaltan las difamaciones, presiones e intimidaciones; empujones, ocultamiento de información, acoso sexual; desprecio a opiniones y propuestas, suspensión de salarios; negación del uso de la palabra, negación de recursos para capacitación, asignación en comisiones consideradas como menos relevantes, entre otros.
Para Bueso, esa construcción de obstáculos proviene desde el contexto de decisiones históricas en cuanto a la igualdad y equidad. Comenta que en las capacitaciones realizadas desde la organización que representa, intentan atraer a hombres, pero no es fácil. La convocatoria no suele tener mucho éxito, sobre todo cuando hablan de las tareas del cuidado de los niños, asegura.
En las zonas rurales, dijo, el machismo es más evidente, mientras que en las urbanas ese comportamiento tiene otro grado de sutilezas.
Una parte importante del entorno cultural de toda sociedad son los medios de comunicación, pues ellos refuerzan algunas conductas.
Jessica Sánchez expresa que “aquí tenemos dos tipos de medios de comunicación: los oficiales, son los que reciben más dinero y tienen mayor audiencia; y los medios alternativos, que tienen mucha profundidad. Los otros tienen poca profundidad, pero mucho alcance, entonces la gente cree lo que ve, no le importa el tema de la profundidad. Tenemos un pueblo que le hace falta mucha lectura y escolaridad. Me refiero a la interpretación y estoy hablando que los medios han llevado a este país a un contexto donde la crítica es mala”.
Sánchez recuerda que en el 2013 salieron electas diputadas jóvenes, y algunos medios de comunicación titularon de manera ofensiva que “eran piernas sin cerebro”.
Bueso explica que dicho departamento, desde hace algún tiempo, ha sido uno de los más beligerantes en diversos temas, entre ellos la participación de la mujer. “Es donde ha habido un liderazgo de la sociedad civil, de mujeres muy arraigado, entonces nosotros creemos que eso tiene mucho que ver, como liderazgos de la sociedad civil, de las organizaciones de mujeres, o de otras que trabajan en temas de participación política”.
Al igual que Margarita Bueso, Jessica Sánchez comenta que Santa Bárbara es un caso de estudio, indica que ese departamento se destaca por tener mayoría de mujeres electas, en todas las elecciones de diversos partidos políticos, “ hemos llegado a una conclusión primaria, cuando a las mujeres les dan puestos de calidad la gente vota por nosotras por ejemplo si me dan el último puesto de la planilla la gente no va votar por mí, si nos dan puestos de calidad, hombres y mujeres, votan por nosotras”.
