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Muerte, clandestinidad o exilio: el amargo presente de los campesinos opositores de Nicaragua

23/julio/2020

** Representantes de organismos de derechos humanos y líderes del campo participaron en el conversatorio “Nicaragua pide justicia por el asesinato de sus campesinos”, donde expusieron la realidad que viven miles de nicaragüenses bajo la bota de las fuerzas policiales y militares del sandinismo. 


La Policía, el Ejército, fuerzas paramilitares y parapoliciales bajo las órdenes de Daniel Ortega, continúan asesinando, persiguiendo, encarcelando y empujando al exilio a miles de campesinos y miembros de pueblos indígenas que se han atrevido a levantar su voz para defender sus tierras y recursos naturales, expusieron los participantes del conversatorio “Nicaragua pide justicia por el asesinato de sus campesinos”, organizado por Expediente Público el viernes 17 de julio. 

El evento, que fue observado en Centroamérica, Estados Unidos y otros países a través de la plataforma Facebook Live, contó con la participación de defensores de derechos humanos, así como miembros de familias campesinas de la oposición nicaragüense, de la talla de Medardo Mairena y Thelma Montenegro; Wendy Flores, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +; Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI); Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y Eilyn Cruz, de Acción Penal. 

Durante el conversatorio -que se encuentra disponible en las plataformas de Facebook YouTube de Expediente Público-, también se pudieron ver fragmentos del documental “Nicaragua campesina, la nación ajena”, donde las víctimas de persecución y familiares de campesinos asesinados relatan la tragedia que viven a manos del gobierno. 

“QUE NO NOS SIGAN ASESINANDO” 

Thelma Montenegro, miembro de una familia opositora de Wiwilí, expuso en el conversatorio cómo en el término de seis meses tres de sus hermanos fueron asesinados en 2019. Posteriormente, el 27 de agosto de ese mismo año, su esposo cayó bajo las balas criminales por negarse a sumarse a las filas sandinistas, que lo habían convocado precisamente para el exterminio de la familia Montenegro. 

Pese a la ejecución de cuatro miembros de la familia “no ha cesado la represión, el calvario no ha finalizado, hemos continuado siendo perseguidos”, indicó doña Thelma. 

Pero además del luto que han tenido que sobrellevar, tras el asesinato de su hermano Edgar, que se había exiliado en Honduras, otro de sus hermanos “desapareció” durante algún tiempo y temían lo peor, hasta que fueron informados que se había ido al exilio. “El resto de mis hermanos continúan en la clandestinidad, continúan huyendo, porque queremos vivir, queremos sobrevivir, amamos la vida”. 

Como parte de esa persecución denunciada por Thelma Montenegro, hace menos de un mes detuvieron el 21 de junio de 2020 a Oliver Montenegro Muñoz, hijo del asesinado Oliver Montenegro, a quien “le están inventando un delito, se le está fabricando un delito”. 

Desde ese momento han estado recibiendo “exhortos” y hasta “amenazas” por parte de la policía y el ejército, mensajes que los chantajean pidiéndoles que paren de denunciar y ofreciendo a cambio soltar a Oliver Montenegro Muñoz. 

“Eso obviamente nos está generando más terror, nos da más miedo porque sabemos que tenemos que decir la verdad, tenemos que ser honestos, tenemos que ser responsables en decir que se nos ha asesinado cruelmente a cuatro miembros de nuestra familia”, reseñó Thelma Montenegro. 

Agregó que esos crímenes han sido “por no comulgar con los ideales de esta pareja, que dicen gobernar nuestro país. No podemos negar la verdad, esa es la memoria y el mejor homenaje que le estamos haciendo a nuestros familiares, a los miles de campesinos que también han sido asesinados y que no se han visibilizado”. 

Están conscientes que al decir la verdad están exponiendo sus vidas y, de hecho, ella está siendo amenazada. “Pero lo hacemos con el propósito de la no repetición, porque para nosotros el ‘no repetir’ tiene una dimensión desde ya, no es a la historia, cuando finalice. Nosotros queremos que ya pare esto, que ya no nos sigan asesinando, que no nos continúen asediando, amenazando de esta manera, eso significa para nosotros no repetición”. 

Refirió que lo sufrido por su familia no es pasado, sino que los asesinatos de cada uno de sus hermanos y de su esposo están muy presentes en su día a día. “No se olvida a un hermano que fue asesinado, como Oliver, de esa manera tan dantesca: 15 personas del ejército, de policías y parapolicías, disparándole atrozmente a su humanidad. Eso no es que nos pasó, es que nos está pasando, porque eso todavía está presente en nuestros corazones, en nuestra mente”. 

También recordó a su hermano Edgar, quien “alzó su voz en solidaridad por los estudiantes (que protestaron cívicamente a partir) de abril 2018, por los ancianos. Levantó  su voz por la justicia social y al alzar su voz estaba expresando ese amor al prójimo que nos enseñaba a sus hermanos menores, y que por salvar la vida del resto de sus hermanos él huyó a Honduras y hasta allá fueron a asesinarlo junto a su hijo. Eso no es que nos pasó, eso nos está pasando”. 

Acusó a las fuerzas del sandinismo de asesinar a su esposo y de montar un “circo” para acusar a su familia del crimen, sin que haya mediado una investigación. Demandó ayuda para divulgar la verdad y también protección “porque nosotros sabemos, y está más que demostrado, que hablar y decir la verdad se paga con la vida, entonces pedimos auxilio”. 

La defensora de derechos humanos, Wendy Flores, explicó que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) registró que entre 2008 y 2017 las autoridades asesinaron a 25 líderes campesinos opositores) y que en la mayoría de los casos se reportaron esas ejecuciones como “enfrentamientos” entre bandas criminales y representantes del Estado, llegando a implantar armas a las víctimas, muchas de las cuales presentaban señales de tortura. 

“La forma en que justificaron estos asesinatos fue explicar que eran personas altamente peligrosas, vinculadas al abigeato o al narcotráfico. Esto para crear una imagen de que los asesinados eran delincuentes y bajo esa categoría (o calificación o descalificación), no se hacía ninguna investigación, ni ningún cuestionamiento a los operativos de la policía o el ejército”, indicó Flores. 

Ejemplificó como uno de los casos más evidentes de criminalización, la “masacre horrible” de la familia de Elea Valle, en la comunidad San Pablo 22, del municipio de la Cruz de Río Grande. El 12 de noviembre de 2017 ella perdió a manos de fuerzas estatales, a su esposo Francisco Pérez Dávila; y a sus hijos, Francisco Alexander, de 12 años; y Yojeisel Elizabeth Pérez Valle, de 16. Además, fueron ejecutados un cuñado de Valle y dos campesinos más, para un total de 6 personas. 

Flores relató que en ese momento el ejército solo informó de la eliminación de seis personas, sin aclarar que entre ellos había dos niños. Después de muchas horas, a Elea Valle le permitieron acceder hasta el sitio de la masacre solo para encontrar que sus dos hijos presentaban “señas evidentes de tortura y la niña con evidencias de haber sido abusada sexualmente”. 

Pero además de criminalizar a las víctimas, los ejecutores gozan de impunidad amparados en la falta de investigación. Los hijos de Valle, fueron enterrados en una fosa común y el ejército sigue manteniendo su postura de que murieron en una situación que ellos “llaman combate, pero ni siquiera hay una investigación que diga lo que realmente ocurrió”, dijo Flores. 

En otros casos hubo “simulacros de justicia”, apuntó la defensora de derechos humanos. Como en la masacre de El Carrizo, donde un subcomisionado policial y funcionarios del Consejo Supremo Electoral se vieron involucrados en la matanza de tres personas. “Y hablamos de simulacro porque se condenó a los perpetradores de este hecho, pero las condenas no pasaron ni de tres años de prisión”, mientras que cuando se trata de condenar a campesinos que defienden su tierra o el medioambiente, las penas superan los 100 y 200 años, enfatizó. 

Según datos del Cenidh, esas formas de operar de las fuerzas estatales y paraestatales, que durante años les ha permitido ejecutar a campesinos en total impunidad, se trasladó a Managua tras las protestas de abril de 2018 y es así que han estado “utilizando armas de uso de guerra para silenciar las voces que critican al gobierno”. Eso ha empujado a muchos nicaragüenses a huir de su tierra, hacia Costa Rica y Honduras especialmente, pero hasta allí los han perseguido para darles muerte. 

UN GOBIERNO VIOLADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS 

La representante de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rojas, destacó la valentía de los participantes en el conversatorio “porque sabemos las implicaciones que tiene, lamentablemente, en Nicaragua, levantar la voz, denunciar, demandar el pleno ejercicio de los derechos humanos y la rendición de cuentas. Hay un gobierno que ha violado masivamente los derechos de todas las personas en el país”. 

En su participación, expuso las situaciones de marginamiento que, en general, sufren las personas de las zonas rurales en América Latina y el Caribe, donde viven al menos 123 millones de personas y de ellas son consideradas 50 millones como trabajadoras del campo. Pese a que estos trabajadores suministran el 75 por ciento de los alimentos a los países de la región, el 70 por ciento vive en la pobreza y un 60 por ciento en extrema pobreza como resultado de las “fallas estructurales de los Estados”, indicó Guevara Rojas. 

En ese contexto, insistió en que la población campesina “ha sido mayormente discriminada, violentada y muchas veces criminalizada por los propios Estados”, y consideró que el caso de Nicaragua es “emblemático” porque los campesinos “están levantando la voz, demandando la protección de sus derechos, que han sido negados y violentados, y ante eso la respuesta de los Estados no ha sido una respuesta de diálogo, una respuesta participativa, sino todo lo contrario, es una respuesta represiva, una respuesta de persecución y lamentablemente una respuesta violenta”. 

Enfatizó que en Nicaragua la “violencia perpetuada por el Estado en los últimos años, particularmente contra los movimientos campesinos que se han opuesto a proyectos como el proyecto fantasioso del gobierno de Ortega, que era este canal interoceánico que dividía el país, pues (los campesinos) han sido objetivo específico de la represión y de la violencia con persecuciones masiva”. 

Confirmó que, en Amnistía Internacional, han tomado nota del exilio de muchos campesinos y líderes de pueblos indígenas a causa de “la persecución y lamentablemente el asesinato” que “continúa siendo una constante en Nicaragua”. 

LAS LEYES NO ESTÁN PARA AYUDAR A LOS CAMPESINOS 

La abogada Eilyn Cruz, de la organización Acción Penal, explicó que en Nicaragua existe todo un cuerpo de leyes, empezando por la Constitución y acuerdos internacionales de rango constitucional, destinados a proteger los derechos como la vida, la libertad individual, igualdad ante la ley, el derecho a circular y a fijar libremente su domicilio, a que no existan detenciones ilegales, a que exista un debido proceso y una protección y representación efectiva hacia las víctimas.  

Sin embargo, “el Estado tiene una acción omisiva” ante los crímenes cometidos contra los campesinos y en lugar de investigar, aplicar la ley y brindar justicia, “el Estado más bien activa un carácter represivo”. 

Entonces, aunque existan decretos que profesan la igualdad de los ciudadanos ante la ley “vemos que evidentemente los ciudadanos nicaragüenses, los campesinos, no tienen esta igualdad”, dijo Cruz. 

Pero además, existen cuerpos de leyes como el Código Procesal Penal, que debería garantizar a las víctimas, como los Montenegro, de un proceso de investigación, recolección de pruebas y captura de sospechosos de los asesinatos, pero los representantes del Estado, la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, omiten su aplicación. 

“Existen los mecanismos legales. Sin embargo, existe la omisión por parte del Estado, existe la legislación y los ciudadanos tienen ese derecho de ser tutelados”, dijo la abogada.  

Pese a esa falta de acción de los representantes del Estado para hacer justicia a los campesinos, Cruz recomendó acudir a las instituciones nacionales y seguir todos los procedimientos de denuncia recomendados, “porque se debe dejar constancia de cada una de las omisiones que el Estado realiza”. 

Insistió en que se debe recurrir a cada una de las leyes, “presentar los recursos, los escritos y las peticiones que sean oportunas en cada uno de los casos, porque esto demuestra que este silencio, ese actuar donde ellos no se pronuncian sobre esas actuaciones, eso demuestra que existe una omisión y una falta de respeto al Estado de derecho. Además, creemos que no hay independencia de cada uno de esos poderes y esas instituciones estatales”. 

“NO PARAMOS DE CONTAR ASESINATOS” 

El dirigente Medardo Mairena, rememoró que el Movimiento Campesino surgió en el 2013, cuando el régimen Ortega-Murillo planteó una ley para expropiar a más de 300,000 familias, que serían desplazadas de las mejores tierras que tiene Nicaragua.  

“Pretendieron despojarnos de nuestras propiedades, sin importar las consecuencias que pudiéramos enfrentar los campesinos, sin importar a dónde teníamos que ir, dónde nos íbamos a alojar, sin responsabilidad alguna”, explicó Mairena. 

El temor a ser expropiados hizo que muchos campesinos se organizaran para defender sus tierras y los recursos naturales, lo que acrecentó la persecución, una situación que no es nueva, pues el acoso se remonta a los años 80, cuando comenzó el asesinato selectivo de miembros de la Resistencia Nicaragüense, dijo el dirigente. 

“Después de los acuerdos de Esquipulas, donde Ortega se comprometió al cese al fuego, los campesinos se dedicaron a trabajar la tierra, a criar a sus familias, creyendo que en realidad ya habíamos pasado a una verdadera democracia, sin saber lo que les esperaba y que lo que pretendía Ortega era asesinarlos de manera selectiva”. 

Indicó que antes de las protestas de 2018 habían podido documentar la muerte violenta de 672 campesinos y “lamentablemente no hemos dejado de contar asesinatos en el campo. Ahora el régimen está utilizando otra modalidad: secuestran a productores, pasan 2 o 3 días y aparecen torturados, cortados pieza por pieza de su cuerpo. Hay lugares donde hay fosas comunes”.  

Adicionalmente, desde octubre del 2018 que se reiniciaron los asesinatos de manera selectiva, han podido contabilizar 147 víctimas, aunque no todas se han podido documentar, “porque en el campo no hay comisiones defensoras de derechos humanos, no hay medios de comunicación, no hay redes sociales y es allí donde se aprovechan para asesinar a campesinos y, a la vez, amenazar a los familiares para que no salgan a denunciar”.  

Quienes no son asesinados deben sufrir acusaciones de narcotráfico y otros delitos “que a todos nos han inventado y ahora nos queda más que claro, en el caso de mi persona, que aún siendo inocente fui condenado a 216 años de cárcel”.  

Mairena fue excarcelado por una ley de amnistía y actualmente se mantiene en una casa de seguridad. 

Pese a todas las adversidades, Mairena dijo que desde el Movimiento Campesino se siguen documentando y animando a los campesinos a denunciar los abusos y los crímenes perpetrados desde el gobierno “porque no podemos quedarnos callados”. 

Insistió en que “en Nicaragua no hay justicia donde quejarse, entonces nos toca hacerlo ante las instancias internacionales. Yo he sido una de las víctimas, mi familia, mi hermano, que tiene hasta la vez un proyectil de AK-47 en su cuerpo. Quien empuñó esa arma, cobardemente, fue la policía sandinista cuando atacaron a los campesinos que se habían reconcentrado en busca de respaldar a los jóvenes que los venían asesinando. Los campesinos siempre seguimos apoyando a los jóvenes, porque ellos están siendo reprimidos”. 

QUINTA ETAPA DE REPRESIÓN 

Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicó que “la situación de los derechos humanos en Nicaragua es una alta preocupación para la Comisión y para sus Relatorías Especiales, tanto para la Relatoría de Libertad de Expresión como para la Relatoría sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que está a mi cargo”. 

Indicó que con la Comisión visitaron Nicaragua entre el 17 y el 21 de mayo de 2018 para constatar “los actos de violencia que ocurrieron a partir de la represión estatal que se inició el 18 de abril”. 

Tras la visita se elaboró un informe que mostró una “violencia estatal dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones y sofocar esta expresión de disenso político” 

Esa violencia generada desde el Estado se caracterizó por una serie de factores, entre ellos: el uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial, el uso de grupos parapoliciales o grupos de choque con la tolerancia de las autoridades estatales, obstáculos en el acceso a la atención médica de urgencia a los heridos (como una forma de represalia por su participación en las manifestaciones). 

También se evidenció un patrón de detenciones arbitrarias de adolescentes que participaron en las protestas, la difusión de propaganda y campañas de estigmatización contra líderes de movimientos sociales, la falta de diligencia en las investigaciones de los asesinatos y lesiones ocurridas en ese contexto. 

Ese informe sirvió como base para iniciar los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni). 

Destacó que esta última organización emitió un comunicado el 23 de junio de 2020, a dos años de su entrada en funcionamiento, donde señaló que en los últimos meses se consolidó “una quinta etapa de la represión estatal en el país, caracterizada por la identificación de actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas consideradas como opositores del gobierno así como hechos de violencia contra comunidades y pueblos indígenas”. 

En el documento también “se denunció la reactivación de un fenómeno de ejecución selectiva de campesinos, sobre todo en el norte del país, así como ataques a comunidades indígenas en las regiones autónomas de Nicaragua las cuales han producido víctimas fatales y despojo de los bienes y territorios de las comunidades”.