*En el marco de la Asamblea General de la OEA se abordó cómo la declaración de apátridas a más de 300 nicaragüenses por el régimen Ortega Murillo afecta a toda la sociedad nicaragüense.
**El régimen de Daniel Ortega confiscó cientos de propiedades de nicaragüenses y eliminó sus nombres de los registros civiles, impidiendo incluso que muchos reciban sus pensiones.
Expediente Público
Desterrados nicaragüenses y personas declaradas apátridas por el régimen nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo, denunciaron en el marco de la 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que la represión contra ellos y sus familias son delitos de lesa humanidad que continúan aún después de la desnacionalización.
Las declaraciones de afectados por el destierro de 222 presos políticos el 9 de febrero de 2023 y 94 desnacionalizados del 15 de febrero siguiente, se dieron en el foro “Muerte civil y lucha por la democracia”, promovido por las organizaciones Puentes para el Desarrollo y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, realizado en Washington DC este 20 de junio.
Héctor Mairena, abogado y periodista desterrado, expresó que “como no nos dañaron a nivel interno de forma física y concreta, van contra nuestras propiedades, nuestro honor y todas las mentiras que difunden en las redes” en referencia a que incluso sus identidades fueron borradas del registro civil de las personas de Nicaragua.
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Confiscación es ilegal
Esto provoca daños familiares, económicos y patrimoniales, porque los descendientes carecen del apellido del padre o madre desnacionalizados y las consecuencias patrimoniales son prácticamente un robo con la cancelación de las pensiones y de los registros de cotizaciones en el sistema de pensiones, así como los títulos universitarios para los abogados.
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La confiscación de las propiedades de estas 316 personas es una figura que no existe en el marco legal nicaragüense y está prohibida por la Constitución, pero han establecido el eufemismo de la inmovilidad patrimonial y están tratando de asociarse con sus socios empresariales para apoderarse de los bienes de los expatriados.
Mairena también denunció el saqueo de bienes muebles e inmuebles, propiedades hipotecadas que el Estado confiscó, pero que los bancos siguen cobrando a las víctimas, así como automóviles eliminados del registro y que no pueden circular.
¿Qué ha sucedido con los desnacionalizados?
El abogado aseguró que hay personas del grupo de 94 desnacionalizados que viven en indigencia en Costa Rica y pidió a los organismos correspondiente atenderlos, pero los más afectados, desde su punto de vista, son las personas de la tercera edad despojadas de su pensión, que era su único recurso económico.
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José Antonio Peraza, politólogo y expreso político desterrado, agregó que no necesita ser abogado para saber que la Constitución indica que no se puede perder la nacionalidad e impide las confiscaciones, pero ve este gesto del régimen como una manera de “vengarse de nosotros porque vamos a seguir” en la lucha cívica.
El ponente indicó que el daño continuo contra ellos se manifiesta en lo emocional y laboral. Relató que durante los meses que estuvo en la cárcel conoció en la cárcel, conoció a un expolicía desertor que tenían cuatro años sin ver a sus hijos. “Eso genera gran angustia”, dijo.
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Derecho fundamental
La representante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, Wendy Flores, manifestó que “la nacionalidad es un derecho fundamental para el goce y disfrute de una multiplicidad de derechos, como el trabajo, seguridad social, educación, vivienda, reconocimiento de la personalidad jurídica».
Flores agregó que «la privación arbitraria es equiparable a una muerte civil dentro del territorio del Estado violador, ya que sería una persona desprovista del ejercicio de cualquier derecho y sin la posibilidad de oponerse ante cualquier eventualidad ocasionada por el Estado o alguno de sus ciudadanos”.
La promotora de derechos humanos enumeró que esta medida del régimen tiene como consecuencia imposibilitar el ejercicio de derechos, institucionaliza las confiscaciones, eliminó cualquier forma de defensa, incluyendo la de derechos humanos, también crea vulnerabilidad y falta de protección extrema, aumenta los riesgos de desplazamiento forzado externo e impide el retorno de exiliados.
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“Es un atentado contra el proyecto de vida personal, familiar y social, con desarraigo generalizado que podría generar un número indeterminado de personas apátridas con las violaciones conexas que eso representa; en general se crea un clima incompatible con el ejercicio de derechos humanos o su promoción, por lo que es imperante el tomar acciones contra este contexto adverso y contradice las normas internacionales de protección de los derechos humanos”, precisó Flores.
