El Ejército de Nicaragua desde mediados de noviembre 2020 incrementó el patrullaje en las comunidades del municipio de San Miguelito en el departamento de Rio San Juan, a 250 kilómetros al sur de Managua. Se presume que el incremento de esa presencia es por el interés por establecer una nueva base militar en esa zona de Nicaragua ampliamente representada por el movimiento anticanal, denunciaron a Expediente Público diferentes líderes campesinos.
Los líderes del movimiento campesino de la zona señalaron que la presencia de los soldados se ha justificado por el abigeato y la criminalidad, pero solo en reuniones entre simpatizantes del régimen. Un líder campesino, a quien por razones de seguridad se nombrará José, sabe que al municipio de El Almendro llegan camiones con ganado robado que son chequeados por los policías y luego les permiten salir hacia los mataderos.
El robo de ganado siempre ha existido sin que se tomen medidas y sigue ocurriendo sin que se reporten detenidos, por lo que los entrevistados por Expediente Público temen que estas operaciones con soldados armados tengan el fin de vigilar, controlar o repeler a la oposición campesina de la zona.
“Cuando estábamos en el tema del canal habían dicho que iban a hacer una base militar para quitar el flujo de gente que salía a las marchas”, explicó José.
“No lo están haciendo para atacar el abigeato o quebrar el narcotráfico que no existe en esa región. Esta es una zona opositora donde salió mucha gente entre 2013 y 2018 a marchar (contra el proyecto del canal y la represión), ellos tienen esa tarea de poner esa base que ya habían mencionado en otras ocasiones”, dice José.
Según las denuncias, el incremento de la presencia de militares coincide con un entrenamiento a trabajadores de educación y salud también en el municipio de San Miguelito que habrían sido llevados con engaños a prepararse en tácticas de guerra y ejercicios físicos.
Una de las fuentes, a quien llamaremos Vladimir, indicó que el 22 de noviembre en las comunidades Toro Bayo 1 y 2 de San Miguelito las lomas y fincas de los comunitarios amanecieron militarizadas, el miércoles 25 hicieron el llamado a los pobladores a una asamblea de la policía y el ejército para concientizar a la gente y poner una base militar.
“Dijeron que era para regular la delincuencia, lo cual está pegando fuerte, pero agarran a los delincuentes y los liberan al siguiente día, nos damos cuenta que esa base que quieren es para regular a la gente que está en contra de la dictadura, es para ponerle un alto a los pobladores y que no digan nada contra el gobierno”, sostuvo el entrevistado.
José confirmó que el 25 de noviembre los militares trajeron perros y solo invitaron a simpatizantes del Frente Sandinista y productores que tienen cercanía con la policía y el ejército.
Una semana antes del 25 también hubo presencia militar en las comunidades El Silencio, El Jícaro, La Tigra y Toro Bayo 4. “Unas jóvenes campesinas llegaron a cortar guineos a su finca y se encontraron en un cerro a los soldados, el 30 de noviembre. Nadie sabe en qué misión andan”, indicó José.
El 26 de noviembre el ejército estuvo en el municipio de El Almendro y el 27 amanecieron en Las Coreas, el domingo 29 llegaron de San Miguelito unos 30 oficiales del ejército bien armados a la comunidad de Santa María, donde por la tarde la gente estaba de paseo en un pequeño parque.
“Es una placita, eran campesinos y salieron asustados al verlos, y los soldados comenzaron a perseguirlos y capturaron a un joven. Le dieron una golpiza, No le dijeron por qué, no tenía ningún problema (antecedente), La gente al ver al ejército sale a esconderse. Lo tuvieron parte de la noche amarrado y golpeado. El lunes, los militares volvieron a San Miguelito, pero una parte se trasladó a El Dorado y Los Fajardos”, indicó Vladimir.
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Ubicación de la base
Sobre la instalación de la base o bases (algunos mencionan dos) hay varias versiones. Expediente Público no consultó con el Ejército de Nicaragua para preservar la seguridad de sus colaboradores. En cuanto a los operativos o acciones en la zona, tampoco hay un comunicado oficial de la fuerza militar.
José sostiene que hay planes para dos bases militares, una en El Jícaro y otra en Toro Bayo 4, a once kilómetros de El Jícaro.
Vladimir señala que la base se planifica en el sector de Tulito, donde el campesino ya es acosado por la presencia policial, por lo que ahora se sienten más inseguros. “No permiten reuniones y cuando se hacen de forma clandestina y se dan cuenta, llegan policías a la zona y en las últimas semanas los viene acompañando el ejército”.
En la zona de El Jícaro falleció el propietario de una finca de más de 600 manzanas y el heredero es miembro activo del ejército y se presume que la cedería para construir la base militar, informó Vladimir.
De llegarse a concretar, esas bases estarían bajo el mando operacional del Destacamento Militar del Sur (DMS), a cargo del teniente coronel Wilberth Cruz Luna. Testimonios obtenidos por Expediente Público señalan que esa unidad militar ha sido reforzada con tropas y equipos desde el 2014, debido a las protestas campesinas y al acompañamiento que los militares dieron a numerosos trabajadores chinos que llegaron a la zona para ubicar los mojones por donde pasaría el canal interoceánico.
La misión fundamental del DMS es el resguardo fronterizo, por lo que también hubo un fortalecimiento de esa unidad después de la crisis sociopolítica del 2018. La mayoría de los líderes de tranques que resistieron con ferocidad las embestidas de los paramilitares y la Policía, huyeron a Costa Rica, principalmente los de León y Monimbó, por lo que los militares los consideran una amenaza tangible.
Estas dos potenciales bases se estarían sumando a cinco unidades claves que el DMS tiene distribuido por el departamento de Río San Juan: San Carlos, Los Chiles, Boca de Sábalos, El Castillo y San Juan de Nicaragua.
El departamento de Río San Juan es uno de los más vigilados por el ejército y hay suficientes bases militares, asegura José, mencionando El Almendro, San Miguelito y la comandancia en San Carlos, también la frontera está militarizada, con sus propias bases en El Castillo y Boca de Sábalo.
Esta nueva base estaría entre los municipios de San Miguelito y Nueva Guinea, hay una carretera de 90 kilómetros que conecta ambos lugares y pasa por comunidades como Las Paloma, El Jícaro y Toro Bayo 4.
Marlon confirmó que, aunque en noviembre fue más evidente la presencia del Ejército, existe un incremento de acciones militares desde hace cuatro meses.
Los militares, pese al incremento de la delincuencia común, llegaron a las comunidades a quitar armas que estaban legalmente adquiridas. “A algunos campesinos les dijeron que si iban a la estación policial de San Miguelito les resolverían. Algunos llegaron y les dijeron que solo los militantes del Frente Sandinista tienen derecho a portación de armas”.
La vigilancia militar y policial se da porque los campesinos están organizados y esperan que desistan de reunirse, en el caso particular de Vladimir, le han avisado que en varias ocasiones preguntan por su paradero y dónde se reúne.
“Ellos tienen la excusa de la delincuencia, pero en este sector hay conocidos líderes del movimiento anticanal”, revela Marlon.
“Han aparecido muertos en algunos lugares, nadie denuncia. Si alguien saca el teléfono corre la suerte que te disparen un tiro, es una acción aterrorizante en el campo, cuando el ejército llega al campo no llegan a nada bueno, van a asesinar al campesino si levanta su voz”, sostiene Marlon.
“Entran de noche, nadie sabe el día que entrarán, se posicionan en la finca que quieren, se meten de manera irregular, no piden permiso. El campesino no quiere ni salir a arriar su vaca porque el ejército está en la loma y corre el riesgo que le hagan cualquier cosa”, denuncia José.
En 2019, civiles armados secuestraron a un joven en su propia casa en la comunidad de El Cacao, lo torturaron y cortaron lengua y genitales, recuerda el líder campesino.
También se conoce que muchos exiliados que han querido retornar y son capturados por las tropas fronterizas, entre ellos hay desaparecidos. José menciona un caso que fue denunciado por el movimiento campesino, el de un padre e hijo de la comunidad de El Naranjo, cerca de El Tule, fueron secuestrados en su casa por policías y no volvieron ni fueron encontrados en ninguna cárcel.
Se sospecha de fosas clandestinas de muchachos que venían huyendo en 2018, se sabe de al menos de siete casos, afirma José.
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Entrenamientos a empleados públicosIsla de Ometepe: un oasis de paz convertido en infierno
Los líderes campesinos entrevistados advirtieron también que en San Miguelito y El Almendro se llevaron profesores y trabajadores de la salud a un campo de entrenamiento.
“La gente de las comunidades está alarmada y los mismos profesores. Algunos maestros no llegaron conformes porque los habían invitado a Managua a talleres, pero se los llevaron a campos de entrenamiento en el mismo departamento. Llegaron a comentarles eso a su gente en las comarcas, porque en estos lugares ellos son vistos como parte de las familias”, señaló Vladimir.
“Se llevaron a los profesores de toda la zona, de San Miguelito y El Almendro, recogieron a todos los que trabajan en el Ministerio de Salud (Minsa) y les dijeron que iban a Managua, pero que compraran botas militares porque iban a salir al campo, pero cuando los montaron en los vehículos se sorprendieron porque los llevaron a San Miguelito. Cerca del poblado los llevaron a una montaña, donde estaban centenares de maestros y personal médico y quien estaba dirigiendo era el director del centro de salud de El Almendro”, precisa José.
Les pidieron que guardaran en secreto esta actividad, sostiene la fuente. Los entrenamientos consistían en cargar personas, arrastrarse, comer por tres días lo que alcanzaba en la palma de la mano, poner barricadas, tirarse boca abajo en caso de una balacera, avanzar, retroceder, sacar heridos y técnicas de autodefensa.
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Presupuesto militar en aumento constante
Desde que Daniel Ortega regresó al poder, el incremento del presupuesto militar ha sido una constante lo que en términos prácticos representa uno de los hitos del proceso de recaptura política y partidaria de los mandos del ejército nicaraguense.
Mientras que en 2007 el presupuesto militar era de casi 40 millones de dólares, para el 2021 y en el medio de una crisis alarmante en términos de violación a las libertades públicas, derechos humanos y de persecusión constante contra campesinos, alcanza casi los 78 millones de dólares con un incremento del 97% en esos años.
