** El ministro de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez, en entrevista con Expediente Público defiende el modelo de las «patrullas interceptoras» policial sin identificación.
*Calificó el Estado de Excepción como «una herramienta muy buena» y que debe seguirse prorrogando cada 45 días «mientras nos siga funcionando».
Expediente Público
La remilitarización de las cárceles, la prolongación del Estado de Excepción, la autorización para que la policía utilice «patrullas interceptoras», que harán operativos sin ningún distintivo visible, forman parte de un paquete de «medidas drásticas» que hace temer a defensores de los derechos humanos el inicio de la bukelización de la seguridad en Honduras.
A pesar de las similitudes entre las políticas de ambos países, en esta entrevista exclusiva ofrecida a Expediente Público, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, un defensor del uso de las controversiales «patrullas interceptoras» y del Estado de Excepción en Honduras, niega la relación con el modelo salvadoreño.
La eventual bukelización de la seguridad se incrementó luego que el 20 de junio pasado los pasillos del Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), a unos 20 kilómetros al norte de Tegucigalpa, se asemejaran a un set de la exitosa serie televisiva «El juego del calamar», cuando un grupo de al menos doce mujeres recorrieron los pasillos, con armas en mano, asesinando y provocando un incendio, en el que murieron otras 46 privadas.
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Gustavo Sánchez a ministro de Seguridad
Casi simultáneamente, en el norteño departamento de Cortés, ocurrieron otras dos masacres ejecutadas por pandilleros. El país centroamericano se conmocionó y las noticias trascendieron internacionalmente, afectando la imagen de un Gobierno hondureño que enfrentaba su mayor crisis de seguridad desde su llegada en 2022.
En seguimiento a lo ocurrido, la presidenta Xiomara Castro nombró al entonces Jefe de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez como ministro de Seguridad; remilitarizó todos los centros penales; y, aprobó y amplió un Estado de Excepción en diferentes zonas del país.
Ocho días después de la masacre, el Gobierno de los Castro Zelaya difundió fotografías de «mano dura», con cientos de prisioneros apiñados con las manos detrás de la cabeza. Unas imágenes calcadas a las difundidas por el presidente Nayib Bukele en El Salvador.
«Resultó un poco gracioso cuando se tomaron las medidas en los centros penales. Hubo unas tomas de televisión con los pandilleros que iban esposados y todo, los medios que antes exigían que hiciéramos lo de Bukele, empezaron a criticar la bukelización del país”, dice.
“Pero nosotros tenemos nuestros propios modelos, tenemos nuestros propios problemas y sabemos cómo los vamos a enfrentar», asegura Sánchez.
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Remilitarización de las cárceles
Por órdenes de la presidenta Xiomara Castro, en marzo de 2022, las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) traspasaron la administración de las 21 cárceles del país a las autoridades de la Policía Nacional, a cargo en ese entonces del actual ministro de Seguridad.
En su momento, la medida de desmilitarizar las prisiones fue respaldada por la comunidad internacional, las organizaciones civiles y de derechos humanos, críticos del control militar en las prisiones hondureñas desde 2014. Sin embargo, la medida de Castro apenas duró más de un año, remilitarizando de nuevo los centros de detención en julio de 2023.
«Desmilitarizar la seguridad ciudadana, asegurando la conducción civil de la seguridad y defensa y la separación precisa y respeto de las funciones propias de las fuerzas armadas y la policía», prometía la presidenta en su plan de Gobierno. La práctica dista de aquellas palabras.
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Antes criticó militarización de cárceles
Al respecto, en marzo de 2022, Expediente Público entrevistó al actual ministro de Seguridad, entonces Jefe de la Policía Nacional. Durante aquel encuentro, Sánchez expresó su desacuerdo con la remilitarización de la Seguridad, entre ellas, su control de las cárceles.
«La Constitución de la República delimita las funciones de las instituciones, y en todos los países del mundo sabemos que las Fuerzas Armadas resguardan la soberanía nacional y la alternabilidad en el poder, todo lo que tiene que ver con la seguridad interior y ciudadana del país corresponde a la Policía Nacional», dijo Sánchez, hace más de un año a Expediente Público.
Sin embargo, en esta segunda entrevista, Sánchez prefirió no criticar las medidas tomadas por la presidenta y pidió un voto de confianza a la ciudadanía. “Vamos por buen camino”, dijo, como si evitara hablar sobre la remilitarización de la Seguridad.
En su puesto como ministro, su primera tarea sería esclarecer la masacre que lo llevó a su nuevo trabajo.
Pero transcurridos casi dos meses, la ciudadanía hondureña aún desconoce los avances de la investigación sobre lo ocurrido en el CEFAS.
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La caída de Ramón Sabillón
«Conmocionada por el monstruoso asesinato de mujeres en CEFAS, planificado por maras a vista y paciencia de autoridades de seguridad. Mi solidaridad con familiares. Convoco a rendir cuentas al Ministro de Seguridad y la presidenta de la Comisión Interventora. ¡Tomaré medidas drásticas!», publicó la presidenta vía Twitter.
La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, quien lideraba la intervención en los 21 centros penales de Honduras, donde hay unos 20 mil privados de libertad, argumentaba que aquello era «un ataque directo contra el Gobierno de una mujer que tiene la voluntad de avanzar».
Esa sería una de sus últimas declaraciones como encargada de reformar las cárceles, al ser destituida tras la masacre.
A pesar de que la mandataria Castro expresaba que la masacre se había planificado «a vista y paciencia de las autoridades de Seguridad», su Gobierno le ofreció un puesto como diplomático a Ramón Sabillón, el ministro destituido y a quien en 2022 los Zelaya habían recibido en el aeropuerto después de pasar cinco años en el exilio pero este no aceptó el cargo.
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¿Una masacre más en la impunidad?
Al valorar las circunstancias de su nuevo nombramiento, Sánchez reconoció a Expediente Público que, «nunca pensé que me iban a nombrar Secretario de Estado”.
“Sabemos que el cargo es político, pero obviamente, si hay alguien que está capacitado para desempeñar este puesto es un funcionario de la carrera policial y es lo que hemos hecho siempre. Estamos preparados para eso, creo que no va a haber ningún problema».
El primero de febrero de 2022, Sánchez tenía previsto presentar su renuncia irrevocable a la institución policial, pero un día antes la pareja presidencial oficializaría su nombramiento como Director General de la Policía.
«Yo estaba prácticamente exiliado en Estados Unidos cuando se me nombró Director General de la Policía. Me iba a retirar porque obviamente no cuadraba en el engranaje de la anterior administración», recuerda Sánchez.
Sobre la masacre, el secretario adelantó que tienen identificadas a 12 mujeres como autoras materiales, pero no comentó detalles de la evidente complicidad de las autoridades policiales. «Obviamente se trabaja en la identificación de los autores intelectuales», responde esquivo Sánchez.
Sobre las autoridades penales se limitó a contestar que, «los funcionarios policiales pueden tener responsabilidad penal por acción o por omisión. La investigación está en proceso», enfatizó.
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No anticipó fechas de cuándo se presentará un informe público y finalizarán los expedientes investigativos.
«Queremos fundamentar muy bien la investigación para que no se nos caiga. Cuando esté lista la presentaremos al Ministerio Público. En los próximos días creo que nosotros anunciaremos los avances investigativos al respecto», señaló.
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«El modelo no es Bukele”
En 2020 el expresidente Manuel Zelaya Rosales, esposo, asesor y actual «hombre fuerte» del Gobierno criticaba la política de Seguridad del presidente salvadoreño, repudiando las imágenes que trascendían desde las cárceles del país vecino.
«El Estado criminal que destruyó el alma de estos jóvenes cuando les negó educación, salud y empleo; ahora les tortura y mata, en cárceles de El Salvador (mayoría sin condena). Qué crueldad, se une pandemia y tiempos brutales y atroces que creímos superados en la historia», decía Manuel Zelaya sobre El Salvador.
Tres años después del tuit del expresidente, su sobrino, Manuel Zelaya Rosales (homónimo de su tío), actual ministro de Defensa, publicaba fotografías que daban el mensaje de una posible bukelización de las políticas de seguridad en Honduras, en alusión al modelo del presidente Nayib Bukele en El Salvador.
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– ¿Están siguiendo el modelo de Nayib Bukele?, repreguntó Expediente Público.
«Definitivamente no, y la estrategia y la política de seguridad en el país la dirige su servidor, y es un no categórico, no lo estamos siguiendo. Nosotros tenemos nuestros propios modelos, tenemos nuestros propios problemas y sabemos cómo los vamos a enfrentar».
Las «patrullas interceptoras»
A mediados de julio de 2023, el ministro Sánchez anunció la implementación de las patrullas interceptoras como una nueva estrategia en el combate al crimen organizado. Las describió como «vehículos policiales no caracterizados que intervendrán cuando la situación lo amerite».
De acuerdo con las organizaciones de derechos humanos, el uso de las patrullas «interceptoras» para prevenir, disuadir y controlar el delito es una medida delicada, que podría resultar en irregularidades por parte de las mismas autoridades o por delincuentes que se hagan pasar por policías.
El director del Despacho del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Ricardo López, expresó a finales de julio su preocupación al respecto, argumentando que esta práctica puede generar una sensación de «temor» en la ciudadanía al enfrentarse a autoridades policiales no identificadas.
¿No representa esto un área muy oscura dentro de las decisiones que ha tomado?
«Yo creo que no, porque es algo que ya se ha hecho. Lo que se hizo fue anunciarlo. La Dirección de Inteligencia Policial, la Dirección Nacional Policial Antidrogas, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, son instituciones policiales especializadas que trabajan sin uniformes, trabajan sin caracterización de los vehículos. En ese sentido, lo que hicimos fue anunciar algo que ya estábamos haciendo», respondió Sánchez.
El ministro reconoce que la medida causa incertidumbre entre los ciudadanos, pero la defiende como una decisión acertada.
«El temor es válido (sobre las patrullas interceptoras), pero nosotros tomamos todos los controles, todos los recaudos necesarios para actuar apegado a ley. Esas operaciones policiales van a ser secundadas con vehículos caracterizados», explica.
– ¿Cómo evitar que los antisociales intercepten y digan «somos una unidad interceptora»?, se le cuestionó.
«No lo podemos prever. Usted no puede prever algo que voy a hacer yo, ni yo puedo prever algo que usted va a hacer. Eso no se puede. Entonces el debate va a existir, las estructuras criminales obviamente van a seguir operando con vehículos así», señaló el ministro.
Además, Sánchez reiteró en repetidas ocasiones que no se compraron los carros para utilizarlos como «patrullas interceptoras», sino que dispondrán de los automóviles que ya tenían en la institución.
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¿Estado de excepción perpetuo?
Otra de las decisiones controversiales es el estado de excepción que se inició el 6 de diciembre de 2022 en 123 municipios de Honduras y que suspende parcialmente las garantías constitucionales.
El estado de excepción faculta a la Policía Nacional para realizar allanamientos sin previa orden judicial, fuera del horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde y detener sin previa orden judicial.
Ante estas medidas, el ministro de Seguridad afirma «en los tres casos nos obliga a que tengamos un expediente investigativo y que lo convalidemos en los tribunales competentes, en la Fiscalía».
En su balance sobre esta medida del Poder Ejecutivo, el ministro dijo que desde que entró en vigor se interpusieron un centenar de quejas en contra de las operaciones policiales, «pero no tenemos denuncias criminales en contra de nuestros funcionarios. Eso dice mucho».
Sánchez en definitiva, calificó el estado de excepción como «una herramienta muy buena» y que, en su opinión, debe seguirse prorrogando cada 45 días «mientras nos siga funcionando».
Ministro de Seguridad, un cargo político
Consciente que en el cargo que desempeña se conoce cuando inicia, pero no cuándo puede terminar, el ministro Sánchez no puede precisar cuánto logrará en el transcurso de su mandato, pero si qué quiere lograr.
«Tenemos una institución policial con un déficit de 10,000 policías. Ya está aprobado el renglón presupuestario para contratar en estos dos años y medio 8500 policías más y llegar al estándar de 30,000 que Naciones Unidas pide para los países, en función de tres policías por cada mil habitantes», añade.
– ¿Hasta dónde alcanzará sus objetivos?, se le cuestiona.
«A mí me preguntan cuántos puntos más bajaremos en el índice de homicidios. Yo creo que en tres o cuatro años podemos llegar hasta 18 aproximadamente en tasa. Pero si no tomamos otra medida de corte social, nos vamos a estancar».
Después de un mes en su nuevo cargo, da la impresión de que Sánchez, a quien los civiles llaman «Doctor» y sus subordinados «Comisionado General», empieza a hablar como ministro, consciente que su cargo es político. Así cierra la entrevista: «quiero decirles lo siguiente, yo creo que el tiempo nos dará la razón».
