En papel, el Ministerio Público se describe como una institución independiente en el sistema jurídico nicaragüense, al servicio de la victima del delito, una institución que surge para “garantizar una efectiva persecución penal” y que solo está subordinada a la Ley.
Sin embargo, en la práctica nace en el año 2000 después de un amplio pacto político entre el presidente Arnoldo Alemán y el entonces expresidente Daniel Ortega. Un acuerdo que no fue más que la repartición de los puestos públicos y protección judicial por los abusos del poder de los dos caudillos.
Un ex asesor técnico internacional del Ministerio Público, que estuvo involucrado directamente en el proceso de fortalecimiento institucional a inicios de la década del 2000, indicó a Expediente Público que esta institución empezó su existencia condicionada por el pacto Alemán-Ortega. Recuerda que el poder interno se dividió desde el principio entre el Fiscal General a cargo de Inspectoría, Secretaría General, Fiscalía Electoral, Fiscalía Departamental de Managua y Administración; y la Fiscalía Adjunta, a la cual se otorgó el rol de selección y capacitación de fiscales, atención de víctimas y violencia de género.
Como se sabe el primer Fiscal General, Julio Centeno Gómez, era liberal, y la Fiscal Adjunta, fue la exdiputada sandinista María Lourdes Bolaños, hasta 2007 cuando asumió en su lugar la ex comisionada policial Ana Julia Guido, también vinculada al FSLN. Cuando los sandinistas logran mayoría parlamentaria, Guido fue nombrada Fiscal General en 2014 y como Fiscal Adjunto se escogió al también comisionado en retiro y miembro del FSLN, Julio González, con lo cual se explica la estrecha relación de los fiscales con la Policía Nacional como se demostró a la hora de criminalizar a los protestantes después de abril 2018.
Más tarde, con la entrada en vigencia de la Ley No. 919 de Seguridad Soberana de Nicaragua, en 2015, la Asamblea Nacional de mayoría sandinista eliminó la independencia funcional del Ministerio Público, al supeditarlo a las órdenes del presidente de la República, Daniel Ortega.
Posteriormente, las unidades especializadas y las fiscalías departamentales fueron asumidas por abogados incondicionales al FSLN, advierte el ex asesor. Con esto la institución se había convertido en parte del andamiaje jurídico del gobierno de Ortega, un instrumento político más.
Por otra parte, la falta de cuadros técnicos capacitados, explicó la fuente, se demuestra en los juicios contra los presos políticos resultando procesos por delitos inexistentes, con pésima técnica de imputación al no tener las acusaciones una relación clara, precisa y circunstancial de los hechos, asimismo los hechos imputados a los manifestantes han carecido de una calificación legal adecuada y de suficientes elementos de convicción en su respaldo. Tales adefesios jurídicos solo pudieron ser admitidos en los tribunales porque los jueces también eran partidarios del FSLN, y terminaron confirmando los cargos y emitiendo condenas irrisorias, dice el experto.
Por ello, desde antes de 2018, el Ministerio Público se sometió al Poder Ejecutivo sin tener opción de ejercer una labor de supervisión o dirección técnica de la Policía Nacional. De hecho, el experto advierte que los fiscales tampoco cuentan con “indicadores precisos para medir su actuación en el proceso”, siendo así vulnerables a cumplir las órdenes de su jefatura.
¿CÓMO SERÍA LA LIMPIEZA DE LA FISCALÍA?.
Conociendo todo este proceso que convirtió a la Fiscalía en el instrumento jurídico actual, el ex asesor internacional del Ministerio Público señala que la depuración de esta institución en Nicaragua parte de una necesaria transición democrática, con el respectivo cambio de autoridades nacionales y departamentales.
Con esto, se podría derogar desde el Poder Legislativo la referida Ley de Seguridad Soberana y elaborar nuevas políticas de persecución penal basadas en la evidencia para priorizar la persecución por naturaleza de delitos. A juicio de este especialista, también es necesario mejorar el sistema de elección de Fiscal General y Fiscal General Adjunto para que se incorpore el criterio de grupos de sociedad civil, por ejemplo, involucrar a las escuelas de Derecho y oenegés relacionadas con la protección de víctimas de delito.
Las audiencias de entrevistas de los candidatos a Fiscal General y Fiscal Adjunto deberían ser públicos y ambos cargos no debieran optar a ser reelectos. Hay también parámetros de escogencia de estos cargos elaborados por organizaciones de Derechos Humanos.
Además, el ex asesor sostiene que sería ideal promover la reincorporación al Ministerio Público de fiscales expertos que renunciaron por aplicación de presiones políticas y revisar la normativa institucional para considerar como causa gravísima, que justifique el despido, el dar instrucciones directas o indirectas para acusar o no a ciudadano bajo consideraciones políticas.
El exasesor sostiene que se debe eliminar la Dirección de Auxilio Judicial y crear una Policía Técnica de Investigación adscrita a la Fiscalía, eso significaría trasladar los laboratorios de Medicina Legal al mando de esa institución.
Crear la Policía Técnica de Investigación a cargo del Ministerio Público haría que los investigadores y peritos guíen sus acciones por orientaciones de la fiscalía y eviten la actual inversión de roles, que es jurídicamente inconveniente.
