* El Ministerio Público busca eliminar al Movimiento Semilla del presidente Bernardo Arévalo por supuestas afiliaciones no autorizadas.
** Tribunal Supremo Electoral presentó su informe sobre las elecciones del 2023 bajo un ultimátum de fiscales ante el Juzgado Séptimo de Guatemala.
** Cuatro de ocho magistrados del TSE están ligados a proceso penal del “Caso TREP”, por supuestas anomalías en la compra del sistema para la transmisión de votos de las elecciones.
Luisa Laguardia / Expediente Público
Un informe sobre las elecciones generales del 2023 y el caso “Corrupción Semilla” fue presentado este 20 de marzo por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el Juzgado Séptimo y dentro del lapso de 48 horas exigido por la Fiscalía Especial en Contra de la Impunidad (FECI) del Ministerio Público de Guatemala.
“La FECI no entiende o no ha terminado de entender que ellos no tienen ningún derecho de solicitar información acerca de las elecciones del 2023”, declaró a Expediente Público el abogado constitucionalista Edgar Ortiz.
A pesar de eso, el TSE envió el informe exigido por la FECI el 18 de marzo, sin embargo, este continúa bajo reserva. El magistrado electoral Mynor Franco adelantó a Expediente Público que “es un informe preliminar, porque esperaremos a que regrese al país la magistrada presidenta Blanca Alfaro y hacer una sesión plenaria para ver detenidamente el caso”.
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¿Qué contiene el informe sobre el Movimiento Semilla?
El magistrado electoral Mynor Franco adelantó a Expediente Público que “es un informe preliminar, porque esperaremos a que regrese al país la magistrada presidenta, Blanca Alfaro y hacer una sesión plenaria para ver detenidamente el caso”.
“Considero que la Fiscalía está abusando de estas medidas para mantener la polarización e insisto, ellos pueden investigar un delito penal, pero la materia electoral no está en su jurisdicción”, enfatizó Ortiz.
La FECI también busca cancelar oficialmente al partido del presidente Arévalo por el caso “Corrupción Semilla” donde, según lo expuesto por su jefe, Rafael Curruchiche, este había incurrido en delitos de afiliación sin consentimiento de personas.
Las consecuencias de cancelar al partido Semilla afectaría a sus 23 diputados en el Congreso de la República, que están como independientes desde que tomaron sus curules el 14 de enero ya que el partido se encuentra suspendido.
Al quedar como independientes los congresistas no pueden presidir ninguna de las comisiones del Congreso ni ser parte de la Junta Directiva del Legislativo. Esto, hasta el momento lo habían podido sortear en alianza con otros bloques, pero esta podría romperse.
Los diputados de Semilla y los partidos del bloque se disputan la titularidad de la Junta Monetaria, el máximo órgano del Banco de Guatemala.
Samuel Pérez del oficialismo, Manuel Archila del Partido Humanista (Cabal) y Adim Maldonado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), son los candidatos a la presidencia de dicha junta.
Cabal y una parte de la UNE, a la que pertenece Maldonado, apoyaron a los diputados de Semilla después de su cancelación, pero si no hay consenso podría generarse una ruptura del pacto parlamentario.
“Sin el Legislativo y sólo un alcalde a nivel nacional, gobernar se pone cada vez más complejo para Semilla”, declaró Wagner.
Ultimátum intimidatorio
Desde el 14 de marzo, el TSE tiene ligados a procesos penales a cuatro de sus ocho magistrados titulares, incluida la exmagistrada presidenta, Irma Palencia.
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Los magistrados son investigados por el “Caso TREP”, el Sistema para la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) de las elecciones generales del 2023, el cual tuvo supuestas anomalías al momento de la compra.
“Me parece sospechoso que el jueves de la semana pasada liguen a proceso penal a los magistrados y luego el lunes soliciten un informe, parece intimidación política”, declaró a Expediente Público el internacionalista Roberto Wagner.
Riesgo latente
Los expertos consultados concuerdan en que el secretismo con estos casos es preocupante, al mantener el informe en el Juzgado Séptimo bajo reserva, podría estar siendo utilizado como parte de una estrategia para generar presión en el TSE.
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Deslice para más información
“Para mí el mayor riesgo es que la FECI busque presionar por la vía penal, al pleno de magistrados a realizar informes a favor del crimen organizado”, expresó Ortiz.
El experto constitucionalista solicitó a la sociedad y comunidad internacional que se mantengan alertas para evitar la pérdida de la democracia en el país.
Además, la poca información sobre lo resuelto por el TSE es complejo analizar al 100% el panorama y ayudar a los medios de comunicación a mantener informada a la población.
Wagner considera que “no hay nada, absolutamente nada, que pueda hacer la FECI por la vía legal para alterar los resultados de las elecciones”, por lo que le preocupa que sean formas espurias las que utilicen para lograrlo.
