*El régimen de Daniel Ortega gastó más de $10 millones de dólares para la atención del COVID-19 en 2021, aunque oficialmente solo hay un muerto por semana.
**Según los datos oficiales de 2021, más de 12 mil nicaragüenses murieron de enfermedades asociadas al COVID-19.
***Epidemiólogo Álvaro Ramírez señaló que el régimen se presenta como “gran manejador de la pandemia” pero hasta la fecha no brinda transparencia en los datos.
Expediente Público
Durante 2021, el gasto total para cubrir la pandemia del COVID-19 en Nicaragua, ascendió a 375.7 millones de córdobas (unos US$10.7 millones) y la mayor compra estuvo relacionada a la adquisición de medicamentos, principalmente los realizados directamente por la Unidad de Adquisición, según datos reflejados en el sitio oficial del Sistema de Contratación Administrativa Electrónica (Siscae) de ese país centroamericano.
Pese a estos datos mostrados en el sitio de contrataciones del Estado no se obtiene a la fecha ninguna evidencia de la compra de pruebas para la detección del COVID-19, y se le sigue negando el derecho a la población que debe pagar US$150 si desea acceder al test.
La mayor fuente de financiamiento para el gasto del del Ministerio de Salud (Minsa) en 2021 provino del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto en córdobas de 42.6 millones (US$1.2 millones) que se utilizó en equipamiento médico para la prevención y contención del COVID-19 en Nicaragua.
De la misma fuente de financiamiento se reportó un gasto de US$4.2 millones empleado en la compra de medicamentos, material de reposición y equipos de protección personal para prevención y contención de la enfermedad.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) aportó 1.5 millones de córdobas (US$44,599) que se dirigieron a la campaña de lavado de manos, apoyo a las jornadas de vacunación, monitoreos de vacunación a nivel nacional, movilización de pacientes, y talleres de capacitación en temas de COVID-19 a personal de la salud y a público en general.
El 8 de septiembre 2021, la OPS confirmó el rebrote de COVID-19, pero el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para ese entonces seguía “ocultado la información sobre el desarrollo de la epidemia en el país centroamericano”.
Las compras reflejadas en el sistema del Siscae refiere que el Minsa gastó en 2021, el equivalente a 1.2 millones de córdobas (US$35,323) provenientes de recursos del Banco de Integración Económica (BID) en la compra de insumos médicos y el apoyo en jornadas de vacunación.
Otra partida de US$3.9 millones se utilizó en la construcción del laboratorio epidemiológico regional de Estelí.
La fuente de financiamiento del Banco Mundial fue de 177,825 córdobas (US$5,080) de los cuales 77,825 córdobas (US$2,223) fueron empleados para la adquisición de repuestos de ventiladores mecánicos a nivel nacional, que se utilizan con frecuencia para intubar pacientes con problemas respiratorios.
Salas de atención
La información analizada refiere que el Minsa para dar respuesta a la emergencia en Nicaragua, donde actualmente circulan todas las variantes de preocupación del SARS-CoV-2, principalmente la Ómicron, reportó otro gasto por US$44.6 millones.
Se constató que hubo un gasto vinculado a infraestructura uno por 11 millones de córdobas y otro por US$3.9 millones.
Este gasto fue principalmente dirigido a la habilitación de las salas de atención COVID-19, tanto como para su mantenimiento, así como la construcción de nuevos espacios, la construcción de laboratorios y el reemplazo de equipos de aires acondicionados entre otros.
Además, el presupuesto dirigido al mantenimiento de vehículos y compra de combustible empleados para el traslado y seguimiento de pacientes COVID-19 ascendió a 1.2 millones de córdobas.
Siguen negando derecho a prueba Covid-19
En 2021, el Minsa gastó 178.4 millones de córdobas (US$5.9 millones) en la compra de medicamentos para el tratamiento del COVID-19.
El Siscae refleja otro gasto de US$5.3 millones con el mismo fin, destacando aquellos realizados directamente por la Unidad de Adquisición Minsa.
Entre enero y abril de 2021, se destinaron 1.3 millones de córdobas (US$37,851) en la “compra de medicamentos para tratamiento Covid-19″, aunque no se detalla de qué tipo.
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Entre mayo y julio resaltan dos gastos en la compra de insumos médicos para el diagnóstico, tratamiento y recuperación de pacientes en unidades de salud de atención COVID-19, uno por un monto de 66 millones de córdobas (US$1.8 millones) y otro por US$5.2 millones.
En agosto cuando el rebrote no daba tregua en el país se hizo una compra de medicamentos para el tratamiento y recuperación de pacientes en unidades de salud con atención de COVID-19, con un gasto de 24.9 millones de córdobas (US$7.1 millones).
Sin embargo, en la práctica el Minsa no ha garantizado a la ciudadanía de forma masiva las pruebas para detectar el virus, por el contrario sigue le sigue cobrando a la población US$150 si desea acceder al test.
Las únicas compras detectadas y que se relacionan son las de procalcitonina por un monto de 938,400 córdobas (US$26,811).
Expediente Público constató que entre enero y diciembre de 2021, el Minsa a través del procedimiento de contrataciones menores, a precios diferentes y en pocas cantidades compró este biomarcador.
El epidemiólogo Ramírez señaló que la procalcitonina no suele utilizarse en casos de detección temprana de complicaciones de la COVID-19.
Ni siquiera se usa para combatir el COVID-19
“No es uno de los medicamentos de línea a utilizar en el Covid ni representa ningún tipo de ventaja para el Covid, no sé exactamente cuál fue el uso que le Ministerio (de Salud) le quería dar, pero eso no es de los medicamentos de primera línea y mucho menos ahora”, manifestó Ramírez.
El Siscae registró el año pasado cuatro compras de procalcitonina que realizó el Minsa.
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Desde el 18 de marzo de 2020, día en que se reportó el primer caso de Covid-19 en Nicaragua, el régimen habría recibido como donación más de 30,000 pruebas y reactivos para diagnosticar al SARS-CoV-2.
En julio de ese mismo año, el entonces presidente del Consejo Superior de la Emprensa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, alertó que el Estado compraría 100,000 pruebas más, medicinas e insumos de laboratorio para hacer frente a la pandemia, pero es nula la información que se conoce de su uso y destino. Aguerri actualmente es de los más de cien presos políticos.
Algunas naciones no se abastecieron a tiempo de una suficiente cantidad de test para detectar la enfermedad y dependieron de las donaciones de entidades como la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El 17 de julio de 2020, el Minsa a través de su sitio web oficial anunció en una nota el cobro de US$150 para las personas que deseaban hacerse la prueba de Covid-19.
«El gobierno tomó la decisión de no cumplir con las regulaciones del Código Sanitario Internacional (…) El gobierno tomó una decisión que afectó a nivel internacional su credibilidad y a nivel nacional afectó al pueblo nicaragüense, porque nunca supimos cómo se estaba propagando la pandemia y qué tanta gente estaba afectada”, mencionó Ramírez.
A pesar de esto, las compras de las pruebas DE COVID-19 realizadas, no ha sido publicada por el Minsa en la página del Siscae.
Las compras de procalcitonina y su destino
La mayor compra se hizo en octubre de 2021, por un monto de 400,000 córdobas (US$11,428) para el hospital regional Santiago de Jinotepe, un municipio ubicado al Sur de Managua.
Bajo el procedimiento de contratación menor y utilizando el concepto de “compra rápida de prueba de procalcitonina”, el Minsa adquirió 500 unidades por un valor de 800 córdobas cada una (US$22) para asignarlas a ese centro hospitalario.
La segunda mayor adquisición fue por un monto de 357,000 córdobas (US$10,200) y se hizo el 27 de septiembre de 2021 para el hospital occidental Doctor Fernando Vélez Paiz, ubicado en Managua, según publicaciones del Siscae.
Para esta compra de mil unidades de procalcitonina se utilizó el mismo procedimiento de contratación menor. A diferencia de la compra anterior, estas se adquirieron por un precio unitario de 357 córdobas (US$10.2).
La Ley de Contrataciones del Sector Público, Ley 737, establece que este procedimiento se utiliza en las contrataciones de obras, bienes o servicios, que no superen el monto de 500 mil córdobas (US$14,285).
El 6 septiembre de 2021, el Minsa también compró procalcitonina “para uso en el área del laboratorio clínico” del hospital regional de Matagalpa, César Amador Molina. El monto de la compra fue por 77,400 córdobas (US$2,211).
Al 8 de septiembre de 2021, el Observatorio Ciudadano COVID-19, registraba un acumulado de 2,958 casos sospechosos en Matagalpa.
A partir del 27 de abril de 2021, cuando reportó 63 casos, el Minsa siguió informando en las siguientes semanas un incremento sostenido que llegó a multiplicar un poco más de once veces el número de casos diagnosticados, es decir 718 nuevos casos al 28 de septiembre de ese año, confirmando el rebrote que se vivió en ese momento.
Paradójicamente la mortalidad sigue reportándose en solo una persona fallecida por semana.
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Y el precio unitario en esta compra también varió, es decir se adquirieron en 645 córdobas (US$18.42). En total se compraron 120 unidades para abastecer al hospital regional en Matagalpa.
La información refiere que el 27 de abril de ese año el Minsa requirió contratar a una empresa para adquirir el producto. Bajo los mismos parámetros se adquirieron 260 unidades de procalcitonina a un costo de 400 córdobas (US$11.42) cada una.
El monto de la compra menor fue de 104,000 córdobas (US$2,971), según registros del Siscae.
Secretismo sobre la pandemia
Después de casi dos años de la crisis sanitaria del Covid-19 en Nicaragua, el régimen nicaragüense sigue bajo la línea del secretismo y una escasa rendición de cuentas, al grado de que se desconoce la magnitud de la pandemia, cuántos tests se han realizado o adquirido para la detección del virus SARS-CoV-2 y se le sigue negando a la población el derecho a realizarse una prueba.
“El gobierno ha seguido una estrategia de presentarse como un gran manejador de la pandemia para ocultar los datos y no dejar al pueblo nicaragüense saber cuál es la verdad de lo que está pasando en Nicaragua”, dijo a Expediente Público el doctor Álvaro Ramírez, médico epidemiólogo nicaragüense.
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El Minsa en sus informes semanales solo reporta la muerte de una persona por el coronavirus, pero implícitamente admite la muerte de pacientes que “han estado en seguimiento”, debido a “tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas”.
Desde el 18 de marzo de 2020, cuando se oficializó el primer caso COVID-19 en Nicaragua, el Minsa asegura que se han contagiado únicamente 14,108 nicaragüenses, pero la cifra sigue siendo inferior que los 32,032 casos sospechosos reportados por el Observatorio Ciudadano Covid-19.
Según el Minsa, 227 personas murieron por esta causa, pero de sus informes excluye la estadística de esos “otros fallecimientos” de los que semanalmente hace alusión.
En su más reciente actualización del Mapa de Salud revela que, en 2021, año que se reportó un rebrote de la enfermedad entre agosto y octubre, cuando la población sufrió escasez de tanques de oxígeno por la gran demanda, hubo 12,737 personas fallecidas por infarto agudo de miocardio, diabetes mellitus y neumonía, tres enfermedades asociadas a los reportes semanales del Minsa.
La cifra registrada en 2021 es mayor que los 12,150 casos reportados en 2020 y las 5,889 muertes registradas en 2019, antes de la pandemia, por estas tres causas de “comorbilidad” que utiliza el Minsa en sus informes de COVID-19.
“El incremento atribuible a la mortalidad por COVID representa casi 15,000 personas de acuerdo a los datos oficiales del Ministerio (…) Cuando la persona adquiere el COVID-19 puede complicarse más fácilmente con las (enfermedades) cardiovasculares, la diabetes, neumonía e hipertensión”, manifestó Ramírez.
