* Pese a que el presidente Nayib Bukele reafirma que El Salvador mejoró gracias a la llamada guerra contra las pandillas y el permanente Estado de Excepción, la juventud salvadoreña sigue saliendo del país.
*Desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2022 fueron detenidos 200,623 salvadoreños que intentaron entrar irregularmente a Estados Unidos.
* Recientemente un incendio en un centro de detención para inmigrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, produjo al menos 40 muertos y 27 heridos, de los cuales siete eran de origen salvadoreño.
Eric Lemus / Expediente Público
María Santos García sobrelleva el dolor tras el sepelio de su hijo, una de las siete víctimas fallecidas el pasado 27 de marzo en Ciudad Juárez, tras un incendio en la sede del centro de alojamiento administrado por el Instituto Nacional de Migración (INM) de México.
De todos los decesos salvadoreños, la historia de José Pedro Rivera García, Pedrito, como era conocido, atrajo la atención de la prensa local e internacional por el municipio desde donde emigró.
Rivera García tenía 23 años de edad y era oriundo de Nueva Trinidad, un poblado enclavado en las montañas de Chalatenango, departamento al norte de El Salvador, que está ubicado a 115 kilómetros de la capital. Durante los años ochenta, este lugar fue disputado entre el Ejército y la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) por su paraje geográficamente estratégico.
Aunque, 31 años después de finalizado el conflicto armado, este pequeño municipio de calles adoquinadas y viviendas precarias, sigue sufriendo las carencias económicas y sociales que detonan la emigración principalmente de los jóvenes que visualizan su futuro en EE.UU.
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Un país expulsor
Pese a que el discurso del presidente Nayib Bukele es que El Salvador mejoró gracias a la llamada guerra contra las pandillas y el permanente Estado de Excepción, la juventud salvadoreña sigue partiendo hacia EE.UU. e incluso encuentra otros destinos alternativos.
La División de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos (USCBP, por sus siglas en inglés) informó que desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2022 detuvo un total de 200,623 salvadoreños que intentaron entrar irregularmente en la frontera sur.
La autoridad estadounidense revela que el flujo migrante sigue; aunque la cantidad de apresados disminuyó desde junio de 2022 cuando hubo solamente 5,498 salvadoreños.
Por su lado, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) contabilizó al cierre del año pasado 7,805 salvadoreños que solicitaron refugio. Y en lo que va de 2023 ya hay 1,111 casos.
En conversación con Expediente Público, el politólogo salvadoreño y especialista en Relaciones Internacionales, Napoleón Campos, reitera que a las causas tradicionales de la migración “hay que sumar el desmantelamiento democrático, constitucional e institucional que vive el país”.
Exigen dignidad al migrante
“El desempleo, la precariedad, el hambre expulsa a la gente, pero el régimen de excepción también”, dice Campos.
“Como madre pido que no sucedan más estas cosas porque si la autoridad de México los detiene, pues el mismo día los deben llevar a la frontera de regreso y no que los ande llevando a ese lugar donde van a perder su vida”, dice a Expediente Público María Santos, la progenitora de José Pedro.
“Decidió irse cuando oye decir que allá se gana un poquito más bien. Ese era el sueño de él porque no hay ningún trabajo en este lugar y él, que fue de los jóvenes que no tienen vicios y que respetó a las demás personas, pues a él no les respetaron la dignidad”, lamentó
García relató que su hijo salió de casa el 3 de marzo pasado junto a un hermano rumbo a EE.UU. en busca de mejores ingresos para mejorar la casa modesta donde ella reside. Pero el viernes 24 fue detenido por las autoridades mexicanas al cruzar el desierto y fue recluido en Ciudad Juárez.
Renuncia de titulares del INM
“Van sin dinero y les piden dinero para pagar ¿y de dónde? ¡si ellos van sin nada! Lo que diría es que respeten la dignidad de los migrantes. Yo no soy nadie para juzgar, pero espero que se haga justicia”, reclama.
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El Salvador exigió la renuncia de los titulares de la política de migración mexicana, a través de la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, Cindy Mariella Portal.
“Esa tragedia que nunca debió ocurrir, no puede ni debe repetirse. Las instituciones deben seguir actuando, los culpables deben cumplir su condena, que, aunque no llena el vacío de las familias afectadas, deja un precedente importante”, escribió la funcionaria en su red personal.
Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció la postura de este país centroamericano, así como de Venezuela, Colombia y Guatemala.
“Como lo dije el primer día, no va a haber impunidad, se va a castigar a los responsables, va a continuar la investigación, ya hay detenidos”, anunció López Obrador durante una rueda de prensa.
El joven de la batucada
El mandatario, sin embargo, declinó revelar si destituirá a Francisco Garduño Yáñez de la dirección del INM.
Posteriormente, la vicecanciller Portal manifestó su beneplácito tras el anuncio de la Fiscalía General de la República de México de procesar penalmente a dos directivos “por incumplir obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a personas e instalaciones a su cargo”.
Decenas de habitantes de Nueva Trinidad acudieron el lunes de pascua a la parroquia San Bartolomé a elevar una oración por la vida de Pedro antes de que sus restos fueran sepultados en el cementerio del Barrio del Centro.
Rivera, quien es recordado por integrar el grupo de batucada mientras estudió bachillerato, ingresó al Destacamento Militar de El Paraíso, en Chalatenango, donde permaneció cuatro años hasta cuando pidió la baja el año pasado. Extraoficialmente trascendió que no estuvo de acuerdo con los procedimientos a los que era obligado para efectuar capturas.
La Fuerza Armada aumentó la detención de ciudadanos en el marco del régimen de excepción y la entrada en vigor de la fase llamada “Extracción” que consistió en cercar municipios bajo control pandillero.
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Hasta marzo pasado, el Gobierno salvadoreño encarceló a 66.000 personas acusadas de integrar o estar vinculadas a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) o Barrio 18.
Pese a las denuncias de más de 5,082 casos detenciones arbitrarias y de 111 muertes de reos bajo custodia, las autoridades oficiales sostienen que mantendrán el Estado de Excepción. Precisamente este 13 de marzo la Asamblea de este país centroamericano aprobó la decimotercera extensión de esta medida que ha dejado a más de 60 mil personas detenidas.