* En Honduras desde el 2018 hasta ahora, 18 migrantes nicaragüenses han fallecido debido a asesinatos, homicidios, y diversas muertes que no han sido investigadas a profundidad.
**El régimen de Nicaragua no brinda ayuda a familiares, no entregan documentos y hasta impiden salir del país a allegados.
Expediente Público
Aunque el régimen de Nicaragua reiteradamente se declara creyente, solidario, católico y que incluso respeta la libertad, la democracia y los derechos humanos, el caso de Rodolfo Rojas Cordero es una prueba más de todo lo contrario porque ni muerto lo dejaron regresar a su país.
El ideal del nicaragüense Rodolfo Rojas Cordero era ver a su país libre, en democracia y con justicia, pero lo que encontró fue la persecución, el exilio, la muerte y la negativa de las autoridades de repatriar su cuerpo.
“Piel”, seudónimo que acuñó Rojas debido a su participación como militar activo del FSLN en la década de los setenta, era originario de Jinotepe, departamento de Carazo en Nicaragua. Era una persona de carácter fuerte, firme y de convicción, pero a su vez, sociable, sonriente y amable expresó una fuente consultada por Expediente Público que habló en condición de anonimato por su seguridad.
En el ámbito profesional, se desarrolló como abogado y posteriormente notario público, carrera que cursó en la Universidad Paulo Freire. En el ámbito político su “mayor aspiración era lograr el restablecimiento del Estado de Derecho, la democracia, libertad y justicia en Nicaragua”, remarcó.
Militar activo
Siendo muy joven se integró al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la década de 1977, organizando células clandestinas de apoyo militar y de acciones guerrilleras contra la Guardia Nacional.
Después de la salida de Anastasio Somoza Debayle, se integró al Ministerio del Interior obteniendo varias medallas de honor y el grado de teniente primero.
En abril 2018, renunció a su militancia del FSLN debido a la forma violenta en que el régimen de Daniel Ortega respondió a las protestas cívicas, participando en diferentes protestas y organizando la lucha cívica en las calles.
En mayo de ese año Ortega y su vicepresidenta Rosario Murillo ordenaron la “Operación Limpieza”, y aunque sonaba a pulcritud y desinfección, en realidad se trataba de más balas, sueños destrozados, secuestros, asedios y asesinatos de civiles a manos de paramilitares y policías. En total, 355 personas murieron en esas semanas, según organismos internacionales de derechos humanos.
Pese a que Rojas “nunca sintió miedo del dictador Daniel Ortega y sus secuaces luego de romper las relaciones y su militancia política”, al enterarse de un plan de asesinato que se estaba fraguando en su contra, y después de recibir varias amenazas a muerte, se vio obligado a salir del país y refugiarse en Costa Rica, al igual que varios miembros de su familia.
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Operaciones de espionaje
Si bien es cierto, Costa Rica brinda refugio a muchos refugiados políticos nicaragüenses, según diversas opiniones anónimas a Expediente Público, dicho país no brinda las condiciones de seguridad para los opositores y perseguidos.
“Costa Rica no es seguro ya que la dictadura y sus órganos de inteligencia realizan operaciones de espionajes en contra de los exiliados, pero particularmente en algunos personajes y dirigentes. Además de los hechos, lo creemos basado en las pruebas documentales, materiales y testificales, de las acciones ejecutadas por la dictadura”, afirmó la fuente.
Ese temor que acechaba a Rojas lo impulsó a buscar otro camino para salvaguardar su vida. Según la versión de la familia, un supuesto diplomático nicaragüense, “le prometió llevárselo a los Estados Unidos”, por lo que en junio de 2022 dejó Costa Rica, entró a Nicaragua de forma clandestina y salió con destino a Honduras.
Móvil del crimen
Sin embargo, su sueño fue interrumpido por supuestos malhechores que le quitaron la vida. Su cuerpo fue encontrado el 25 de junio del 2022 en la comunidad de Trojes, fronterizo entre Nicaragua y Honduras. Según reportes de las autoridades hondureñas, el móvil del crimen fue “intento de robo”.
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El cuerpo “ingresó a la morgue capitalina del Ministerio Público de Honduras el 25 de junio del 2022 donde se le realizó su respectiva autopsia bajo el número 939”, informó a Expediente Público la portavoz de la Morgue del Ministerio Público, Issa Alvarado, refiriéndose al ciudadano nicaragüense.
En muchos medios de comunicación tanto, hondureños como nicaragüenses que cubrieron la noticia, se explicó que su muerte se debió a un “intento de robo”, sin embargo, declaraciones a Expediente Público de fuentes cercanas desmienten que este haya sido ese el móvil del crimen ya que junto a su cuerpo tenía todas sus pertenencias, su teléfono celular e identificaciones.
Malos tratos
Sin embargo, esta tragedia no terminó aquí. “La dictadura (Ortega-Murillo) prohibió la entrada del cadáver a Nicaragua. (Su cuerpo) Se tuvo que incinerar y trasladarlo por avión hacia Costa Rica”, relató una fuente cercana a Expediente Público.
Un asesor legal nicaragüense que solicitó no ser mencionado por su seguridad, explicó a Expediente Público que, “dentro de las funciones de los consulados, está brindar atención hacia los nacionales nicaragüenses en el territorio en el que se encuentren”.
“Significaría (en este caso) que existe un caso de repatriación de forma implícita. Se supone que el consulado debe de brindar y activar todos los recursos posibles para poder apoyar la crisis”, destacó.
Nicaragua también impidió que los familiares del fallecido ingresaran a Honduras, “tratándolos como delincuentes”, no brindó ningún tipo de ayuda que llevara a la identificación del cadáver y se negó a repatriar el cuerpo.
Tránsito de nicaragüenses
Al igual que venezolanos, cubanos y haitianos, los nicaragüenses también están entre los migrantes que transitan por el territorio hondureño por un breve período de tiempo y con el único propósito de llegar hacia Estados Unidos.
Informes del Instituto Nacional de Migración (INM) estima que entre 2018 y 2022, un total de 1,308 nicaragüenses han ingresado y transitado por territorio hondureño de manera irregular, aunque la cifra real puede ser mucho mayor.
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La defensora en derechos humanos en Honduras, Itsmania Platero, estimó a Expediente Público que las condiciones sociopolíticas de Nicaragua, “han obligado (a miles de nicaragüenses) durante este periodo del año 2022 a cruzar la franja territorial”.
A criterio de la activista, todo migrante que entra al territorio nacional debería ser tratado con dignidad y respeto, incluso debería tener la oportunidad de adquirir un empleo y tener un alojamiento digno.
“Pero eso no se está dando hoy en nuestro país y tenemos una deficiencia muy grande en cuanto a los servicios humanitarios que tiene que dar Honduras y que se comprometió a responder según el decreto de amnistía”, concretó.
Exoneración de multa
El decreto legislativo exonera del pago de una multa de 200 dólares, a los migrantes en situación de movilidad que ingresan de forma irregular a Honduras y el Instituto de Migración ordenó ofrecer asistencia humanitaria necesaria a los migrantes.
Referente al trato a los opositores políticos consideró que sería muy difícil darles una atención especializada “porque ese grupo no viene a quedarse en Honduras, sino que la mayoría de los nicaragüenses pasan de un solo hacia el territorio mexicano” de camino hacia Estados Unidos.
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Tratado CA4
Los países centroamericanos de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua tienen un tratado conocido bajo el nombre de CA4, que permite el ingreso y tránsito regular de ciudadanos extranjeros por los países mencionados.
El director del INM, Allan Alvarenga confirmó a Expediente Público que en lo que a Nicaragua respecta, “es firmante de CA4 y todo nicaragüense que ingresa al país (Honduras) transita de manera regular”.
“Entonces la irregularidad de las personas que siguen su camino de nacionalidad de origen de nicaragüenses no empieza en Honduras porque estamos bajo ese tratado internacional”, expresó.
Muerte de nicas en Honduras
Según información brindada por el Ministerio Público de Honduras, desde el 2018 hasta la fecha, un total de 18 ciudadanos nicaragüenses han perecido en territorio hondureño por diferentes causas, como: asesinato, homicidio, muerte accidental y muerte natural.
Según el registro, solo en el año 2022, 6 nicaragüenses han muerto en Honduras; 2 por asesinado, 3 por homicidio y uno por causas naturales.
Ante esto, el vicecanciller, Antonio García lamentó ante Expediente Público “la muerte de extranjeros migrantes que pasan por Honduras y que fallecen acá”.
Agregó que el Estado de Honduras tiene la responsabilidad de protegerlos, evitar abusos y castigar a los funcionarios que cometan irregularidades. “Y ya se ha hecho en varias ocasiones, destituyendo a personas que abusan de ellos”, puntualizó.
En materia de derechos humanos, el Estado tiene “el compromiso de hacer respetar los derechos de quien está en el territorio nacional” (aludiendo a los migrantes), considerando que “tratando bien a los migrantes en nuestro territorio, nos da la autoridad moral para exigir tratamiento correcto a nuestros compatriotas fuera de Honduras”, finalizó.