*¿Las Mesas de participación ciudadanas en Honduras siguen ese camino? Experto nicaragüense ve patrones que se van reproduciendo en Centroamérica y extrarregionalmente entre ciertos regímenes que van dando una muestra de autoritarismo y vaciamiento de la democracia.
**En el caso de las dictaduras o autocracias, las instituciones de participación ciudadana son creadas para manipular políticamente a la población, alertó el politólogo e historiador cubano Armando Chaguaceda.
Expediente Público
La pretensión del gobierno de Xiomara Castro de crear una Mesa Nacional de Participación Ciudadana, según un proyecto de ley enviado al Congreso Nacional el pasado 21 de septiembre, ha levantado un déjà vu político por los riesgos de que esto sirva para controlar y manipular a la población, como ha ocurrido en Nicaragua, Cuba y Venezuela, países con los que la actual administración tiene una marcada afinidad ideológica.
“Los mecanismos de democracia participativa existen en dictaduras y en democracias. Son formas en las cuales las personas, como su nombre lo dice, directamente participan de la cosa pública en la gestión gubernamental, en asambleas, en referendos, en diferentes formatos”, dijo a Expediente Público el politólogo e historiador cubano Armando Chaguaceda.
Pero “en el caso de las dictaduras o autocracias, esas instituciones se crean no para ampliar la participación ciudadana, sino para manipular la participación ciudadana. Es el fenómeno que algunos autores hemos llamado participacionismo”, agregó Chaguaceda.
Militancia primero
En esos casos, la participación no es autónoma porque siempre es convocada por el Estado o el partido gobernante, y las personas “van más como militantes simpatizantes que como ciudadanos con ideas plurales”, planteó el politólogo cubano.
“Esos principios de esa visión participacionista, manipuladora de los mecanismos de democracia directa y participativa, sobre todo en espacios locales, pero también en grandes referentes o plebiscito, tiene una larga historia en la política contemporánea y es muy característica de regímenes autoritarios y de gobiernos populistas”, expresó también el historiador.
Para Chaguaceda “esto es un poco lo que está detrás, a pesar de las diferencias de cada caso, de experiencias como los consejos comunales en Venezuela, las asambleas de los Consejos Populares en Cuba y los consejos ciudadanos en Nicaragua”.
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Mando vertical
El anteproyecto de las Mesas de participación ciudadanas eliminaría el Foro Nacional de Convergencia (Fonac), que es actualmente la instancia nacional de diálogo, que reúne a 22 organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos.
El Fonac recibe un presupuesto del Estado y su presidencia recae en el titular del poder Ejecutivo, que designa a un secretario que percibe un salario por esa función. La convocatoria a las asambleas es hecha desde la presidencia o por la mitad más uno de las organizaciones integrantes.
Con la nueva iniciativa, los gastos de la mesa de participación ciudadana serían absorbidos por la recién creada Secretaría de Planificación Estratégica, cuyo titular será el coordinador de la Mesa y quien convoque a las organizaciones integrantes será la Presidenta de la República.
Aunque el Fonac ha sido criticado por su papel durante en el gobierno de Juan Orlando Hernández, la verticalidad que perdura en la nueva Ley de las mesas de participación ciudadanas no es un buen augurio en un gobierno que se inclina a favor del Socialismo del Siglo XXI.
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Patrones similares de un país a otro
“Las crisis en la región nos ayudan a discernir o a vernos reflejados en ciertos escenarios”, dijo a Expediente Público un analista nicaragüense que habló en condición de anonimato por su seguridad.
“Yo estoy observando en Centroamérica y más allá de Centroamérica, extrarregionalmente, que se adoptan patrones similares de un país a otro, de un régimen a otro”, continuó.
Tal es el caso de las estructuras de control social y político que tiene Venezuela, que “son muy similares a las que tienen Nicaragua y Cuba, por ejemplo”, agregó el experto nicaragüense.
Además, “las leyes de control o represión son muy similares, (como) la de Nicaragua con la de Rusia”, añadió.
Se refirió también al caso de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada en Nicaragua y que “ahora la está abarcando (Nayib) Bukele” para supervisar a las ONG en El Salvador.
Señales de atención
Entonces, “realmente yo sí creo que no se puede descartar esa posibilidad o ese efecto expansivo de que ciertos regímenes observan a otro y ven que van dando pasos y va teniendo cierto éxito, entre comillas, por no decir una muestra de autoritarismo y vaciamiento de la democracia”.
De allí que a su criterio, en el caso hondureño, “es sano que la sociedad esté alerta” con las mesas de participación ciudadanas. Caso contrario puede ocurrir la metáfora que usan los politólogos: “Van cociendo la rana lentamente y ella no siente y de pronto muere”.
El experto nicaragüense dijo que algunas señales de alarma que se deben tomar en cuenta son cuando se promueve una ley inconsulta, no se incluye actores de contrapeso y no se respeta la pluralidad de los espacios de participación.
“Ya eso es un síntoma de que probablemente pueda haber una deriva que no es muy favorable, que en algún momento puede volverse excluyente, se puede volver un aparato más de proselitismo y puede generar polarización”, acotó.
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Los CPC de Nicaragua
Tras su llegada al poder en 2007, Daniel Ortega “apostó por la consolidación de su hegemonía no solo en el control del poder horizontal”, con la concentración de mando en varios frentes para obtener el predominio en la Asamblea Legislativa, “sino también en el poder vertical en los territorios”, señala un análisis publicado en “La insurrección cívica de abril” de 2018.
Ese mismo año, con la aprobación de un decreto presidencial “se inicia el proceso de desmantelamiento de la autonomía municipal y la involución de los avances en materia de descentralización (…) y diseña las políticas de participación ciudadana en todo el territorio nacional a través de los Consejos de Poder Ciudadano”, más conocidos como CPC, con lo que desmantela las modalidades y estructuras ya existentes, dice la publicación.
Los CPC son “un canal de participación unipartidista” orientados “a reconstruir la hegemonía política del FSLN desde la base comunitaria”, refiere también el análisis.
“Los CPC eran una forma de organización promovida directamente por el Gobierno” y que iban a tener diferentes funciones relacionadas con temas de interés para la ciudadanía, como la salud, educación, seguridad ciudadana y los servicios públicos, dijo a Expediente Público la experta nicaragüense en seguridad, Elvira Cuadra.
CPC bajo órdenes de Ortega
Entre sus integrantes había personas que formaban parte de otras organizaciones sociales, pero “en la medida en que el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo fue mostrando más su cara o su rasgo autoritario pues entonces mucha menos gente participaba de los CPC”, relató la experta para quien esos consejos, que al principio no eran vistos con atención, “fueron concebidos y fueron instalados con el objetivo de convertirse en mecanismos de control y de vigilancia sobre los ciudadanos”.
Esa función arreció aún más a raíz de la crisis sociopolítica de 2018. “Los CPC se han convertido en los vigilantes y en los que denuncian en sus comunidades o en sus barrios a las personas que considera que son opositoras al Gobierno”, sostuvo Cuadra.
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Poder Popular en Cuba
En 1986 fue aprobada en Cuba la Ley de los Consejos Populares, cuya expansión a nivel nacional inició entre 1988 y 1992.
Las asambleas municipales del poder popular son las máximas instancias del poder estatal en cada municipio.
Al igual que los consejos comunales en Venezuela y los CPC en Nicaragua, el poder popular es un modelo de participación “con un sesgo de no empoderamiento, sino con un sesgo participacionista”, señala el historiador Chaguaceda.
Estos miembros y líderes de los CPC, fueron los que usó el régimen de Nicaragua para atacar las protestas que comenzaron en abril de 2018 y que en pocos meses dejaron más de 355 civiles muertos a manos de grupos de choque y paramilitares, muchos de ellos miembros de estos organismos.
En Cuba “no se reconoce la ciudadanía como un actor plural, sino como una base social del partido gobernante donde no hay una participación autónoma, sino más bien una movilización consultiva, donde estas instancias de participación que hemos definido como asambleas locales más bien se convierten en correas de transmisión en las cuales un partido de gobierno da órdenes, moviliza a veces, distribuye recursos”, explica el analista y profesor.
El poder comunal en Venezuela
“El Poder Comunal en Venezuela tiene su inicio durante el Gobierno del fallecido Hugo Chávez Frías, aunque la Constitución aprobada mediante referéndum en 1999, no incluía ninguna referencia”, declaró a Expediente Público el periodista venezolano Javier Mayorca.
En 2007, con la propuesta de una nueva reforma a la Constitución, Chávez “buscaba trastocar la distribución de competencias públicas” entre los tres niveles territoriales de Gobierno (nacional, estatal y municipal), “vaciándose de competencias a los Estados y obligándose a los Municipios a transferir sus competencias a los Consejos Comunales”, según un análisis académico. Esto es, “la sustitución de la democracia representativa por una supuesta democracia participativa’”.
La reforma constitucional fue rechazada por la mayoría, pero los consejos comunales ya habían sido creados en 2006, al margen de la Constitución.
Tenían la facultad de decidir sobre determinados asuntos de la vida, “por ejemplo, si una plaza que está dentro de su ámbito de poder puede ser utilizada para un acto público” o “determinar si una persona puede o no acceder a una vivienda de interés social”, detalló Mayorca.
Algunos opositores vieron una oportunidad e intentaron participar en los procesos de gestación de tales consejos para disputar cuotas de poder al oficialismo, pero el régimen más temprano que tarde se percató de esa jugada y empezó a negar las solicitudes a personas de la oposición o independientes, recuerda Mayorca.
Explicó que el consejo comunal tiene también una función de control externo a los cuerpos policiales, “en tanto que de acuerdo con la narrativa oficialista es una forma de poder popular y por lo tanto, está habilitada para tal función”.
Poder político
Una función que recuerda las recién inauguradas mesas de seguridad ciudadana en el gobierno de Xiomara Castro. De todas maneras, las funciones de los consejos comunales son múltiples y van incrementándose, sostuvo el periodista.
El presidente Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, “ha intentado empoderar aún más a los consejos comunales, en el entendido de que si no le salía bien el resultado de la elección de las gobernaciones y las alcaldías, que esas sí son instancias de poder reconocidas en la Constitución, pues él tenía entonces al poder comunitario para pasar por encima de aquella”, analizó Mayorca.
Pero la crisis económica en Venezuela, y con la que el oficialismo ha perdido mucha base social, también se ha reflejado en ellos, llegando incluso a tener enfrentamientos por cosas específicas como la repartición de alimentos subsidiados que, en un momento determinado, fueron una gran fuente de ingresos económicos, así como los combustibles.
Los consejos comunales, que son percibidos también como instancias para hacer campaña política, se activaban más durante períodos preelectorales o electorales, para el traslado de los votantes, la distribución de alimentos en favor de los votantes oficialistas y toda la organización logística necesaria para ganar una elección, explicó el periodista.
Colectivos venezolanos son para reprimir
Pero además de estos consejos, el gobierno venezolano ha promovido también la creación de colectivos, grupos armados con un contenido ideológico bastante particular que iban contra las manifestaciones antigubernamentales, parecido a lo que en Honduras se dio con las manifestaciones a favor del presidente Hernández, compuestas en su mayoría por empleados públicos.
“La gente ve a los colectivos con miedo y con preocupación. Miedo porque obviamente son grupos armados que ejercen violencia y preocupación porque definitivamente los colectivos sirven como instancias de control político y social”, señaló Mayorca.
Otro paralelismo con los colectivos que en Honduras se identifican con el oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), a quienes en el pasado se les han atribuido daños a la propiedad privada y en el actual gobierno, protestas en demanda de empleo y una serie de invasiones de tierras.
