*La defensa del exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, presentó una carta firmada por el expresidente, lo que habría sido clave para que los jueces lo absolvieran de tres acusaciones por corrupción.
** La acción es vista como una medida de presión a los operadores de justicia y como una injerencia del Poder Ejecutivo, pues Zelaya ostenta el cargo de “asesor presidencial”.
Expediente Público
Una constancia firmada el 8 de marzo por el expresidente Manuel “Mel” Zelaya Rosales, a la que tuvo acceso Expediente Público, estaría influyendo en las decisiones de la justicia de Honduras para favorecer a su correligionario Rodolfo Padilla Sunseri, a quien durante diez años (de 2009 al 2019) el Ministerio Público (MP) le presentó al menos ocho requerimientos judiciales por diferentes delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y evasión dolosa al huir de la justicia hondureña en el año 2017.
Padilla Sunseri, abogado de profesión y actualmente de 62 años, se postuló y ganó la alcaldía de San Pedro Sula en las elecciones de noviembre de 2005, las que también llevaron a Zelaya a la Presidencia de la República, ambos bajo la bandera del Partido Liberal.
En junio de 2009 Zelaya sufrió un golpe de Estado, y ante las nuevas condiciones políticas, Padilla se retiró de la alcaldía y se adhirió a los grupos de oposición, llegando a integrarse para las elecciones de 2013 como candidato a diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), fundado por el expresidente. Sin embargo, fue inhabilitado por sus problemas con la justicia.
Tras salir de la alcaldía, el Ministerio Público le presentó las acusaciones por corrupción, las que enfrentó en los tribunales hasta septiembre de 2017, cuando tras ser declarado culpable en uno de los juicios se ordenó su traslado a prisión. Esto lo llevó a violar la disposición de arresto domiciliario de la que gozaba, y a huir hacia Nicaragua, donde se mantendría hasta la fecha. Tiene orden de captura internacional.
Tras la llegada de Libre al poder, con la presidenta Xiomara Castro a la cabeza, y su esposo “Mel” Zelaya como asesor presidencial, se aprobó la “Ley para la reconstrucción del Estado de derecho, constitucional, socialista y democrático, para que los hechos no se repitan” (Ley de Amnistía), considerada por diversos sectores como un nuevo pacto de impunidad.
Ese decreto de amnistía, vigente desde el 4 de febrero de 2022, concede a funcionarios, empleados o autoridades del periodo de Zelaya (2006-2009) la posibilidad de ser absueltos de sus delitos, al considerar que tales procesos judiciales fueron motivados por oponerse y protestar contra el Golpe de Estado, y por actos propios del ejercicio de su función pública. La ley no menciona la necesidad de tener ninguna constancia de persona particular para aplicarla.
Expediente Público intentó comunicarse en diferentes ocasiones con el expresidente Zelaya, tanto de forma escrita (como lo pidieron los voceros de Casa Presidencial), así como vía telefónica, pero no hubo ninguna respuesta. De igual forma se contactó al abogado René Altamirano, defensor de Padilla, con el mismo resultado.
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La carta de Zelaya, factor clave
Entre los primeros beneficiados por la amnistía estuvieron el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza (también exiliado en Nicaragua hasta el 18 de marzo de 2022), acusado de sustraer unos 2 millones de dólares de las bóvedas del Banco Central de Honduras; y el exgerente de la estatal Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) Marcelo Chimirri, condenado a 17 años de cárcel en dos procesos por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y fraude, al aceptar coimas de una compañía estadounidense. En ninguno de los dos casos hubo carta del expresidente.
La defensa de Padilla Sunseri, representada por los abogados Altamirano y Sonia Marlina Dubón, solicitó acogerse al beneficio de la amnistía en los diferentes procesos que enfrenta. Sin embargo, las primeras resoluciones de los jueces, el 4 y 15 de marzo, fueron adversas.
Para el 8 de marzo, el expresidente Zelaya había firmado la carta donde se reconocía a Padilla como un perseguido político y no como autor de delitos de corrupción. Esta sería la clave para cambiar el escenario en las siguientes audiencias, realizadas en abril.
El documento, rubricado por el expresidente y certificado ante notario público señala que Padilla Sunseri “fue víctima de persecución judicial, y después del golpe de Estado sufrió obligado exilio en la República de Nicaragua”.
Además, que “al recrudecer la persecución policial en su contra tuvo que abandonar el país para preservar su seguridad y su vida, razones por las cuales es un indiscutido perseguido político y los juicios criminales que han sido promovidos en su contra tienen una indudable motivación política”.
La carta fue utilizada para documentar las siguientes peticiones de amnistía en audiencias ad hoc celebradas el 6, 7 y 8 de abril de este año. En esta última fecha, las juezas Adalgiza Rodríguez y Ana Ilsa Marilú Torres resolvieron a favor del exalcalde, al declarar extinguida la responsabilidad penal, decretar el sobreseimiento definitivo y revocar las órdenes de captura en tres casos.
Dentro de la motivación de sus resoluciones está incluida la constancia de Zelaya, citando textualmente los mismos argumentos. Además, se rememora que Padilla fue parte del equipo que negoció el “Acuerdo de Cartagena” en el 2010, que permitió al expresidente volver a Honduras, y que por sus acciones “es un indiscutido perseguido político”.
Es corrupción, no persecución
Los actos juzgados en los tres procesos donde obtuvo el beneficio hacen referencia a sus “funciones como alcalde municipal, no se trata de persecución política como lo hace creer la defensa”, expuso la Fiscalía durante una de las audiencias.
Uno de los expedientes sobreseídos es por una acusación presentada el 26 de noviembre de 2019 por el Ministerio Público por 87 delitos de abuso de autoridad y uno de malversación de caudales públicos. Esto por el otorgamiento ilegal de préstamos personales a varios empleados municipales por un monto de 9.4 millones de lempiras ($385 mil al cambio actual), sin contar con la aprobación de la corporación municipal y sin estar dentro del presupuesto.
La resolución consigna que “la suscrita juez de garantías no se pronuncia sobre el fondo de los delitos”. Es decir, acata taxativamente el decreto de amnistía.
El segundo caso sobreseído es por una acusación interpuesta el 3 de agosto de 2009 por los delitos de malversación y abuso de autoridad. Un decreto obligaba a la alcaldía de San Pedro Sula a compartir la administración y los ingresos de una caseta de peaje con los municipios de La Lima y San Manuel, pero Padilla no lo hizo, según la justificación judicial.
Mientras que el tercer requerimiento judicial del que se libró fue presentado el 21 de agosto de 2013 por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. Esto en relación a un proyecto de pavimentación iniciado en febrero de 2007 con un anticipo de un millón de lempiras (unos 40 mil dólares), a la empresa constructora Conhsa-Payhsa.
Ocho meses después, la constructora abandonó el proyecto por incumplimiento de pago. La corporación municipal autorizó a Padilla para gestionar una línea de crédito ante la banca por hasta 331 millones de lempiras ($13.5 millones) para un plan de inversión que incluía el proyecto de pavimentación. Dos bancos aportaron el dinero, pero la obra por la que la municipalidad había cobrado impuestos de forma anticipada, no se reactivó y los fondos fueron utilizados para otros fines.
El Ministerio Público apeló este fallo el 11 de abril. Argumentó que los demás funcionarios acusados junto a Padilla Sunseri “se presentaron a desvanecer los cargos” y que las aseveraciones de persecución política ya no se justifican porque el actual Gobierno es afín al encausado.
Zelaya y el control de la justicia
“La pregunta es ¿Qué peso hubiese tenido esa constancia en un Gobierno donde ‘Mel’ no tuviese poder?”, cuestionó un funcionario del Ministerio Público, quien pidió el anonimato.
La fuente declaró que tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía “en los cargos superiores están con mucho temor” a sufrir represalias, como el despido.
Consideró que con el decreto de amnistía la presidenta Castro y el Parlamento “están desautorizando para seguir acusando al Partido Nacional de corruptos”. Esto en alusión a que cuando el Partido Nacional estuvo en el poder, hasta enero pasado, fueron muchos los señalamientos por corrupción. Agregó que “los delitos para esa amnistía fueron estudiados y ajustados para beneficio de corruptos”.
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En relación a funcionarios de todo nivel que han sido exentos de responsabilidad ante la justicia, señaló que “al quedar impunes también pueden volver a laborar con el Estado. Es un daño inconmensurable”. Enfatizó que la constancia del expresidente Zelaya “se convirtió en el martillo de acero que quebrantó el brazo de la diosa Temis”.
La carta de Zelaya “ha abierto un abismo legal donde mucha gente puede quedar sin procesos, limpia totalmente, argumentando sencillamente que son perseguidos políticos, aunque nunca hayan asistido a ninguna manifestación ni a ninguna marcha”, dijo la fuente.
“De plano, si me pregunta si es legal, sí es legal. ¿Si es moral? No, no es moral”, dijo a Expediente Público el abogado y analista político Raúl Pineda Alvarado en relación a la constancia emitida por el expresidente Zelaya.
“No se puede desconocer el hecho de que es un político con extraordinario poder, que puede incidir en la decisión que tome un juez en un Poder Judicial que se ha caracterizado por su servilidad y por su sometimiento a otros poderes del Estado”, añadió.
El uso de la carta “no es usual, pero es una forma de presionar al juez, es su manera de mostrar los músculos”, dijo el letrado.
En este contexto, el martes 3 de mayo la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, se reunió con el fiscal general Óscar Chinchilla para hablar sobre la lucha contra la corrupción y el respeto de los derechos humanos. La diplomática publicó en su cuenta de Twitter sobre la importancia de proteger la independencia y el trabajo del Ministerio Público “para la impartición de justicia”.
También ese día, Dogu se reunió con el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, con quienes abordó los temas de la seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen transnacional y la protección del ambiente.
El último recurso
El beneficio otorgado a Padilla Sunseri y a otros exfuncionarios del gobierno de Zelaya podría venirse abajo si la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional la Ley de Amnistía.
El pasado 8 de marzo la jueza Karla Romero presentó un recurso, porque a su criterio la aplicación de ese decreto violenta la Constitución. Por coincidencia, la abogada Romero fue la misma que tomó promesa de ley a la presidenta Castro durante la toma de posesión el 27 de enero pasado.
“Si se declara (inconstitucional) tendrían que ser objeto de juicio nuevamente”, puntualizó el abogado Pineda Alvarado.
Mientras llega esta decisión de la Corte Suprema, la defensa del exalcalde se prepara para apelar los fallos que no les fueron favorables, lo que vendría a pavimentar el camino hacia la libertad de su defendido.
