** Expertos llaman al gobierno a corregir y tomar decisiones correctas: poner dinero en el bolsillo de las familias, acciones de alivio fiscal, eliminar gastos innecesarios e invertir en el progreso social para acelerar la recuperación tras la crisis sanitaria
A sus 41 años, Rosalina Valenzuela ya era pobre antes del COVID-19. Con una niña de 17 años con parálisis cerebral y una segunda hija de 12 años con autismo y déficit de atención, la vida ha sido complicada para esta familia. Abandonada por su esposo hace 7 años, nunca “trabajó” en algún proyecto de lucro, porque debía cuidar a sus niñas especiales, pese a que en su adolescencia se graduó de bachiller en computación.
Imposibilitada de conseguir un empleo con un horario “normal”, porque su niña mayor, Andrea, grita cuando se ausenta por mucho tiempo, en los últimos años se ha dedicado a limpiar casas, ingresos que complementa con donaciones que recibe de iglesias y ONGs.
Sin embargo, desde hace seis meses, cuando se decretó la emergencia a causa del COVID-19, su vida relativamente estable, se ha ido derrumbando por la falta de los ya escasos ingresos que recibía. “Por miedo al COVID la gente no me llama para limpiar casas, tienen miedo que uno lleve la enfermedad”, dice.
Por una casa pequeña suele cobrar 350 lempiras (14.12 dólares) y por una de dos pisos, 550 lempiras (22.18 dólares), lo cual le puede durar algunos días si se alimenta de lo básico: arroz, frijoles, huevos, nada de carne.
Pero al no tener trabajo, ver a sus hijas aguantar hambre no es una opción, así que le ha tocado salir a pedir dinero a los semáforos, llevando consigo una fotografía de Andrea. “Muchas veces me gritan en la calle, me insultan, me dicen que utilizo a mi hija para pedir y que yo puedo buscar trabajo. Yo busco pero no hallo”, relata.
Lastimosamente Rosalina y sus hijas podrían estar dentro del millón de personas que en Honduras pasarán de la pobreza a la extrema pobreza.
MEDIDAS INEFECTIVAS
Aunque las economías del mundo se van a pique y la gran mayoría de países determinaron el cierre de sus actividades comerciales y gran parte de sus operaciones productivas, no todos han obtenido iguales resultados, coinciden expertos en el tema. En el caso de Honduras la percepción es que la cuarentena ha servido de poco y que las acciones del gobierno han estado marcadas por la corrupción, ineficiencia en el gasto, poca ayuda a los más pobres y un endeudamiento acelerado.
Las medidas del gobierno iniciaron el 10 de febrero, exactamente un mes antes de que se reportara el primer caso de COVID-19 en el país, con la aprobación de una danza de millones que debían enfocarse en las necesidades sanitarias y económicas derivadas de la pandemia.
En ese momento se declaró el estado de “emergencia” y se aprobó el uso de hasta 110 millones de lempiras (más de 4,5 millones de dólares) para realizar compras directas. Días después, estas compras derivaron en señalamientos de corrupción al adquirir mascarillas, gel y otros artículos hasta 20 veces más caro de su precio original, además de ventiladores inservibles.
El 13 de marzo se aprobó la “Ley de aceleración económica”, donde presupuestaron 420 millones de dólares para la creación de una Red Integral Pública de Servicios de Salud/Seguro Social (RIPSS), mediante la cual se construirían al menos 95 centros médicos, incluyendo 11 hospitales. Según los legisladores, esto permitiría la creación de entre 80,000 y 120,000 empleos durante la etapa de construcción y al menos 10,000 empleos permanentes para operar los centros sanitarios.
Hasta la fecha no se ha puesto un tan solo ladrillo de esos 95 centros sanitarios, por lo que tampoco se han generado los 80,000 o 120,000 empleos prometidos. El secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, dijo que el obstáculo está en la aprobación de los recursos en la Comisión Nacional de Banca y Seguros.
En lugar de esas construcciones permanentes, en marzo se pagaron 7 hospitales móviles por un valor de 48 millones de dólares, en medio de una serie de críticas por actos de corrupción. El Consejo Nacional Anticorrupción (ONG de la sociedad civil) documentó una sobrevaloración por 32 millones de dólares. También indicaron que lo adquirido son salas de triaje de segunda mano, y que en lugar de ventiladores mecánicos traían máquinas portátiles de rayos x usadas y hasta con restos de cal. Hasta el momento de esta publicación, solo dos hospitales han llegado a Honduras y no están funcionando, porque aún les están haciendo ajustes y revisiones.
En la misma Ley de Aceleración Económica, el gobierno anunció una inversión en 8,700 kilómetros de autopistas, calles pavimentadas y carreteras lo que generaría 1,500 empleos directos y 14,000 indirectos en el 2020. Tampoco hay registro de esas obras.
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En la misma ley plantearon invertir 8,7 millones de dólares para reducir la tramitología en servicios ciudadanos y empresariales, pero también para promocionar la telemedicina, teletrabajo y la teleeducación. Hasta ahora no han habido modificaciones en cuanto a los trámites, la telemedicina se ha limitado a habilitar números de teléfono donde se “orienta” a las personas sobre la posibilidad de sufrir COVID-19 y en cuanto a la teleeducación, a finales de agosto el Congreso Nacional aprobó un decreto para hacer un canje con los medios de comunicación, de modo que pudieran pagar hasta un 50 por ciento del cánon obligatorio al gobierno mediante la transmisión de programas educativos. Sin embargo, a mediados de septiembre el exviceministro de Educación, Armando Euceda, declaró ante periodistas que las clases virtuales han sido un “fracaso”.
El 17 de marzo anunciaron el congelamiento de los precios de la canasta básica y un día después el estatal Banco Hondureño de la Producción y Vivienda (Banhprovi, banco de segundo piso) ordenó congelar por tres meses los pagos a préstamos otorgados.
Para agosto, la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (no gubernamental) anunció que durante la pandemia la canasta básica pasó de 9,500 lempiras a 10,200 lempiras, por lo que el “congelamiento” no funcionó.
Por otro lado, algunos usuarios del sistema financiero se han venido quejando que los bancos de primer piso, que facilitaron los créditos, capitalizaron los intereses dejados de pagar y los convirtieron en nuevas cuotas que serán pagadas al final del préstamo, alargando su duración y monto a pagar.
El gobierno también anunció en marzo la entrega de alimentos gratuitamente para 3.2 millones de personas y comisionó a una ONG, el Foro Nacional de Convergencia para que verificara su cumplimiento. Esa entidad de la sociedad civil había estado inactiva desde hace algún tiempo pero el gobierno la habilitó en diciembre de 2019, nombró en su dirección a alguien de confianza, y le confirió funciones de auditor contra la corrupción un mes antes de echar a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
Adicionalmente, el Banco Central de Honduras (BCH) ha venido anunciando en los últimos meses medidas de liberación de encaje bancario para permitir una mayor liquidez que permita entregar préstamos, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Esto se viene a sumar a la creación de un fondo de garantía por más de 2,000 millones de lempiras para respaldar los créditos a esta clase de negocios. Sin embargo, estas medidas tampoco han tenido el resultado esperado.
EXPANSIÓN FISCAL
Para el economista del Foro Social para el Desarrollo y Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), Alejandro Kafatti, las medidas adoptadas por el BCH son de “política monetaria”, lo cual es un error para paliar la presente y futura crisis económica de Honduras, pues lo que se necesita es una política de “expansión fiscal” que permita tener más dinero a las empresas y especialmente a las familias.
Para el economista Kafatti, existe un “error” en esta política porque están viendo el problema solamente como una crisis financiera, similar a la de 2008, y suponen que es una solución facilitar dinero a las instituciones financieras para la entrega de créditos a las Mipymes, que es el principal generador de empleo, con un aproximado de 1.8 millones de puestos.
Sin embargo, lo real es que el sistema financiero viene teniendo liquidez desde antes de la pandemia, pero los bancos no quieren prestar a las Mipymes por estar severamente endeudadas y no tener garantías para responder a más financiamiento.
Las Mipymes para acceder a los recursos “deben tener un récord crediticio y muchas no poseen ese récord crediticio porque se encuentran en la economía informal, se dedican a lo que conocemos normalmente como bultos, en el tema de ropa; o a la prestación de servicios, que no tienen la formalidad para ir a pedir un préstamo, no tienen las garantías hipotecarias necesarias”, dijo Kafatti.
Explicó que otra de las medidas adoptadas fue la disminución de la tasa de política monetaria, lo que en teoría tuvo que reflejar una baja en los intereses de los préstamos personales y productivos, pero eso tampoco se ha visto.
Según Kafatti, el gobierno debería enfocarse en crear “políticas fiscales expansionistas”, una perspectiva que se plantea “¿De qué forma puedo beneficiar fiscalmente a la ciudadanía”.
Ejemplificó que, una manera, es disminuyendo el impuesto sobre ventas, regresando de un 15 a un 13 por ciento. También es necesaria una reorientación del presupuesto, pero sobre todo, se debe tratar de garantizar los ingresos de las Mipymes y de los hogares.
En el tema de “reorientación de presupuesto” expresó que uno de los puntos podría ser reducir los altos salarios que paga el gobierno a un segmento de sus empleados, y dirigirlos a inversión. En el Fosdeh han hecho cálculos que si redujeran, proporcionalmente, hasta un 40 por ciento de los sueldos y salarios a quienes ganan desde 70,000 lempiras (unos 2,840 dólares) hacia arriba, el Estado podría ahorrarse unos 580 millones de lempiras (unos 23.5
millones de dólares).
A esto habría que agregar la eliminación de dietas, viajes innecesarios, alquiler o compra de vehículos y renta de edificios, con lo que el ahorro podría sumar entre 1,000 y 1,500 millones de lempiras (entre 41 y 61 millones de dólares).
Esos recursos podrían sumarse a los 10,000 millones de lempiras (406 millones de dólares) presupuestados para este 2020 en el tema de inversiones en carreteras, calles, puertos y aeropuertos. “Así, por un lado estaremos generando empleos de manera inmediata en el sector construcción y, por el otro, estaremos incrementando la productividad del país para la atracción de inversiones, nacional y extranjera”, acotó.
Finalmente sugirió atender la propuesta de las Naciones Unidas, en el sentido de crear una “renta básica universal”, una especie de salario mínimo, que en el caso de Honduras podría beneficiar a 1.2 millones de hogares en condición de pobreza. “Sería de 250 o 300 dólares, su equivalente en lempiras. Eso dependería de las posibilidades de las finanzas públicas”. Esto vendría a cubrir las necesidades de las familias pero también a dinamizar la economía al facilitar compras en tiendas de abarrotes, supermercados, gasolineras y otros negocios.
Reconoció que se deben impulsar medidas de rescate al sector informal de la economía, las Mipymes, que representan más del 70 por ciento del mercado laboral. Lo primero es agilizar mecanismos para formalizar esas empresas, lo que mejoraría su acceso a créditos y a nuevas posibilidades de negocio. Pero también se les podría asistir con capital semilla y podría analizarse la posibilidad de brindar algún tipo de seguridad social a las personas que trabajan en este sector.
Pero las medidas no se están tomando. Eso podría llevar a que “para finales del 2020 vamos a tener 3 de cada 4 hondureños en condición de pobreza, y dos de cada tres en situación de pobreza extrema”.
MEDIDAS TIBIAS
Para Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (la más influyente de Honduras), las medidas decretadas por el gobierno de Honduras “han sido muy pocas y muy tibias. Necesitamos más medidas y más contundentes. La economía ya está en coma, no podemos pretender sacar del coma a una economía con una aspirina. Necesitamos inyectar adrenalina al corazón y eso no es lo que se ha estado haciendo”.
Indicó que la reactivación económica no es solo permitir a los negocios que vuelvan a abrir sus puertas, porque a estas alturas decenas de empresas han cerrado y medio millón de puestos de trabajo se han perdido o están suspendidos.
Demandó que para lograr una verdadera reactivación se necesita poner una gran cantidad de dinero en circulación. Primero mediante una prórroga en el pago de los impuestos a personas y empresas; segundo mediante préstamos reales al sector formal e informal con tasas bajas y a plazos largos, pero también habilitar fondos no reembolsables al sector informal para reiniciar actividades.
“Sin embargo, para que el gobierno pueda hacer un sacrificio fiscal de la envergadura que se necesita, es indispensable que los recursos públicos se manejen con eficiencia, honradez, y con transparencia, y eso no ha estado sucediendo. El hecho de que se esté perdiendo dinero en actos de corrupción en estos días nos hace mucho más difícil la recuperación económica”, apuntó.
El empresario reseñó que este gobierno, presidido por Juan Orlando Hernández, “tiene la característica de que no escucha a los expertos”. En un primer momento ignoró a los expertos en salud y el problema se les fue de las manos, y ahora tampoco están escuchando las recomendaciones de expertos en finanzas, y van a reaccionar hasta que “estemos con el agua al cuello”, apuntó.
“La diferencia va a ser qué tan profunda vamos a dejar que se haga la crisis. Eso quiere decir sufrimiento, pobreza, miseria, pérdidas de trabajo. La cuestión es en qué momento van a escuchar a los expertos las autoridades para tomar las buenas decisiones”, se preguntó.
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Por otra parte, en un webinar en el que participaron periodistas de Expediente Público, denominado “Reactivación Inteligente, un esfuerzo de todos”, el economista Jaime García llamó a invertir en el progreso social, esto significa un mejor acceso a agua potable y saneamiento, educación, Internet y comunicaciones, combate a la desnutrición y bajar la inseguridad.
“Cuando invierto en progreso social, aumenta mi competitividad, y si aumenta mi competitividad, aumenta mi capacidad de crecer más rápido, de poder vender más, de poder atraer más turistas, de ir generando mejores avances económicos”, refirió García, quien es investigador senior y director de proyectos del Índice de Progreso Social del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) del INCAE Business School.
Refirió que Honduras se encuentra junto con Guatemala, Nicaragua y Bolivia en la parte baja del ranking de progreso social, con un nivel de 60, por lo que es urgente atender estos temas.
“Los países que más inversión extranjera directa atraen, son aquellos que garantizan más calidad de vida, capital humano, y es hacia allá donde se está moviendo el mundo”, concluyó el académico.
