*El régimen de Daniel Ortega pareciera volcar su odio en Matagalpa, donde obispos, sacerdotes, periodistas, ONGs y civiles han sido detenidos, perseguidos y encarcelados.
** El peor ataque armado en la ciudad fue el 15 de mayo del 2018 donde murieron Wilder David Reyes Hernández y José Alfredo Urroz Jirón, ambos sandinistas que luchaban en las barricadas de los llamados autoconvocados.
***Matagalpa y Jinotega fueron las ciudades donde la mayoría de la población rechazó la mortal represión del régimen de Daniel Ortega contra civiles.
Expediente Público
Cerca de las ocho de la mañana del 15 de mayo de 2018, se escucharon golpes de cacerolas dentro de las casas que alertaban la llegada de paramilitares hacia una de las 38 barricadas que tenían levantadas manifestantes en Matagalpa, quienes se habían unido a las protestas iniciadas el 18 de abril.
Días antes, la ciudad ya había sido atacada por grupos de choque progubernamentales apoyados por agentes de Policía, sin embargo, este día, fue el primero en dejar como resultado el asesinato de tres personas y al menos 40 heridos en el ataque a Las Praderas, la zona de salida hacia la capital, Managua, ubicada a 129 kilómetros de distancia.
Nicaragua llevaba 27 días desde el inicio de las protestas cívicas contra el Gobierno debido a la falta de respuesta ante el incendio que se producía en la Reserva Indio Maíz, además de una reforma al seguro social que afectaba a personas de la tercera edad, y que finalmente desencadenó la represión por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra disidentes en los 15 departamentos que exigían su retiro del poder.
Huleras, barricadas, piedras y morteros
“Era un ambiente prácticamente de una guerra, porque ellos disparaban a matar y sin importarles quién estuviera en frente. Uno escuchaba y sentía las balas pasar a todo su alrededor y miraba cómo las personas caían heridas”, recordó a Expediente Público el matagalpino Edwin Guillermo López.
López, conocido popularmente como “Memo”, era uno de los jóvenes que hacía guardia en los tranques, pero esa mañana durmió en su casa. Al darse cuenta de la presencia de policías donde se encontraban estudiantes y civiles, fue a apoyarlos.
“Ya había habido dos enfrentamientos, pero ninguno como el del 15 de mayo” recordó López.
El defensor nicaragüense de derechos humanos, y también originario de Matagalpa, Yader Valdivia fue testigo presencial de esta masacre junto a organismos nacionales e internacionales que documentaban in situ la grave situación en el país durante las protestas.
¨Nosotros pudimos ver en fotografías y también presenciar a civiles armados que ingresaron por la UNAN de Matagalpa, que daba desde una calle principal en la zona de adentro de Matagalpa, hacia la carretera donde se estaba dando este enfrentamiento¨, narró a Expediente Público.
Susbríbase al boletín de Expediente Público y reciba más información
Fusiles AK contra civiles
Según la documentación de Valdivia, la Policía entregó a paramilitares bombas lacrimógenas, gomas de bala y balas de fusiles AK que usaron contra quienes resistían detrás de las trincheras, con huleras, piedras, morteros y pedazos de barriles de metal o antenas de hierro para protegerse.
“En ese momento pudimos observar que no estaban preparados para una situación así”, agregó el defensor que también tuvo que exiliarse en Costa Rica debido a la persecución a miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) del que formaba parte.
Durante el ataque que tardó alrededor de 12 horas según el testimonio de testigos entrevistados por Expediente Público, los adultos y niños que vivían cerca fueron afectadas por los gases lacrimógenos.
¡Una moto! ¡Una moto! -gritaban al unísono para pedir auxilio tratando de salvar a las personas que eran heridas de bala por los grupos de choque, paramilitares y agentes de la Policía.
Pero “no se podía llevar a los heridos al hospital público de Matagalpa, porque como es un hospital del gobierno, entonces, ahí los desaparecían”, relató “Memo” desde el exilio.
En cambio, los afectados fueron trasladados a puestos de salud improvisados en iglesias, casas o clínicas, organizados por estudiantes de medicina.
Heridas: de balas y de la memoria
“Tuvimos casos ese día en que fueron al César Amador Molina que es el hospital de Matagalpa y no lo atendieron¨, denunció a Expediente Público, Carlos Argüello, que en ese año cursaba el pre internado de la carrera de medicina en la Universidad Militar Alejandro Bolaños.
Argüello, originario de Matagalpa aseguró que “cada quien estaba en su puesto, en su trinchera y de repente cayó la Policía, la Juventud Sandinista, paramilitares y comenzaron las balas”.
En entrevista con Expediente Público, Argüello afirmó que el ataque fue “una catástrofe para nosotros los matagalpinos ese día, porque vimos un montón de personas […] que hasta el día de hoy no pueden valerse… Hay personas a las que le perforaron los pulmones”.
Deslice para ver más información
A Mauricio Gutiérrez ese día una bala le atravesó la parte izquierda de su mandíbula. En noviembre de 2018 tuvo que salir de Nicaragua debido a las amenazas en su contra. Casi cinco años después, afirmó que esto ha sido un trauma que sigue sin superar, por las secuelas físicas y emocionales que esto le dejó.
“A las 4:30 antes que me dieran un balazo, a un muchacho le hirieron frente de mí, no sé si era arma hechiza, no sé si era escopeta, pero todos los tiros casi los lleva por el pulmón. La parte de las costillas y ensangrentado. Yo ya fui casi de los últimos heridos a las cinco de la tarde” recordó Gutiérrez.
“Éramos más de 21 personas en esa clínica. Yo fui uno de los últimos en salir por el estado en el que estaba”, agregó.
Asesinatos en la impunidad
“La mandíbula me duele siempre. Mantengo ese dolor constante. Tengo que estar medicado y a veces no tengo dinero para comprar el medicamento”, dijo desde el exilio.
Puede leer: Régimen de Daniel Ortega listo para crucificar a Obispo Rolando Álvarez
De acuerdo al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, tres personas murieron por heridas de arma de fuego, y al menos 40 resultaron heridas el 15 de mayo, un día antes del esperado inicio del Diálogo Nacional entre el régimen y diferentes sectores de la oposición con la Iglesia católica como intermediaria, que al final, no tuvo ningún resultado.
El primer caso fue el de Wilder David Reyes Hernández, quien trabajaba en la Alcaldía Municipal y recibió un disparo en su abdomen.
José Alfredo Urroz Jirón, docente de la Escuela Carlos Fonseca, fue impactado por un proyectil en la cabeza que le provocó horas después un infarto cerebral en el Hospital Lenin Fonseca, en la capital Managua.
Ambos fueron reconocidos por el sancionado alcalde Sadrach Zeledón como “militantes sandinistas” y acusaron a manifestantes de sus muertes, sin embargo, el GIEI también recibió versiones que vinculaban a policías e integrantes de grupos de choques del régimen en la muerte del manifestante.
Ninguna investigación
Luis Alberto Sovalbarro Herrera era comerciante y conductor de vehículos de transporte de mercaderías. Tenía un hijo de 7 años y su esposa estaba embarazada cuando él se involucró en las marchas.
Sovalbarro murió por un proyectil de arma de fuego en el cuello. Fue internado en cuidados intensivos del Hospital Vivian Pellas y falleció el 12 de julio del 2018.
“No ha habido la voluntad de parte del Estado de poder investigar estas muertes” aseguró Valdivia que ahora integra el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Deslice para ver más información
Deslice para ver más información
“Si el Estado no ha podido esclarecer los asesinatos de personas trabajadoras del Estado que fueron víctimas de este día, mucho menos para quienes no contamos con un apoyo de parte del Estado nicaragüense. Nosotros conocemos casos de personas que fueron heridas de forma grave, que perdieron movilidad en sus piernas, movilidad en sus manos o que perdieron un ojo”, afirmó.
Además: Niños, mujeres y ancianos: las verdaderas víctimas tras el cierre de ONG en Nicaragua
Blanco de ataques del régimen
El régimen no ha perdonado el levantamiento cívico en Matagalpa. Desde 2018 esa ciudad está en la “lógica de la política represiva del Gobierno”, por lo que no han cesado los ataques sistemáticos a defensores de derechos humanos, periodistas y sacerdotes, aseguró el defensor de derechos humanos, Juan Carlos Arce.
En la ciudad, varias organizaciones civiles han sido cerradas y confiscadas por el Gobierno, como ejemplo, el Colectivo de Mujeres de Matagalpa, que enes trabajaron por más de tres décadas en la lucha de violencia contra la mujer en las zonas rurales del departamento.
En la ciudad han sido cerrados medios de comunicación, universidades y organizaciones no gubernamentales como Cáritas. Además, su obispo Rolando Álvarez fue condenado a 26 años de cárcel y se encuentra detenido en las cárceles del régimen solo por estar en contra de las injusticias y violaciones de derechos humanos que se cometen en este país centroamericano.
Para Arce, la población matagalpina, durante 2018, fue uno de los núcleos urbanos más activos en la demanda de justicia, democracia y libertad.
Perseguidos y aniquilados
“Incluso antes de 2018 tanto Matagalpa como Jinotega, fueron escenarios del alzamiento de pequeños grupos de rearmados con fines políticos, todos ellos fueron perseguidos y aniquilados por el Ejército en conjunto con la Policía” explicó Arce.
Otro importante acontecimiento, fue el acompañamiento al entierro del preso político Eddy Montes, aún cuando el régimen ya había establecido la presencia de policías y paramilitares para evitar manifestaciones.
“En 2019 miles de matagalpinos salieron a las calles transgrediendo el estado policial, establecido en septiembre de 2018, para acompañar el entierro del preso político Eddy Montes Praslin, siendo la primera gran marcha en el contexto del estado policial establecido desde septiembre de 2018” recordó el defensor.
Deslice para ver más información
Deslice para ver más información
Deslice para ver más información
Deslice para ver más información
Deslice para ver más información
La criminalización y persecución contra líderes de la Iglesia Católica, como la orden de captura contra padre Uriel Vallejo, la detención de Monseñor Álvarez y el cierre de los medios de comunicación de la iglesia, muestra una saña contante contra los pobladores.
“La voz de la Iglesia Católica de Matagalpa hasta agosto de 2022, era una de las voces más potentes, presentes y activas de toda la iglesia de Nicaragua. Acá el Obispo Álvarez tiene un papel relevante, pero también decenas de sacerdotes de la curia y de distintos municipios del departamento”, afirmó Arce.
Emisoras cerradas
Además, en los últimos meses al menos 8 radioemisoras y varios canales de televisión de la ciudad fueron ilegalizados y ha habido persecución contra varios periodistas. En diciembre pasado Manuel Antonio Obando Cortedano, jefe de medios de la diócesis de Matagalpa y Wilberto Artola Mejía, periodista del canal digital TV Merced, fueron apresados por colaborar con la iglesia. Otros reporteros han tenido que salir del país.
La travesía de Mauricio Gutiérrez no fue fácil. Salió de Nicaragua a Costa Rica. Luego fue a Honduras, El Salvador, Guatemala y México, hasta llegar a Estados Unidos. No ha podido ver a su esposa y a sus hijos.
“Después del 15 de mayo se empezaron a encrudecer las cosas […] todo ese tiempo hubo más y más enfrentamientos. El último que hubo fue cuando el Gobierno mandó a deshacerse de los tranques, a matar al que se opusiera y desmantelar todo” narró López.
Carlos Argüello tuvo que dejar su carrera de Medicina y ahora vive a más de 9 mil kilómetros de distancia de su familia, en Alemania. “Todos los días, queremos volver, es que, con el simple hecho de volver y contemplar Matagalpa, contemplar Nicaragua, contemplar nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra gente, es algo que no tiene precio” expresó.
“El régimen nicaragüense no solo no ha investigado estos crímenes, sino que ha perseguido a las víctimas encarcelándolas y obligándolas al exilio” concluyó.
