*Sobrevivientes de los asesinatos en el caserío El Mozote y zona aledañas siguen esperando sin éxito que el sistema judicial concluya un juicio contra el alto mando castrense.
**La masacre fue cometida entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981, cuando unidades del Ejército salvadoreño, encabezadas por el batallón contrainsurgente Atlacatl, realizaron una operación de tierra arrasada contra la población civil del noreste del departamento de Morazán.
Eric Lemus / Expediente Público
Domingo Tobar tenía 20 años cuando pidió permiso a sus mandos guerrilleros para salir de los campamentos clandestinos entre las montañas del noreste del departamento de Morazán porque las noticias que llegaban no eran agradables.
Entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981 un operativo de tierra arrasada organizado por la Fuerza Armada salvadoreña cercó unos poblados rurales que eran categorizados como territorio enemigo, aunque la población residente nunca tuvo relación con la que entonces era la incipiente guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Luego de 41 años, Tobar, que durante la guerra civil fue conocido como comandante Melo, recorre aquellas montañas y caminos enrevesados junto a Expediente Público y relata su vivencia.
La masacre de El Mozote abarcó un total de cuatro cantones aledaños a esta zona montañosa y cobró la vida de 978 víctimas civiles, entre los que hubo 553 niños y 422 adultos, incluyendo a 12 mujeres embarazadas.
Así se ejecutó la masacre
El operativo organizado por el ejército salvadoreño empezó con un cerco instalado en las principales calles de acceso que suben hacia el noreste de Morazán, al mismo tiempo que el batallón Atlacatl desembarcó cientos de soldados de élite en el municipio de Jocoatique, que descendieron hacia los poblados que habían sido definidos como objetivos de guerra.
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Tobar, que ahora integra el concejo municipal del gobierno local de Meanguera, en cuya jurisdicción está El Mozote, recuerda que salió en búsqueda de su familia; especialmente de su madre, esposa e hija, en ese entonces una bebé de dos años.
Tobar originalmente estuvo de alta en la Policía Nacional antes de integrar las filas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), donde se transformó en comandante e integró las Brigadas Rafael Arce Zablah (BRAZ), la unidad de avance rebelde.
«Nunca encontré a mi hija»
“Primero me fui al caserío El Barrial, que es donde vivía mi familia, y que está en el cantón Cerro Pando. Allí los asesinatos ocurrieron el 13 de diciembre cuando el batallón Atlacatl ya había retirado sus tropas. Entonces uno de los oficiales de las unidades que montaron el anillo de seguridad decidió que no se iba a regresar con las manos vacías, así que entraron a matar a la gente”, recuerda Tobar.
“De mi familia ellos asesinaron a 42 y de la de mi señora fueron 80 muertos. Cuando los soldados mataron a mi compañera de vida, María Santos Argueta Martínez, ella tenía 19 años (…) a mi hija… nunca encontré a mi hija y cuando concluyó la guerra la reporté como secuestrada”, recrea Tobar para Expediente Público mientras nos lleva por un camino de veredas escondidas entre lomas y cerros agrestes que fueron escenario de combates terribles.
La fotografía histórica
Tobar fue buscando entre los escenarios de las masacres, incluyendo El Mozote, antes de llegar a su poblado natal. En uno de esos momentos fue captado por la lente fotográfica del periodista sueco Ulf Aneer, quien junto a su colega Lars Palmgren, fueron los primeros corresponsales que ingresaron a testimoniar las atrocidades cometidas por el ejército salvadoreño.
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Aneer y Palmgren eran periodistas freelance de la revista ETC, cuya publicación en Suecia no tuvo el mismo impacto que el público estadounidense luego del artículo de Raymond Booner y Susan Meiselas, que reprodujo The New York Times y el texto de Susan Meiselas en The Washington Post.
Los dos periodistas suecos iniciaron el contacto con la guerrilla salvadoreña en la ciudad de México el 17 de noviembre de 1981, pero lograron viajar hasta Tegucigalpa, la capital de Honduras, hasta mediados de diciembre. Luego, gracias a contactos, llegaron a un campamento de refugiados en una zona fronteriza con El Salvador desde donde unos guías los adentraron por los senderos escarpados de las montañas de Morazán, uno de los departamentos más golpeados durante la guerra civil salvadoreña acaecida entre 1980 y 1992.
Una vez cruzaron clandestinamente la frontera entre Honduras y El Salvador, siguieron marchando siete días y siete noches hacia el campamento del ERP conocido como “Casco Nuevo” (Casco Viejo, el actual caserío El Zapotal), donde estuvo el estudio improvisado de Radio Venceremos y fue ahí donde conocieron a Rufina Amaya, la campesina sobreviviente de la masacre en El Mozote. Era el 30 de diciembre de 1981.
Perdió a todos sus hijos
Rufina, traumatizada, relató cómo perdió a todos sus hijos, escuchó el llanto y el clamor de todos los demás niños del poblado, los gritos de las mujeres y niñas que fueron violadas metódicamente por los soldados bajo el mando del coronel Domingo Monterrosa, el jefe militar favorito de Washington.
El 31 de diciembre presenciaron la misa oficiada por el sacerdote de nacionalidad belga Rogelio Ponseele y escucharon los acordes del grupo de música tradicional “Los torogoces de Morazán”.
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Temprano, el 1 de enero de 1982, reiniciaron el camino. En todo el trayecto hecho al amparo de la madrugada iban percibiendo el olor putrefacto a medida se acercaron a El Mozote y los caseríos aledaños. Entre la penumbra distinguían los restos de vacas que yacían muertas a la vera del camino. Pero al llegar al destino final, Ulf también comprendió que era testigo de una tragedia inimaginable.
Escenas dantescas
“Llegamos como dos semanas y pico después de la masacre y a medida que caminábamos percibí el olor de cadáveres en descomposición. Luego, vimos muchos restos humanos. No estaban enterrados. Otros eran devorados por los animales y al amanecer vi el daño físico, la destrucción total de las casas”, relata Aneer a Expediente Público.
Adentro de algunas casas yacían los restos de cuerpos calcinados. Bajo los techos derrumbados de unas viviendas aparecían espinazos, cráneos, restos óseos que sobresalían entre un caos incompresible. Juguetes de niños, botellas pequeñas, biberones, ropas rasgadas, y una iglesia consumida por las llamas de la que todavía resistían las paredes. Adentro estaban los restos de mujeres y niños ametrallados y luego abrasados por el fuego.
Ese recuerdo persiste en la memoria de este periodista sueco, que, tras cubrir El Salvador, siguió dedicando su talento al resto de Centroamérica por 15 años.
El juicio ralentizado
El caso fue reabierto en 2016 y dieciséis altos oficiales militares fueron llevados ante la justicia en el Juzgado de San Francisco Gotera. En 2020, durante el juicio ahora en curso, la testigo experto Terry Karl afirmó que el asesor militar estadounidense Allen Bruce Hazelwood asistía al ejército salvadoreño y supo de la masacre.
Pero el año pasado sucedieron dos noticias. Una mala y otra buena. La mala es que el Congreso salvadoreño, que controla el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, aprobó un decreto que obligó la jubilación de todos los jueces mayores de 60 años. Y la buena es que quien era el encargado de Negocios de Estados Unidos, Brendan O’Brien, presentó un legajo de documentos desclasificados para que fueran añadidos al proceso judicial.
“Entregamos documentos desclasificados de nuestro Departamento de Defensa solicitados por el juzgado encargado de la investigación”, dijo O’Brien, ante el optimismo de los sobrevivientes de la tragedia.
Dorilia Márquez, a quien le asesinaron casi 100 familiares, exhortó porque “esa gran cantidad de niños, niñas, mujeres embarazadas no puede quedar en la impunidad”, en un evento emotivo que fue cubierto por la prensa internacional.
El magistrado Jaime Guzmán, que tiene 62 años, fue reemplazado por una jueza que ralentizó todo el proceso judicial.
Ovidio Mauricio, director ejecutivo de la organización Tutela Legal “María Julia Hernández”, fustigó el nuevo atraso porque “creemos que el juicio está suficiente depurado y venir a extender, a dilatar más el proceso porque hay suficiente prueba… hay prueba documental, pericial, testimonial y científica”.
Asesinato masivo El Mozote
En el proceso judicial del caso El Mozote más de una docena de militares retirados, de los cuales algunos ya murieron, son procesados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, que es calificada como el asesinato masivo de civiles más grande registrada en América Latina en el siglo XX.
El comandante Melo recorre los senderos por donde hace cuatro décadas buscó a su hija sin éxito. A cambio de aquel esfuerzo, sin embargo, cuenta que años atrás le llegó una información acerca de un desenlace insospechado. Un miembro del ejército, que era un antiguo amigo en las filas castrenses, confirmó que halló a su hija.
“Hace cinco años surgió una versión de los investigadores del Estado a raíz de que hablaron con uno de los miembros de los batallones del ejército, donde manifestaron que un amigo reconoció que esa niña era mi hija y la metió en su mochila”, dijo.
Sin piedad
“Pero dice el testigo que cuando llegó a una casa donde estaban matando a una familia de once miembros (mamá y papá, y niños de sexo masculino, pero más grandes que mi hija), resulta que encontró a un oficial a cargo, que le dijo: –Y vos para dónde llevas esa niña –le preguntó enojado”, relató.
Entonces el soldado respondió que era de un amigo, o sea yo, y que la iba a llevar porque los niños no deben nada.
Y dicen que al teniente le cayó mal y le gritó: –Si te emboscan de aquí para allá en el camino ¿cómo vas a hacer con ella? Te va a servir de estorbo. ¡Tirala ahí que la vamos a matar!
Entonces supo que nunca iba a encontrar a su niña entre los restos de la casa donde estaba su esposa y el resto de la familia. Así supo que debió cerrar esa herida porque la guerra es cruel y en El Salvador no tuvo piedad contra los niños.
