Luis emigró de Danlí a Tegucigalpa hace 17 años. Cuando llegó a la capital hondureña, el trabajo que encontró fue como guardia de seguridad privada. Proveniente de una familia de agricultores sin tierra propia, el servicio militar era prácticamente lo único que aparecía en su hoja de vida.
Desde el 2001 ha trabajado en una misma colonia, catalogada por la Alcaldía como un «barrio seguro». Día y noche vigila el portón de la entrada, los siete días de la semana. En los últimos cinco años la colonia registró dos asesinatos, una cifra que no escandaliza a una ciudad donde en ese período se cometieron 4,388 crímenes.
La pobreza fue quien impulsó a Luis a la capital, en Danlí no encontraba ninguna fuente permanente de ingresos. «Allá solo hay dos opciones, trabajar en la producción de tabaco o de café, el problema es que eso es solo por temporadas», explica a Expediente Público, mientras envaina su machete. Para él, las consecuencias de la inseguridad en Tegucigalpa han sido más «rentables» que la agricultura. Mensualmente recibe 18 mil lempiras (762 dólares), 500 lempiras (21 dólares) por cada casa que paga sus servicios. El dinero lo comparte con sus tres hijos y con un hermano, quien eventualmente colabora con la vigilancia. En conjunto, ninguno alcanza el salario mínimo.
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Sus tres vástagos, todos menores de edad, son quienes más tiempo pasan en el portón. Ninguno de ellos egresó de la primaria, «cuando aprendieron lo básico, a leer y a escribir, los saqué para que me ayudaran con el trabajo», comenta Luis, quien tampoco cursó la educación media. Él y sus hijos personalizan la tasa de escolaridad en Honduras, que es de 5.5 años por habitante.
Luis emigró de Danlí a Tegucigalpa hace 17 años.Desde el 2001 ha trabajado en una misma colonia, catalogada por la Alcaldía como un «barrio seguro». Día y noche vigila el portón de la entrada, los siete días de la semana.
A unas cuadras de su caseta -de unos dos metros cuadrados, sin baño-, en la colonia se construye un proyecto habitacional. Son dos torres de 14 pisos, cada una con una área social compartida, un gimnasio, una piscina y apartamentos con dos o tres dormitorios. La vivienda más pequeña costaba 124 mil dólares. Ahora solo hay un par en reventa, las demás se vendieron antes de finalizar la obra.
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el 2017, Honduras fue el quinto país de América Latina que más aumentó su riqueza nacional, con un incremento del 3.9% de su Producto Interno Bruto (PIB). El auge inmobiliario en la capital se considera parte de ese crecimiento económico.
Pero al monitorear la brecha entre ricos y pobres en 2018, el Banco Mundial ubicó a Honduras como el tercer país más desigual del mundo, solo Sudáfrica y Haití le superaron. Recientemente un informe del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) señaló que en el 2017 habían más de seis millones de personas en condiciones de pobreza. Luis y su familia, quienes alquilan una casa en la colonia San Miguel, forman parte de este censo.
Datos sobre la pobreza
De acuerdo a Gisell Vásquez, investigadora del Fosdeh, el aumento del 3.9% del PIB durante el 2017, no fue inclusivo. «Si vemos la macroeconomía, hay indicadores que reflejan que estamos mejorando, sin embargo, no es lo mismo el crecimiento económico que el desarrollo. La desigualdad más bien ha aumentado», explica.
Para esta joven economista, al analizar los ingresos de los diferentes estratos sociales, «vemos una diferencia creciente entre quienes tienen menos ingresos, con los que más tienen. La desigualdad es ocasionada por aspectos de gobernanza y políticas públicas», comenta.
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El informe «Seguimiento y Evaluación del Gasto Público en Seguridad y Defensa 2002-2018», realizado por esta organización, señala que la atención no integral y sostenible de las causas que desmejoran las condiciones de vida de la población hondureña, conlleva que a medida que aumenta la demografía nacional, la pobreza se reproduce.
Al monitorear la brecha entre ricos y pobres en 2018, el Banco Mundial ubicó a Honduras como el tercer país más desigual del mundo, solo Sudáfrica y Haití le superaron.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en los últimos 16 años la población creció en un 36%. De los casi 9 millones de habitantes en el 2017, seis millones se encontraban en condiciones de pobreza, el 64% de ellos vivía bajo una pobreza extrema y un 36% en pobreza relativa.
En las últimas décadas, la capacidad adquisitiva de los pobladores no aumentó a la velocidad del costo de la vida. Correspondiente a la tasa de cambio por cada año, en 2001 un hondureño invertía en promedio, 69 dólares mensuales para la compra de la canasta básica, en 2017 destinó unos 106 dólares.
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«El manejo inapropiado de los recursos públicos, la ausencia de planes de país con visión, metas y objetivos de corto, mediano y largo plazo, así como la implementación de políticas públicas no integrales o con riesgo de insostenibilidad, da lugar a la producción y reproducción de la pobreza», señala el estudio, cuyo propósito fue analizar el gasto público en seguridad y defensa, contrastándolo con algunos indicadores de violencia y de pobreza.
Desde el 2001 hasta el 2017, el Estado de Honduras destinó más de 421 mil millones de lempiras (17.8 mil millones de dólares) en la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP). «A pesar de todo ese gasto, la pobreza no tuvo resultados positivos. La pregunta es: ¿adónde se fue ese dinero?», consulta Gisell, apoyándose en los datos del INE, quien en ese mismo periodo, reportó 1.4 millones de nuevos pobres.
Los datos son oficiales, cuando en 2001 inició la ejecución de la ERP, la tasa de pobreza en Honduras era de 63.7, después que cinco mandatos utilizaran estos fondos, el promedio más bien aumentó, presentando en 2017 una tasa de 64.3.
Para esta economista, el fracaso de la ERP se debe a diversos factores, como la corrupción, la debilidad institucional, la indisciplina presupuestaria y la falta de una visión a largo plazo, con metas armonizadas que conduzcan al desarrollo del país.
«También hay un desenfoque en las políticas, al revisar el presupuesto público de 2018 vemos que se redujo la inversión para la salud y la educación, en cambio, a la defensa y a la seguridad se les aumentó el presupuesto. Por estar enfocados solo en esta área, el gobierno desatiende las causas de la pobreza», señala Gisell Vásquez.
Más seguridad y defensa
Desde el 2002, el Estado ha gastado 107.8 mil millones de lempiras (5.3 mil millones de dólares) en seguridad y defensa, una cuarta parte de lo destinado para reducir la pobreza. Con un 1.6% del PIB, ningún otro país centroamericano gasta más en militares que Honduras, en El Salvador destinan el 1%; en Guatemala, 0.40%; y en Nicaragua, 0.60%.
En 2017, por cada habitante, el gobierno hondureño supuestamente invirtió 5,169 lempiras (219 dólares) para disminuir la pobreza, y 1,641 lempiras (69 dólares) en materia de seguridad y defensa. En los últimos 16 años, el incremento de este rubro fue del 641% (más de 114% que el de la ERP).
Desde el 2002, todas las administraciones aumentaron el presupuesto de las secretarías de seguridad y defensa, siendo el de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) el que más lo incrementó. De acuerdo a cifras presentada por el Fosdeh, el gobierno de Ricardo Maduro presentó un aumento de 15.9%; el de Manuel Zelaya Rosales, 101.9%; el de Porfirio Lobo Sosa, 75%; y el de Juan Orlando Hernández, 74.8%.
Considerando la tasa de cambio en el 2002, el presupuesto en seguridad y defensa en ese año fue de 122.2 millones de dólares, en contraste con los 616.1 millones de dólares aprobados en 2018, los cuales representan el 6% del actual Presupuesto General de la República.
Desde el 2002, el Estado ha gastado 107.8 mil millones de lempiras en seguridad y defensa, una cuarta parte de lo destinado para reducir la desigualdad.
La principal fuente de este presupuesto es el tesoro nacional, es decir, lo recaudado con el impuesto sobre la venta, sobre la renta y a través de fideicomisos como el de la tasa de seguridad. Como segunda vía se encuentran las deudas con bancos o países como EEUU o España. «La principal fuente es el impuesto sobre venta. O sea, estos presupuestos salen de los bolsillos de la ciudadanía, donde el que menos tiene es el que más paga en proporción a sus ingresos, y a su vez, es el que más sufre de la inseguridad», explica la economista.
El presupuesto es aún mayor que el destinado para ambas secretarías, «no solo se ha aumentado el presupuesto en los dos ministerios, sino que existe una tasa de seguridad, una fuerte inversión en los centros penales, en la Dirección de Depuración Policial, y hay otros entes con funciones de seguridad ciudadana, que tienen un presupuesto en esta vía», aclara Vásquez.
El informe del Fosdeh no objeta que la seguridad ciudadana es fundamental en el país, lo que critica es su enfoque de atención, los escasos resultados, a pesar de la reducción de los homicidios, y las consecuencias económicas que conlleva alzar el presupuesto de seguridad y defensa, en detrimento de otros sectores.
Desde el 2002, todas las administraciones aumentaron el presupuesto de las secretarías de Seguridad y de Defensa Nacional, siendo el de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) el que más lo incrementó.
«Se descuidan otras áreas que también están relacionados con las causas de la violencia, como es la educación y la salud. A mayores niveles de educación, se reduce la pobreza a largo plazo. Un mayor bienestar frenaría que los jóvenes formen parte de las maras y las pandillas. Pero en Honduras se prefiere marginalizar a esos sectores», comenta.
De acuerdo a los estudios de percepción y cohesión social realizados por la CEPAL en el 2013, apenas el 26% de los padres y las madres hondureñas creían que sus hijos e hijas vivirán mejor que ellos. En el 2004, el promedio era del 59%. La tendencia es visualizar un futuro más difícil para las nuevas generaciones, no es casualidad que el 40% de la población confiese que piensa emigrar a otro país.
Luis, el guardia de seguridad privada, comenta que espera un mejor porvenir para él y sus hijos, pero mientras la inseguridad prevalezca en la ciudad (a pesar del gasto destinado), para los próximos años tiene previsto seguir trabajando en el portón del «barrio seguro». A sus espaldas, decenas de albañiles continúan con las obras del lujoso proyecto habitacional.
