MÁS ALLÁ DEL DISCURSO: LA LUCHA DE UN FISCAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

** Los ocho fiscales, los agentes de tribunales y el personal que integraban la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), pasaron a formar parte de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), respetando el principio de dependencia jerárquica que rigen el actuar de los servidores del Ministerio Público.

V entrega de VIII


El fiscal hondureño Luis Javier Santos atendió a Expediente Público en su oficina en Tegucigalpa, tras el cierre de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (Ufecic), entidad creada en febrero de 2017, la cual estaba regulada por el Mecanismo Interinstitucional de Cooperación Bilateral entre el Ministerio Público y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), firmado un año después del convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).

Con la creación de la Uferco, una especie de optimismo colectivo se registró en el país pues se indicaba que ésta daría seguimiento a los casos de la Ufecic y otros ligados a las grandes redes de corrupción, pero el fiscal especial a cargo, Luis Javier Santos, salió al paso al señalar que, si bien la Uferco tiene funciones claras, carece de una “varita mágica” para eliminar la corrupción.

“El problema es que yo percibí que se estaba haciendo creer a la sociedad que se está luchando contra la corrupción, pero cuando vemos, la realidad es otra, porque se hacen reformas a leyes que nos obstaculizan el trabajo, no se han aprobado las que necesitamos para hacer más expedito nuestro trabajo”, expuso Santos.

Las leyes referidas fueron aprobadas en el parlamento para blindar a sus diputados y evitar el encuentro con la justicia de muchos legisladores, funcionarios y exfuncionarios públicos, políticos, entre otros sectores. El blindaje ha sido tal que muchos de los actuales y nuevos casos por venir difícilmente serían resueltos en los términos legales, porque enfrentaría en los tribunales la otra alianza a favor de la impunidad: la de la justicia selectiva con que han venido operando, en los casos presentados por la Maccih, los jueces naturales o ad hoc, en la figura de los magistrados del Poder Judicial, electos por el Congreso Nacional.

El 23 de enero de 2020, una semana después de concluir el mandato de la Misión, la Fiscalía anunció la creación de la Uferco, en sustitución de la Ufecic, que era el brazo fiscal que presentaba los casos en los tribunales.

El protocolo de actuación que dio vida a la Ufecic establecía un método de investigación y persecución penal integrada, a través de equipos conjuntos de sus fiscales y la Maccih, otorgando a esta última facultades tan importantes como: seleccionar los casos que serán investigados por el binomio, sean nuevos o ya iniciados por otras fiscalías del Ministerio Público; participar en las decisiones de selección, traslado, remoción o rotación del personal de Ufecic, en consenso con la Fiscalía; acceder a información de otras dependencias del Ministerio Público; y, acompañar a los fiscales nacionales en inspecciones, registros, allanamientos y otras actuaciones judiciales o de investigación, sin embargo, todo esto tuvo un impacto relativamente bajo, porque no lograron disponer de los instrumentos legales necesarios que reforzaran sus objetivos como la Ley de Colaboración Eficaz y la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida popularmente como la Ley de Secretos Oficiales.

La creación de la Ufecic, como el brazo fiscal especial de la Maccih, les permitió contar con acompañamiento internacional y un equipo de expertos fiscales, de hecho, la última vocera interina de la Misión, Ana María Calderón Boy, fue la primera fiscal internacional que inició su trabajo conformando y laborando mano a mano con la Ufecic.

El fiscal Santos, recuerda que ese apoyo internacional les permitió contar con un equipo de 25 técnicos proporcionados por la Misión, lo cual no tiene la Uferco, donde el trabajo se triplicará. “Si un caso lo resolvíamos en tres meses, ahora nos llevará de seis a nueve meses o mucho más, porque somos poco personal y tenemos dentro de agenda -sólo este año- cuatro juicios; eso significa que tenemos que estar presentes en este proceso y sólo somos 8 fiscales, y hay juicios en que dos fiscales son insuficientes”.

Santos tiene el criterio que la Maccih no fue renovada porque no existió voluntad política ni en el Gobierno ni en la propia Secretaría General de la OEA. No obstante, su compromiso sigue firme en la lucha, pero sin el acompañamiento de la Maccih, que en cierta forma los protegía, será más difícil. “Trabajábamos tranquilos porque ellos enfrentaban o recibían los ataques del poder político y económico, debido a las investigaciones que se estaban realizando”, reveló, ampliando que luego de irse la Misión (en enero de 2020), esos ataques se volvieron directamente contra ellos.

SISTEMA ÚNICO EN DOS PAÍSES 

De acuerdo con el fiscal Santos, en Honduras se trató de implementar un sistema anticorrupción similar al que tiene Perú, sin embargo, no podían compararse con ese país suramericano. “Son centenares de fiscales los que trabajan (cerca de 800) en Perú; tienen una dirección general de la Policía que trabaja directamente en el tema de anticorrupción, además, el equipo que está a disposición de los fiscales para actuar en estos casos de corrupción es efectivo”, aseguró.

Da gusto entrar a un despacho de un fiscal peruano anticorrupción porque tiene toda la bibliografía necesaria para poder fundamentar sus resoluciones y peticiones ante los tribunales, y, todo el apoyo necesario en cuanto a recurso humano, cada fiscal tiene su despacho de asistente y de otros fiscales que los están apoyando, opina.

Pero, “aquí no prosperarán los casos si el Ministerio Público no está en sintonía con el Poder Judicial, Tribunal Superior de Cuentas y Procuraduría General de la República, sin violentar leyes o derechos fundamentales, como el respeto de los derechos humanos”.



NUEVO MECANISMO

La Uferco estará adscrita a la Dirección General de Fiscalía, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos de liderar la Política Contra la Criminalidad y adaptar la estructura orgánica del Ministerio Público a los retos de una nueva estrategia para garantizar el efectivo combate a la corrupción e impunidad, señala el Ministerio Público. La nueva unidad es dirigida por el fiscal Luis Javier Santos y dará seguimiento a los casos presentados por Ufecic, así como los que estaban a punto de ser procesados. El equipo lo integrará siempre el mismo personal: ocho fiscales, 10 investigadores, 10 auditores y un equipo de apoyo mínimo.

EXPERIENCIA Y ACOSO 

Tras 22 años de carrera profesional en el Ministerio Público, el fiscal Santos contó que le ha sucedido de todo: atentados, registros en su oficina para extraer documentos y llevárselos, además, instrucciones para que no se presenten casos. “En esta administración se nos han dado el apoyo y el fiscal General Óscar Chinchilla nunca nos ha puesto obstáculo en la presentación de casos ni de los que se han investigado”, aclara.

Santos relata que “hace algunos años en otra administración se me instruyó incluso para que fuera a retirar un requerimiento ante los tribunales y me negué, a través de esa negación, yo tuve una persecución durante mucho tiempo, que llegó incluso a una intervención a mi oficina y a un traslado fiscal”.

Se trata de “un requerimiento que al final la persona aún no ha sido capturada, era contra un exalcalde de San Pedro Sula, y ese requerimiento se interpuso en los juzgados, y decían que estaban mal fundamentado y que no iban a poder dar resultados, esa era la justificación, pero yo le manifesté a mis superiores que ya estaba presentado, que los medios de comunicación tenían conocimientos y que si yo quería retirar ese requerimiento, les tenía que decir a los medios de comunicación quien me estaba instruyendo que lo retirara, entonces me dijeron que lo dejara, pero cumplí mi deber y procedí a presentarlo”.

“Yo en ningún momento recuerda iba a dejar de presentar el requerimiento porque sabía la importancia que tenía en la lucha contra la corrupción, hasta hace poco, todavía escucho en los medios de comunicación que se había renovado la orden de captura contra alguna de estas personas, otras ya fueron condenadas”.

Esa decisión le trajo consecuencias, hubo persecuciones e incluso “se intervino mi oficina en San Pedro Sula y al final me trasladaron a otra. Sufrí un atentado (2008). El fiscal Santos recordó que transitaba en su automotor por la avenida Junior de San Pedro Sula, acompañado de su hijo menor de edad, cuando desconocidos dispararon nueve veces contra su vehículo. En ese suceso, Santos cuenta que protegió con su cuerpo a su hijo de la lluvia de balas y el infante salió ileso, pero él sufrió cuatro impactos de bala que le dañaron órganos vitales como un pulmón, el hígado y un riñón, y, de acuerdo con las informaciones que se pudieron recabar en ese entonces, ese intento de asesinato vino de quienes estaban detrás de todo ese desfalco que se hizo a la municipalidad de San Pedro Sula, que sumaban más de 1,000 millones de lempiras (40 millones de dólares).

“Si usted me pregunta qué pasó después de todo esto pues… quedó en impunidad y ese es el único caso que se presentó respecto a ese acto de corrupción en la alcaldía sampedrana durante la administración 2002-2006 (de Óscar Kilgore) y 2010 (último año de Rodolfo Padilla Sunseri, quien está prófugo). Esos hechos, realmente, daban asco”.

Así obran los corruptos afirma el fiscal: “Intimidan a las personas que luchan contra la corrupción para que esos actos queden impunes, esos casos que sucedieron en ese tiempo ya es imposible investigarlos, quedaron inconclusos cuando se intervino mi oficina en San Pedro Sula, entonces, eso no puede seguir pasando, ahora los casos tienen que ser judicializados porque nuestro país cada día se va empobreciendo más y más”.

Santos aclaró que de los casos que han interpuesto desde el Ministerio Público, el retraso se genera en la Corte Suprema de Justicia que ha ralentizado el doble o triple de lo acostumbrado para que el sistema contra la corrupción llegue a resolver un asunto de su competencia.

PERFIL

“En mi vida yo no me he considerado honesto, o sea las personas a veces manifiestan que yo soy una persona honesta. Lo único que hago es reproducir todos los valores y las enseñanzas que mi padre y mi madre me enseñaron, para mí, actuar así es de lo más normal, y de hecho también para mis hermanos”, revela.

“Mis padres no tienen un estudio avanzado, pero creo que uno actúa (honestamente), así como si fuera algo normal en la vida. Sobre los 22 años de carrera que son 25 a 26 años en realidad, porque yo estuve en el Poder Judicial al inicio, y fue donde empecé a conocer todo esto de la administración de justicia, y donde también tuve las primeras amenazas, allí mandé a la primera persona por el delito de robo ante los tribunales, y empecé a perder ese miedo porque comencé a conocer cómo era todo esto”.

“En 1998 pasé del Poder Judicial a ser fiscal, me enviaron a la ciudad de Tocoa, Colón, zona litoral de Honduras. Llegué a la zona más conflictiva del país, me tocó conocer el caso del cartel del Atlántico, que lideraba en ese tiempo el occiso Juan Ramón Hernández, un caso que se dio a conocer por Doris Aguilar, una fiscal muy buena dentro de la institución y que después me tocó a mí sólo llevar ese proceso hasta sentencia”, describe el fiscal Santos al dar una pincelada a su vida y ejercicio profesional.

EN LA TIERRA DE LA IMPUNIDAD

Desde el primer día que llegó a la fiscalía de Tocoa, ciudad a 345 kilómetros al noreste de Tegucigalpa, su equipo de trabajo fue una escopeta y un chaleco antibalas, “desde ese momento yo sabía  a lo que me iba a enfrentar en la lucha contra la criminalidad, no sé cómo fui cayendo en la investigación de casos de corrupción, me llamaba la atención ese tipo de investigaciones, será porque mi papá murió en el Hospital Escuela, y fue tapado con plástico, porque no había sábanas, no había medicinas y casualmente lo dejaron morir en una camilla, quizás eso fue lo que me marcó”, relata Luís Javier Santos.

“Al empezar a investigar fue cuando recibí la primera amenaza seria. Se trataba de un equipo de la policía cobras que estaba destinado en esa ciudad, lo que hacían era decomisar AK- 47, prohibidas a los campesinos, que las habían adquirido de alguna forma, y se la vendían a un grupo económico de poder del Valle del Aguán para que cuidaran sus plantaciones. Y cuando se empezó a investigar, lo primero que me dijeron era que me iban a matar. Me llamó a la oficina un alto mando de este equipo y me dijo que me dejara de andar metiendo en eso, porque él estaba para ascenso, y me dijo: ‘Si pierdo el ascenso vas a ver lo que te va a pasar’”.

Santos luego fue enviado a Tela, municipio ubicado a 332 kilómetros al norte de Tegucigalpa, donde también recibió amenazas porque había una red de corrupción de jueces, periodistas y toda la jefatura de Hondutel, eran compadres entre sí y tenían comprada la ciudad.

“Iniciamos la investigación, llevamos el caso ante los tribunales, y también recibimos amenazas, de hecho, nos mandaban a decir que de la tumba nos íbamos a salvar. Después fuimos trasladados de emergencia hacia la ciudad de San Pedro Sula, y allí sucedió todo lo que le he contado (el atentado), porque estaba asignado a la fiscalía anticorrupción”, acotó.

Cuando se inició como fiscal no conocía toda la magnitud de lo que realmente significaba (esa labor) o lo que sucedía dentro de la administración de justicia, pero a medida que “nos fuimos involucrando en casos mucho más grandes, nos dimos cuenta de la influencia que podía haber detrás de cada caso, y no es influencia política de algún partido en particular, porque en todos los partidos hay personas corruptas, y en todos los partidos también hay gente honesta, pasa que el corrupto no actúa así solo porque pertenezca a determinado partido, sino porque es el estilo de vida que ha escogido, obtener ganancias de la forma más fácil, aún a costa de los más necesitados o violentando la Ley.

DEL APOYO INTERNACIONAL

 Esa carrera, desarrollada por Luis Javier Santos, le ha permitido mantener la pasión, las esperanzas y el deseo por lograr que se cumpla la justicia, pese a las adversidades. El fiscal cree que el compromiso que ha abrazado como funcionario no es un discurso, y además, debe ser coherente con lo que se hace.

“No sé si alguien se irá a sentir ofendido por esto, pero a mí me da coraje cuando voy a foros en hoteles de lujo y veo que gastan miles de lempiras allí para hablar de pobreza y corrupción”, afirma con certeza.

“Siempre lo he criticado, y realmente voy porque no puedo dejar de hacerlo, pero siempre me ha acompañado ese sentimiento de que no se puede estar hablando de la lucha contra la corrupción dentro de los hoteles o dentro de los mejores salones del país. Se debe de tratar en otros escenarios donde vaya todo tipo de gente”.

El considera que la lucha contra la corrupción requiere acciones y cuestiones prácticas; que todos sepan que si cometieron un acto de corrupción con seguridad van a ser llevados ante un tribunal. Y amplía su visión al señalar que los jueces también deben cumplir con su trabajo y actuar de manera imparcial a fin de que estas personas reciban una condena. “Y no cualquier condena, si no que sea realmente en concordancia con los hechos que hayan cometido”.

Para Santos, parece paradójico fortalecer instituciones contra la corrupción desde el mismo Estado, cuando las élites políticas de Honduras han estado vinculadas a la corrupción gubernamental y privada.



LA SALIDA DE LA MACCIH PLANTEA GRANDES DESAFÍOS AL MINISTERIO PÚBLICO Y LA UFERCO