El número de víctimas de violación sexual como método de tortura tras las protestas de abril 2018 es desconocido, pero decenas de testimonios e investigaciones documentan que se trata de una práctica regular en un estado de impunidad.
Nadie sabe su secreto. Solo Dios y sus captores. Ni sus padres ni sus amigos ni siquiera una organización de derechos humanos conocen lo ocurrido, por eso pide a Expediente Público que conserve bajo la más estricta anonimidad su historia.
Pasó en las celdas de la Unidad de Auxilio Judicial, el centro de investigación e interrogatorios de la Policía Nacional en Managua, conocida como El Chipote.
Ella (una oficial) siempre me interrogaba de rodillas, con las manos hacia atrás, sin nada de ropa. En uno de los interrogatorios que me hizo, comenzó a preguntarme quién me pagaba. Me preguntaba por qué estaba jodiendo la paz que el gobierno… y me comenzó a decir que si yo no hablaba me iba a cortar las manos”, recuerda.
Le tomaron fotos de sus cicatrices antiguas y le negaron asistencia médica por las heridas nuevas provocadas por los residuos de bala que penetraron su piel el día que fue capturada mientas protestaba por la represión.
Me dijeron en uno de los interrogatorios que tuviera cuidado cuando mi papa fuera a dejar a la niña. Una vez me sentí súper mal, como que me iba a desmayar, quizás porque tampoco me daban comida… dije que me sentía mal y me dijo (la policía que la interrogaba) que no estuviera de mentirosa inventado nada, me dijo que mi mama no estaría orgullosa de mí por estar jodiendo, por andar de vaga. Me tuvo así como una hora y después me llevaron a la celda”.
Continúa diciendo: “Me dijo que me iba a buscar más noche para que habláramos y yo pensé que se le iba a olvidar pero llegó, me volvió a hacer lo mismo, las 15 sentadillas sin ropa y de nuevo de rodillas y me dijo que estaba bien si yo no hablaba.… ella me tapó los ojos y trajo a otra persona para que me hiciera algo”.
La llevaron a las audiencias preliminares en los juzgados con un guion aprendido bajo amenazas. “Honestamente yo no quise enseñar los charneles… yo me limité a decir lo que ella me había dicho, pensando en que no le hicieran daño a mi hija…”.
MAGNITUD DESCONOCIDA DE UN CRIMEN SISTEMÁTICO
Pese a las denuncias por violaciones sexuales cometidas por agentes del Estado que se cuentan por decenas, “la dimensión de la tortura en Nicaragua todavía no se conoce. En Chile, después de 30 años de la dictadura se alcanzaron a recibir algunos testimonios”, explica la psicóloga Clemencia Correa, quien también participó como jueza en el Tribunal de Conciencia Violencia Sexual como Crimen de Lesa Humanidad en Nicaragua promovido a mediados de septiembre por la Fundación Arias para la Paz.
La especialista explica que podrían pasar generaciones hasta que se conozca la verdadera dimensión de este tipo de crímenes, sobre todo porque continúan, “no es algo del pasado, es del presente”.
El 11 de septiembre el Tribunal de Conciencia declaró que el Estado nicaragüense era culpable de permitir y ejecutar tortura sexual en base al testimonio de 18 sobrevivientes. Una semana después, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos denunciaba 165 agresiones contra activistas y defensoras de derechos humanos, incluyendo amenazas recibidas en redes sociales, solo durante el período del primero al 14 de septiembre.
“Son especialmente graves los reportes de violencia sexual contra mujeres activistas y defensoras – dos de ellas, de acuerdo con el Registro Mesoamericano, habrían sido sometidas a violación sexual”, comunicó la Iniciativa.
Aunque la Fundación Arias recopiló más denuncias de crímenes sexuales, solo pudieron presentar 18 casos cometidos en 2018 en el Tribunal de Conciencia, precisó Anayancy Espinoza, directora académica de dicha institución.
Se fueron delimitando los casos porque había personas que no querían hacer sus denuncias públicas, otros estuvieron al principio, pero no continuaron porque para ellas y ellos era un proceso de atención en espacios privados y colectivos, otros no querían exponer a sus familiares que aún están en Nicaragua, sostiene Espinoza.
Con la masiva entrada de nicaragüenses huyendo de la crisis sociopolítica entre 2018 y 2019 se comenzaron a recibir todo tipo de testimonios en Costa Rica. “Empezamos a conocer de primera mano los impactos de la situación en Nicaragua y a obtener información que había un proceso sistemático de abusos sexuales y violaciones a personas privadas de libertad en el marco de las protestas indistintamente a hombres mujeres, heterosexuales u homosexuales”.
“Estábamos sorprendidos porque no pensamos que esto pudiera ser una política de Estado, se generó el efecto de bola de nieve de personas que llegaron a la fundación y después vinieron otros”, recuerda Espinoza.
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La cifra de víctimas de estos delitos puede ser exponencialmente mayor si se toma en cuenta la cantidad de personas que fueron detenidas en Nicaragua, pero no hay capacidad de determinar un número aproximado, “para nosotros eran muchísimos y percatándonos de este lado de la frontera”, pero cosas que pasaron allá si se dijeron o no o si hay mecanismos para sistematizarlo es desconocida para la organización costarricense, “interesante sería plantear en una encuesta nacional si la población conoce casos, podría dar una mejor proporción, pero desde acá es difícil imaginar cuantos más quedaron invisibilizados”, dice la experta.
Por otra parte, Correa señala que existe no solo temor por la represión y persecución en caso de denunciar, “la violencia sexual es un arma de guerra en el marco de una cultura machista, las víctimas son más estigmatizadas”.
Para poder denunciar las víctimas requieren condiciones mínimas como el apoyo y acompañamiento de otras organizaciones que tienen la experiencia de la sensibilidad hacia ellas, “porque no es un asunto solo jurídico, sino, ético, político y psicosocial, quien denuncia debe estar cuidado para no ser señalado, las familias a veces inculpaban a las víctimas”.
“Quien decida denunciar debe buscar una red de apoyo como familia, organizaciones o amigos que los acompañen en su proceso de denuncia, con medidas de seguridad, como juezas (del tribunal de conciencia) tenemos la preocupación porque quienes denunciaron corren riesgos”, señala Correa.
Salvador Marenco, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, explicó que la mayoría de los sobrevivientes de tortura no se atreve a denunciar porque es la policía misma la responsable de estos actos y la falta de confianza del sistema de justicia hace que muchos se abstengan de reclamar.
“No es posible en este momento realizar una justicia efectiva en Nicaragua por la falta de independencia del Poder Judicial, así como la falta de actuación del Ministerio Público y la Policía Nacional, por eso trasladamos estos testimonios a los mecanismos internacionales y universales”, explicó Marenco.
LOS REPORTES
El 11 de septiembre de 2020 el Tribunal de Conciencia por tortura sexual cometidos en el marco de las protestas en 2018 declaró culpable al Estado de Nicaragua por estos crímenes de lesa humanidad. Este es el primer esfuerzo por sistematizar las violaciones sexuales durante la detención de opositores al régimen nicaragüense, lo cual se detalla en el siguiente reportaje de Expediente Público.
Denuncias de violencia sexual cometida por agentes estatales o paraestatales había sido mencionadas anteriormente en informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI), ONG de derechos humanos y medios de comunicación.
El monitoreo del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ registra 72 casos de tortura cometidos por oficiales y paramilitares del régimen Ortega-Murillo a raíz de las protestas ciudadanas de 2018. Los casos van de abril 2018 a junio 2020 y del total hay 5 víctimas de violación sexual, 8 víctimas de abuso sexual y 7 personas que fueron amenazados con ser violadas ellas o sus familiares durante su detención, tres personas refirieron ser testigos de violaciones a uno o varios compañeros de prisión.
Al menos 70 de las 72 personas que denunciaron fueron víctimas de detención forzada, informó el Colectivo.
Aunque se conocen casos y hay denuncias en las organizaciones, “por la impunidad estatal y su política represiva contra manifestantes, no se han investigado, enjuiciado o sancionado ninguna de ellas”, aseguró Marenco.
Oacnudh en su informe del 3 de septiembre de 2019 indica que “299 defensoras de los derechos humanos sufrieron ataques, tales como intimidación, acoso psicológico, campañas de difamación, detención ilegal, tortura y malos tratos e incluso violencia sexual”.
También documentaron casos de violencia sexual y de género contra mujeres, incluso tocamientos inapr1opiados y amenazas de violación.
El Alto Comisionado se refiere al periodo del 19 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019 y señala en este lapso ejecuciones extrajudiciales, torturas y violencia sexual, en particular mediante la creación de una Unidad Especial dentro del Ministerio Público.
“En relación con los derechos de las mujeres, la CIDH recibió información sobre algunos casos de violencia sexual e incluso actos de violación perpetrados por agentes estatales durante los operativos de limpieza y desmantelamiento de tranques; así como en las instalaciones del Auxilio Judicial”, describía la Comisión en su reporte anual de 2018.
Un poco más específico fue el informe del GIEI a finales de 2018, que recibió el testimonio de una persona que “habría sido privada ilegítimamente de su libertad en las instalaciones policiales “El Chipote” y allí torturada física y psicológicamente. Según su relato, durante el período de siete días que duró su detención sufrió violaciones sexuales con elementos contundentes”.
Esta persona también recibió otras formas de tortura como choques eléctricos, golpizas que le dislocaron la mandíbula y le hicieron perder piezas dentales.
En los medios de comunicación nacionales e internacionales han circulado también una serie de denuncias. al menos ocho relatos de sobrevivientes a tortura sexual en el marco de la represión se han publicado en los últimos dos años.
EL PAPÁ DE UNA AMIGA
Cuando despertó tenía la cabeza tapada, las manos y pies atados. Iba dentro de un vehículo y comenzó a gritar, pero volvieron a golpearla.
Recuerda haber estado en una protesta ese día, como en muchas otras que se habían hecho en su ciudad desde el 19 de abril de 2018. Por la noche, se encontró con un amigo y al salir del bar vio que desde un grupo los señalaban, salieron corriendo. Encontró a un vecino y le pidió ayuda, era el papá de una amiga, pero logró que se separara de su amigo para llevarla a un lugar donde la entregaría a un grupo de encapuchados.
Escucha»Violencia sexual sistemática y organizada contra opositores en Nicaragua» en Spreaker.Los encapuchados la golpearon hasta que perdió el conocimiento, según consta en el testimonio dado al Tribunal de Conciencia efectuado por la Fundación Arias.
Sabían dónde vivía, quienes eran sus padres, donde trabajaba. Le echaron agua para ahogarla, y luego sacaron de una caja negra unos picos plateados y le electrocutaban las costillas. Le habían pedido desbloquear su celular e insistían en preguntarle por nombres. La golpeaban en la mandíbula y la boca del estómago.
Uno de ellos dijo: “Esta perra está dura”. Y comenzaron a violarla. 12 horas duró su martirio. El que decía ser el líder, un hombre con “panza de guaro”, andaba con una AK. Sin embargo, el que lo acompañaba andaba con botas militares, un pantalón verde olivo desgastado como de la década de los 80 y era bajo de estatura. Ese se quitó el pasamontaña y también pudo identificarlo.
En el testimonio se sostiene que llegó el alcalde de su ciudad al lugar de tortura, llevaba un papel que enseñó al hombre de botas y cuando se fue retomaron el ahogamiento con trapos empapados de agua de un grifo, cuando sentían que ella no podía respirar más, los quitaban. Y apareció la vicealcaldesa, quien le puso una cola para que su cabello largo no cayera sobre su cara.
La siguieron interrogando hasta que el hombre pequeño de botas, le dijo a otro que la sacara. El tipo barrigón la llevó arrastrada por el brazo hasta la calle. Entonces supo que había estado en la delegación departamental del Frente Sandinista.
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Varios la llevaron a una esquina, uno le ordenó poner las manos en la cabeza y la golpeó con el fusil AK en los costados. Y le gritaron: “Decile a los hijueputas que cuando los agarremos no va a ser nada en comparación con lo que te hicimos a vos”.
Le dijeron que se fuera, pero no se podía mover del dolor y le dieron una patada y le repitieron que se fuera.
Su cuerpo no tenía energía, pero con la patada se levantó y salió corriendo con sus últimas fuerzas, pero mientras corría disparaban. Logró que un taxista la traslado cerca de un tranque. Solo le dijo que la habían secuestrado.
La denuncia revela que fue trasladada a Medicina Legal, donde grabaron y escribieron su testimonio, la revisó un forense, quien luego dijo que no podía agarrar un caso que no fuera sandinista.
MORAL
Entre las denuncias por violencia sexual recopiladas por la Fundación Arias se encuentra también el testimonio de B. Piensa que todo lo que hicieron tenía como meta “bajar su moral” en las protestas.
Con su moto abastecía con alimentos, medicinas y pólvora a varios tranques, hasta que lo detuvieron paramilitares en dos camionetas Hilux en una calle tranquila.
Primero lo llevaron a la delegación departamental de la Policía donde encontró en ropa interior a varios atrincherados que estaba siendo golpeados.
Después lo trasladaron a una delegación municipal cercana, donde estaban sus amigos, líderes de las protestas de su comunidad.
Estuvo ahí dos días y medio, pero en forma constante llegaban oficiales a tomarle datos, fotos, huellas. Llegaban una o dos personas a interrogarlo. Le hicieron como 4 extensas entrevistas, de día o de noche o de madrugada.
Salió como a las 10 de la noche, le dieron su ropa y al salir le entregaron todo lo que le habían quitado, hasta la moto, no le hicieron firmar nada, no lo amenazaron. Tomó la moto y pensó que le iban a disparan en la calle. Fue el trayecto más largo y lento que haya realizado en su vida.
Además de los golpes indicó que lo violaron, pero no quiso dar más detalle. Al mes de eso se movilizó hacia Costa Rica, consta en la denuncia del Tribunal de Conciencia.
A juicio del defensor de derechos humanos Salvador Marenco, la tortura se practica como un castigo a su participación en las protestas, como ejemplo, toma el testimonio de una mujer que después de ser violada múltiples veces por varios hombres le dicen que eso le pasaba “por andar tranquera”.
Delitos de violencia sexual sistemática como lo hace el Estado en Nicaragua tienen como fin humillar a las personas y, sin admitirlo, el mensaje que se transmite a la población es para disuadir a otras personas. Es una alerta, para no protestar, reclamar ni defender derechos, expone Marenco.
