*Los magistrados de apelaciones de la Sala Penal I y II de Managua, capital de Nicaragua, refuerzan su fidelidad al partido Frente Sandinista sometiendo el sistema judicial a la venganza de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los opositores.
**Uriel Pineda, consultor independiente en Derechos Humanos, explica que “audiencias informativas” a presos políticos confirma solamente el abuso de poder.
***La abogada, Wendy Flores, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, coincide en que son funcionarios que van a “obedecer y a responder a intereses políticos partidarios”.
Expediente Público
El 30 de agosto de 2022, después de 421 días encarcelados, fue la primera vez que el régimen mostró a los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jerez, tras las denuncias de tortura y violaciones a los derechos humanos realizadas por sus familiares. Ambos presos políticos, arrestados durante la escalada represiva previa a las votaciones generales de 2021 en Nicaragua, fueron llevados a la sede judicial en Managua, capital de Nicaragua a una “audiencia informativa”, donde fueron recibidos por magistrados que se desempeñan como operadores políticos de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El jurista nicaragüense, Uriel Pineda, consultor independiente en Derechos Humanos, en entrevista con Expediente Público explica que la presentación de los presos de conciencia constituye una confesión expresa del abuso cometido por los funcionarios del Poder Judicial en el país centroamericano.
“Más allá de usarlo como una excusa para exhibir a los presos políticos, también lo que revela es una confesión o una admisión de la irregularidad con la que se han llevado los procesos. Si un proceso es transparente y se apega a lo establecido en la normativa esa audiencia se vuelve absolutamente innecesaria, además de no existir o no está prevista en la normatividad”, explica Pineda.
«Audiencias» fueron prueba de vida
Ese mismo día, el régimen exhibió a los exprecandidatos presidenciales Miguel Mora, Medardo Mairena y Juan Sebastián Chamorro; el politólogo José Antonio Peraza y al expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy.
También los extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) Walter Gómez y Marcos Fletes, junto a Pedro Vásquez, exconductor de la excandidata presidencial Cristiana Chamorro., también con casa por cárcel.
La abogada Wendy Flores, coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, dijo a Expediente Público que en materia penal todos los actos deben estar “debidamente regulados” y se realizan a solicitud de la defensa o el Ministerio Público.
“En las condiciones en las que se han venido dando estas audiencias, en definitiva, no tienen ningún sentido o beneficio para la persona privada de libertad y eso no está indicado ni por la Constitución, ni el Código Procesal Penal”, afirmó Flores.
Magistrados leales al FSLN
El 31 de agosto, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mostró a otro grupo de presas políticas.
Las opositoras Suyén Barahona, Tamara Dávila y Ana Margarita Vijil fueron llevadas a la misma sede judicial.
La exguerrillera Dora María Téllez; el exprecandidato presidencial, Félix Maradiaga; el empresario Álvaro Varas; el banquero, Luis Rivas; Juan Lorenzo Holmann, gerente general del diario La Prensa, el opositor Irving Larios y el abogado Róger Reyes fueron llevados en el segundo día ante los magistrados.
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El magistrado Octavio Ernesto Rothschuh Andino, acompañado de las también magistradas Ángela Dávila Navarrete y Rosa Argentina Solís, miembros de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) celebraron la mayoría de estas audiencias.
Igual como ocurrió en primera instancia, los magistrados de apelaciones antepusieron sus intereses e ideología política y sometimiento al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, (FSLN), evidenciando un reiterado patrón de arbitrariedades en los procesos judiciales contra los opositores.
Todos los jueces y magistrados de apelaciones de los casos de opositores y sacerdotes católicos criminalizados son militantes activos del FSLN.
A lo largo de su carrera judicial han demostrado su lealtad hacia el régimen, lo que les ha permitido sus ascensos.
“El Poder Judicial debería estar libre de todo tipo de presiones, incluyendo las partidarias y políticas y lo que vemos con este tipo de comportamientos con jueces que participan en actividades de proselitismo político es un Poder Judicial secuestrado por el partido de gobierno, que nada más acata órdenes y no cumple con la Constitución Política, ni con las leyes”, señaló Flores.
Octavio Ernesto Rothschuh Andino
El polémico magistrado llegó al Poder Judicial hace 28 años. Entre 2010 y 2018 se desempeñó como juez del Juzgado Séptimo de Distrito Penal de Juicio de Managua.
En el año 2013, estando al frente de esa judicatura fue denunciado por Luz Marina Reyes Valle, esposa de Lenin Antonio Serrano Martínez, declarado culpable por tráfico ilícito de armas de uso restringido.
Reyes Valle acusó a Rothschuh Andino de utilizar de manera indebida su camioneta Toyota, Hilux, placas M 088-823, según una publicación de la época del extinto El Nuevo Diario.
Tras llevar su denuncia ante el Consejo de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la magistrada presidenta Alba Luz Ramos Vanegas, le ordenó a Rothschuh Andino devolver de inmediato la camioneta reclamada.
En febrero de 2018, dos meses antes del estallido de la crisis sociopolítica en Nicaragua que dejó 355 personas asesinadas, más de dos mil heridos y más de 145 mil exiliados, fue nombrado magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua.
Abusos se pagan con ascensos
El 2 de julio de 2021, Rothschuh Andino fue «premiado» como presidente de ese Tribunal.
Antes de estas audiencias informativas a los presos políticos, Rothschuh Andino estuvo prácticamente “invisible”, pues ya había dejado de ser juez. En segunda instancia está confirmando sentencias, además prestándose al juego del régimen y recibiendo favores a cambio.
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“Rothschuh siempre ha sido operador del régimen, pero estuvo invisible porque precisamente en febrero de 2018 lo nombraron magistrado del TAM y no vio los casos en primera instancia, pero tiene tres sobrinas trabajando en el sistema, una defensora pública de familia, otra defensora pública penal, y otra asesora”, dijo una abogada que prefirió el anonimato.
Rothschuh Andino está plenamente identificado con el régimen. Una publicación de Connectas reveló que, en 2019, el magistrado participó en el aniversario de la revolución sandinista, acompañando al entonces presidente del TAM, Gerardo Rodríguez.
“Estos ascensos definitivamente, también son premios del compromiso político partidario que han tenido”, insistió la abogada Flores.
Angela Dávila Navarrete
En diciembre de 2021 cumplió 40 años laborando en el Poder Judicial. “Angelita”, como le llaman los cercanos a su círculo, llegó después del triunfo de la revolución y se integró como jueza local de Managua.
“Después del triunfo de la Revolución no quedaron jueces en Managua, supe de unas becas para ser jueces técnicos y me metí a estudiar”, dijo la magistrada frente a un grupo de empleados judiciales en diciembre de 2021, durante un homenaje por sus 40 años de servicio.
Posteriormente fue promovida a jueza Quinto de Distrito Penal de Juicio y luego a magistrada del Tribunal de Apelaciones de la capital, siendo asignada a la Sala Penal Uno y en el 2010 los magistrados del TAM la nombraron presidenta de ese tribunal.
Su cargo venció en 2017, pero en septiembre de ese año la presidenta de la CSJ la ratificó nuevamente y la dejó en posesión de su cargo.
La fuente de Expediente Público confirma que “Dávila tiene dos hermanas trabajando en el sistema judicial, una sicóloga forense de Medicina Legal y la otra es jefa de la oficina de antecedentes judiciales”.
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“Ninguna persona en Nicaragua escala en su posición o en su puesto sin que haya tenido la venia o el visto bueno de un dirigente político, un secretario político o ya sea Rosario, ya sea Ortega. El punto es que son funcionarios que van a obedecer y van a responder a intereses políticos partidarios”, enfatizó Flores.
Rosa Argentina Solís Dávila
El 16 de octubre de 2018, seis meses después de iniciada la crisis sociopolítica en Nicaragua, la abogada Rosa Argentina Solís Dávila fue juramentada para asumir una magistratura en el TAM de Managua.
La abogada, graduada en 1987 en la Universidad Centroamericana, sustituyó en el cargo a Rafael Ángel Avellán Rodríguez, cuyo nombramiento fue cancelado.
En el contexto de la crisis sociopolítica, Solís Dávila denunció que el 18 de junio de 2018 “unos delincuentes arrojaron una llanta en llamas” dentro de su casa.
Según un especialista en derecho penal, “Solís vive en la colonia 9 de Junio y dijo que le habían quemado su casa los manifestantes, falsamente. A raíz de eso la metieron a magistrada”.
Forma parte del clan de magistrados de la Sala Penal Uno del TAM que confirmaron las sentencias condenatorias de los presos políticos Tamara Dávila, Violeta Granera, Félix Maradiaga, José Pallais, José Adán Aguerri, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro.
Magistrados refuerzan dictadura
El jurista nicaragüense, Uriel Pineda, destaca que debido a que en Nicaragua no hay democracia y se sino una “dictadura de corte absolutista”, el Poder Judicial se vuelve en un instrumento que obedecen a los “lineamientos políticos”.
“No solo no contamos con un Poder Judicial independiente, sino que no contamos con juzgadores y operadores de justicia que sean imparciales”, mencionó Pineda.
El 1 de septiembre de 2022, por tercer día consecutivo, el régimen mostró a otro grupo de presos políticos. Las imágenes se difundieron en medios oficialistas controlados por los hijos de Ortega y Murillo, igual que los otros vestían de azul y se mostraban visiblemente deteriorados en su salud física.
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La abogada defensora, María Oviedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH); el periodista Miguel Mendoza, que se vio extremadamente delgado y la opositora política, Violeta Granera, salieron el tercer día.
Magistrados montaron espectáculo
Ese mismo día, el régimen mostró por primera vez a los líderes campesinos Freddy Navas y Pedro Mena.
Los medios oficialistas circularon fotografías de Yader Parajón, preso político que es hermano de Jimmy Parajón quien fue asesinado en 2018.
Álex Hernández, detenido el 24 de agosto de 2021, fue incluido en el tercer bloque de opositores presentados el pasado 1 de septiembre.
El jurista nicaragüense, Uriel Pineda insistió que en un proceso legal que se lleva a cabo con normalidad, hay oportunidad de reconocer cualquier violación al proceso jurídico.
“Exhibirlos ahora (a los presos) y referir una audiencia informativa lo que hace es encasillar al Poder Judicial dentro de una lógica de participación en esta comisión de crímenes de lesa humanidad. Sin el Poder Judicial, el régimen Ortega Murillo no tendría la posibilidad material de cometer crímenes de lesa humanidad contra los presos políticos, porque han sido un actor más que se han sumado a esta cadena de actores orientados a reprimir y encarcelar personas”, explicó Pineda.
Algunos de los presos fueron llevados a la Sala Penal II del TAM que está conformada por los magistrados Noel Napoléon Morice, Ingrid Lazo y Martha Quezada.
“Al tener experiencia, no son desconocedores de la ley y del derecho, por el contrario, son jueces que lo manejan perfectamente y que saben distinguir que podrían desistir de estar emitiendo sentencias que violentan los derechos humanos (…) Siguen operando, el Poder Judicial, los jueces, se han convertido en operadores políticos del régimen para castigar, procesar y mantener secuestradas a los ciudadanos”, manifestó Flores.
Noel Napoleón Pereira Morice
Es el presidente de la Sala Penal II del TAM desde el 24 de abril de 2017, cuando fue elegido por “unanimidad”.
De Pereira Morice se conoce muy poco su trayectoria como abogado. En 2013, sin embargo, ya siendo magistrado de esa sala conoció la Apelación de los 18 mexicanos que se hacían pasar por periodistas y fueron sentenciados a 30 años de prisión por los delitos de crimen organizado, tráfico internacional de estupefacientes y lavado de dinero en Nicaragua, en el caso conocido como “Televisa”.
Ingrid Lazo Manzanares
En mayo de 2016, la funcionaria Ingrid Lazo, después de 17 años de laborar en el Poder Judicial, fue nombrada magistrada de la Sala Civil Dos de Managua.
Antes se desempeñó en el área penal como juez Sexto Penal de Juicio, cargo que ocupó durante 16 años. Estando a cargo de esa judicatura, en 2012 el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la CSJ le solicitó un informe en relación con su actuación en un juicio por abuso sexual en perjuicio de una niña.
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En marzo de 2017, pasó a la Sala Penal Número Dos del mismo tribunal, en sustitución de Mario José Miranda Romero (q.e.p.d), informó el Poder Judicial.
Es esposa del comediante nicaragüense José Ramón Quintanilla, quien ha mostrado simpatía con el régimen orteguista desde sus redes sociales.
“Lazo llegó por los liberales, pero el marido tiene contratos con el régimen”, dijo el especialista en derecho penal que habló con Expediente Público.
Martha Lorena Quezada Saldaña
La magistrada Martha Lorena Quezada tiene una amplia trayectoria en el Poder Judicial. En sus inicios fue una connotada jueza que “llevó el caso del narcojet y el de Zoilamérica que libró a Daniel Ortega de los cargos de violación”, dijo el especialista en derecho penal.
Siendo titular del Juzgado Primero de Distrito del Crimen, en 1998 Quezada Saldaña rechazó las denuncias de abusos deshonestos y violación continuada en contra de Ortega ocurrido en 1988 en perjuicio de su hijastra Zoilamérica Narváez.
Quezada Saldaña alegó en ese entonces que los delitos ya habían prescrito.
La funcionaria ascendió en el Poder Judicial y llegó a la magistratura de apelaciones, impulsada por el pacto Alemán Ortega.
“Tiene una hija, Adriana Obando Quezada, trabajando en el área de antilavado de dinero y activos, antes era defensora pública”, dijo la fuente a Expediente Público.
