- En 2011, funcionarios y militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) mataron atrozmente a los integrantes de una familia indígena opositora del municipio de San José de Cusmapa.
- Pese a ser un asesinato atroz, el poder judicial, subordinado a Daniel Ortega, sentenció a los asesinos a un poco más de tres años de prisión.
Irinea Cruz, sobreviviente de la masacre cometida en 2011 por funcionarios sandinistas y la policía en la comunidad El Carrizo, al norte de Nicaragua, falleció el 5 de septiembre de 2020 a los 69 años por complicaciones en su salud.
La anciana indígena constantemente recordaba el crimen que cometió el Estado contra su esposo José Mercedes Torres, así como sus dos hijos Josué Torres Cruz y Elmer Torres, baleados en su propia casa hace casi nueve años.
En el documental producido por Expediente Público, “Nicaragua campesina: la nación ajena”, Irinea contó que los sandinistas le “tenían odio” a su familia porque su hijo Josué reclamaba su cédula de identidad para poder votar ese año y se movilizó en una protesta hasta la alcaldía de Cusmapa, ubicada a más de 255 kilómetros de Managua, la capital de Nicaragua, a la cual pertenece la comunidad indígena de El Carrizo.
Se conoce que la familia pertenecía a las filas opositoras, entonces, en el Partido Liberal Independiente, quienes reclamaron también por el fraude electoral de ese año. Esos comicios, en los que resultó reelecto Daniel Ortega para un segundo mandato consecutivo, el Centro Carter los calificó como “un proceso electoral profundamente viciado”, en su informe final de Acompañamiento electoral.
“Numerosas anomalías dejan duda sobre la calidad del proceso y la honestidad del conteo de votos. El partido opositor más importante (PLI) rechazó la elección calificándola de fraudulenta, aunque pese a ello asumió sus escaños legislativos”, señaló el Centro Carter en el informe titulado Las elecciones de 2011 en Nicaragua: Informe de una misión de estudio del Centro Carter.
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El 6 de noviembre de 2011 fueron las elecciones generales y dos días después llegó por la noche un convoy con vehículos de la alcaldía y con policías, las víctimas “estaban empezando a comer cuando la bulla empezó, una camioneta se dirigió al cuadro y tiró los faros de luz hacia acá (la vivienda), la otra camioneta se dirigió hasta aquí”, describió doña Irinea.
El equipo de producción de Expediente Público que tomó el testimonio de Irinea Cruz para el documental, manifestó su consternación por el fallecimiento.
No imaginamos que una madre pueda morir o descansar en paz, sabiendo que no tuvo justicia por el asesinato de su familia, pero doña Irinea era una mujer de fe y espero que esa fe la haya consolado y confortado en su partida”, manifestó el equipo.
“Era una mujer pequeña, menuda, de hablar bajito y sencillo, pero de gran fortaleza. Se requiere fortaleza para sobrevivir a tanta violencia estatal sumado a la injusticia y aún así no desear venganza”, manifestaron los documentalistas.
Carrión: la lucha por la justicia no se detiene
Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ fue parte del equipo que respaldó a la familia Torres en sus demandas de justicia desde el 2011.
“La muerte de Irinea estremece, El Carrizo está de duelo y más allá, porque se trata de una mujer indígena que se caracterizó por ser una ciudadana que, en ejercicio de sus derechos humanos, por casi una década, denunció el asesinato en perjuicio de su esposo y 2 hijos”, dijo el defensor de derechos humanos que ahora está exiliado en Costa Rica.
Recordó que la masacre causó una inmensa pérdida humana para ella y le dolía profundamente, “el crimen fue con todas las ventajas y frialdad de los desalmados, con fuerza numerosa y fusiles de guerra, cuyos perpetradores pertenecen a las estructuras criminales identificadas con el Frente Sandinista, aquel noviembre de 2011 no se olvida porque las fuerzas impunes en el gobierno ejecutaron a esa familia que pensaba diferente”.
“Como defensor tuve la oportunidad de conocer a doña Irinea, de acompañarle en su lucha por la justicia. Nunca calló, su voz se distingue por su dignidad poderosa. Heredamos su voz, su alto valor y dignidad. La lucha por la justicia y libertad no se detiene”, sostuvo.
“A la familia Torres, a doña Irinea los recordaremos siempre porque son parte de la sociedad libre y justa que aspiramos, mientras que sus verdugos e impunes asesinos ya son parte del basurero de la infamia”, finalizó Carrión.
El triste papel del jefe policial Avellán
A El Carrizo llegó a verificar las investigaciones el oficial Ramón Avellán, actual subdirector nacional de la Policía, acusado de crímenes de lesa humanidad. Entonces prometió a la familia Torres que se haría una investigación y se aplicaría justicia para calmar los ánimos de la comunidad. Meses después la Policía Nacional construyó una estación a una cuadra de la casa de doña Irinea, lo que para ella era una forma de asedio y control.
Un juez de Somoto condenó a cuatro personas por este crimen, el subcomisionado Elvin López, jefe de la policía de San José de Cusmapa; Jesús Herrera, secretario político de la alcaldía; Eusebio Cruz Montenegro, funcionario municipal del Consejo Supremo Electoral, pero solo fueron sentenciados a un poco más de tres años de prisión, al igual que el policía Mauro Díaz Jiménez. La sentencia generó críticas de organizaciones de derechos humanos.
“A mi hijo Josué lo contemplaba tratando de meterle las vísceras… yo con lágrimas en los ojos, le puse velas a los tres”, describió esa noche trágica, la madre de Josué y Elmer Torres.
Como acostumbran tanto la Policía y el Ejército en Nicaragua, se trató de inventar una historia contra la familia indígena para justificar la masacre. “Los falsos que dijeron es que teníamos armas, pero si las hubiéramos tenido alguno de ellos hubiera muerto”, relata la sobreviviente en el documental Nicaragua Campesina; la nación ajena.
El día de la muerte de Irinea Cruz se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer Indígena, mientras la Policía Nacional inició los ascensos a 1,235 agentes y oficiales por motivo del 41 aniversario de esa institución, cuyo máximo Director fue sancionado por el gobierno de los Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos.
