* En Honduras y Guatemala los avances logrados con misiones internacionales de apoyo se han revertido y las élites políticas corruptas han retomado el control de las instituciones.
** En El Salvador el gobierno de Nayib Bukele ha emprendido una guerra “contra la lucha contra la corrupción”, protegiendo funcionarios corruptos y cooptando las instituciones.
Expediente Público
Los avances en la lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica han sido desechados por las élites corruptas, que se han blindado y expulsado a misiones internacionales que buscaban el fin de la impunidad. Esa es la conclusión de especialistas y analistas que participaron el miércoles en el foro “Panorama global, tendencias y rol de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción e impunidad en el Triángulo Norte de Centroamérica”, organizado en Washington por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras.
Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA lo resumió así: “En Guatemala buscan desarticular la sociedad civil que evidencia a corruptos; en El Salvador un pseudodictador comenzó a desbaratar la institucionalidad; en Honduras el mecanismo de corrupción presenta como principal actor a Juan Orlando Hernández (presidente de la República, señalado de narcotráfico)”.
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Desmoronamiento de la lucha contra corrupción
En el evento participaron los exjefes de las comisiones anticorrupción en Honduras y Guatemala, la exfiscal general de Guatemala y miembros de la sociedad civil en El Salvador.
«Los guatemaltecos, los hondureños, los salvadoreños tenemos una historia en común, es que los pueblos han sufrido la tortura, la muerte y el despojo con gobiernos autoritarios y represores», afirmó Odir Fernández, jefe de investigación del CNA al exponer un resumen de la realidad del Triángulo Norte centroamericano.
Fernández recordó que tanto la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) como la Comisión Internacional de lucha contra la Corrupción e Impunidad de Guatemala (CICIG), generaron “un hálito de esperanza sobre las naciones que se desempeñaron”.
“Sin embargo, con su salida, todos los avances conseguidos en la lucha contra la corrupción fueron desechados, siendo un duro golpe para todos ya que nos dejó un sabor de frustración por lo escabroso que se volvió emprender esta lucha en nuestros países”, dijo Fernández.
El activista hondureño reconoció que la población estaba escéptica cuando empezaron esas misiones, pero luego fueron apoyadas porque “lograron alcanzar una elite poderosa y corrupta que ahora se blinda con leyes y reformas”.
“Se inventan leyes que le benefician el poder para asaltar el Estado”, dijo Fernández, quien señaló a diputados actuales del Congreso hondureño de ser “enemigos de la lucha anticorrupción” y que “aprueban leyes que les permiten el disfrute de los bienes apropiados”.
Fernández sostuvo que hoy el Congreso Nacional de Honduras legisla a favor de la corrupción e incluso ha aprobado leyes para limitar las investigaciones del Ministerio Público, mientras que la Corte Suprema de Justicia “está blindada y es protectora de los corruptos”.
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La experiencia hondureña
El exjefe de la Misión contra la Impunidad de Honduras (Maccih), Juan Jiménez Mayor, explicó que, tras la salida de la misión, “se produjo un desmontaje de la misión” y de lo que buscaba producir: el fortalecimiento institucional del sistema de justicia que puede llevar a cabo las investigaciones en delitos de corrupción y ayudar a las instituciones que investigaban las redes de corrupción.
“El gran problema en Honduras y en muchos países de Centroamérica es que tenemos corrupción y también tenemos impunidad. Las personas que delinquen tienen la suficiente capacidad e influencia en los tribunales para no ser tocados y para que, si son tocados, los que los tocan ya no estén en sus puestos”, explicó Jiménez Mayor.
Según el exjefe de misión, “el problema fundamental es la falta de independencia judicial y la politización de la justicia”.
“En Honduras todo está politizado, la Corte Suprema está politizada, tiene ocho magistrados del Partido Nacional y siete del Partido Liberal, el bipartidismo está blindado y este es el pecado original de la corrupción e impunidad en el país”, explicó.
“En la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas igual, todos los mecanismos de control están controlados partidariamente”, agregó Jiménez Mayor.
Guatemala: Ciudadanía y periodismo sostuvieron lucha contra la corrupción
El abogado colombiano Iván Velásquez dirigió la CICIG poco más de tres de los diez años que duró la misión, que desarticuló redes de corrupción y llevó a prisión a un presidente y una vicepresidenta en ejercicio: Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, además de decenas de ministros, magistrados y hasta empresarios.
Velásquez expuso que “la corrupción es un síntoma de una enfermedad que es la pérdida o inexistencia o deterioro gigantesco de la democracia”.
El excomisionado recordó las movilizaciones ciudadanas que durante casi 30 semanas respaldaron la lucha contra la corrupción y las investigaciones que la Fiscalía y la CICIG divulgaban.
«La justicia hace un gran aporte a la construcción de la democracia, pero la responsabilidad mayor se encuentra en la ciudadanía y la prensa independiente. La ciudadanía y el periodismo de investigación sostuvieron la lucha contra la corrupción porque fue lo que permitió llegar hasta donde llegamos. Fue la ciudadanía que nos defendió. Cuando hay lucha contra la corrupción hay efervescencia democrática y la esperanza resurge”, expuso Velásquez.
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La conciencia ciudadana
La compañera de lucha de Velásquez, la exfiscal general Thelma Aldana, recordó que “hay algo que no podrán destruir (los corruptos) que es la conciencia ciudadana”.
“La mayoría de la población sabe de qué estamos hablando al hablar de la lucha contra la corrupción. Esa conciencia llegó para quedarse», dijo Aldana.
La exjefa del Ministerio Público guatemalteca calificó de “descaro de las mafias” cómo han capturado las instituciones en el Triángulo Norte.
“La CICIG permitió el fortalecimiento de la justicia, pero la mafia recapturó el Estado y actualmente siguen ahí, pero no podrán vencer la conciencia ciudadana”, subrayó Aldana.
Según Aldana, “las mafias han capturado las instituciones. La Corte Suprema responde al crimen organizado”.
“No podemos fortalecer un poder judicial que tienen jueces que responden a la criminalidad, pero no podemos dejar solo a los jueces independientes», señaló.
“El monstruo es muy grande”
Según Lissette Vásquez, directora ejecutiva de la Fundación Myrna Mack, después de la salida de la CICIG hubo una fuerza que se quedó en las instituciones de Guatemala y la ciudadanía intentó continuar con esta lucha, “pero el monstruo es muy grande y debe ser acompañado con la comunidad internacional”.
Vásquez se refirió al año 2015 cuando la CICIG develó casos paradigmáticos en Guatemala y los ataques a las distintas organizaciones de sociedad civil, y a todos quienes luchaban contra la corrupción e impunidad.
«Hubo un momento paradigmático cuando seis o siete empresarios piden perdón por el financiamiento electoral ilícito de Jimmy Morales. Este mismo grupo retrocede y se modifica la ley. Entonces no hay delito para ir a la cárcel. Se defienden y comienzan a desquitarse», explicó Vásquez.
El Salvador: Bukele y el falso discurso contra la corrupción
El caso salvadoreño fue descrito por el director de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) José Marinero, como “una lucha contra la lucha contra la corrupción” de parte del gobierno de Nayib Bukele, quien ha desmontado todos los mecanismos de control y transparencia del Estado.
Marinero hizo un recuento de la corrupción en El Salvador durante el último cuarto de siglo y que ha llevado a prisión a un presidente (Antonio Saca), a la muerte de un presidente procesado por corrupción (Francisco Flores) y al exilio en Nicaragua de dos expresidentes procesados por corrupción, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.
A partir de esos casos, aparece entonces la oferta electoral de Nayib Bukele, pero según Marinero “en el gobierno de Bukele, no solamente se han replicado las prácticas de corrupción del pasado, sino que, además, se han acentuado mediante el desmantelamiento de las precarias instituciones democráticas en El Salvador».
“Bukele ganó la elección con el discurso anticorrupción y lo sigue usando para sus intereses, con la instrumentalización, con finalidades espurias para perseguir enemigos políticos”, señaló.
Marinero advirtió que “la corrupción crece en la medida que las instituciones democráticas son desmontadas y crecen las oportunidades para los corruptos”.
Bukele en guerra contra la transparencia
El director de la Fundación DTJ describió la estrategia del gobierno de Bukele como “una apropiación ilegítima del discurso anticorrupción por parte de aquellos que están el poder y que no solo protege, si no tolera a los corruptos, y esto se traduce en el uso discursivo de la lucha contra la corrupción».
Como ejemplo, Marinero señaló que Bukele protege a funcionarios corruptos incluidos en la Lista Engel y, además, ha cooptado la Fiscalía y la justicia independiente, primero en la Sala de lo Constitucional y luego con el descabezamiento de un tercio de los jueces independientes.
“El aparato público no se ha usado para combatir la corrupción de este gobierno, tan evidenciado por el periodismo de investigación”, agregó.
Según Marinero, «en El Salvador lo que ocurre en estos momentos es una lucha contra la lucha contra la corrupción, el gobierno ha desmontado la institucionalidad de transparencia” y sostuvo que “hay documentación suficiente para demostrar que ha retrocedido los avances de la transparencia”.
Marinero recordó que Bukele expulsó a la Comisión Internacional de Lucha contra la corrupción e impunidad en El Salvador (CICES) y ha rechazado cualquier intento desde la sociedad civil de reformas contra la corrupción.
«La corrupción no es un accidente, no es una ocurrencia, no es incidente, la corrupción es un problema de gobernabilidad, es un problema de estado de derecho, es un problema de democracia», sostuvo Marinero.
