Por Richard E. Feinberg
Traducción de Expediente Público del artículo The Uses of Sanctions in Foreign Policy: Nicaragua’s Elections 2021, reproducido con permiso del autor y el Wilson Center.
La Administración de Biden ha heredado una larga lista de sanciones económicas impuestas a regímenes que violan las reglas del estado de derecho y a sus detestables líderes. Algunas de estas medidas punitivas fueron inicialmente impuestas durante la era de Obama (o incluso antes); algunas se originan del mandato de Trump.
Las sanciones – créditos suspendidos, interrupción comercial, visas revocadas, ventas de armas negadas, bienes confiscados – constituyen un instrumento favorecido de política exterior. Usualmente cuestan poco, de hecho, pueden ser una forma de reducir costos (ayuda no otorgada). Además, las sanciones responden a una indignación política por hacer algo: las sanciones son una señal de severidad y resolver sin tener que incurrir en los riesgos de un despliegue militar.
No obstante, en años recientes la mayoría de esquemas de sanciones no han logrado sus metas esperadas. Muy a menudo, los formuladores de políticas han sobreestimado el apalancamiento de Estados Unidos. Muy a menudo, las sanciones se han divorciado de las estrategias diplomáticas realistas. Las sanciones económicas sin dirección, especialmente cuando amenazan los intereses esenciales del régimen a las que se dirigen, tienen improbabilidad de obtener los resultados esperados.
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Durante la administración de Obama, la presión multilateral en contra de Iran funcionó porque persiguió el objetivo delimitado de restringir las ambiciones nucleares de Teherán. Obama no les exigió a los Ayatolas abandonar otras preferencias locales o internacionales de gran arraigo.
Estados Unidos ha impuestos fuertes sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, normalmente con apoyo político bipartidista. No obstante, los tres regímenes siguen sosteniéndose”.
Inoportunamente, cada uno de los regímenes parece tener firme control de su aparato de seguridad y goza de alguna medida de apoyo político local. Por ende, eso explica la ineficacia de las sanciones hasta la fecha.
Por ejemplo, Nicaragua, un país empobrecido centroamericano de 6.5 millones de habitantes. Estados Unidos tiene una larga historia de sobrestimación de su apalancamiento en ese lugar. A fines de los años 70, los formuladores de políticas estadounidenses lucharon con todas sus fuerzas para quitar al dictador Anastasio Somoza antes de que los rebeldes izquierdistas Sandinistas pudieran tomar el poder. Sin embargo, Somoza rechazó las sanciones y un esfuerzo internacional de mediación hasta que las brigadas Sandinistas se encontraron en Managua.
En 2006, de nuevo Estados Unidos trató de vencer a los sandinistas en las urnas instando a la oposición a unirse con un solo candidato, pero los políticos opositores se resistieron a los ruegos de los enviados estadounidenses. El líder sandinista Daniel Ortega, quien ganó esa elección a los dos otros candidatos por un estrecho margen de pluralidad, sigue en el poder hasta la fecha.
El astuto Ortega construyó una amplia coalición nacional que incluyó algunos partidos políticos independientes, organizaciones comerciales líderes y a la Iglesia Católica. Pero eventualmente Ortega fue demasiado ambicioso: gradualmente estrechó los espacios para la oposición y se adjudicó los beneficios del gobierno para sus leales seguidores. Además, la caída de la ayuda de Venezuela al régimen sandinista redujo el gasto del gobierno provocando medidas de austeridad anti populares. El resultado fue una insurrección popular masiva en abril de 2018. La crueldad de la represión distanció al liderazgo de la Iglesia católica y las asociaciones comerciales más importantes.
En respuesta, el gobierno de Estados Unidos recrudeció las sanciones económicas ejerciendo presión sobre instituciones financieras internacionales para suspender préstamos e imponiendo restricciones a las máximas personalidades del régimen. Pero todo en vano hasta el momento. Mientras tanto, la pandemia y dos potentes huracanes han golpeado a la economía nicaragüense mucho más fuerte que las sanciones estadounidenses. Pese a todo esto, el cada día más autoritario Ortega se ha mantenido inamovible.
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Las elecciones presidenciales están programadas para noviembre de 2021. Las urgentes decisiones que enfrenta la administración de Biden y la comunidad internacional son: con una valoración racional de su limitado apalancamiento, ¿qué tanto puede presionar a Ortega a ceder a algunas de sus ventajas?, ¿puede presionar a Ortega para que retire las restricciones sobre la actividad política de la oposición, los medios de comunicación y el regreso seguro de los exiliados que viven en el extranjero? ¿Qué reformas al sistema electoral podrían dificultarle a Ortega amañar los resultados?
Ortega probablemente cederá a las presiones internacionales hasta cierto punto, evitando a la vez las condiciones que garantizarían su derrota”.
El punto exacto del equilibrio será un asunto de intensas negociaciones entre la comunidad internacional, la oposición nicaragüense (ya sea unida o fragmentada) y Ortega. A la luz de un compromiso imperfecto, algunos pueden creer en un boicot, pero otros líderes de oposición aprovecharán la oportunidad de presentar sus argumentos ante el público nicaragüense y obtener algunos pedazos de poder en el poder legislativo. Y si la oposición, actualmente fragmentada en sus líneas generacionales y partidarias, puede unirse bajo un solo y atractivo candidato, la victoria podría estar al alcance.
En esa eventualidad, Ortega tendrá miedo de dejar el poder si va a enfrentar prisión para él, su familia y cercanos asociados y la expropiación de sus mal habidas ganancias financieras. Si Ortega exigiera un paracaídas de oro, la comunidad internacional y los nicaragüenses tendrán que decidir qué tanto se deben flexionar los principios de rendición de cuentas para garantizar una transición tranquila de poder.
Los formuladores de políticas estadounidenses también pueden considerar más allá de la elección del año 2021 para instar a los nicaragüenses a negociar un modus vivendi post elección entre ellos mismos. Ningún futuro gobierno saldrá adelante sin alguna cooperación de la oposición. Si Ortega sigue en el poder, necesitará empresarios privados que inviertan. Si la oposición triunfa, necesitará que los bien organizados sandinistas acepten algunas reglas consensuales del juego. Este nuevo pacto social podría también disminuir los temores de que los ganadores aplasten a los perdedores.
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Existen situaciones difíciles que hacen de la diplomacia una profesión exigente. Al aceptar su limitado apalancamiento, el gobierno de Estados Unidos puede disminuir sus sanciones – reabriendo ventanas de desarrollo financiero, retirando las penalidades económicas y de visas sobre particulares y sus familias – y así obtener resultados aún sub óptimos. El gobierno de Estados Unidos puede aceptar arreglos con nicaragüense que, a los Estados Unidos, no son agradables que participen en la vida política del país. Es predecible que habrá políticos en el Capitolio que acusarán a la Administración de Biden de ser “suaves con el socialismo”, pero mi corazonada es que la mayoría de nicaragüenses, con el dominio que poseen de su propia historia política, serán más felices que vivir con soluciones imperfectas.
*Richard E. Feinberg es profesor de economía política internacional en la Escuela de Política y Estrategia Global, Universidad de California, San Diego. Ha ostentado cargos en la Casa Blanca, el Departamento de Estado y en el Departamento del Tesoro. Es coautor de Tragedia Nicaragüense: Del Consenso a la Coerción (Wilson Center, 2019) entre otro sinnúmero de publicaciones.
