“Estimado cliente, el número que usted marcó se encuentra suspendido temporalmente”. Es la respuesta automática del sistema de telefonía que un ciudadano escucha cuando llama al número telefónico, 505-25830238 del Hospital Primario “Carlos Centeno”, ubicado en el municipio de Siuna, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), en Nicaragua.
No tener un servicio telefónico activo se suma a la falta de puestos de salud accesibles a las comunidades, así como ambulancias, equipos, medicamentos y personal médico suficiente para atender a la población indígena y afrocaribeña, que han quedado más vulnerables ante la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.
Esas debilidades del sistema en las zonas del Caribe, son parte de los riesgos potenciales identificados por Expediente Público y la organización Bank Information Center (BIC), al proyecto de US43 millones financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para atender la emergencia sanitaria en Nicaragua.
El Hospital Primario “Carlos Centeno” es de los 12 a ser “intervenidos” en el país, a través del proyecto del BID, que apunta a mejorar la capacidad de respuesta de la infraestructura y del personal médico en la emergencia.
El proyecto lo solicitó con urgencia el régimen de Daniel Ortega al banco multilateral ante la gravedad de la crisis sanitaria y la falta de recursos presupuestarios para enfrentarla, aunque públicamente las autoridades mantienen el discurso de que el actual sistema hospitalario es capaz de responder a la pandemia.
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Aunque la ayuda del organismo multilateral viene atada a duras condiciones, el análisis de Expediente Público y el BIC, identifica “riesgos potenciales” de que los ‘candados’ del BID no sean suficientes para garantizar la efectividad del proyecto a ejecutarse en dos años.
El análisis “Consideraciones y riesgos potenciales del proyecto Respuesta inmediata de salud pública para contener y controlar el coronavirus y mitigar su efecto en la prestación del servicio en Nicaragua, (N1-L1161)”, destaca la importancia de que el organismo y las instituciones del régimen mantengan “canales de comunicación y transparencia constantes y eficientes, respecto a la coordinación con otros organismos”.
Esa comunicación fluida “puede prevenir duplicación de esfuerzos y errores que pueden tener consecuencias significativas para el proyecto”, considera el estudio.
El señalamiento se hace debido a que, de acuerdo a lo pactado, el Banco Mundial (BM) auxiliará a las cuatro agencias supervisoras, que fueron condicionadas por el BID, “durante los procesos de adquisición” de los contratos de insumos y equipos sanitarios, para que se ajusten “a la economía de escala y agilización de resultados”.
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Project Concern Internacional (PCI) y el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (Comisca), son las supervisoras.
Corrupción y pocos proveedores
El Ministerio de Salud (Minsa) no tiene el control del proyecto, si no que el ejecutor será la Unidad Gestora del Proyecto (UGP), que deberá ser creada por el Ministerio de Hacienda. A través de la UGP, el BID desembolsará los pagos conforme los planes financieros previamente dispuestos con las agencias, que vigilarán el estricto cumplimiento del plan conforme las leyes de contrataciones nacionales y los procesos de licitaciones públicas internacionales.
El problema con ese mecanismo, es que se encarezcan los costos de los bienes y de las obras. Para evitar esto, el análisis independiente recomienda que “se aprovechen las modalidades de compra conjunta, por ejemplo, por medio del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (Comisca), para lograr “mayor poder de mercado” y “eficiencia”, en la obtención de precios y en la adjudicación de los proveedores.
Una vigilancia extrema será necesaria en los procedimientos de compras de bienes, las contrataciones y adjudicaciones de los servicios en Nicaragua, ya que como es un mercado pequeño son pocos los proveedores de los diferentes bienes, obras y servicios, sobre todo hospitalarios que ofrecen estos servicios.
“En muchos casos estos proveedores están coludidos para obtener mayor ventajas frente al Estado, por ejemplo, obteniendo mayor precio que lo estimado para la adquisición”, se advierte en el informe.
El dominio de empresas vinculadas a funcionarios del régimen como proveedoras del sistema de Salud público, es otro riesgo de que al final el dinero prestado por el BID para la emergencia sanitaria termine enriqueciendo a otros.
El mercado nicaragüense “recurrentemente se ha señalado de estar controlado en todos los niveles por proveedores que estarán directa o indirectamente vinculados con funcionarios del Gobierno que a la vez forman parte del círculo íntimo de poder del matrimonio Ortega-Murillo”, alerta el documento como parte de los riesgos identificados sobre el proyecto para contener la pandemia.
Investigaciones de La Prensa en Nicaragua, han identificado a la empresa Universal Marketing Associates S.A. (Unimark), como la principal beneficiaria con contratos de compras de medicinas por parte del Minsa, entre el período 2016 y 2018. Unimark se ha relacionado a empresarios vinculados a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Legislativa, y uno de los principales operadores políticos del régimen de Ortega y su vicepresidenta, y esposa, Rosario Murillo.
¿Mantendrán censura?
Uno de los puntos centrales del proyecto es la construcción y mejoramiento de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y de las salas de emergencias, en 12 hospitales del país. Se incluyen al hospital primario “Carlos Centeno” en Siuna, el departamental “Luis Felipe Moncada”, en Río San Juan; y el departamental “Humberto Alvarado”, en Masaya.
En el contrato firmado entre el BID y el régimen nicaragüense, se hace énfasis en mejorar la capacidad de “atención oportuna” en la población indígena y afrodescendiente, pues se reconoce lo vulnerable de la situación sanitaria y los altos niveles de pobreza en esas comunidades.
La disparidad en los servicios sanitarios en esas zonas, representa un riesgo en la prevención como en manejo del COVID-19. “Esto toma relevancia ya que, a pesar de que la respuesta al COVID-19 es sumamente importante, los usuarios y poblaciones vulnerables deben de seguir teniendo acceso a servicios básicos de salud”, expone el análisis.
La censura institucional del régimen de Daniel Ortega sobre cuál es la realidad de la crisis sanitaria, es parte de los riesgos de que fracase el proyecto de emergencia del BID.
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Desde el 18 de marzo cuando se informó del primer caso de COVID-19 en Nicaragua, el Minsa, cada martes, brinda reportes semanales de la evolución de contagios y fallecidos por la pandemia. Sin embargo, no detalla cuál es la evolución de la enfermedad por municipios, departamentos ni de las regiones caribeñas.
En el boletín del 20 de octubre, por ejemplo, el Minsa reporta un acumulado de 5,434 contagios y 155 muertes por el virus. Oficialmente, los pacientes y los fallecidos han ido disminuyendo. En la semana del 13 al 20 de octubre, el Minsa supuestamente registró 81 nuevos casos y tan solo una muerte “atribuible” a la enfermedad. No hay ningún desglose de la situación por zonas.
Contrario a esto, el Observatorio Ciudadano, integrado por médicos independientes y organizaciones sociales para monitorear la pandemia, transparenta cada semana los casos a nivel nacional y por zonas geográficas. Al 14 de octubre, reporta un acumulado de 10,733 casos sospechosos verificados y 2,780 fallecidos en todos los departamentos y regiones autónomas. De las muertes confirmadas por el virus, 193 sumaron entre el Atlántico Sur, Norte y Río San Juan, según el reporte independiente.
Gremio médico duda de efectividad
La Asociación Médica Nicaragüense (AMN) responsabiliza al ocultamiento de la información sobre la pandemia por parte del régimen, a que el contagio comunitario se expandiera rápidamente en el país, “siendo peor” entre la población caribeña e indígena, “donde prácticamente se está a ciegas”, se asegura.
Javier Núñez, vicepresidente de la Asociación Médica Nicaragüense, afirma a Expediente Público, que para que el proyecto financiado por el BID tenga éxito, “lo primero es obligar al régimen a acabar con el subregistro de los datos, porque después de siete meses en crisis, seguimos los ciudadanos sin saber cuántas personas en verdad se han contagiado, cuántos han muerto, cuántas pruebas de detección se han realizado y si existe algún sistema de rastreo de los contagios”.
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“Mientras el BID le permita a este régimen seguirle mintiendo a la población, cualquier proyecto va a fallar. No evitarán que esta dictadura use esos recursos, ya sea en programas de clientelismo político, o bien que el mismo proyecto se use como parte de la campaña partidaria del FSLN en las elecciones” del 2021, advirtió el doctor Núñez.
Campaña de prevención ya tiene fallas
Se contempla “una estrategia de comunicación en medios masivos, orientada a la prevención y manejo del COVID-19”, por parte de la población. Esa campaña “educativa” será diseñada con asistencia técnica de la OPS. Aunque será dirigida a la ciudadanía en general, tendría mensajes específicos referidos a la “convivencia y protección de la mujer en el hogar”, y deberá difundirse en los dialectos que se hablan en las comunidades caribeñas e indígenas.
Una de las fallas identificadas en el análisis, es que “no se identifica un plan de comunicación consistente que pueda tener impacto en la población general, donde se establezcan mensajes claves y factores de riesgo, principalmente para mitigar la pandemia y reducir la transmisión comunitaria, ya que los mensajes que existen todavía son de la fase de preparación”, de cuando se informaron los primeros contagios, en marzo.
El contrato se aprobó en agosto en la Asamblea Legislativa. Dos meses después, no hay una campaña masiva de prevención del COVID-19, a pesar de que el Minsa la anunció el pasado 8 de octubre. Los spot publicitarios y viñetas se pasan solo en los canales, radios y medios digitales oficialistas -que tienen baja audiencia-, y se repiten pocas veces.
El lema de la campaña oficialista es “Cuidémonos siempre, cumplamos las medidas de protección contra el COVID-19”, donde lo único novedoso es que se promueve el uso de mascarillas y mantener la distancia de 1.5 metros entre las personas en lugares públicos, recomendaciones que el régimen se negaba difundir.
Limitada difusión de recomendaciones
No se ha transparentado por las autoridades ni por el BID, si esa campaña es parte del proyecto millonario. De serlo, habría un incumplimiento a las pautas porque los mensajes solo son en español, cuando deben ser también en los idiomas creole, miskito, sumu y el rama que son autóctonos de la Costa Caribe.
Precisamente, otra debilidad señalada al proyecto es la falta de información para la prevención y manejo del coronavirus, adaptada a las poblaciones de las comunidades caribeñas.
Es tan “pobre” esa campaña que una rápida revisión de las páginas web de los medios, como el estatal Canal 6 o de Radio Nicaragua, se constata que no hay información que refiera a las recomendaciones para evitar el contagio de la enfermedad.
En la práctica el Minsa, las alcaldías y el resto de instituciones siguen con acciones focalizadas como fumigación en los mercados, terminales de buses y repitiendo la importancia de lavarse las manos con agua y jabón constantemente. Contrario a las recomendaciones internacionales se siguen promoviendo actividades de aglomeración de personas, propiciando el riesgo de una segunda ola de contagios de la enfermedad, advierten la Asociación Médica Nicaragüense y el Observatorio Ciudadano.
Ante la falta de acción oficial, desde el inicio de la pandemia, la población desarrolla sus propias medidas de prevención, incluidas las comunidades indígenas donde algunas declararon la cuarentena voluntaria.
En mayo, mes en que el país inició la curva exponencial de casos, el Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K), que ejerce autoridad en las comunidades de Karawala y Sandy Bay Sirpi, en el Caribe Sur, decretó la cuarentena. Por 31 días, decidieron que nadie entraba ni salía de sus territorios para prevenir contagios.
Entre los problemas a los que se enfrenta el proyecto para atender la emergencia sanitaria financiado por el BID, están las brechas de acceso a los servicios básicos, además de la calidad y uso de servicios sanitarios principalmente en la Costa Caribe Norte y Sur de Nicaragua, donde más de 500 comunidades son de indígenas y afrodescendientes.
“La población en su mayoría es atendida en unidades de salud básicas (puestos y Centros de Salud), estando más distantes de los hospitales con mayor capacidad de resolución”, resalta el análisis.
Deja fuera a la sociedad civil
El régimen de Ortega y Murillo excluyó a las organizaciones civiles de participar en la ejecución del proyecto pactado con el BID, al menos no se mencionan como actores en el Decreto Legislativo 5088/BL/NI, que validó el préstamo.
Como el contrato fue aprobado con “trámite de urgencia” en la Asamblea Legislativa de Nicaragua, no hubo consulta previa con organizaciones sociales ni asociaciones médicas independientes, que permitiese validar si el diseño del proyecto garantiza la efectividad que se pretende.
“Esto puede ser un riesgo en la etapa de implementación, ya que se pueden dejar de lado ciertos aspectos o poblaciones marginadas”, se advierte en las consideraciones sobre el proyecto.
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De no superarse en corto plazo la serie de vacíos identificados en lo pactado entre el BID y el régimen de Nicaragua, la asistencia financiera se arriesga a no tener el impacto que urge, para frenar la expansión del contagio comunitario del COVID-19.
