Los presos de la revolución sandinista: Una estrategia más contra la oposición campesina

Para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), los opositores a su primer Gobierno, que duró de 1979 a 1990, continuaron siendo “exguardias somocistas” a quienes calificaba de “genocidas sanguinarios”.

Aunque se encarcelaron a los guardias que no lograron huir, así como a muchos colaboradores del régimen de Anastasio Somoza Debayle, con el aumento de la resistencia armada, particularmente en el campo, comenzaron a llenar las cárceles de colaboradores de la Resistencia, pero también de campesinos que no tenían relación con este movimiento y habían caído bajo sospecha de los órganos de seguridad.

El comandante Johnson, Luis Fley, asegura que “miles de campesinos fueron presos por colaborar con la Contra, pero no teníamos control sobre ellos, sí eran de conocimiento de la CPDH (Comisión Permanente de Derechos Humanos) presidida por Lino Hernández y del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional (CICR) representado por Ariane Tombet”.

La CPDH aseguraba que, al 17 de junio de 1988, había “no menos de 6,200 prisioneros acusados de contrarrevolucionarios y aproximadamente 2,000 prisioneros acusados de haber pertenecido a la Guardia Nacional”.

Raymundo Duarte, encarcelado en la década de los ochenta por pertenecer a la Contra, considera que en esta década la cifra de presos por colaborar con el movimiento pudo llegar a 10,000. 

Por su parte, un procurador auxiliar de Justicia que laboró entre 1987 y 1988 en un municipio de Chontales, al centro del país, y quien pidió proteger su identidad, confirma que hubo más de 9,000 presos y acusados sin pruebas de colaborar con la dictadura somocista o con la Contra o por ser familiares de comandos. 

“Por el sigilo estatal no hay datos que puedan comprobar (el número de presos en toda esta década), pero el Gobierno metió, en tres noches y solo al sistema penitenciario de Juigalpa, a tres mil personas aproximadamente, quienes convivían en un área de entre ocho o diez manzanas que estaban muy bien cercadas. Después comenzaron a detener gente de Nueva Guinea hasta Juigalpa y desde El Rama hasta Juigalpa (en el centro del país), eso fue como en 1985 cuando llegaron a recoger a toda esa gente acusada de colaborar con la Contra. La capacidad de ellos para capturar era bárbara y a quien ellos querían darle el delito de contra se lo daban”, recuerda Daniel Santos, habitante de Juigalpa, quien también fue acusado y sentenciado de ser contra.

En la madrugada del 7 de agosto, contra todos los pronósticos, los cinco presidentes logran un acuerdo y firman el Plan Arias para la Paz, también conocido como Esquipulas II. Fotografía de Fundación Arias.

Duarte estuvo preso más de tres años y fue liberado bajo los acuerdos de Esquipulas II, impulsados por el presidente Óscar Arias, de Costa Rica. “Yo caí preso el 24 de mayo de 1984 y salí, ya bajo esos acuerdos, en noviembre de 1987. Nosotros fuimos el primer bloque de presos que salimos en ese tiempo, de doce mil que había en La Modelo (la principal cárcel del país, en las afueras de Managua), primero salimos mil. Yo recuerdo que era el número 998, casi me quedo”.

Oficialmente se sabe que el Gobierno de Nicaragua procedió a indultar a 985 personas el 29 de noviembre de 1987, de las cuales 779 eran de la Contra y 206 condenados por los Tribunales Especiales, como medida del Acuerdo de Esquipulas II, firmado el 7 de agosto de 1987.

Después de esta liberación, el Gobierno permitió que el CICR visitara las cárceles en febrero de 1988, reporta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH informó en el IV Capítulo de su Informe Anual 1987-1988 que “se encuentran privadas de su libertad por razones vinculadas a situaciones de origen político” 1,822 personas en virtud de procesos seguidos ante los Tribunales Especiales y 1,532 por actividades consideradas contrarias a la seguridad del Estado, detenidas, acusadas o condenadas por violar la Ley de Mantenimiento del Orden y la Seguridad Pública”, creada en 1980, según el censo del CICR  en los centros de detención dependientes del Sistema Penitenciario Nacional.

La CPDH manifestó que la cifra era mucho menor porque el Gobierno sandinista no permitían el acceso a numerosos centros de detención en Nicaragua.

Fley reconoce que gran parte de estos presos eran civiles campesinos, “muy pocos combatientes fueron detenidos” y aquellos que eran capturados terminaban siendo “torturados y luego asesinados, porque el Ejército sandinista era cruel y asesino, nunca respetó la vida de los prisioneros. Por ahí anda una foto en la cual le están cortando las orejas a un campesino contra muerto en combate”.

El exjefe contra solo recuerda a dos elementos armados beneficiados con la amnistía, uno fue Efrén Mondragón, alias Moisés, era comandante de la emblemática fuerza de tarea Sagitario, quien había desertado y publicó en 1987 el libro “Yo fui un contra” y apareció muerto en el parque de Somotillo años después, el otro fue de miembro de la tropa Jorge Salazar y fue “utilizado para invitar a otros contras que se acogieran a la amnistía, era Sierra Lima, quien “cayó en desgracia con los mismos sandinistas y falleció en 2017 en Siuna (por muerte natural) y en una desgracia terrible”.

Por su parte, “Johnson” reconoce que cuando asumió la fiscalía de la Resistencia Nicaragüense en 1988 se encontró con más de 100 presos capturados, pero “era una gran carga para nosotros tener dos cárceles, en Honduras la del Congo y en el cerro La Pelona en San Andrés Bocay, en el lado de Nicaragua.  No eran cárceles, sin alambrados, estaban en un área custodiados. Alimentarlos, custodiarlos y mantenerlos sanos era una gran carga así que le dije al comandante que era mejor liberarlos y así se planeó su liberación para diciembre de 1988 con apoyo de la Cruz Roja hondureña”.

“Eran prisioneros de guerra, combatientes sandinistas capturados en combate, un prisionero político es como los que actualmente tiene Daniel Ortega. No tuvimos presos políticos, solo del Ejército sandinista capturados en combate que se mantuvieron firmes en sus posiciones políticos”, asegura. 

Crimen contra su prima lo motivó a entrar a la Contra

Duarte confirma que fue mensajero de los rebeldes y se integró como colaborador luego que mataran a una prima y su esposo.

“La revolución se miró bonita al inicio, en el siguiente año comenzaron a quitar armas. Recuerdo la violación y asesinato de mi prima-hermana Jamileth Sequeira Duarte, una mujer muy bonita. ¿Cómo sucedió? Había un sandinista conocido únicamente como Fajardo, que llegaba y la enamoraba, siendo ella una mujer casada con Guillermo Lorío. Antes de cometer tal atrocidad, le había dicho: ‘vas a ser mi mujer a las buenas o a las malas’, a lo que ella respondió que era una mujer casada y que se daba a respetar, porque era una mujer de valores, entonces la sacó de su casa, llegó en una camioneta en la noche en compañía de otra persona. También sacó al marido, luego aparecieron ambos muertos, eso fue un 18 de mayo de 1983”, cuenta Duarte. 

Condenado a 30 años por un crimen que no cometió

En el poblado de Acoyapa, a inicios de la década de los ochenta, Gregorio Núñez, antes de integrarse a la Contra, siendo aún muy joven y de familia sandinista, también cayó preso junto a su hermano, sospechosos de haber asesinado a un miembro local del Comité de Defensa Sandinista (CDS).

Los CDS, eran definidos en los 80, como los “ojos y oídos de la revolución”. Se identificaban como informantes de cualquier acto o acción de una persona en contra de las políticas sandinistas. Se parecen a los actuales Consejos del Poder Ciudadano (CPC), creados por el actual gobierno de Daniel Ortega, pues ambos fungen como organizaciones control social.

 “En un inicio no quería alzarme exactamente en contra del sandinismo, pero no me gustó que me querían obligar a que prestara el servicio militar. Mi papá era CDS, mi mamá también, otro hermano mío no, pero otro fue voluntario a la guerra. Nosotros vivíamos muy bien en la zona, pero no quería prestar el servicio militar. Le exigían a uno ir porque decían que era una ley del Gobierno. Después de eso, hubo racionamiento de la comida, confiscaciones, unos tíos y unos amigos fueron confiscados”, recuerda Núñez.

“Los sandinistas andaban diciendo que a los millonarios les iban a quitar todo y me comenzaron a ver mal, me echaron a la Seguridad del Estado para después achacarme la muerte de un miembro de los CDS. Mi papá no se daba cuenta que me acusaban por esa muerte, él estaba viviendo en Acoyapa y yo en la finca. Un día llegaron y nos llevaron presos a mi hermano y a mí, ni a mi papa le dijeron. No sabíamos por qué. Nos llevaron presos a Santo Tomás y ahí nos tuvieron quince días sin saber por qué, luego llevaron ahí a unos familiares del muerto, quienes afirmaban que éramos nosotros los culpables del caso. Es así que nos dimos cuenta del porqué del problema. Resulta que habían asaltado y matado a un CDS, luego un hermano del muerto quien era de la Seguridad del Estado, investiga y da con los hechores, pero ya nosotros estamos juzgados y condenados a treinta años, mi hermano, mi cuñado y yo”, relata muchos años después Gregario Núñez. 

No obstante, luego de la investigación y aclaración meses después del asesinato de parte del hermano de fallecido que era de la Seguridad del Estado, y tras once meses presos injustamente, los acusados y condenados por un delito que no cometieron salieron libres. 

“Después de toda esa cuestión, ya no me gustó (el sistema sandinista) y me dije: aquí lo involucran a uno por puro gusto, entonces me metí a la guerrilla. Me integré un 9 de mayo de 1984 y estuve hasta 1990”, recuerda este expreso político y exjefe contra. 

Daniel Santos aún conserva las cicatrices de las torturas

“Yo caí preso en 1982, porque junto a un grupo de jóvenes conformamos un frente interno, y aunque no teníamos armas en ese momento, el gobierno sandinista nos descubrió, por lo que me encarcelaron tres años y seis meses. Exactamente estuve preso hasta finales de 1986 y cuando me liberan me dicen que me dan a dar una oportunidad porque ‘la revolución es generosa’, aunque me tenían preso por gusto. Después que me torturaron dicen que me van a dar la oportunidad de que salga para que mirara la generosidad de la revolución. Aquí tengo todavía unos puntos donde me pusieron unas bayonetas, usted puede observar cómo se me ve por acá”, recuerda Daniel Santos, quien fue acusado y encarcelado por contrarrevolucionario en Juigalpa, Chontales. al igual que miles de nicaragüenses que no estaban de acuerdo con el sistema político que imponían el FSLN.

“Aún recuerdo cuando me decían: ‘aquí te morís, sí no nos decís dónde está la otra gente, sí no nos entregas las armas y a quiénes andan con vos, quiénes son los cooperantes, quiénes son los que financian’, eso y un montón de cosas más me decían”, rememora Santos, décadas después.

Un sistema de justicia hecho a la medida del FSLN

El encarcelamiento fue una estrategia política, militar y mediática, contó con un andamiaje jurídico porque “la revolución era fuente de Derecho” como decían miembros de la Dirección Nacional (DN) del FSLN en los 80.

La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) creó en 1979 los Tribunales Especiales, que funcionaron hasta 1981, para juzgar a los miembros de la derrotada Guardia Nacional, pero también a colaboradores del régimen somocista, en estos tribunales pasaron 6.310 personas, de ellos 1.760 fueron dejados libres por indultos previos o por falta de pruebas, revela la revista académica Envío de octubre de 1988.

De los 5,550 casos juzgados, 1,229 fueron absueltos, mientras los 4,331 restantes recibieron sentencias que iban desde algunos meses a 30 años de cárcel, que es la máxima pena contemplada en las leyes nicaragüenses desde la revolución hasta la fecha. En 1988 permanecían en las cárceles 1,800 de los llamados “somocistas”, reportó Envío.

Sin embargo, en 1983 se crearon los Tribunales Populares Antisomocistas (TPA) que funcionaron hasta 1988, presidía la Sala de Primera Instancia, Marvin Aguilar García, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El objetivo de estas cortes era emitir juicios rápidos a los contras capturados y a los colaboradores de la guerrilla campesina.

Cada tribunal constaba de tres miembros, que tenían que ser mayores de 21 años y de reconocida solvencia moral. Asimismo, uno de sus miembros debía ser abogado o estudiante de Derecho, al menos en su penúltimo curso. La justificación para estos procesos anómalos, por el que se suspendían las garantías constitucionales y los recursos de habeas corpus, fue siempre el “estado de emergencia”, según documenta la Revista de Indias de 2015.

Gran cantidad de campesinos fueron sometidos a los TPA, incluso muchos que solo dejaron pasar a la contra por su zona o por haberles dado de comer, según la misma Revista de Indias de 2015 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España.

La captura de miles de campesinos sospechosos de colaborar con la contra fue parte de la estrategia sandinista de controlar el alistamiento de campesinos en la resistencia durante la guerra de los 80, afirma Duarte.

Sin embargo, la persecución directa contra opositores al régimen revolucionario no solo fue exclusiva en el campo, también se hacía en las ciudades, aunque en menor escala. 

Los casos más conocidos se dieron en Nandaime durante una protesta en contra del régimen el 10 de julio de 1988, en donde fueron presos destacados opositores como la abogada conservadora y futura presidenta parlamentaria Miriam Argüello, el jurista Róger Guevara Mena y algunos sindicalistas, entre otros. La policía neutralizó la protesta y capturó a 39 personas, algunos de ellos fueron liberados 6 meses después por medio de una amnistía decretada por el presidente Daniel Ortega.

Las funciones del Ministerio de Justicia y la Procuraduría de Justicia

Además de los TPA, el gobierno sandinista creó en la década de los ochenta el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General de Justicia, que incluía procuradores departamentales y procuradores auxiliares en los municipios, quienes, con los agentes de la Seguridad del Estado, adscrita al Ministerio del Interior, y la Policía encarcelaban y conformaban el sistema de justicia penal.

Para juzgar y condenar a quienes se consideraban sospechosos de actuar contra el régimen se aprobó en 1980 la Ley de Mantenimiento del Orden y la Seguridad Pública, también el entonces Consejo de Estado emitió el Decreto-Ley 1074 el 6 de julio de 1982 y publicado en La Gaceta, Diario Oficial 167 del 17 de julio de 1982, que establecía las condiciones para ser juzgados por atentar contra la revolución, es decir: a) Los que realicen actos dirigidos a someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia e integridad; b) Los que revelaren secretos políticos o de seguridad concernientes a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la nación, o secretos cuya revelación perjudique la seguridad económica del país; c) Los que dañaren instalaciones, vías, puentes, obras u objetos necesarios para la defensa, con el propósito de perjudicar el esfuerzo defensivo de la nación; d) Los que tomaren las armas a fin de atacar al Gobierno Nacional, sus órganos o integrantes, así como los que realizaren actos o gestiones para tomarlas con el mismo fin.

Las sentencias de prisión por estos cuatro delitos mencionado rondaban los cinco a treinta años, además, había otros acápites en la legislación que establecía penas para los opositores de tres a quince años, pero también otras supuestas amenazas al Estado, por ejemplo, el inciso “f” señalaba a quienes propiciaran en el mercado el alza o baja de los precios, acaparando cualquier clase de mercaderías, productos o valores o usando otros medios de especulación.

Esta ley daba poderes ilimitados a la Procuraduría para actuar. “Para juzgar a los contras se estableció incluso un machote, o guía en donde se establecía todos los supuestos jurídicos que había violado el acusado por ser contrarrevolucionario, casi sin derecho a la defensa, pues siempre el sistema encontraba culpable al acusado.

Así se llenaron las cárceles de miles de personas principalmente campesinos. Se estima que, en el sistema penitenciario de Juigalpa, una de las zonas con mayor incidencia de la Contra, se llegó a albergar a más de ocho mil prisioneros”, afirma el exprocurador auxiliar. 

Los familiares de los reos no podían acudir a la defensa

“La defensa era casi nula, ningún acusado en mi experiencia salía libre cuando le armaban un expediente en base a un machote en donde establecía generales de ley, los delitos y las causas por las cuales se les acusaba. El proceso era simple: la Seguridad del Estado capturaba junto a la policía a los sospechosos, luego el procurador remitía el expediente a los jueces de distrito y estos establecían la pena. En teoría, los abogados se personaban para la defensa para finalmente procesar y condenar a los sospechosos. Eran pocos los abogados que se atrevían a defender a un contrarrevolucionario, era considerada una herejía”, afirma el exprocurador auxiliar. 

“Además, los familiares de los presos no tenían recursos económicos para pagar abogados y los organismos de derechos humanos no alcanzaba a defender a los miles de encausados y acusados”, asegura.

Actualmente en Nicaragua, el rol de acusador ya no lo hace la Procuraduría General de Justicia, la Fiscalía General, a cargo de Ana Julia Guido, quien fue parte de la Policía Sandinista en los ochenta.

Trato jurídico se heredó, reiteran excontras

“Yo siento que la cosa no ha cambiado, sigue siendo la misma manera de capturar, la misma manera de torturar, la misma manera de presionar, yo siento que no ha habido cambios y digo esto porque detrás de esta gente sigue la misma Policía, sigue el mismo Ejército, sigue la misma Seguridad del Estado, ese aparato se ha mantenido intacto por eso es que lo único que han hecho es modernizarlo un poco más, pero es lo mismo”, dice Santos, quien aún tiene fresca en su memoria el actuar de las fuerzas represoras del Gobierno de los ochenta.

Los pocos cambios que ocurrieron para democratizar el Poder Judicial, durante el gobierno de Violeta Barrios de abril 1990 a enero de 1997, se terminaron con el pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán en 1998, cuando se repartieron el sistema jurídico del país.

“Lo primero que hizo el sandinismo cuando tomó el poder fue secuestrar el sistema judicial. En ningún momento hubo respeto a las leyes. Con las leyes se ha jugado y con los individuos que la padecen. Ha sido un juego de toda la vida. El Estado de Derecho se basa en una ley escrita que se tiene que cumplir, si usted la mueve a su gusto, si la amaña al criterio de un magistrado y da una declaración equivocada porque él es el encargado como Corte Suprema de Justicia de interpretar la ley y ese funcionario obedece a una corriente política y a un partido político obviamente no será imparcial”, declaró a Expediente Público uno de los exjefes contras del frente sur y exguerrillero sandinista que pidió no mencionar su nombre.