*El abogado colombo-estadounidense, Michael Reed-Hurtado, director de operaciones del Centro Guernica para la Justicia Internacional, afirmó que la investigación penal iniciada en Argentina contra Ortega-Murillo es un buen paso para las víctimas del régimen en Nicaragua, pero no se atreve a dar un “voto de esperanza todavía”.
**El jurista nicaragüense, Uriel Pineda, consultor independiente en Derechos Humanos, señaló que el Poder Judicial y la Fiscalía en Argentina gozan de una “reputación muy superior” y eso garantiza que el proceso siga su marcha.
Expediente Público
La investigación penal en contra de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre crímenes de lesa humanidad iniciada la semana pasada en Argentina, además de que puede durar décadas podría verse empañada por una serie de obstáculos legales y políticos que pueden presentarse a lo largo del proceso y retrasar la justicia para las víctimas, explicó a Expediente Público el abogado colombo-estadounidense Michael Reed-Hurtado, director de operaciones del Centro Guernica para la Justicia Internacional.
Aunque en Nicaragua existen pocas probabilidades de que las víctimas puedan iniciar un proceso de investigación contra Ortega y Murillo, debido a que la “justicia está políticamente condicionada”, las vías externas que quedan “son muy limitadas”, afirmó Reed-Hurtado.
“Es un proceso que a veces se mide por décadas desafortunadamente (…) Una de esas vías es que, en efecto, alguna nación decida utilizar sus estatutos con el fin de perseguir crímenes cometidos extraterritorialmente, esto es una posibilidad», explicó.
Pero, agregó, de ahí a que la posibilidad se materialice, que en efecto sobrepase no solo los obstáculos legales, sino además los obstáculos políticos faltan muchísimo tiempo, yo entiendo la necesidad de encontrar esperanzas, pero me temo que los obstáculos son gigantes.
Ortega-Murillo confrontado
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El jurista nicaragüense, Uriel Pineda, consultor independiente en Derechos Humanos, sin embargo, explicó que el actual contexto político no le favorece al régimen. El pasado 15 de agosto, durante un acto en ocasión del 42 aniversario de la Fuerza Naval de Nicaragua, Ortega acusó al presidente argentino, Alberto Fernández, de ser un “instrumento del imperio yanqui”.
“El contexto no le favorece al régimen, hemos visto algún distanciamiento no como quisiéramos entre Argentina y Nicaragua y si hay una alternancia política, en todo caso acentuaría esa diferencia. De existir alguna influencia política creo que en este momento no le juega en favor al régimen Ortega-Murillo (…) Yo creo que la única herramienta de defensa que tiene el régimen es desacreditar este tema, es bilateralizar el conflicto con Argentina para tratar de desviar la atención”, añadió Pineda.
El jurista nicaragüense insistió que una ventaja en el marco de esta investigación es que “el Poder Judicial y la Fiscalía argentina gozan de una reputación muy superior a la que puede tener las autoridades en Nicaragua”.
“La independencia del Poder Judicial en Argentina, la autonomía de la Fiscalía, me parece que juega un elemento importante, no es tanto el impulso que haga un gobierno, sino digamos el desarrollo normal y natural de la institucionalidad democrática existente en Argentina”, apuntó Pineda.
Se debe superar cualquier obstáculo
El 15 de septiembre de 2022, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número tres de Argentina, inició el proceso que incluye a varios funcionarios del régimen nicaragüense y aunque es un primer paso, “sigue habiendo muchos obstáculos probatorios, obstáculos legales y sobre todo hay muchos obstáculos políticos que intervienen en estos procesos”, insistió el abogado del Centro Guernica para la Justicia Internacional.
Desde 2018, las organizaciones de derechos humanos del país centroamericano han documentado las graves violaciones de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuenta con más 1,786 testimonios recibidos desde la visita de trabajo de 2018 y desde entonces ha revelado el progresivo deterioro de la situación.
“Yo entiendo la situación que se está presentando y, como ustedes, quisiera que fuera una ventana de esperanza, sin embargo, siendo abogado yo lo único que puedo decir es hay que tener mucha caución y precaución, yo no daría un voto de esperanza todavía (…) No necesariamente se ha abierto esa puerta y no necesariamente va llevar a algún sitio, quiero ser muy cuidadoso para no desinflar, pero por otro lado, sí me parece un error pensar que ya se ha llegado al momento de la justicia”, añadió Reed-Hurtado.
Rusia protegería a Ortega-Murillo
Los abogados argentinos Darío Richarte y Diego Hernán Pirota impulsaron la investigación a partir de la denuncia que presentaron el 26 de agosto de 2022. A la fecha, tras solicitud de la Fiscalía, el juez federal Ariel Lijo ordenó enviar un exhorto a la justicia de Nicaragua para que informen si existen procesos en trámite en el país centroamericano.
Para Pineda el caso debería ser conocido por la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Holanda, pero naturalmente Nicaragua no es un país signatario del Estatuto de Roma y tampoco se puede someter al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que por mandato puede referir determinados casos al Fiscal de la CPI, porque Rusia lo “vetaría” por su afinidad política con el régimen.
“Estamos ante la única vía que puede abrirse en el contexto actual en Nicaragua para garantizar justicia a las víctimas y que se haya abierto eso da una luz de esperanza (…) Ellos ejercen o detentan el poder independientemente de que esto sea de facto en Nicaragua, de manera tal de que no vamos a estar viendo un juicio, lo que sí vamos a poder ver posiblemente es que si el proceso digamos continúa avanzando, las autoridades judiciales argentinas pueden solicitar la extradición de estas personas», explicó.
Extradición de Ortega-Murillo es “impensable”
Considerar una eventual extradición de Ortega y Murillo a Argentina es “impensable” a juicio de Pineda.
“Esto no significa que la Corte de Nicaragua va a extraditar a la pareja presidencial esto es impensable. Lo que va a ocurrir es que Nicaragua se va a convertir en una gran cárcel para ellos, porque en el momento que ellos pongan un pie fuera de Nicaragua y las autoridades argentinas soliciten la extradición va a ocurrir exactamente lo mismo que le ocurrió Augusto Pinochet estando en Inglaterra en 1998 ante el requerimiento de la audiencia nacional de España del juez Baltasar Garzón, donde al ser requerido pues hubo una crisis diplomática”, dijo Pineda.
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Garzón investigó los hechos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo durante la dictadura militar en Chile (1973 a 1988), con víctimas españolas, y valiéndose del principio de Justicia Penal Universal, el 16 de octubre de 1998 ordenó la detención de Pinochet.
Conectar con las víctimas de la represión
El jurista nicaragüense aclaró que el principal reto que tiene la justicia argentina es conectar con el proceso la evidencia recopilada de las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua, partiendo de que los delitos de crímenes de lesa humanidad se deben acreditar con los “testimonios de las víctimas”.
“Las personas que han sido desplazadas, las personas que han sido torturadas, los familiares de las personas que han sido asesinadas tienen en algún momento que entrar en contacto con estas personas para darle rostro a las víctimas, es decir, no basta decir que hay una política de persecución tienen que haber víctimas tangibles”, añadió Pineda.
Reed-Hurtado planteó que la comunidad internacional debería implicarse más en los procesos contra la impunidad por los crímenes del régimen Ortega-Murillo y cuando los efectos de los crímenes trascienden las fronteras nicaragüenses, inmediatamente esos Estados afectados deberían ejercer su jurisdicción.
“Cada país y cada Estado puede hacer lo suyo de acuerdo a lo que le permitan sus leyes y, en ese sentido, podrían aquellas que tengan estatutos que les permitan perseguir crímenes cometidos extraterritorialmente ver si por vía de la nacionalidad de la víctima, ver si por la entidad del crimen cometido pueden ejercer jurisdicción”, añadió Reed-Hurtado.
Existen otras puertas de acceso a la justicia
El abogado internacional del Centro Guernica recordó el caso de la estudiante brasileña, Rayneia Gabrielle Lima, que fue asesinada en Nicaragua por paramilitares del régimen Ortega-Murillo, y cuyo crimen podría ser perseguido por la justicia de Brasil para castigar a los autores.
«Ahí nuevamente podría la justicia brasilera perseguir ese crimen si logran saltar una cantidad de arandelas, inclusive un obstáculo horroroso ligado a un tema de amnistías, que si bien tiene que ver con amnistías que son espurias o amnistías que son contrarias al derecho internacional, el tema es que aquí nuevamente se cruza mucho la política”, puntualizó Reed-Hurtado.
Sin embargo, no es suficiente solo tener un buen caso y que un país tenga la posibilidad de que uno pueda presentar una denuncia por crímenes internacionales cometidos en otro país, además “necesitamos una alineación de una cantidad de cosas y tristemente la política, aunque no se hable mucho de eso, condiciona horriblemente estos procesos de Justicia”, finalizó Reed-Hurtado.
La política como obstáculo
En 2020, la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano de Costa Rica, estableció un tribunal de conciencia denominado “La Violencia Sexual como Crimen de Lesa Humanidad en Nicaragua”, en el que se concluyó que el régimen de Ortega-Murillo utilizó la violencia sexual como una táctica de tortura.
En ese tribunal, que sirvió como un ejercicio para conocer la responsabilidad del régimen, se contó con el testimonio de 18 víctimas de violencia sexual que expusieron con sus testimonios la saña con la que actuaron las autoridades del Ejército, la Policía, funcionarios, grupos de choque y paramilitares durante las protestas iniciadas en 2018, lo que constituyen casos de tortura.
