*Desde 2017 hasta junio de 2020 la institución al servicio de la dictadura Ortega Murillo ha decomisado al narcotráfico más de 38 millones de dólares. El destino final del dinero es desconocido. En la mayor parte de los operativos solo capturan a choferes o cuidadores de fincas. En otras, el dinero es “abandonado” por el narco.
Reportaje producido por Artículo 66, en colaboración con Expediente Público
Seis oficiales encapuchados custodian el último botín que la Policía Nacional incautó al narcotráfico. El operativo, ejecutado en el municipio de San Lorenzo, Boaco, resultó en el decomiso de 4.6 millones de dólares, una camioneta Hilux y la captura de Marlon Sequeira Calero, quien, según información oficial, iba como pasajero. Durante la presentación del “duro golpe al crimen organizado”, el segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), Victoriano Ruiz, no informó cómo es que, después de realizar una persecución “exitosa”, el conductor de la camioneta escapó, y tampoco especificó si el quiebre estaba relacionado con un cartel de drogas. Fue una exposición escueta, sin preguntas, similar a las 63 conferencias de prensa que esa institución ha realizado desde 2017 hasta junio de 2020.
Un análisis de datos realizado por Artículo 66 en alianza con Expediente Público, basado en la recopilación de información de notas de prensa de la Policía Nacional, reveló que en esos 63 operativos contra el “narcotráfico transnacional”, la institución incautó al menos 38,083,916 millones de dólares, sin informar, hasta ahora, cuál ha sido la distribución de ese dinero. Es decir, si ha ido a parar a las instituciones correspondientes, tal y como la ley 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados, lo mandata.
La Ley 735, aprobada en el año 2010 y reformada en 2017, señala que después de que el juez dicta sentencia de culpabilidad en este tipo de casos, el dinero decomisado, abandonado u obtenido por la venta de bienes en subasta, debe ser distribuido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), a través de la Tesorería General de la República a distintas instituciones del Estado, sin embargo, esta información no es publicada en detalle por la institución, ni en boletines de prensa ni en los informes anuales.
El análisis realizado por Artículo 66 revela también un importante incremento en el número de quiebres y en los montos incautados después de la Rebelión de Abril en 2018 y de las sanciones que impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hace pocos meses.
Cabe señalar que hasta antes de la crisis de 2018, la Policía Nacional se presentaba ante los nicaragüenses y la comunidad internacional como uno de los cuerpos de seguridad más eficientes y transparentes de la región. Su modelo “comunitario”, sumado a la “rápida acción” contra el crimen organizado, representaba su mejor carta credencial.
El punto de quiebre ocurrió después de abril de 2018, cuando la institución fue utilizada para reprimir y masacrar a cientos de nicaragüenses que protestaban en contra el régimen orteguista. Su imagen decayó a medida de que aumentó la crueldad policial. A nivel internacional el apoyo económico se puso en entredicho a tal punto de que el gobierno de Estados Unidos solicitó la devolución de patrullas policiales que habían sido donadas para combatir el crimen, pero que los oficiales estaban usando abiertamente para perseguir a manifestantes.
“Había una sensación de que la Policía, al menos en la lucha contra el narcotráfico, estaba siendo efectiva. Luego de abril todo cambia, la imagen de la institución, las sanciones, la represión, desnudó esos detalles que antes, estaban a la vista, pero que la mayoría decidía ignorar”, considera una fuente del Gobierno cercana a la Policía Nacional, que aceptó hablar con este medio de comunicación bajo condición de anonimato.
El curioso aumento de incautaciones de dinero
Con la caída de la imagen policial y el desprecio internacional, el número de operativos en contra del narcotráfico aumentó de forma peculiar. Si en 2017 la Policía Nacional decomisó 5,798,663 dólares, siendo el quiebre con mejor resultado el ocurrido en San Marcos el seis de septiembre, luego de que oficiales de esa delegación encontraran la suma de 1,265,640 millones de dólares abandonados en una camioneta, el siguiente año casi lo duplicó.
En 2018, si bien el número de operativos pasó de 15 a 13, la suma anual incautada fue de 9,818,670 millones de dólares. Ese año el quiebre de mayor envergadura ocurrió en Masaya y Carazo, en un operativo que resultó en la captura de cinco ciudadanos nicaragüenses y varios vehículos. Fiel a su política de secretismo, ni la Policía ni el Gobierno revelaron el destino de esta cantidad de dinero.
Con el estado de sitio policial en su máxima expresión, en 2019 la Policía logró un récord en el número de operativos e incautaciones, pese a desplegar el mayor número de efectivos en las principales ciudades del país y no en territorios fronterizos, donde curiosamente se realiza el mayor número de decomisos.
En total fueron 19 quiebres que acumularon 12,002,567 dólares. Comparado con el 2017, la cantidad de dinero fue, por mucho, superior. Ese año los operativos en los que más dinero incautó la institución ocurrieron en Chinandega (2) y Rivas. En el primero se ocupó 1,722,000 dólares pero no hubo detenidos. En el segundo decomiso fue capturado Josué Jarquín, conductor de un camión, que trasladaba 2,669,195 dólares.
El tercer quiebre ocurrió en San Juan del Sur. Aquí la Policía capturó a Joan Martínez y Erick Hernández, ambos nicaragüenses, a quienes les ocuparon un taxi y un camión cargados con 3,185,920 dólares. De nuevo, según la información oficial, la relación de los detenidos con el caso se limitaba a informar de que eran los choferes de los vehículos. No se vinculó a ningún cartel de la droga.
Para este año el monto total que podría incautar la Policía posiblemente superen, otra vez, el total del año anterior, pues hasta junio de 2020 las autoridades han realizado 16 operativos que han resultado en un acumulado de 10,463,016 dólares. Los quiebres más importantes han ocurrido en Boaco (4.6 millones de dólares) y Ocotal, Nueva Segovia, donde ocuparon a inicios de año 1,040,485 dólares.
“Es sospechoso que ocurran estos quiebres de drogas y que cada año el aumento sea mayor. Pero más peligroso es que no sabemos dónde está yendo ese dinero. No sirve de nada informar si desconocemos la ruta que llevan tantos millones”, cuestionó la fuente gubernamental.
Análisis a fondo
De acuerdo al análisis de Artículo 66 y Expediente Público, los municipios donde más se identificaron los mayores montos en las incautaciones son aquellos donde están las fronteras más importantes: en el sur (Cárdenas) y norte del país (Somotillo).
En el departamento de Rivas se detectaron las mayores incautaciones con un total de US$ 8.36 millones de dólares: Cárdenas US$ 4.34 millones y San Juan del Sur US$ 3.96 millones; mientras que en Chinandega un total de US$7.59 millones: Somotillo US$ 2.91 millones, Villanueava US$ 2.67 millones y El Viejo US$ 2.02 millones.
Según estas notas informativas, la Policía habría incautado un total US$ 5.79 millones de dólares en 2017, para el año 2018 la cifra aumentaría en un 68.88%, mientras que para 2019 el aumento rondaría el 22.67%. Por su parte, para los primero 6 meses del año 2020, se ha podido identificar que la policía ya incautó al menos un 83.90% de lo incautado en el años 2019.
Las cifras oficiales de la Policía Nacional, declaradas en los informes anuales de la institución, apuntan a que las cifras de incautación son mayores. Entre 2017 y 2019 oficialmente se reconoce que se incautó un total de US$ 35.49 millones de dólares, es decir, casi siete millones más que los US$ 27.59 millones identificados en las notas periodísticas publicadas también entre 2017 y 2019.
Roberto Cajina, experto en seguridad y defensa, analizó el comportamiento de las incautaciones en 2020. Para empezar, explicó, los operativos no marcan una tendencia clara y definida, salvo a las que a dinero se refiere. “Esto, sin embargo, me hace dudar de su veracidad”, manifestó Cajina, quien fija su atención en la principal característica de los quiebres: la dispersión geográfica.
“Solo tres en puestos fronterizos o localidades cercanas, una en Peñas Blancas, otra en El Guasaule y dos en Somotillo. El resto en localidades tan distantes como San Lorenzo a Boaco y Ocotal y El Viejo. Todo eso no tiene lógica, aunque sí debe reconocerse que la mayoría de esas localidades están en lo que podría denominarse el “corredor de la droga” en Nicaragua, pero solo en cuatro de ellas se ha incautado droga (asumo que cocaína): Tipitapa, Somotillo, Masaya y San Lorenzo (Boaco). En las restantes solo dólares. Y esto es lo interesante porque lo dólares usualmente son transportados de Norte a Sur y la cocaína de Sur a Norte”, cuestionó Cajina.
El experto en defensa y seguridad cuestionó la forma en que la Policía Nacional ha incautado el dinero. “En este sentido quiero aclarar que la gran mayoría de esas incautaciones no son resultado del trabajo de inteligencia policial sino una contingencia, digamos, natural, derivada, en algunos casos, por la conducta, el comportamiento del conductor (y/o sus ayudantes, si los tiene), el lenguaje corporal de ellos. Es decir que su forma de actuar los delata. En otros, porque la técnica canina identifica la droga. Aquí lo (preocupante) que debe destacarse es que el narcotráfico continúa operando y que la droga continúa circulando por el territorio nacional, usualmente de sur a norte”, advirtió Cajina.
La Ley que no se cumple
Hasta ahora ni la Policía ni el Gobierno se ha molestado en aclarar cuál es el destino final del dinero que incautan al narcotráfico, y al parecer, este no es un tema que importe demasiado a la dictadura orteguista. En las 63 conferencias de prensa que hizo desde 2017 hasta junio de este año, las autoridades policiales no rindieron información al respecto, pese a que la Ley 735 los obliga.
La Ley 735, aprobada en el año 2010 y reformada en el 2017, se encarga de regular las funciones del Estado para prevenir, detectar y procesar delitos relacionados con el crimen organizado y disposición de los bienes, objetos, productos, equipos u otros instrumentos.
En su artículo cuatro indica que debe existir un Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado que sea el órgano rector del Estado para crear acciones preventivas. Así mismo en el artículo 43 propone la creación de la Unidad Administradora de bienes incautados, decomisados o abandonados provenientes de actividades ilícitas, que es el lugar donde todo los bienes deben ser entregados por la Policía Nacional, y posteriormente encargarse de la subasta pública dentro de 48 horas.
Una vez que el juez dicta sentencia de culpabilidad en este tipo de casos, como se aborda en el artículo 58 en la “entrega definitiva”, el dinero decomisado, abandonado u obtenido por la venta de bienes en la subasta, debe ser distribuido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), a través de la Tesorería General de la República a distintas instituciones del Estado, sin embargo, esta información no es publicada en detalle ni por el Gobierno ni por la Policía en los boletines de prensa o informes anuales.
De acuerdo a la Ley, el dinero se distribuye “para ser usado única y exclusivamente en programas, proyectos y fines de prevención, investigación y persecución de los delitos, así como en programas de rehabilitación, reinserción social, elaboración de políticas públicas, coordinación interinstitucional y protección de personas, relacionados con el enfrentamiento del crimen organizado y sus consecuencias”.
Además del desconocimiento sobre el destino final del dinero incautado al narcotráfico, para Roberto Cajina, el problema más serio y más grave es que esta Ley no se cumple porque hasta ahora no se ha creado el Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado ni la Unidad Administradora que toma la decisión sobre estos bienes como indica la Ley, y esto sumado a las recientes sanciones a la Policía Nacional, abre las puertas a la corrupción, y al amiguismo político que consiste “en premiar a alguno y castigar a otros, que en su mayoría es el pueblo nicaragüense porque esos recursos no se usan”.
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El otro error de la Policía
Que en Nicaragua no haya información pública, exista secretismo, limitación de espacios en los juzgado e incumplimiento a cabalidad de la distribución entre las instituciones, son algunos de los elementos que permiten valorar si se está cumpliendo o no con la norma, explica el abogado Julio Montenegro, exfiscal del Ministerio Público durante once años.
Montenegro manifestó que mientras formó parte de la Fiscalía, una de las Instituciones incluidas en la Ley 735 para recibir parte de lo incautado en los operativos policiales, siempre hubo “reclamos” de que el dinero y demás bienes decomisados nunca llegaban a esa oficina.
“Casi siempre se hablaba de que los beneficiarios o era la Policía Nacional o la Corte Suprema de justicia”, expresó el abogado, quien agregó que este tipo de irregularidades son parte del incumplimiento con los requisitos que la ley establece.
Por otro lado, aseguró que últimamente se ha estado irrespetando la cadena de custodia que tiene que ver con una serie de procedimientos como el levantamiento de pruebas, y actualmente las inspecciones oculares no están haciéndose en el escenario del crimen a como la Ley lo mandata en su artículo 28, sino que ocurre en una oficina de la Dirección de Auxilio Judicial o de Plaza El Sol.
Montenegro reveló a este medio que otra de las injusticias tiene que ver con pruebas falsas que las autoridades colocan en los juicios, por ejemplo, bienes como revólveres, mochilas, kilos de cocaína, paquetes de marihuana, dinero, para montar toda una escena que infringe la ley del debido proceso.
Además de no crear el Consejo Nacional y la Unidad Administradora, otra de las irregularidades que comete la Policía Nacional en contra de los detenidos, es que presentan las pruebas que encuentran en los quiebres, desde una oficina y no en el lugar del crimen.
“Eso ahora no se hace, se le detiene a la persona en su casa, aparece que la detienen en determinado lugar de la vía pública y terminan confirmando que el caso es ficticio cuando hacen las pruebas oculares en la oficina de Auxilio Judicial”, afirmó el exfiscal del Ministerio Público.
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Tampoco se conoce sobre la destrucción de la droga que incautaron al narcotráfico, no existen subastas públicas, no se sabe el rumbo que toman los bienes como armas, vehículos o yates incautados. Y mucho menos el porcentaje del dinero que se distribuye, si es que ocurre, en las diferentes instituciones del Estado.
El muro de contención y el efecto de las sanciones
Recientemente Nicaragua fue remitida a la lista de países declarados con alto riesgo de lavado de dinero, como se les conoce a las naciones que forman parte de la lista negra de la Unión Europea. Sin embargo, a nivel nacional, el régimen Ortega Murillo continúa autoproclamándose como “el gran muro de contención contra el narcotráfico”.
“Estar en esta lista golpea muy fuerte la imagen del Gobierno y dificulta mucho su capacidad para obtener recursos de la comunidad internacional y de los organismos financieros internacionales. (Conscientes de la imagen negativa) por eso es que (el Gobierno) se presenta, como el “paladín” de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, mencionó el experto en seguridad y defensa.
“Es realmente una ficción” dijo la socióloga Elvira Cuadra, refiriéndose a la estrategia de muro de contención que utiliza el Gobierno, el Ejército y la Policía frente a la comunidad internacional para proyectar la imagen que son efectivos en la lucha contra el crimen organizado.
Cuadra, señala que esto no es posible por tres razones que corresponden a términos geográficos, políticos y operativos: “Nicaragua queda prácticamente en el centro del istmo centroamericano que es vital para el traslado de los cargamentos de droga del sur hacia el norte, pero también para otras operaciones de crimen organizado; políticamente no es posible porque las acciones del Gobierno para enfrentar al crimen organizado trasnacional necesariamente deben contar con la colaboración y acción conjunta de otros gobiernos en la región centroamericana; y en términos operativos, porque los grupos de crimen organizado no «saltan» sobre Nicaragua para seguir sus rutas y actividades hacia los demás países de la región”.
Artículo 66 y Expediente Público analizaron la tesis del Gobierno de que son el muro de contención del narcotráfico. De acuerdo a los mismos reportes policiales, desde 2007 hasta 2019, las incautaciones de cocaína han tenido una disminución importante, sin embargo, lo que ha incrementado es el número de decomisos de dinero, tal y como se ha comprobado en el análisis realizado en este artículo.
En 2007 la Policía incautó alrededor de 14 000 kilos de cocaína al narcotráfico internacional. En 2008 la cifra aumentó a 16 000, sin embargo, en 2009 experimentó una baja a 8 000 kilos. La línea seguió en declive en 2013 a menos de 2 000 kilos y en los últimos seis años ha variado entre 7 000 y 4 000 kilos.
Una “casualidad” sospechosa que mientras las incautaciones de droga hayan caído de una forma tan notoria, los dólares estén llegando por montón y, casualmente sean encontrados sin ningún capo a cargo, en el país que se denomina el muro de contención.
La sanción de Estados Unidos a la Policía Nacional trastocó los procedimientos administrativos de la entidad en la medida en que ningún banco local tiene relaciones con esas instituciones, explicó Cajina. El experto, además consideró que otras sanciones de Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido tienen al régimen acorralado y desesperado en busca de “ recursos frescos”.
“Así que las inversiones extranjeras directas prácticamente no existen ni existirán en el corto y mediano plazo, salvo que la situación política cambie. Por eso es que este gobierno echa mano de su pequeña “caja chica”, lo único que le queda: el BCIE” agregó.
Por otra parte, Cuadra considera que además de la afectación a la capacidad operativa general de la Policía, que incluye las actividades relacionadas con la prevención y la lucha contra el crimen organizado, podría significar una disminución de ese esfuerzo.
Sin embargo, tomando en cuenta la evolución que ha tenido la institución, así como el contexto de crisis del gobierno, “podrían convertirse en un aliciente para que la Policía se convierta en colaboradora de los grupos de crimen organizado a cambio de pagos”, consideró la especialista en seguridad.
El pago a los policías con cheques fiscales y demás servicios policiales en la actualidad por el MHCP, según Cajina, abre puertas a la corrupción. “No se conoce cómo se abastecen de combustible los vehículos oficiales de la Policía y por otra parte, las transacciones internacionales son prácticamente imposibles que por cierto, el reciente intento de adquirir municiones de escopetas en España, bloqueada por el gobierno de ese país, debió haber sido hecho por terceros, no por la misma Policía”, recordó.
Y aunque estas hayan impactado en la capacidad operativa de la Policía Nacional, sin ser posible precisar en qué medida; el experto subraya que “hasta ahora no ha perdido su capacidad represiva y su prioridad es garantizar la seguridad del régimen y, en consecuencia, desatender el resto de funciones que la Constitución y la Ley dan, en particular garantizar la seguridad de los ciudadanos y sus bienes” en otras palabras la inseguridad ciudadana incrementará, a como lo confirma la percepción del 71% de la población nicaragüense en la reciente encuesta publicada por firma CID – Gallup, finalizó el experto.
Dos datos oficiales sobre las incautaciones
Para la elaboración de este reportaje, este medio de comunicación llamó a la línea telefónica de la Dirección de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. Durante varias semanas intentamos comunicarnos con el responsable de esta área, sin embargo, nuestras llamadas no fueron atendidas.
Si bien este artículo fue elaborado basado en las notas de prensa que publicó la Policía Nacional desde 2017 hasta el mes de junio de 2020, este medio de comunicación buscó en los informes anuales de la institución con el objetivo de obtener información detallada sobre el destino del dinero incautado.
Aunque no logramos encontrar detalles sobre qué ha pasado con el dinero proveniente del narcotráfico, en los informes de 2017, 2018 y 2019, encontramos la cifra anual del dinero incautado al crimen organizado, que además, es superior de las cifras que la entidad policial ha divulgado cada vez que decomisa dólares.
Todos los informes policiales son publicados meses después de que culmina el año, así por ejemplo el de 2019 fue puesto en su página web en los primeros meses de 2020.
Así, por ejemplo, en 2017, mientras nuestra base de datos refleja que se incautó 5,798,663 millones de dólares, el documento oficial da cuenta de 7,405,114.50 millones de dólares.
En 2018, mientras el análisis realizado por Artículo 66 y Expediente Público reveló que la Policía había incautado 9,818,670 millones de dólares, el informe anual publicado este año refleja un total de 14,328,793 millones de dólares. Es decir el doble de lo que se ocupó en 2017, y casi cinco millones de dólares más de lo que la vocería policial informó en notas de prensa.
En 2019, de acuerdo al informe anual de ese año, la Policía incautó 13,325,656.10 millones de dólares, un millón más que lo reflejado en nuestra base de datos (U$ 12,003,567), y uno menos si lo comparamos con el año 2018.
