II de II entregas
Desde que Francisco López Centeno, “Chico López”, se posicionó en el mundo de la política nicaragüense a inicios de la década de 1990, su fortuna y sus múltiples negocios no han dejado de crecer. Se cuentan hasta 20 empresas, entre constructoras e inmobiliarias en las que su nombre está relacionado, y muchas de ellas, con un historial turbio y lleno de escándalos. Chico López sigue valiéndose de mil argucias al amparo de la pareja presidencial.
Víctor Vala
Francisco López Centeno fue sancionado por Estados Unidos bajo la Ley Magnitsky el 5 de julio de 2018, y se vio obligado a renunciar a sus altos cargos administrativos en Petróleos de Nicaragua (Petronic) y la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), pero siguió fungiendo como tesorero del FSLN.
López también continuó desde las sombras de Alba de Nicaragua (Albanisa), la empresa constituida por Petronic y Petróleos de Venezuela (Pdvsa), sin importar que ya tenía designado a un nuevo vicepresidente unos días más tarde, hecho que fue más visible cuando el presidente Daniel Ortega, lo nombró a finales de julio de 2019, ministro asesor presidencial para la producción y el comercio.
El comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos que acompañó la publicación de las sanciones a Chico López, el jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz y el secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, relacionó al tesorero del Frente Sandinista con actos de corrupción en el manejo discrecional de la cooperación venezolana en Nicaragua, que era administrada directamente por sus manos a través de Albanisa.
“Ha sido acusado de utilizar su posición en beneficio propio y el de su familia, al usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el gobierno”, detalla el comunicado.
Sus empresas siguen trabajando para el gobierno y delinquiendo de una manera muy metódica, enriqueciéndose de forma desleal sin importar la enorme debacle económica que ha dejado la represión antes, durante y después de abril de 2018, en que la crisis financiera ha desmoronado a Nicaragua de forma tal que solo ha sido comparada por los expertos con la crisis de los años 80.
Además de eso, el engranaje de sus millonarios negocios personales con el Estado de Nicaragua y las pequeñas alcaldías del país no han cesado ni un momento. En realidad, no han hecho más que aumentar, pues la venta de adoquines o la construcción de calles son el fuerte de varias empresas de López.
Múltiples investigaciones periodísticas acerca de Chico López han develado desfalcos, préstamos, negocios secretos y contratos millonarios como una de las personas de mayor confianza de Ortega. Este trabajo, además de ser un recuento de las más relevantes investigaciones, incluye, entre otras cosas, que un millonario préstamo de Albanisa fue a parar a una empresa fantasma para realizar un proyecto que jamás se llevó a cabo. Así también, la corrupción imperante en el robo del proyecto Casas para el Pueblo y las millonarias cantidades de dinero que han ido a parar a los bolsillos del Frente Sandinista y de López con los cobros de las viviendas a los supuestos beneficiarios.
EL CONSENTIDO DE ORTEGA
José Francisco López vino al mundo el 17 de septiembre de 1950, él es el poderoso y millonario tesorero del Frente Sandinista en Nicaragua. Nació en el pueblo minero de Santo Tomás, en Chontales, pero su familia se trasladó a la capital en 1955, exactamente al barrio San Judas. Tiene 6 hermanos más y su apellido materno no aparece en su cédula de identidad: Centeno.
A este hombre de 69 años de edad de contextura recia se le conoce como hombre religioso, no toma alcohol ni le señalan vicios y tiene 6 hijos, tres hombres y tres mujeres. Algunas personas cercanas dicen que tiene una gran afición por los tigres de Bengala y los animales exóticos, al punto de que hay un pequeño zoológico en su finca bautizada “La Sobriedad”, en la comunidad rural Los Pérez, en el kilómetro 37 de la carretera vieja a León.
A López Centeno no se le conoce “militancia histórica” en el Frente Sandinista, a como llaman a los guerrilleros y militantes del partido de gobierno que se integraron al movimiento desde la década de los sesenta y setenta. Se dice que fue mensajero de la guerrilla en el barrio San Judas, en la capital. No obstante, no hay registros de que haya sido guerrillero. En los años ochenta no ocupó cargos políticos relevantes. El periodista Ernesto Aburto, primo de López, reveló a La Prensa que fue jefe de operaciones de Embanoc, la empresa bananera de Occidente, en Chinandega.
Su nombre solo comenzó a sonar públicamente hasta en la década de los noventa, cuando se relacionó con gente de poder hasta llegar a ser íntimo amigo de Daniel Ortega presuntamente a partir de las reuniones en la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios (Fihnec).
Ha escalado hasta la cima del poder político en Nicaragua y dentro del partido sandinista. Llegó a ser vicepresidente de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), la empresa mixta de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Petróleos de Nicaragua (Petronic) creada para administrar en Nicaragua la cooperación venezolana, también fue miembro de la junta directiva del Banco Corporativo (Bancorp), presidente de la junta directiva de Petronic, presidente de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), representante del capital de Disnorte-Dissur como tesorero del FSLN, y ha sido un fuerte empresario del sector constructor e inmobiliario.
DESDE LAS SOMBRAS DE TECNOSA
Al mediodía del martes 3 de junio de 2008, en rueda de prensa, tras una reunión en la Vicepresidencia de la República, el asesor económico de Daniel Ortega, Bayardo Arce Castaño, confesó: “Que se adquirió un crédito puente de parte del INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social)”. Arce hablaba de un préstamo que el Seguro Social hizo a la empresa Tecnologías y Sistemas S.A. (Tecnosa), una compañía constructora propiedad de “Chico López”, con el fin de ejecutar el proyecto habitacional “Casas para el Pueblo” que se llevó a cabo entre los años 2007 y 2009.
Esta afirmación de Arce contradijo sus propias palabras del jueves 22 de mayo del mismo año, en las que afirmó que el dinero que patrocinaría dicho proyecto habitacional, y que además otorgaría millonarios préstamos a las empresas constructoras que lo ejecutarían, provenía de fondos extranjeros y no de las arcas del INSS.
Tecnosa, Tecnología Electromecánica Sociedad Anónima (TESA), Viviendas Económicas de Nicaragua Sociedad Anónima, (Vienicsa), Tecnologías y Sistemas de Tatarstán Sociedad Anónima, (Tectasa), así como Materiales y Construcción Sociedad Anónima, (Matecsa), son algunas de las muchas empresas vinculadas a “Chico López”, ya sea porque aparece como director de las mismas o por colocar en ellas a familiares. Estas firmas han obtenido numerosos préstamos millonarios de parte de la cooperación venezolana y además, dinero proveniente del INSS, con dudosas garantías de pago, tal como lo han demostrado múltiples investigaciones periodísticas en los últimos años.
Estas empresas, que en lo interno del partido de gobierno son llamadas parte del “Consorcio López Centeno”, son la prueba tangible del conflicto de intereses, la violación a la ley y la corrupción que ha mediado en Nicaragua en los últimos tiempos.
CORRUPCIÓN AL DESCUBIERTO
El dinero prestado por el INSS que se anunció el 3 de junio de 2008, era nada más y nada menos que 1.2 millones de dólares, cifra que fue confirmada tiempo después por el diario independiente La Prensa con informes de la Contraloría General de la República. En contradicción con lo establecido por la ley y el sentido común, la propiedad que daba garantía hipotecaria a dicho crédito era una finca cafetalera ubicada en Jinotega valorada en 1.8 millones de dólares, esto de acuerdo a un estudio financiero del caso realizado en marzo de 2008 por la Dirección General de Estudios Económicos del INSS, cuyo director general era Víctor Solís Díaz.
Sin embargo, una investigación de El Nuevo Diario, publicada el 7 de julio de 2008, demostró que la finca cafetalera puesta en garantía por el préstamo tenía un valor real inferior a un millón de córdobas, exactamente C$ 950,000 córdobas, aproximadamente 49,479.16 dólares de acuerdo al cambio oficial de entonces, equivalente a 19.20 según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN).
La finca se llama “La Fundadora”, está ubicada en la carretera que va de Matagalpa a Jinotega. Originalmente era de los Somoza y tenía una extensión promedio de 12,000 manzanas, durante la revolución fue confiscada y desmembrada hasta quedar reducida a 1,200 manzanas que pasaron a manos de una cooperativa llamada “La Reforma R.L.” conformada por campesinos de la zona.
Luego, exactamente 253 manzanas pasaron a Tecnosa como cobro por el pago de una deuda que saldó al extinto y quebrado Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), desaparecido por malos manejos en el año 2001.
Además, las investigaciones de El Nuevo Diario demostraron que “La Fundadora” está inscrita en el Registro de la Propiedad de Jinotega con el número 35664 en el tomo 552, en los folios 89-92 de dicho registro. Igualmente, la escritura de traspaso a Tecnosa fue inscrita el lunes 17 de septiembre de 2007 con el número 134501, tomo 150, folio 187.
CONFESIONES SUCIAS
El 11 de junio de 2008, el militar en retiro desde finales de 2007, Roberto López, presidente ejecutivo del INSS, confesó, en el plenario de la Asamblea Nacional, haber prestado millones de dólares del fondo de los pensionados a empresas ligadas a funcionarios del gobierno. Mencionó, por supuesto, que el INSS prestó dinero a Tecnosa, posterior a un estudio de factibilidad por parte de dos firmas cuyo nombre no mencionó, pero las cifras no se acercan ni un poco a la realidad y mucho menos a lo establecido en dicho estudio que evaluó la propiedad en un exorbitante precio que no corresponde en lo absoluto al precio real.
En enero de 2008, cuando se aprobó el préstamo, la tasa de cambio del dólar en relación al córdoba era de 19.20. Su precio real, de acuerdo a las cifras de la deuda asumida por Tecnosa, era de C$950,500 córdobas, o sea, 49,479.16 dólares. En cambio, como evidente prueba de tráfico de influencias y conflicto de intereses, esta finca fue evaluada en 1,800,000 dólares, que según la misma tasa de cambio equivale a 34.56 millones de córdobas, es decir, que aprobaron un préstamo de forma ilegal elevando el precio de la propiedad en garantía más de 34 veces su valor real.
Tras haber confesado con total calma millonarios préstamo a varias empresas relacionadas con altos funcionarios del FSLN, Roberto López fue cuestionado por diputados de la oposición acerca de los motivos que llevaron al INSS a prestar dinero a Tecnosa, este respondió: “Porque así lo determinó el Consejo Directivo”, López, sin embargo, también era parte del consejo directivo del Seguro Social, y dijo que el dinero de los asegurados estaba mejor guardado en los préstamo a empresas que en los bancos.
PREMIOS DE FIDELIDAD
En esos mismos días, justamente el 5 de agosto de 2008, José Francisco López Centeno fue premiado con uno más de los cargos importantes que el gobierno sandinista ha repartido desde entonces a la cúpula del partido. Además de alto funcionario del Alba, de Petronic, de Eniminas, se publicó en La Gaceta el Acuerdo Presidencia 301-2008, otorgándole “la representación de las acciones de capital propiedad del Estado de Nicaragua, en las entidades Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. (Disnorte) y Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. (Dissur)”. Es decir, que desde ese día Chico López pasó a ser el tesorero del FSLN, una pieza clave en el complejo engranaje del partido de gobierno.
Además, le fueron otorgadas todas las facultades necesarias para participar en juntas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas, con pleno derecho al voto y a elegir y ser elegido en los comités que ahí se crearan.
López fungió en dicho cargo exactamente nueve años y once meses, hasta que fue sancionado con la Ley Magnitsky el 5 de julio de 2018.
CASAS PARA EL PUEBLO: EL PREMIO MAYOR PARA TECNOSA
El premio mayor que se llevó Tecnosa en 2007 fue la contratación directa de parte de Alba y la Caja Rural Nacional R.L.(Caruna), una cooperativa de ahorro y crédito que utilizó el régimen Ortega para negociar con el petróleo venezolano para ejecutar el proyecto “Casas para el pueblo” que originalmente constaba de la construcción de 850 viviendas en el centro histórico de la vieja Managua, y luego fue reducida a 600 casas de 48 m2 en varias fases, cuyo costo total aproximado sería de 7.2 millones de dólares.
En 2008, las proyecciones de Daniel Ortega, según investigaciones del portal digital Despacho 505, eran la construcción de 18,457 viviendas en distintos departamentos del país con fondos de la cooperación venezolana, cofinanciados con fondos públicos a través de subsidios del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) y nuevamente el dinero del INSS. Lo cual involucraba una suma de 114.7 millones de dólares.
Además, en mayo del mismo año, Chico López y su empresa insignia Tecnosa fueron premiados por el Ministerio de Educación de Nicaragua (Mined), con la reconstrucción de aulas escolares en el Caribe nicaragüense tras los daños provocados por el huracán Félix en septiembre de 2007. Tal como es de suponerse, las ganancias fueron jugosas, exactamente 13.4 millones de córdobas, y además, gozaron de una millonaria exoneración de impuestos, según El Nuevo Diario.
Durante aquella época las investigaciones periodísticas que destaparon ese y otros negocios similares provocaron un gran escándalo para Chico López, pero las autoridades nunca hicieron nada para apelar a la justicia y mucho menos para detener sus negocios sucios.
ORIGEN DE LOS NEGOCIOS
El lunes 26 de febrero de 1996, bajo los servicios del abogado y notario José Armando Robleto Gutiérrez, el mismo que inscribió exactamente 4 años antes a la empresa TESA, cuyos socios son dos hermanos de Chico López, fue constituida la empresa Tecnosa en el registro público y mercantil de Managua. Sus socios son Maritza Soto López, sobrina de “Chico López” y de profesión economista, Milagros López Centeno y Yolanda López Centeno, ambas amas de casa y hermanas del tesorero del FSLN.
La empresa fue inscrita en el libro de Personas y Sociedades del Registro Público, con los números registrales 27,739 y 15,517 B-3, respectivamente. Con un capital de la sociedad de 30,000 córdobas divididos en 100 acciones.
Desde entonces la empresa ha sido contratada ilegalmente en licitaciones directas o inclusive ganando la mayoría de las licitaciones públicas en que participaba, violando la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 323, que establece que:
“No podrán ser oferentes ni suscribir contratos con el Estado: El presidente y el vicepresidente de la República, los ministros y los viceministros, los diputados a la Asamblea Nacional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los del Consejo Supremo Electoral, el contralor y el subcontralor General de la República, el procurador general de Justicia y en general cualquier funcionario público de los que se refiere el artículo 130 de la Constitución Política”.
También prohíbe la participación de “los parientes hasta el tercer grado por consanguinidad y segundo por afinidad, de los funcionarios cubiertos por la prohibición los que por efecto del ejercicio de su cargo tengan en su responsabilidad la ejecución de los recursos del Estado en actos de contratación”.
Esto, no obstante, solo aplica al caso a partir de 2007, cuando López se convierte oficialmente en funcionario público.
VIOLACIÓN A LA LEY
La Ley de Contrataciones del Estado establece, además, que las licitaciones deben ser públicas, no privadas, como confirmó entonces a El Nuevo Diario el gerente general de Tecnosa Luis Adrián Pichardo Chávez, que ocurrió con la contratación del proyecto “Casas para el Pueblo” que tuvo un costo final de 7.2 millones dólares, de acuerdo a declaraciones del mismo Daniel Ortega, quien dijo públicamente el 23 de mayo de 2008 que las casas tendrían un valor final de $12,000 dólares a pagarse en cuotas mensuales menores a 90 dólares, aunque antes había tasado cada vivienda en 9,000 dólares.
Un cambio de último minuto ordenado por Rosario Murillo elevó considerablemente el costo de las casas y retrasó la entrega de las mismas. Este cambio, según consta en las investigaciones periodísticas consultadas, consistía en el anexo de una terraza techada con un pequeño porche y un baño con pisos de azulejos.
Pero en realidad las “Casas para el pueblo” no fueron un favor para las familias de escasos recursos, sino un negocio redondo para el Frente Sandinista y la empresa Tecnosa con base en dinero donado por la cooperación venezolana, de acuerdo a investigaciones periodísticas de La Prensa y Confidencial, pues al final, las viviendas fueron vendidas por Tecnosa a un costo de 15,500 dólares, y los 600 “beneficiados” con casas que inicialmente serían donadas, quedaron pagando a 28 años cuotas mensuales de 80, 70 y 40 dólares, según la construcción, por 420 casas de mampostería, 80 casas de losetas y 100 casas de PVC.
En lugar de los 9,000 dólares que Ortega prometió inicialmente que costaría cada casa, o los $15,000 dólares en que fueron vendidas por Tecnosa, el medio digital Despacho 505 descubrió que Caruna cobró 26,800 dólares a quienes obtuvieron casas de mampostería, 23,520 dólares por las casas de losetas, y 13,440 por las casas de PVC. Cabe señalar que ninguna de las personas que habita en las “Casas para el pueblo” tiene una escritura pública, un título de propiedad o una copia del contrato hipotecario, solamente las facturas que mensualmente entrega Caruna tras el cobro puntual.
Asimismo, la investigación de Despacho 505 constató que en los primeros 6 meses posteriores a la entrega de las casas a sus nuevos dueños, los cobros fueron realizados directamente por la empresa Tecnosa, la misma que se encargó de la construcción, y que se supone es una empresa privada totalmente ajena a los ejecutores del proyecto habitacional, que fue la cooperación venezolana representada en Nicaragua por Caruna.
En total, Tecnosa cobró $259,200 dólares a los 600 beneficiados durante los primeros 6 meses. Al séptimo mes fue Caruna quien hizo los cobros y hasta el día de hoy los sigue haciendo a través de deducciones directas al salario de los deudores, pues todos ellos son o fueron empleados públicos del sector salud y educación.
Estos datos indican que, de acuerdo a los costos totales del proyecto declarados por Ortega públicamente el 23 de mayo de 2008, equivalentes a 7.2 millones de dólares, los costos serían pagados exactamente en 14 años, es decir, que al inicio del año 2023 la deuda total estaría cancelada con una suma de 7 millones 257 mil 600 dólares, sin embargo, los cobros de Caruna a “los beneficiados” se extenderán por 14 años más, hasta el 2037.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y CORRUPCIÓN DESCARADA
En el caso particular del mega proyecto “Casas para el Pueblo” hubo un clarísimo conflicto de intereses con varias empresas, pues en el proyecto habitacional participaron la Empresa Industrial y Constructora Sociedad Anónima (Sinergia) de la que es socio mayoritario Mario Salinas, el entonces presidente del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), destituido años más tarde, y la empresa TESA, de la que es gerente general Chico López desde su conformación en febrero de 1996, como confirma una nota aclaratoria publicada en la edición de El Nuevo Diario, del 25 de enero del 2000.
Gran parte del material de construcción que se utilizó para el proyecto fue proveído por la empresa Matecsa, de la cual el registro público y mercantil de Managua en un acta del 27 de mayo de 2008 señala que el 35% de las acciones le pertenecen a Tecnosa, que a su vez es propiedad de dos hermanas y un hermano de Francisco López Centeno, aunque solo son propietarios en papel, pues quien dirige la empresa es el funcionario sancionado por la Ley Magnitsky en julio de 2018, según fuentes citadas por Confidencial. El otro socio de Chico López en otros negocios fue el ingeniero Carlos Acosta, quien había sido desterrado de Vienicsa, otra de las empresas relacionada con los negocios secretos del tesorero del FSLN.
Matecsa es la empresa que absorbió Materiales y Construcción (Mayco), que había sido una empresa estatal, pero Ortega la cedió a los trabajadores en 2008, obligándoles a entregar el 35% de las ganancias a las arcas del FSLN, y unas semanas más tarde, López adquirió la empresa de forma fraudulenta por medio de Tecnosa.
Mayco había recibido un crédito de 372,408 dólares provenientes de la cooperación venezolana como se anunció el viernes 20 de julio de 2007 en un acto público presidido por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías y el recién estrenado mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra. Hasta la fecha no se sabe si ese crédito alguna vez fue pagado.
Hay que añadir, además, que los favores a estas y otras empresas relacionadas con altos funcionarios sandinistas, llovían por todas partes.
CASO VIENICSA
El miércoles 28 de agosto de 2013, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, afirmó no conocer a detalle la aprobación de un préstamo del INSS por más de un millón de dólares a la empresa inmobiliaria Viviendas Económicas de Nicaragua, S.A. (Vienicsa), de la cual el 50% de las acciones pertenecen a Tecnosa desde el 1 de junio de 2010.
La operación era respaldada por la empresa privada y había sido aprobado por el INSS en 2009 que cedería en créditos acumulados la cantidad de 2.5 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 1.3 millones de dólares para la construcción del proyecto habitacional San Carlos en Chinandega, en el cual se construirían 438 viviendas de interés social en un terreno de 20.7 manzanas ubicado en la comarca “La Concepción”, aproximadamente a 3.2 km. de la rotonda “Los Encuentros” en el centro de Chinandega.
El terreno para dicho proyecto fue vendido por el ingeniero Carlos Acosta Castellón por un costo de 620,000 dólares, quien era el cofundador e inversionista de la recién creada empresa inmobiliaria Vienicsa y poseía la idea original del proyecto habitacional mucho antes de ser desembolsado el préstamo.
El caso salió a la luz pública en 2011, cuando Acosta demandó judicialmente a “Chico López” por el pago de 150,000 dólares restantes de los 620,000 dólares que costaba el terreno que iba a ser destinado para el proyecto habitacional San Carlos. Ese terreno había sido una herencia familiar de parte del abuelo materno de Carlos Acosta a su mamá y posteriormente a él, según declaró a medios independientes en 2011.
En 2010, Acosta fue destituido de su cargo en la naciente empresa ante reclamos por el manejo turbio de los préstamos del INSS. La nueva directiva de Vienicsa fue ocupada por un nuevo presidente ejecutivo, Óscar Mojica Aguirre, hijo del general Óscar Mojica, y quien el lunes 4 de febrero de 2013 dirigió una solicitud de crédito al Alba, en la que se le pide al Comité de Inversiones un segundo desembolso del préstamo de 3 millones de dólares.
La documentación fue presentada entonces por Carlos Acosta a Confidencial, iba dirigida a alguien únicamente identificado como “Compañero Gonzalo” y rezaba lo siguiente:
“Respetuosamente nos dirigimos a usted para solicitar el segundo desembolso por un monto de US$1,300,000 del crédito de US$3,000,000 que nos autorizó la Comisión de Inversión y Finanzas del Alba. Por lo antes expuesto solicito a usted se transfieran los fondos del segundo desembolso a la cuenta en dólares No. 101-000063-3 a nombre de Tecnosa”.
Expediente Público constató que el número de cuenta en dólares a nombre de Tecnosa sigue vigente hasta el día de hoy y está registrado en el Banco de Finanzas (BDF), en el cual el Ejército de Nicaragua posee acciones.
Esta misiva, además, comprueba la conexión de la empresa Vienicsa con Tecnosa. Cabe recordar nuevamente que Tecnosa posee el 50% de las acciones de la inmobiliaria desde el 1 de junio de 2010 a través de engaños y manipulaciones, según dijo Acosta a Confidencial.
De igual manera, la carta confirma que ya había un primer desembolso millonario proveniente de la cooperación venezolana, por tanto, existía dinero suficiente para pagar a Acosta el dinero restante de la deuda, y para ejecutar la construcción del proyecto habitacional, pues hasta octubre de 2008 sólo se habían hecho movimientos de tierras por una empresa llamada Serpa S.A, además de la instalación del tendido eléctrico, la red de alcantarillado sanitario, la construcción de un pozo de agua potable, y la instalación de una caseta de vigilancia. Sin embargo, al día de hoy, 12 años más tarde, esas tierras siguen igual.
De acuerdo al documento de salvataje presentado por Leonardo Torres Céspedes, entonces miembro de la junta directiva del INSS, dirigido a Francisco López el 13 de octubre de 2008, el pago a Serpa S.A. en concepto de movimiento de tierras fue de 364,249.18 dólares. Estos costos exceden por mucho al valor presentado en el desglose de montos en el anteproyecto que le fue presentado anteriormente al Seguro Social.
“Ese contrato se firmó sin licitación porque los dueños de Serpa eran amigos de Leonardo Torres, pero superó los costos proyectados en el presupuesto, que eran de 274,000 dólares”, denunció entonces Acosta a El Nuevo Diario.
LA RUINA DEL INSS
El 5 de septiembre de 2013, cuando la prensa independiente buscó al responsable del jugoso préstamo de 2.5 millones de dólares que salió de las arcas del INSS para favorecer a Vienicsa, Alfonso Silva, entonces representante del Cosep ante el Consejo Directivo del Seguro Social, se excusó diciendo que aún no era parte del consejo directivo en 2009 cuando se dio luz verde al préstamo.
Sin embargo, afirmó que el dinero del INSS no corría peligro porque la deuda fue traspasada a otra empresa. No obstante, no mencionó cuál.
En reunión con la empresa privada, el gobierno prometió que a partir de 2014 sería pagada la deuda del INSS estimada en 600 millones de dólares, pero la realidad es que durante los siguientes 6 años, los fondos del Seguro Social han seguido siendo utilizados como caja chica para préstamos sin control, y a partir de 2020, del Presupuesto General de la República se hizo una transferencia de 3,300 millones de córdobas en concepto de pago de la mencionada deuda, aunque de acuerdo a las proyecciones del economista Luis Murillo, solo podría saldarse el débito hasta dentro de 10 años, lo que traerá como daño colateral la ampliación del déficit.
TECTASA, ¿NEGOCIO CON UNA EMPRESA FANTASMA?
El sábado 20 de marzo de 2010, a las 7 de la noche, fue creada en el Registro Público y Mercantil de Managua, bajo los servicios notariales del abogado José Vladimir Soto, con capital inicial de 100,000 córdobas, la empresa tártaro-nicaragüense, Tecnologías y Sistemas de Tatarstán, S.A. Esta nueva firma de nombre rimbombante es efectivamente un negocio más del llamado “Consorcio López Centeno”. Como es de esperarse, el 51% de las acciones le pertenecen a Tecnosa, que una vez más entra en el juego, el restante 49% le pertenece, supuestamente, al Estado Ruso de Tatarstán, también conocido como Reino de Tartaria, representado por Mujameriadov Rischat Ajmetsafovichol, quien ostenta el cargo de vicepresidente de Tectasa de acuerdo con la escritura pública.
Néstor Horacio López Centeno ocupa el puesto de secretario de la junta directiva de Tectasa.
De acuerdo a investigaciones del medio digital nicaragüense Confidencial, Óscar Manuel Silva Ruiz, el gerente de Tecnosa, firmó en representación de ésta para la conformación de Tectasa. Silva Ruíz recibió su nuevo puesto apenas 4 días antes en una reunión de accionistas de Tecnosa.
El ramo de negocios de la empresa es la construcción de obras civiles y actividades comerciales e industriales para la exportación, comercialización, distribución, transporte de bienes y servicios de consumo humano.
La empresa llegó a la luz pública tras destaparse el escándalo por investigaciones de Confidencial en el año 2013, cuando se demostró que la autorización del socio ruso, en supuesta representación del Estado de Tatarstán ni siquiera era conocida por la embajada rusa en Nicaragua, quienes por obvias razones debían saber del asunto.
La Agencia de Desarrollo de Cooperación Internacional (ADCI), supuestamente autorizó a Mujameriadov Rischat Ajmetsafovichol, identificado como mayor de edad, ingeniero mecánico, con domicilio en la ciudad de Kazán, República de Tatarstán, quien utilizó el pasaporte ordinario 628097152 de la Federación Rusa para entrar al país en 2009.
Dicha agencia tiene supuestas oficinas en residencial Las Colinas, en el 118 de la Avenida del Campo. En 2013, cuando periodistas de Confidencial realizaron la investigación, se llegó a la conclusión de que la agencia en cuestión, la ADCI, era una empresa fantasma. Al número de teléfono que se registra en el sitio web contestó una persona diciendo que esa vivienda de portón rojo era una casa de habitación. En 2020, las oficinas de ADCI siguen siendo desconocidas.
Esta agencia rusa, conformada en 1993, tiene supuesta presencia en Nicaragua, Venezuela y Cuba.
DE MÍ PARA MÍ
En 2013 una investigación de Confidencial demostró que Tectasa recibió la suma de 968,199 dólares en concepto de depósito para la ejecución del proyecto “Calles para el Pueblo” en 2012. Ese dinero provenía de la cooperación venezolana, triangulado en Nicaragua por Caruna, cuya autorización, por supuesto, pasó por las manos de Chico López.
Dicha investigación descubrió también el cheque número 1920 con fecha del 20 de septiembre de 2012, a cobrarse en el banco BDF, emitido a nombre Alba Infraestructura, uno de los muchos brazos económicos de Caruna. El cheque es pagadero a Tectasa, por la suma de 11,478,483.24 córdobas, cuya equivalencia en dólares según la tasa de cambio emitida entonces por el BCN, de 23.79, es 482,491 dólares.
Es importante señalar que una de las firmas que autoriza la validez del cheque, efectivamente corresponde a la firma que aparece en la cédula de Chico López.
Este cheque representa, además, el 50% del depósito para la ejecución de un proyecto de adoquinado que jamás se ejecutó, al menos en ninguna de las alcaldías importantes del interior del país.
La empresa estaba siendo contratada por licitación directa, violentando la ley, que establece que las licitaciones deben ser públicas, y, además, tratándose de sumas millonarias por un proyecto social que se supone beneficiaría a los nicaragüenses, y al final nunca se pegó un adoquín para realizarlo.
Múltiples investigaciones periodísticas respaldan esta última aseveración, que finalmente demostró el fraude de Tectasa una empresa con un socio fantasma, -que presentó, inclusive, anomalías al momento de inscribirse en el Registro Público y Mercantil de Managua, pues el número de escritura que supuestamente acredita al socio ruso en la constitución de la empresa, en realidad corresponde a un servicio notarial de la licenciada Lucía Valeria Ortega Frixione que no tiene nada que ver con Tectasa.
“Que en el índice de Protocolo Número 13, que llevó en el año 2009 la licenciada Lucía Valeria Ortega Frixione, reportó escritura pública número 8, objeto: declaración notarial; fecha: 23 04 09, folios 6-7”, dice la constancia número 187, firmada el 27 de febrero de 2013 por Enrique Molina Barahona, secretario por ley de la CSJ, y que fue descubierto por Confidencial ese mismo año.
Con todo esto, en trece años de gobierno de Ortega, Francisco López ha logrado convertirse de un personaje desconocido a un guardián de los tesoros corruptos del régimen Ortega, su lealtad ha sido premiada con una fortuna que le ha permitido crear un fuerte consorcio de empresas que utiliza para acaparar el dinero de la cooperación venezolana, sustraer el dinero de los cotizantes del INSS y adueñarse de negocios estatales mediante engaños, amenazas y trucos sucios. Solo después de muchos años, tras múltiples investigaciones periodísticas que evidencian su corrupción y el descaro con que se enriquece, fue sancionado por la comunidad internacional, mas no aún por la justicia nicaragüense.
