*Jurista María Asunción Moreno, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia explicó a Expediente Público por qué no son jueces “independientes” los que imparten enjuician a los opositores a Daniel Ortega.
**Esta es el historial de cuatro jueces que logran ascensos por la lealtad al Frente Sandinista y a la pareja de gobernantes en Nicaragua.
Expediente Público
En junio de 2011, siete años antes del estallido social de 2018 que cambiaría la historia de Nicaragua, Félix Ernesto Salmerón Moreno estaba siendo promovido como responsable de la oficina de Tramitación Local Penal en los juzgados de Managua, donde fungió como secretario de actuaciones por dos años y medio.
Alba Luz Ramos Vanegas, quien preside sin pausa desde 2010 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio la aprobación para subir de cargo inmediatamente al funcionario judicial, reconociéndole su “disciplina y disposición al trabajo”, pese a que tenía solo cuatro años de laborar para el Poder Judicial.
Su crecimiento al servicio de un Poder Judicial, que a todas luces ya estaba partidarizado, no quedaría entre las cuatro paredes de esa oficina.
A inicios de 2018, el abogado originario de León, un departamento ubicado al occidente del país centroamericano, estuvo a cargo del juzgado Tercero de Distrito, especializado en violencia en Managua.
Ese mismo año se desempeñó como suplente en los juzgados Quinto Distrito Penal de Audiencia y Décimo de Distrito Penal de Audiencia de Managua.
Desde esas judicaturas comenzó el trabajo juzgando a los presos políticos y con la misma disciplina siguió al pie de la letra el manual del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En agosto de 2018 envió a juicio a los hermanos Juan Carlos y Luis Miguel Esteban Lesage, originarios de Jinotepe, acusados de secuestrar y torturar al policía Alexander Antonio Nicaragua. Los hermanos que posteriormente recobraron su libertad se vieron forzados a salir al exilio por el constante asedio que sufrían.
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En septiembre de ese mismo año mantuvo en prisión preventiva a la estudiante belga nicaragüense Amaya Coppens, quien fue acusada de secuestro simple, terrorismo, lesiones sicológicas leves, portación ilegal de armas y entorpecimiento de servicios públicos.
En 2019, Salmerón Moreno quien estudió la carrera de Derecho en la sede de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan-León), ocupó el cargo de titular del Juzgado Cuarto Local Penal de Managua.
Largo historial como verdugo
En la actualidad, Salmerón Moreno es parte de la red que el régimen sigue utilizando para condenar a los presos políticos.
En Nicaragua, según el Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, hay 177 reos de conciencia y a partir del 1 de febrero del 2022 la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como “El nuevo Chipote” se convirtió en el escenario en el que se ha condenado a más de treinta personas que fueron arbitrariamente detenidas entre mayo y noviembre de 2021.
Entre esos jueces destaca Salmerón Moreno, quien ganó una posición más al ser nombrado juez Quinto de Distrito Penal de Juicio.
El 9 de febrero de 2022, Salmerón Moreno declaró culpable a los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, a quienes impuso una condena de 13 y 10 años de prisión, respectivamente.
Y el 23 de febrero dando continuidad al manual del régimen, falló en contra de siete líderes opositores acusados por el delito de “menoscabo a la integridad nacional”, entre ellos tres precandidatos presidenciales.
Los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz Sequeira y Félix Maradiaga fueron sometidos a un maratónico juicio que inició el 15 de febrero.
Las opositoras Tamara Dávila y Violeta Granera; el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri y el exdiplomático, José Pallais también fueron encontrados culpables por la justicia orteguista.
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A los presos políticos se les acusó de pertenecer a un grupo de WhatsApp en el que también participaba el investigador de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, quien está siendo juzgado en ausencia.
“Estar en un (grupo) WhatsApp no es delito, no es traición a la patria, defender los derechos humanos de las víctimas no es traición a la patria, ser parte de una organización opositora, un líder juvenil estudiantil, no es traición a la patria”, señaló la jurista María Asunción Moreno en entrevista con Expediente Público.
La jurista, también integrante del Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), refirió que estos juicios son casos de “represión política”, en donde les están persiguiendo simplemente por ser opositores al régimen o por defender los derechos humanos.
“Los jueces no son independientes, no son imparciales, la Constitución Política y las leyes nicaragüenses dicen que, toda persona sometida a un proceso debe ser juzgada por un juez independiente e imparcial, eso no está sucediendo en esos juicios”, señaló la jurista nicaragüense obligada al exilio.
Premian lealtad de jueces «verdugos»
Otro juez que se ha caracterizado como verdugo de los presos políticos es Ángel Jeancarlos Fernández González, titular del juzgado Cuarto Distrito Penal de Juicio de Managua.
“Hay un poder judicial que es un instrumento, es un arma dentro de las manos de un asesino, de un criminal de lesa humanidad, de un dictador que tomó al poder judicial al cien por ciento y tienen a todos los funcionarios del Poder Judicial al servicio del crimen y de las violaciones de los derechos humanos, lo que hemos visto que es grave”, dijo Moreno.
Fernández González es un total desconocido entre los mismos abogados, solo se sabe que es egresado de la Universidad Católica Redemptoris Mater (Unica).
El judicial condenó a ocho años de prisión a la exguerrillera Dora María Téllez, conocida como “Comandante 2” por su participación en un comando sandinista durante la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. Téllez fue la tercera al mando de la toma del Palacio Nacional en 1978, que dirigió junto con el legendario «Comandante Cero», Edén Pastora (q.e.p.d), y Hugo Torres, fallecido en manos de la Policía Nacional.
El exvicecanciller de Nicaragua Víctor Hugo Tinoco fue condenado por el juez Fernández González a 13 años de prisión por atentar contra la integridad del país, en una “farsa judicial” contra opositores.
El judicial también sirvió de verdugo en contra del politólogo José Antonio Peraza, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco quien fue condenado a 10 años de prisión.
De Fernández González solo se sabe que antes fungió como Juez Primero Local Penal de Managua y suplente del Juzgado Sexto del Distrito de lo penal de Audiencia.
En noviembre de 2018, siendo juez Primero Local Penal de Managua, ordenó la medida de prisión preventiva en contra de Luis Sánchez Sancho, editorialista del diario La Prensa y en ese entonces miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), acusado por supuestas lesiones imprudentes en un accidente de tráfico.
Moreno explicó que estos funcionarios judiciales son un prototipo de un “juez que obedece, que fue escogido por el régimen para condenar (a los presos políticos) en un juicio”.
“Los distintos niveles del poder judicial están sometidos al poder del régimen de Daniel Ortega y Murillo y que las sentencias van a ser dictadas conforme a lo que diga Ortega y Murillo, no hay independencia judicial, no hay justicia en Nicaragua lo que hay es una persecución y una criminalización contra personas disidentes y opositoras al régimen”, insistió la jurista nicaragüense.
Terrorismo fiscal contra medios de comunicación
El 12 de septiembre de 2021, el juez Tercero de Embargos y Ejecuciones de Managua, Luden Martin Quiroz García, embargó las instalaciones de Nicavisión Canal 12 por un reparo fiscal de 21 millones de córdobas. Era la primera vez que su nombre sobresalía públicamente.
La Dirección General de Ingresos (DGI) alegó que la televisora estaría debiendo el Impuesto sobre la Renta (IR) de los años 2011-2012 y 2012-2013, lo que fue calificado por su propietario, Mariano Valle como una acción “arbitraria” e “ilegal”.
Unos meses después se le vería dictando sentencia de culpabilidad en contra de los presos políticos, desde el juzgado Noveno del Distrito Penal de Juicio de Managua.
Fue quien encontró culpable a la dirigente política y feminista Ana Margarita Vijil, por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, en perjuicio del Estado de Nicaragua” y la condenó a 10 años de prisión.
El 8 de febrero de 2022 declaró culpable al periodista Miguel Mendoza, sobre quien pesa una condena de nueve años de prisión como una muestra clara de la criminalización contra la prensa independiente en Nicaragua.
Además, fue el encargado de imponer una condena de ocho años contra la exprimera dama de la República, María Fernanda Flores de Alemán, y una pena de nueve años en contra del exdiplomático Mauricio Díaz, quien goza de arresto domiciliar con custodia policial, debido a sus problemas de salud.
Ascendido a magistrado
El 16 de febrero de 2022, William Irving Howard López asumió un nuevo cargo dentro del Poder Judicial como magistrado del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Oriental, con sede en Masaya.
Su toma de posesión en el cargo ocurrió cinco días después de declarar un fallo de culpabilidad en contra de la presa política Nidia Lorena Barbosa, de 66 años, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
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La presidenta de la CSJ fue la encargada de juramentar al nuevo magistrado, verdugo de los presos políticos en Masaya.
En mayo de 2020 dictó una pena de seis años de prisión en contra del preso político Denis Javier Palacios Hernández, además le impuso una multa de 24,956 córdobas (unos 713 dólares).
Para Moreno el caso de Howard López es una muestra clara de que siempre la “lealtad va a ser premiada”.
“Jueces nuevos que están al servicio del régimen, los están condenando y esas sentencias ahora van a subir al Tribunal de Apelaciones y en el Tribunal de Apelaciones quienes van a conocer esas sentencias, los premiados que los están subiendo a magistrados al Tribunal de Apelaciones y que son leales al régimen, y ya sabemos qué va a pasar en esas apelaciones, van a confirmar las sentencias”, criticó Moreno.
Acusaciones son “falsas”
El especialista en Administración de Justicia y ex funcionario Judicial, Yader Morazán, en entrevista con Expediente Público sostiene que en el nombramiento de estos jueces se viola la Ley de Carrera Judicial.
“El Poder Judicial se encuentra en una etapa de total radicalización que a mi parecer lo que hace es comprometer a estas autoridades para ganarse la fidelidad (…) Hay una total violación a la Ley de Carrera Judicial y han perdido toda la vergüenza, y los que antes se preocupaban por aparentar legalidad es algo que quedó en el pasado”, refirió Morazán.
De los 35 presos políticos que fueron procesados a la fecha y que fueron detenidos en la cacería que en mayo de 2021 inició el régimen, ya 22 recibieron condenas. La mayoría ha recibido condenas que oscilan entre los ocho y 13 años de cárcel.
“Nunca se había visto algo similar a esto. Los jueces que están llevando estos juicios políticos ni siquiera esperan la llamada, son personas que ya saben lo que tienen que hacer”, señaló Morazán.
Para Moreno los presos políticos son inocentes sometidos a un sistema judicial “inhumano, cruel”. “Los jueces están condenando sin fundamento, por supuesto, si las acusaciones son falsas, si las pruebas son fabricadas, si los testigos son falsos porque qué casualidad, todos los testigos son policías, entonces, obviamente las sentencias son también ilegales”, puntualizó la jurista nicaragüense.
