Los intocables del sistema de justicia penal

** Políticos, empresarios e incluso narcotraficantes cercanos al poder se han mantenido durante años lejos del ojo escrutador del Ministerio Público hondureño

Una noche a mediados de 2010 un agente que trabajaba en la oficina de relaciones públicas de la Policía Nacional en San Pedro Sula, ciudad al norte de Honduras, llamó a los periódicos y televisoras locales para informar que habían detenido a tres hombres con un pequeño arsenal en un pickup doble cabina. Minutos después, cuando los periodistas llegaron a cubrir la información, el agente que había llamado les pidió disculpas y les indicó que se trataba de un error, que los detenidos eran guardaespaldas de un empresario y que habían podido justificar la legalidad de las armas, pese a que se trataba de fusiles de uso prohibido para la población civil.

Tiempo después se supo que los detenidos esa noche eran parte de la seguridad del empresario José Miguel Handal Pérez, conocido como Chepito Handal, quien semanas antes había hecho una donación de motos a la Policía Nacional. Esta información no salió en ningún diario en esa época.

Hijo de un reconocido empresario, Chepito era un “hombre honorable”, en la sociedad hondureña, aunque abundaban los rumores, de larga data, de sus vínculos con el narcotráfico. Siguió siendo intocable a la justicia hasta el 9 de abril de 2013, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un pronunciamiento en el que lo designaba como narcotraficante, según la Ley Kingpin. En la lista se incluía a su esposa, Ena Elizabeth Hernández Amaya; y a su padre, José Miguel Handal Larach.

Fue hasta entonces que las autoridades hondureñas reaccionaron y el Ministerio Público pidió asegurar a los mencionados una serie de empresas y propiedades, muchas de las cuales, al final, le fueron devueltas a la familia. En 2015 Chepito y su esposa fueron detenidos y actualmente purgan dos sentencias, una de 10 años por narcotráfico y otra, de 17 años, él; y de 16 años, ella, por lavado de activos. Sobre él pende una orden de extradición a Estados Unidos.

 

Su padre, José Miguel Handal Larach, murió en agosto de 2017 en una clínica de San Pedro Sula por lo que su causa fue sobreseída. Tenía 76 años.

El caso de Handal Pérez es solo uno de los muchos ejemplos de cómo, durante años, el Ministerio Público y las autoridades policiales han visto hacia otro lado cuando se trata de delitos, o posibles delitos de personas vinculadas al crimen organizado, políticos poderosos y grandes empresarios. Y eso sigue sucediendo.

LOS NARCOS Y LOS PRESIDENTES

Sentado en la cómoda sala de su condominio en un quinto piso de un edificio residencial en Tegucigalpa, el expresidente Porfirio “Pepe” Lobo Sosa (2010-2014) no lo duda dos veces para decir que él no es uno de los protegidos por el Ministerio Público ni por el sistema de justicia de Honduras.

Pero en marzo de 2017, mientras la justicia estadounidense juzgaba a su hijo, Fabio Lobo, por narcotráfico, el exjefe del cartel de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, declaró en una Corte de Nueva York haberle hecho a “Pepe” al menos dos pagos, de entre 450,000 y 550,000 dólares cada uno, a cambio de protección a sus cargamentos de droga y por contratos gubernamentales para hacer negocios.

Además, dijo haberse reunido con Lobo Sosa al menos dos veces mientras era candidato presidencial y una vez siendo ya presidente. La última vez designó a Fabio Lobo como su interlocutor, según Rivera Maradiaga. En ese mismo encuentro Lobo les habría dicho que conformaran empresas para retribuirles su apoyo a través de negocios con el gobierno, según las declaraciones contenidas en el expediente judicial en una corte de Nueva York.

Luego de las declaraciones durante el juicio de Fabio Lobo, el Ministerio Público de Honduras dijo a CNN, en una comunicación de marzo de 2017, que abriría una “línea de investigación” contra Los Cachiros y las personas mencionadas. Sin embargo, tres años después no se ven resultados, aunque Rivera Maradiaga, en octubre de 2019, volvió a ratificar haber pagado coimas a Lobo Sosa, en las audiencias que llevaron a un veredicto de culpabilidad contra Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández.

A las acusaciones de Rivera Maradiaga, se sumaron las declaraciones del narcotraficante confeso Víctor Hugo Morales “El Rojo”, quien dijo que en 2009 entregó 100,000 dólares a Tony Hernández para financiar la campaña del entonces candidato presidencial Porfirio Lobo y de Juan Orlando Hernández, quien llegaría a ocupar la presidencia del Legislativo y pasaría a ser considerado el “delfín” de Lobo, su sustituto en la presidencia de la República, como al final sucedió.

En el mismo juicio de Tony Hernández, quien será sentenciado el 05 de junio de 2020, otro narcotraficante confeso, Alexander Ardón, dijo haber pagado 2.5 millones de dólares para la campaña presidencial de Lobo Sosa.

 

Adicionalmente, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) presentó, en febrero de 2019, acusaciones contra diez personas por el caso conocido como “Patuca III, colusión y corrupción”, donde aseguran que funcionarios se pusieron de acuerdo para favorecer al menos a dos empresas de Los Cachiros para brindarles contratos de suministro de bienes y servicios durante la construcción de una hidroeléctrica. La relación con estas empresas comenzó en mayo de 2012, a dos años de iniciado el gobierno de Lobo Sosa, quien no fue incluido en la acusación.

Sin embargo, “Pepe” insiste en que no es uno de los protegidos del Ministerio Público. El exmandatario aseguró a Expediente Público que “un 6 de marzo o 7 de marzo de 2017 me apersoné a la Fiscalía General de la República, donde el fiscal (Óscar) Chinchilla, y le dije que a raíz de las denuncias falsas que había expresado este ciudadano (Devis Leonel Rivera Maradiaga), que yo me ponía a la orden y disposición del Ministerio Público para que investigase y que estaba dispuesto a colaborar en todo lo que fuese necesario”. Sin embargo, esa investigación no inició y hasta la fecha no ha habido interrogatorios ni averiguaciones de ninguna clase.

Además, Lobo contrató al abogado Brian Bieber, para que lo representara ante la Fiscalía de Estados Unidos y ponerse a disposición de declarar. Dice que los fiscales estadounidenses le dijeron que no estaban interesados en su testimonio, porque sabían que solo iría a negarlo todo. Enfatiza que “no soy un delincuente y nadie puede decir que me ha conocido así. (No tengo) nada que ver con eso”.

Cuando se le preguntó si Estados Unidos le había retirado la visa, como suele suceder con ciudadanos señalados de actos ilícitos, esto contestó:

“Yo no voy a Estados Unidos, y a Estados Unidos no voy a ir hasta que tenga yo lo que es la nota de la fiscalía, que diga que no tengo nada, porque tampoco voy a ir de papo allá. Y encima de eso yo sé dónde estoy parado. Si tienen algo, que me pidan y punto, y ya.

– ¿Pero ellos no le han retirado la visa? ¿Tiene visa vigente?
– Yo no voy a Estados Unidos, yo no voy a Estados Unidos desde el 2016.

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Su negativa a viajar a Estados Unidos fue palpable al no estar presente durante el juicio a su hijo, Fabio Lobo, en marzo de 2017, en Nueva York. El primogénito del expresidente recibió una condena de 24 años de reclusión.

La historia de su esposa Rosa Bonilla de Lobo es diferente. Permanece detenida en la Penitenciaría Femenina de Támara (35 kilómetros al norte de Tegucigalpa) desde febrero de 2018, y su vida parecía haber caído en un agujero cuando en septiembre de 2019 fue condenada a 58 años de reclusión por el desvío a sus cuentas personales de 12.3 millones de lempiras (unos 500,000 dólares), de fondos públicos.

Sin embargo, el 13 de marzo de 2020 la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó anular el juicio y repetirlo con nuevos jueces por “quebrantamiento de forma”, al usarse fotocopias y no originales como pruebas documentales, según sus defensores.

Lobo, de 72 años de edad, asegura que en este caso el Ministerio Público fue utilizado por los políticos del momento para atacar a su esposa y que ella es una “prisionera política”. “Doña Rosa es una presea de Juan Orlando Hernández en contubernio con la Maccih, una presea que ellos ocuparon”.

Según Porfirio Lobo, días antes de que decidieran acusar a doña Rosa, agentes de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), comandados por su vocero Juan Jiménez Mayor, habían hecho un allanamiento a una fundación y encontraron información que comprometía a la primera dama Ana García de Hernández o a su mamá. Además, allanaron la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), por lo que hubo una especie de canje que implicó acusar a Rosa Elena Bonilla de Lobo a cambio de no usar la información hallada en los allanamientos y de retirar a Jiménez Mayor de Honduras.
Lobo así lo explica:

“En esos días había sucedido un hecho que le significó el puesto a Jiménez Mayor, lo retiraron de aquí o lo retiró (el secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis) Almagro de aquí, que es muy buen amigo de Juan Orlando, porque hizo un registro a dos fundaciones o a una fundación, que incautaron documentos, y dijo Jiménez Mayor que los había agarrado infraganti llenando documentación para justificar gastos”.

“Igual que Jiménez Mayor, también hizo un registro la OABI y se llevaron bastante documentación. Entiendo que las fundaciones, como eran de la primera dama o de la mamá, y la OABI que está muy cuestionada porque ha habido muchos funcionarios actuales y pasados que han abusado mucho de los bienes que incauta, de hecho, la OABI abusa mucho de los bienes que se incauta”.

“Y eso dijo, bueno me imagino la plática con Almagro:
-Mire yo le voy a retirar a ese (Jiménez Mayor) de ahí, pero deme algo. La Maccih tiene que tener algo.
Y bueno, le dieron a la exprimera dama y allí está guardando prisión ilegalmente, injustamente”.

Insistió en que las acusaciones contra Rosa Elena Bonilla de Lobo no tienen nada que ver con investigaciones de algún diligente fiscal del Ministerio Público y que tiene información confirmada de que su destino se decidió en Casa Presidencial, en una reunión en la que participaron cinco altos funcionarios a los que se niega a identificar.
Sobre el apoyo que en su momento le dio a Hernández para que se convirtiera en presidente de la República, señaló que lo hizo porque “consideré que era el hombre adecuado para ganar la presidencia. No miré en él lo que es, le juro que no lo miré”. Enfatizó en que “si yo hubiera sabido quién es él no lo hubiera apoyado jamás de la vida”.
Ante la pregunta de si lo saludaría al encontrarse con él en un evento público, contestó:

“No, y no creo que tampoco él quiera que lo salude. Lo que sí haría yo es que nos subiéramos en un ring y pudiera usar el boxeo y yo uso mi taekwondo, aunque yo soy de mucho mayor edad, creo que le llevo como 20 años o más. Entonces ahí si podíamos medirnos, porque entonces sí creo que es lo que puede merecer esa persona”. VER VIDEO

EL ASESINATO DE BERTA CÁCERES: EN BUSCA DE MÁS AUTORES INTELECTUALES

El 2 de marzo de 2020 se cumplieron cuatro años del asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Durante los dos años previos a su muerte, ella dirigió acciones para bloquear la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque, por considerar que afectaba al menos a cuatro comunidades de la etnia lenca: La Tejera, Río Blanco, Valle de Ángeles y La Unión, en el departamento de Intibucá, al occidente de Honduras. La represa sería construida por la empresa Desarrollos Energéticos S.A., (DESA).

La noche del 2 de marzo de 2016, hombres armados ingresaron a la vivienda de Cáceres, en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, y le dispararon hasta matarla, mientras que el sociólogo mexicano Gustavo Castro, que se hallaba en otra habitación, se salvó al hacerse el muerto tras los primeros disparos.

En diciembre de 2019 cuatro hombres fueron condenados a 50 años de reclusión por el asesinato y otros tres hombres a 30 años de reclusión por participar en el complot. Adicionalmente, el 2 de marzo de 2018, coincidentemente con el segundo aniversario de la muerte de Cáceres, fue detenido el presidente de la empresa DESA, Roberto David Castillo Mejía, acusado como autor intelectual del asesinato.

Sin embargo, familiares de la activista señalan que hay otros autores intelectuales, directivos de la empresa DESA, que no han sido acusados y de los cuales el Ministerio Público no da señales de que serán procesados.

La sentencia redactada contra los 7 condenados por los jueces Esther Carolina Flores, Delia Lizeth Villatoro, José Anaím Orellana y Jocelyn Marie Donaire, establece que “los ejecutivos de la empresa DESA procedieron a planificar la muerte de la señora Cáceres, para ello fue necesario contar con la ayuda y asistencia de personas que sabían que podían encargarse de buscar armas, logística y aún más a las personas que ejecutarían cada acción, por lo cual era necesario conocer el lugar de residencia y la ubicación de la misma, situación que se desarrolló bajo la premisa de hacer un pago como recompensa para ejecutar cada acción”.

Más adelante, la misma sentencia judicial apunta que el asesinato “se llevó a cabo con el conocimiento de ciertos ejecutivos de la empresa DESA, como también con la colaboración y consiento entre algunos empleados y otras personas que habían sido empleados de dicha empresa”.

La sentencia no da nombres de esos “ciertos ejecutivos” porque no se les consignó responsabilidad por el Ministerio Público. Sin embargo, Berta Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres, y quien ahora coordina el Copinh, señala que extracciones de grupos de chat de la empresa DESA y declaraciones de testigos fijan responsabilidad en importantes empresarios hondureños.

“La información que existe es abundante. La principal prueba de este proceso y el del señor David Castillo, que es el proceso que está pendiente, que tenía una demora injustificada, son extracciones de chat telefónicos donde esas personas – un número importante de empleados de la empresa DESA- se comunicaban y hablaban en reiteradas oportunidades de la manera en que se iba a atacar, agredir o intentar, hacer acciones para neutralizar, frenar, la lucha del Copinh y de Berta Cáceres”.VER VIDEO

“Afortunadamente, digamos, se ha salvado por lo menos una parte de la información. Es decir, en casos emblemáticos como este es muy raro y escaso encontrar evidencia que provengan de las mismas personas que participaron en el hecho. Eso, bueno, se ha dicho, se han hecho incluso bastantes peritajes de las telecomunicaciones de la relación en que operaba la empresa. Por parte de investigadores independientes se ha concluido que es una estructura criminal que fue montada para cometer este hecho. Eso a la par de testimonios de personas de las comunidades, de obviamente, un testigo clave que fue Gustavo Castro, también víctima del hecho”.

“Todo esto en su conjunto, y otras informaciones y testimonios direccionan a que esos altos ejecutivos de la empresa DESA y enunciados en esas comunicaciones: el señor Daniel Atala Midence, el señor Jacobo Atala, José Eduardo Atala y Pedro Atala… todos de apellido Atala Zablah, ellos eran las personas con mayor autoridad que podían decidir si un hecho se comete o no por parte de su empresa. Hubo una financiación, un acuerdo, muchas comunicaciones hacen alegoría de cuánto el Copinh y Berta Cáceres significaban un estorbo para la implementación y el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca”.

Zúniga Cáceres reconoce que no tienen ninguna esperanza de que el Ministerio Público pueda llevar a un tribunal a quienes consideran “autores intelectuales” de la muerte de la dirigente ambiental, por lo que planifican acciones a nivel internacional. Sobre las razones de por qué consideran no se les ha procesado, dice:

“Esta familia, la familia Atala Zablah, son personas con poder económico, que financian campañas del partido de gobierno. No lo decimos porque sí, en sus comunicaciones dicen que se van a reunir en Casa Presidencial, que hablan con ministros, que su principal capital es el capital político que tienen, a eso hacen referencia en sus comunicaciones, por tanto, sabemos que no son personas ordinarias en este país y que por supuesto su procesamiento significa un sacrificio para el Estado de Honduras, porque son personas que gozan de impunidad, que dejaron esa evidencia porque se creen intocables y porque jamás pensaron que esa información iba a estar en nuestras manos y en manos de la sociedad hondureña”.

Además, Zúniga Cáceres asegura que, en el proceso judicial contra los 7 sentenciados, el Ministerio Público adoptó posiciones de antagonismo con ellos, que son las víctimas, al ocultarles información y expulsar del proceso judicial a los abogados acusadores que ellos contrataron, lo que resume como “complicidad” con los victimarios.

“Los fiscales de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida han tenido una relación de maltrato con las víctimas. Incluso con la acusación privada hay muy poca comunicación y coordinación entre lo que hacen y lo que nosotros intentamos promover. Siempre han expresado de manera permanente que sí se está investigando, pero jamás se ha especificado realmente qué diligencias o qué trámites se están haciendo”, explicó.

Sobre el Ministerio Público resume así su opinión:

“El Ministerio Público y su papel ha representado un obstáculo permanente a la búsqueda de verdad y justicia integral. Siempre recalcamos que en el caso de Berta Cáceres ha existido la oportunidad de romper el pacto de impunidad al que está acostumbrado este país. Honduras tiene un índice de impunidad arriba del 97%. Entonces estamos diciendo que el Ministerio Público es, por protocolo, ineficiente”. VER VIDEO

Finalmente recalca las diferencias con que la justicia hondureña trata a las personas según su poder económico:

“Es un trabajo ineficiente (del Ministerio Público). Se mira que todas las personas que tienen poder económico tienen un tratamiento diferenciado, incluso cuando llegan a estar en la cárcel son presos privilegiados y eso no es secreto en este país. Eso ha pasado en el caso de mi mami, también personas que han logrado estar en la cárcel son personas que comandan la cárcel o tienen privilegios que ninguna persona empobrecida en este país los tendría”.

EXTRADITADOS Y SEÑALADOS POR CORRUPTOS

José “Chepito” Handal, el empresario ya mencionado, es uno de los extraditables pero la justicia estadounidense,  deberá esperar a que pague sus penas en Honduras.

La historia fue diferente para otros. Desde el 2014 han sido extraditados a Estados Unidos al menos 23 hondureños acusados por narcotráfico, otros más se han entregado voluntariamente y algunos han sido detenidos en aeropuertos de aquel país. Entre esos detenidos estuvieron el prominente empresario y exministro de Inversiones en el gobierno de Juan Orlando Hernández, Yankel Rosenthal Coello, en octubre de 2015; el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, Juan Antonio Hernández, en noviembre de 2018; más recientemente, el exoficial de Policía Mauricio Hernández Pineda, (según autoridades estadounidenses primo de Juan y Tony Hernández), a mediados de febrero; y el 1 de marzo de 2020, Geovanny Daniel Fuentes Ramírez, quien según las autoridades estadounidenses pagó 25,000 dólares al presidente Hernández para que le diera protección a un narcolaboratorio que tenía en Omoa, en el Caribe hondureño.

De los que han sido sometidos a juicio ninguno fue encontrado inocente y lo extraordinario es que ninguno de ellos tenía en Honduras ni una multa. Al menos una parte de la responsabilidad es del Ministerio Público porque es la institución estatal que tiene el monopolio de la acción penal y, según la ley, es el ente encargado de orientar las investigaciones para aclarar los delitos.

El exfiscal Jari Dixon y ahora diputado de oposición explica:

“Imagínese usted que de todos los extraditados, el Ministerio Público no tienen ningún expediente. Esos señores eran notables, esos señores eran personas de alto nivel en la sociedad, el Ministerio Público no les había iniciado ningún proceso de investigación, llegan a Estados Unidos y allá confiesan todo, que asesinaron a tales personas, que trafican con drogas, que traficaron con armas, ¿y aquí? Aquí no existía ni tan solo una prueba, ni tan solo un expediente, aunque sea por un delito mínimo”.

Enfatiza que estos “grandes señores” han reconocido en Estados Unidos haber pagado cualquier cantidad de dinero a prominentes líderes del Partido Nacional, -en el gobierno desde 2010-, “para que les permitieran traficar con droga en total impunidad y para que usted pueda traficar con droga en total impunidad tiene que mantener control sobre el sistema de administración de justicia”.

Días después de esta entrevista, Dixon Herrera, en su condición de diputado, presentó una moción para interpelar al fiscal general Óscar Fernando Chinchilla para que se presentara ante el pleno del Legislativo a explicar por qué no existen investigaciones que permitan enjuiciar a los señalados por narcotráfico en Estados Unidos.

“En el proceso que se le sigue a Geovanny Fuentes en la corte de Nueva York, señala al que hoy dirige los destinos de este país, al señor Juan Orlando Hernández de haber recibido o de haber pagado un soborno de 25 mil dólares para proteger un laboratorio de cocaína en este país. Hoy somos noticia en el mundo”, dijo Dixon ante sus compañeros diputados.

Agregó que “en todos los diarios a nivel internacional señalan al señor Juan Orlando Hernández como un conspirador para traficar droga o que protege narcotraficantes. Yo creo que ya es tiempo que el sistema de administración de justicia de este país le explique al pueblo que ha estado haciendo en los últimos años”.

“Ya es tiempo que el fiscal general nos diga cómo es posible que fiscales en Nueva York investigan narcotraficantes en Honduras y la Fiscalía General no tiene ninguna investigación”, amplió.

“Pedimos que se interpele al fiscal general Óscar Fernando Chinchilla, pero que (venga) aquí al hemiciclo legislativo y que no le lleven allá a una habitación, escondido, que nos explique el por qué no hay investigaciones contra altos funcionarios del Estado en el tema del narcotráfico”.

Mientras presentaba la moción le silenciaron el micrófono en dos ocasiones y al terminar, el diputado del Partido Nacional Antonio Rivera, miembro de la directiva y afín al presidente Hernández, le indicó: “Vamos a suspender la moción suya, porque es facultad mía suspenderla”. Inmediatamente dio la palabra a otro congresista.

Otro miembro del Partido Nacional señalado desde los Estados Unidos por corrupción es Óscar Nájera. Él ha sido diputado en varios periodos por el departamento de Colón, en el Caribe de Honduras. En agosto de 2018 congresistas estadounidenses pidieron al presidente Donald Trump incluirlo en la lista de sancionados bajo la Ley Global Magnitsky, la cual señala a los corruptos de diferentes países.

En diciembre de 2019 el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, hizo pública una comunicación donde señalan que “en su condición de funcionario, el señor Nájera se involucró y se benefició de la corrupción pública relacionada con la organización de narcotraficantes de Los Cachiros. En mayo de 2013, los Estados Unidos identificó a Los Cachiros como importantes narcotraficantes extranjeros conforme a la Ley Kingpin”.

Agregó que la “ley también establece que el Secretario de Estado está facultado para designar, ya sea de manera pública o privada, a tales funcionarios y a los miembros inmediatos de su familia. Además del señor Nájera, estoy designando a su hijo Óscar Roberto Nájera López”.

Como respuesta, el legislador ha brindado declaraciones diciendo que está disponible para ser investigado por el Ministerio Público de Honduras y ha venido asegurando en reiteradas ocasiones que está tranquilo y que el señor Mike Pompeo tendrá que pedirle disculpas al no poder demostrarle sus vínculos con los narcotraficantes ni con actos de corrupción.

Además, luego de ser designado “corrupto” y vinculado a narcotraficantes por Pompeo, de manera desafiante publicó una fotografía con la leyenda “en mi casa disfrutando mis frijolitos!!! Aquí bien preocupado!!!”.

Pese a que ya pasó más de un año desde que los congresistas pidieron su inclusión en la lista Magnitsky, el Ministerio Público no se ha pronunciado sobre alguna posible investigación, como tampoco lo han hecho en el caso de Pepe Lobo. Así como ellos, políticos y empresarios siguen siendo ciudadanos prominentes, cercanos al poder, y lejos del ojo investigador del Ministerio Público.

El fiscal Óscar Chinchilla: un trapecista atrapado entre dos poderes