“Reconocemos su dolor, pero sobre todo las acompañamos en su búsqueda de justicia y les respetamos porque en medio de ese dolor supieron valer su voz y desde entonces siguen organizándose y trabajando arduamente para que estos hechos no queden en el olvido o la impunidad”, dice a las madres de abril, Claudia Paz y Paz, directora del programa para mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Paz, abogada y exfiscal general de Guatemala, fue parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que fue expulsado por el régimen de Daniel Ortega en diciembre de 2018, poco antes que el informe final revelara los crímenes de lesa humanidad contra los manifestantes.
“En esa marcha (del 30 de mayo de 2018) en la que íbamos nosotros a solidarizarnos con las madres de abril lamentablemente el gobierno mandó a asesinar a nuestros hijos, eso cambió el rumbo de mi vida porque yo no voy a descansar hasta que se haga justicia por la muerte de tantos muchachos”, expresa Josefa Meza, representante de la Asociación Madres de Abril (AMA), y mamá de Jonathan Morazán, de 21 años, estudiante de diseño gráfico fallecido en la masacre del Día de las Madres.
Meza responde desde el extranjero, pues ha quedado atrapada por la pandemia mundial en un país europeo cuando se encontraba denunciando al Estado de Nicaragua ante organismos internacionales.
Para muchas madres, el 30 de mayo dejó de ser una fecha de celebración en la que recibían regalos, ahora, en este día el recuerdo les invade.
El 30 de mayo de 2018 hubo una gigantesca marcha ciudadana en Managua contra la represión y en apoyo a las madres que habían perdido a sus hijos por la violencia, unos cien muertos hasta ese día, hubo también manifestaciones en distintos puntos del país donde se repitió la violencia.
Candelaria Díaz, habitante del sector de las cruces de San Sebastián en el barrio Monimbó del municipio de Masaya, a 26 kilómetros de Managua, quien se ha dedicado toda su vida a trabajar como empleada doméstica para sacar adelante a sus dos hijos, está sentada en su silla roja en un rincón de la cocina de su casa, el humo que entra y regresa por la puerta es testigo de cómo llora todavía la muerte de su muchacho como si hubiese sido ayer, “para mí fue algo terrible, se me unió el cielo y la tierra, me arrancaron un pedazo de mi vida”, exclama con lágrimas en sus ojos la mujer de 53 años
Injusticia, esa es la palabra que se intensifica con sus 10 letras en Nicaragua desde la masacre del 30 de mayo de 2018. Díaz perdió a su hijo Carlos Enmanuel Díaz, en la ciudad de Masaya la misma noche del Día de la Madre, fue la única víctima mortal de la ciudad, en esa fecha. Ella no le desea a nadie recibir ese regalo tan trágico.
Mientras el reloj avanzaba para marcar las 10 de la noche, doña Candelaria aún esperaba en casa a su hijo, como se lo había prometido temprano, pero escuchó cinco disparos cerca del parque central donde los manifestantes se enfrentaban con morteros artesanales –como el que tenía Carlos desde una trinchera– y piedras a las balas del régimen y sus fuerzas policiales y paramilitares, Sin embargo, una de esas balas acabó con la vida del joven de 28 años que había procreado dos hijas y cuyo cadáver saldría a buscar su madre en la placita de Monimbó, después de que una sobrina llegara a avisarle que estaba baleado.
“Yo me imaginé que el balazo había sido en el brazo, en la pierna o un refilón en el estómago, pero no que me iba a encontrar con lo que me topé”, dice entre lágrimas cuando recuerda que lo llevó al hospital, aunque ya iba fallecido.
Un par de horas antes, a 155 kilómetros al norte de ahí, en el municipio de Estelí, una llamada de Nicaragua a Costa Rica le cambió la vida a Sara Amelia López, la madre de Cruz Obregón, el joven de 21 años que había fallecido después de haber recibido cinco impactos de bala durante la represión en la ciudad de Estelí.
Ese 30 de mayo Obregón estaba haciendo unos planos para un cliente y cómo a las 2 de la tarde llamó a su madre en Costa Rica donde había migrado para trabajar, quería felicitarla, pero ella le recomendó no salir porque estaba al tanto de la situación en su país y que era peligroso, fue la última vez que habló con su hijo.
La búsqueda de justicia
“Las personas asesinadas, heridas, criminalizadas, la negación de asistencia sanitaria y la impunidad de todos estos hechos los caracterizamos en el informe del GIEI como crímenes de lesa humanidad», afirma Claudia Paz, quien llegó a Nicaragua en junio de 2018 junto a otras organizaciones internacionales para documentar los casos que se habían cometido, mientras continuaban dándose enfrentamientos y asesinatos por parte del Estado, sus instituciones de seguridad y paramilitares.
En septiembre de 2018 fue organizada formalmente la Asociación Madres de Abril (AMA) motivada por feministas nicaragüenses que comenzaron a buscar a las mamás para realizar sus denuncias. Hasta el día de hoy la organización está conformada por más de 100 familias en diferentes departamentos del país como Chinandega, Masaya, Matagalpa, Jinotega, León, Estelí y Managua que son las zonas en las que hubo más enfrentamientos y en las que muchos jóvenes fueron asesinados.
El 30 de septiembre AMA lanzó el museo de la memoria. Según Tamara Morazán, la hermana de Jonathan Eduardo Morazán Meza, uno de los 19 jóvenes asesinados ese 30 de mayo, cuando se inauguró hubo más acercamiento con otras madres. “Hay muchas familias que han querido unirse para dignificar a sus familiares a través de su testimonio y contar lo que pasó”.
Jonathan Morazán, era un joven con sus propios ideales como cuenta su madre Josefa Meza, a quien le duele ver pasar dos años en el que se sigue masacrando la vida de los jóvenes y sigue en impunidad.
El régimen de Nicaragua no ha dado ningún tipo de respuesta a las exigencias, peticiones ni esclarecimiento de la verdad de los hechos a los familiares de las víctimas. Esto, a pesar de las denuncias que han hecho a organizaciones defensoras de derechos humanos dentro y fuera de Nicaragua acusando al mismo Estado por los crímenes de lesa humanidad.
Por el contrario, el GIEI y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), creados por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fueron expulsados del país el 19 de diciembre de 2018. Antes, el 31 de agosto el régimen de Ortega había expulsado al equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
Ni perdón ni olvido
La experta en Derecho Penal Eyling Cruz explica que la Policía debería investigar el delito después que las familias afectadas hagan la denuncia –sobretodo cuando se trata de privación de vida de una persona porque así lo establece la legislación nicaragüense-, las autoridades deberían buscar posibles autores, testigos, la ubicación de los hechos, y posteriormente el Ministerio Público debe acusar, representar a la víctima y judicializar para determinar o no la culpabilidad de los señalados del crimen. Sin embargo, en Nicaragua de las 325 personas asesinadas en todo el contexto de protestas de 2018, y otras tres más asesinadas en 2019, sostiene la (CIDH), “únicamente 12 casos se han judicializado”, y con estos, no se ha seguido investigando, según lo que han referido los familiares de las víctimas a través de los medios de comunicación.
El trabajo que han hecho defensores de derechos humanos en Nicaragua, no ha permitido que el tema salga de la agenda internacional, según la abogada Paz, quien reconoce la labor que cumplen en condiciones sumamente adversas. “En un contexto nacional donde las autoridades e instituciones llamadas a proteger los derechos humanos han fallado, pues el sistema internacional de protección de derechos humanos cobra mucha más relevancia y es fundamental para que las violaciones a derechos humanos no se invisibilicen, no se olviden y para que no se pierda la esperanza en el país”, agrega.
El informe del GIEI sobre el 30 de mayo
De las 109 muertes violentas documentadas en el Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018 del GIEI únicamente existían 9 expedientes de casos judicializados. Al analizar los expedientes, las hipótesis de la Fiscalía eran contradictorias con la evidencia científica que el mismo Ministerio Público había recogido o la evidencia testimonial, explica Paz. “Toda la información videográfica que nosotros recogimos es que esta marcha era una marcha multitudinaria y que inició de una forma totalmente pacífica”, describe.
https://www.expedientepublico.org/fiscalia-nicaraguense/
Entre las denuncias recibidas por el GIEI estaba la de Sara Amelia López, la madre de Cruz Alberto Obregón, el joven de 21 años que publicaba en sus redes sociales su desacuerdo con el régimen y participaba en las manifestaciones ciudadanas. Obregón falleció minutos después de haber ingresado al hospital, llevaba puesta una sudadera con cinco orificios de bala. Aquel joven albañil arregló su casita y aspiraba a obtener un mejor trabajo para que su mamá se regresara al país, y hacerse una habitación aparte en la vivienda.
Fueron puestas varias denuncias en el Ministerio Público de Estelí, pero según la madre de Obregón, “todo fue un engaño, para que perdiéramos el tiempo, siendo ellos los asesinos no iban a hacer nada”.
Según Paz, el mandato del GIEI era acompañar al Ministerio Público en las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos, “pero fue imposible porque la Fiscalía nunca quiso colaborar”. Este fue uno de los hallazgos que más impactó a la misión de la CIDH, y que fue planteado en el informe basado en videncia videográfica, en los testimonios de sobrevivientes, reconstrucciones, fotografías, que se lograron publicar fuera de Nicaragua en diciembre de 2018.
Madres revictimizadas: injusticia y asedio
Como si no hubiese bastado que les arrebataran violentamente a sus hijos, el asedio y la intimidación por parte de las fuerzas de seguridad y algunos simpatizantes del gobierno de Ortega, se agudizó durante su proceso de luto.
“La policía a cada rato en la puerta, la policía pasaba, no había día que no estuviera», relata María Andrea, la madre de Darwin Ramón Potosme, a otro de sus hijos le han golpeado “les gritan asesinos, tranqueros”, incluso el 2 de noviembre, Día de los Muertos, andaba enflorando la tumba de su hijo cuando una simpatizante sandinista y policías estaban rodeando a la familia.
En el mes de la madre, como se dice del mes de mayo, María Andrea tiene preparado el altar hecho para Darwin, asesinado el 17 de junio de 2018, desde entonces su foto, ha estado en cada rincón de la que fue su casa en el barrio Monimbó de Masaya.
Masaya es cuna de folclor y tradiciones, la familia de Darwin rinde con su cultura un homenaje al fallecido, con flores blancas en la mesa rodeada de varios santos y un par de velas al lado del atril de madera que sostiene una fotografía en la que sale el “comandante Fafo”, el seudónimo que adoptó en las trincheras de Monimbó y del que cuelga un rosario de los mismos colores de la bandera de Nicaragua.
“No olvido significa para nosotras no volver a permitir nunca más reelección en el país, que se instaure una dictatura sanguinaria como la que tenemos, No repetición significa cambiar las estructuras que han venido tejiendo para perpetrar a alguien en el poder”, dice Josefa Meza, la madre de Jonathan y Tamara Morazán
Tamara cuenta como algunas madres no han podido vivir su proceso de duelo como deberían por causa del asedio y eso les ha impedido denunciar. Recuerda que la tumba de su hermano fue profanada por la noche por policías el mismo día de su entierro, y un año más tarde en la misa de aniversario eran cantidades de paramilitares y policías con armas y celulares para tomar fotos. Ella asegura que esas acciones hacen temer y desconfiar en esa institución del Estado. “Es muy difícil que vayas a poner una denuncia porque es al mismo Estado (el acusado), nos atrevimos porque nuestro miedo se convirtió en furia y enojo y lo logramos hacer, pero otras no y es comprensible”.
Temen que las apresen si van a denunciar
“Yo no he puesto ninguna denuncia porque si ellos mismos le quitaron la vida a mi hijo, lo único que hice fue sacarle su acta de defunción, ya muerto se lo quería llevar el médico forense, mi familia no quería, más bien los sacaron disparados (rápido). Solo puse denuncia a los derechos humanos”, revela Juana Pastora Jarquín, una vendedora ambulante de ropa en Jinotega, municipio a 142 kilómetros al norte de Managua.
Jarquín perdió a su hijo Abraham, en julio de 2018, durante la operación limpieza, ejecutada por el régimen para eliminar las protestas y los bloqueos de carreteras y calles en los principales municipios del país.
Por su parte, Sara Amelia en su proceso de duelo empezó a ir a protestas, pero el miedo de exponer a su familia ante el hostigamiento de paramilitares, le obligó e a irse nuevamente del país.
Boanerges Fornos, exfiscal y abogado de Acción Penal, un grupo de juristas nicaragüenses asociados para representar a presos políticos y promover los derechos humanos, explica que toda denuncia debe exponerse para obligar al Estado a que se pronuncie.
A pesar que el asedio es un riesgo real y latente, Fornos señala que para tener éxito en el acceso a justicia a futuro es necesario poner la denuncia en la Policía y el Ministerio Público, a pesar que “en Nicaragua no hay un sistema que respete el Estado de Derecho, sino realidades con las que lamentablemente tenemos que enfrentarnos todos los días”.
Un recuerdo inolvidable
Cada madre recuerda a su hijo de forma diferente y especial, aunque eso signifique revivir momentos felices, pero también dolorosos.
En la memoria de Sara suenan algunas canciones de rock que a su hijo Cruz le gustaban. -Vas a ver mama, si un día me muero, a usted le va encantar esa música-, le decía el muchacho.
–Y en realidad esa fue la música que le puse en su funeral–, expresa Sarita entre lágrimas.
Josefa, confiada en Dios dice que “no hay mal que dure 100 años y espero que pronto la dictadura caiga y Nicaragua sea libre para hacer justicia por el asesinato de su hijo”.
