*En la víspera del cuarto aniversario de las protestas sociales de Nicaragua, la vicepresidenta Rosario Murillo emprende discursos de odio contra la jerarquía católica.
**Expediente Público analizó sus argumentos y verifica que están llenos de mentiras, rumores y falsedades. Diversas organizaciones apuntan al régimen como responsable de abusos, torturas y crímenes.
Expediente Público
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, ha emprendido en la víspera del cuarto aniversario de las protestas sociales de abril de 2018, una campaña de amenazas, insultos, mentiras y manipulaciones contra la jerarquía católica nicaragüense.
En la semana previa a la Semana Santa, Murillo aprovechó su discurso diario en los medios que controla su familia y otros voceros de su régimen, para atacar -sin mencionar directamente- a los obispos y miembros de la Iglesia católica de Nicaragua.
En esta ocasión, la vocera ha retomado la ofensiva verbal con un aparente objetivo de establecer una nueva narrativa frente a los violentos incidentes: achacar a los religiosos los crímenes imputados a las fuerzas de seguridad, por órdenes directas de la pareja Ortega-Murillo.
De acuerdo a la verificación de Expediente Público, los hechos imputados a los obispos por Murillo los días 5 de abril y 7 de abril de 2022, son falsos y corresponden a una vieja narrativa donde el Estado, bajo responsabilidad de los Ortega-Murillo, niega los hechos y los achaca a quienes ellos consideran “enemigos de la patria”.
Ofensas y amenazas de cárcel
“Así como se condenan los crímenes de lesa humanidad, así también se demanda juicio y condenas para quienes practican vicios, conductas inapropiadas, incluyendo, desgraciadamente, hasta a menores de edad. Lo sabemos. Lo hemos visto”, señaló Murillo.
“Y conductas inapropiadas son también aquellas que mueven a personas que dicen representar credos, líderes de fe les dicen, y en estado alcohólico, en estado etílico se personan y a gritos pretenden hacer su gusto, violentando las leyes. Todo eso lo vemos y lo vivimos, y para todo eso tenemos leyes, tenemos condenas”.
Tales imputaciones (y amenazas de cárcel) de Murillo, vinculando “crímenes de lesa humanidad” con “líderes de fe”, no aparecen reflejadas en ningún documento oficial de las instituciones de Nicaragua, mucho menos en organizaciones internacionales de derechos humanos.
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Lo que calla Rosario Murillo
Al contrario, cuatro organizaciones internacionales de reconocida trayectoria, dedicadas a proteger los derechos humanos, emitieron sendos informes que ubican a Rosario Murillo y Daniel Ortega, junto a sus fuerzas de seguridad regulares y paramilitares, violando masivamente derechos humanos e incurriendo en potenciales delitos de lesa humanidad.
El 21 de mayo de 2021, la misión especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó Nicaragua para investigar las acciones de represión estatal, emitió un informe preliminar en el que denunció que solo entre abril y mayo de 2018 hubo 76 muertes, 868 personas heridas (la mayoría por armas de fuego) y 438 personas detenidas, desaparecidas y, o, torturadas.
“De acuerdo con centenares de testimonios, la represión estuvo a cargo de la Policía Nacional, sus fuerzas antimotines y grupos parapoliciales, que habrían actuado con el apoyo de agentes estatales. Según numerosos relatos, estos grupos armados serían convocados para tareas de amedrentamiento, vigilancia y actos violentos contra los manifestantes”, citó el organismo.
La actualización del informe hasta 2021 aumentó la cifra de muertes hasta 355, con más de 2,000 heridos, cientos de detenidos y más de 100,000 exiliados por la persecución estatal sandinista contra los sectores sociales y políticos que se manifestaron contra la administración violenta de los Ortega-Murillo.
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Aquellos francotiradores
“La documentación y los testimonios recogidos también permiten concluir que la Policía Nacional y las fuerzas antimotines utilizaron armas de fuego, pistolas de balas de goma y gases lacrimógenos en forma indiscriminada para disolver protestas y manifestaciones, sin hacer uso de protocolos para regular el uso proporcional de la fuerza, aunque la policía tendría formación en el uso de los mismos”, cita el documento.
“Varios testimonios hablan del uso de francotiradores en lugares como el Estadio Nacional y en Matagalpa. Estos graves hechos indican la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales”, relata el informe de la CIDH.
En el documento no hay alusión alguna que vincule a los sacerdotes católicos con los crímenes de lesa humanidad que achaca Rosario Murillo a los religiosos.
Más falacias virulentas
El discurso de Murillo contra los obispos ha sido amenazante y abiertamente estigmatizante.
“Ni perdón, ni olvido para los terroristas, para los sanguinarios, para los promotores del horror, de la zozobra. Ni perdón, ni olvido para quienes rompieron la paz, tan preciada en un pueblo que ha sufrido tanto. Ni perdón, ni olvido para los que mienten, engañan, falsos, y falsos también como profetas o como pastores. Ni perdón, ni olvido para los que profanaron, los que blasfemaron, los que pronunciaron el nombre de Dios en vano”, dijo Rosario Murillo el pasado 5 de abril.
“Queremos paz, y queremos, en este abril, todos los días, de rodillas, darle gracias a Dios, porque el Dios verdadero se impuso, no los falsos, el Dios verdadero se impuso y nos iluminó y nos guió para recuperar la paz que los criminales, porque es un crimen atentar contra la paz de un pueblo bueno, sencillo, tranquilo. La paz que los criminales, como dijimos ayer, masacraron”.
Hay, en esta ofensiva verbal, una intencionalidad bien clara discursiva de atribuir a los líderes católicos todos los crímenes y acusaciones imputadas a los Ortega-Murillo y sus funcionarios.
De nuevo, informes internacionales de derechos humanos registran que la responsabilidad y la autoría de la mayoría de los crímenes cometidos en el contexto de las protestas son responsabilidad de ella y de Ortega.
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Rosario de violaciones de derechos humanos
Por ejemplo, el 29 de agosto de 2018, una misión de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), emitió un informe In Loco de la situación del país en el marco de las protestas sociales del 18 de abril, que apuntan directamente a Murillo, Ortega y las fuerzas policiales, jueces, fiscales, autoridades de Salud, Ministerio de Gobernación y fanáticos sandinistas organizados y armados por el gobierno.
La delegación responsabilizó al régimen por hacer “uso desproporcionado de la fuerza policial, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales; desapariciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado; frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención; violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión y la criminalización de los líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y manifestantes considerados críticos con el gobierno”.
En noviembre de 2018, Ligia Gómez, exfuncionaria de alto nivel del Banco Central de Nicaragua, denunció a Rosario Murillo como la autora de dar la orden de atacar violentamente las protestas sociales bajo la premisa de “vamos con todo”, a través del secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, su hombre de confianza.
Ni Gómez ni Oacnudh mencionan, señalan o acusan a los obispos de la Iglesia católica de los crímenes cometidos desde 2018 a la fecha en Nicaragua.
Murillo ataca de nuevo
El 7 de abril nuevamente Murillo confrontó a los obispos con su discurso.
Inició citando un pasaje bíblico: “Por eso, en el nombre de Jesús, que ya sabemos cómo sacó del templo a los que no merecían estar en los templos, nosotros decimos: ni perdón, ni olvido”.
Luego, entre ofensas, insultos y amenazas volvió a arremeter atribuyendo delitos, pecados y crímenes contra los líderes católicos: “… Quienes han pecado traicionando la confianza de los pueblos y bendiciendo los crímenes, la muerte, las agresiones, llamados de atención, dice, son las agresiones, eso es imperdonable, y eso no puede ser autoridad”.
“Todos los días tener presente, y más en este abril de tanta alegría (…) que tanto aquí como en otras partes del mundo, no puede haber perdón, ni olvido, para los criminales, los terroristas, los genocidas, los que asesinan, los que matan el derecho de los pueblos a vivir tranquilos…”, vociferó.
Hasta ahora, de las decenas de informes y documentos de violaciones de derechos humanos cometidos bajo la administración de Murillo, el presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), es el más demoledor por la abundante información y detalles de la brutalidad cometida por los sandinistas contra la población nicaragüense.
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Las cifras sangrientas del régimen
Si bien el informe abarca un periodo de investigación del 18 de abril al 30 de mayo de 2018, recoge los testimonios, pruebas y evidencias de una acción estatal organizada y con potencial actuación de delitos de lesa humanidad que en ese corto período de tiempo dejó 109 muertes, más de 1,400 personas heridas y cerca de 690 detenidos, desaparecidos y, o, sometidos a torturas, tratos crueles, violencia sexual, violencia física, sicológica y otros.
La CIDH presentaría su reporte en Managua el 20 de diciembre, pero el gobierno de Ortega-Murillo expulsó a los miembros de la misión, que terminaron presentando el documento en Estados Unidos el día 21 de diciembre.
La información es concluyente: “De las 109 muertes analizadas por el GIEI, 95 de ellas se produjeron por disparos de armas de fuego, todos con impacto en cráneo, cuello y tórax”.
“Tal como surge de los eventos narrados en el informe y de la información disponible sobre cada una de las víctimas, la gran mayoría de las muertes por disparos de arma de fuego ocurrieron en acciones de represión llevadas a cabo por la Policía Nacional y los grupos paraestatales”.
Crímenes de lesa humanidad
Según el GIEI: “El ejercicio de violencia por parte del Estado no consistió en actos aislados, sino que fue llevado a cabo de manera organizada y en distintos momentos y lugares del país”.
“La reiteración de conductas y la reacción de las autoridades de gobierno frente a ellas refleja que no se trató de eventos que se expliquen por la decisión individual de uno o más agentes policiales, o bien por la actuación de grupos de civiles que por su cuenta decidieron ejecutar acciones violentas de represión de las protestas, sino que se trató de una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado”.
Por ello, la organización sugiere investigar la responsabilidad de Daniel Ortega y de toda la plana mayor de la policía que actuó bajo su mando.
Y deja claro, contrario a las alusiones de Murillo hacia el clero, quiénes son los señalados de la comisión de crímenes de lesa humanidad: “Para el GIEI, conforme la información disponible, se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”.
¿Qué busca Rosario Murillo con esta narrativa?
Expediente Público consultó al activista político nicaragüense Israel Lewites Cornejo, en el exilio, para tratar de explicar las razones de Murillo para endilgar las acusaciones en su contra a los obispos.
Para Lewites, la Iglesia católica es el último bastión visible de resistencia en Nicaragua contra los abusos de Ortega y Murillo, ante el desmantelamiento de la sociedad civil, los partidos políticos, los medios de comunicación, las organizaciones de derechos humanos y los gremios campesinos, estudiantiles y empresariales que le adversaban.
“Rosario Murillo opera como vocera de un calumnioso sistema de propaganda que funciona desde la llamada ‘posverdad’. Para este aparato los hechos son totalmente irrelevantes, el régimen acusa sin requerir evidencias y, si políticamente lo estima conveniente, condenará utilizando su amañado sistema legal”, señaló Lewites.
“Por tal motivo nada de lo que afirme Murillo contra quienes considera sus adversarios puede ser tomado como verdadero, salvo una cosa: la amenaza”, alertó el activista exiliado.
