*Un análisis de Expediente Público a la denuncia que hizo la diputada liberal y presidenta nacional del Partido Liberal Constitucionalista, para sacar de la contienda electoral a la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), revela acusaciones sin argumentos válidos y violación a la Constitución Política de Nicaragua.
EXPEDIENTE PÚBLICO
El calendario electoral de Nicaragua dicta menos de 80 días para las elecciones nacionales en las que solo 6 partidos alienados al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) están inscritos, y el resto de candidatos opositores están arrestados y acusados por la Policía Nacional.
La Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL) era hasta el 6 de agosto de 2021 el único partido considerado de fuerza opositora para competir en las próximas elecciones el 7 de noviembre, sin embargo, fue inhibido del proceso de elecciones a petición de la presidenta nacional del PLC, María Haydée Osuna ante el Consejo Supremo Electoral (CSE).
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Según la carta de solicitud leída por Osuna a medios de comunicación oficialistas, una de las demandas era por “violación” al artículo 49 numeral 6 de la Ley Electoral, por parte de la representante legal de ACxL, Carmelia María Rogers Amburn, conocida como Kitty Monterrey, a quienes reconocen como “ciudadana” con “doble nacionalidad” (estadounidense-nicaragüense).
El artículo 49 dispone como requisito para obtener personería jurídica como partido político que “el nombre de su representante legal y su suplente deberán ser nicaragüenses”.
Expediente Público verificó los documentos oficiales disponibles constatando que Kitty Monterrey nació el 9 de agosto de 1950 en San Francisco, California, Estados Unidos. Su madre es nicaragüense, y de acuerdo a la Ley de Nacionalidad del país centroamericano, Ley número 149 vigente desde el 4 de junio de 1992, son nacionales “los hijos de padre o madre nicaragüense”.
El régimen sandinista ya había usado el argumento de la doble nacionalidad de Monterrey para inhabilitar a la opositora de ocupar un cargo en el Estado. En 2016, los diputados la inhibieron de participar en la votación para escoger nuevos magistrados electorales.
Ese año, Monterrey fue postulada por el Partido Liberal Independiente (PLI), al que pertenecía, ante la Comisión Especial del parlamento nacional, para las candidaturas a magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE).
Kitty Monterrey fue la única candidata descartada por los legisladores, la mayoría sandinistas, aduciendo que su doble nacionalidad la inhibía de poder ejercer el cargo de magistrada. Al final, el FSLN nombrados a Mayra Salinas y Norma Moreno en los cargos vacantes en la institución electoral, ambas son militantes sandinistas. Mayra Salinas fue reelecta como magistrada en 2021.
Fue la segunda ocasión en que los sandinistas bloqueron las aspiraciones de la política opositora. En 2011 el Consejo Supremo Electoral no le permitió ser candidata a diputada, pero también le cancelaron la cédula nicaragüense que Monterrey recuperó dos años después.
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La ciudadanía nicaragüense le fue arrebatada nuevamente a Kitty Monterrey el 8 de agosto del 2021. El Ministerio de Gobernación informó la anulación de su pasaporte nicaragüense, cancelación de su cédula de identidad y su certificado de nacimiento, dos días después de haber retirado la personería jurídica de la ACxL que dirigía.
La procuradora general de la República, Wendy Morales, informó sobre la impugnación de su partida de nacimiento por supuestas “irregularidades” en junio de 2005, cuando Monterrey fue inscrita en el consulado de Nicaragua, en el Estado que nació.
Monterrey, presidenta del ahora tercer partido cancelado en medio de un proceso electoral de Nicaragua, se exilió a Costa Rica el 10 de agosto, donde dio sus primeras declaraciones a Teletica «En efecto, pienso quedarme en Costa Rica. Quiero estar cerca de mi país y quiero seguir ayudando», confirmó.
Acciones en contra de la Ley Electoral
Otra de las demandas a cargo de Osuna señala que Ciudadanos por la Libertad (CxL) “realiza acciones contrarias a las obligaciones de los partidos políticos dispuestas en el artículo 59 numeral 6 de la Ley Electoral”.
Sin embargo, la acusación carece de pruebas y sin ninguna investigación abierta y derecho a la defensa, como lo dice el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua.
El artículo citado dice textualmente: (a) “No recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público o impedir el funcionamiento regular de los órganos de administración pública”; (b) “No incurrir en actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, demanden la ampliación de sanciones económicas en perjuicio del Estado y pidan intervenciones militares”.
María Haydée Osuna no aceptó una entrevista con Expediente Público.
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“Una petición drástica y vacía”
La nicaragüense defensora de derechos humanos, Leyla Prado, quien desde 2019 se exilió por persecución a ella y su familia por parte del régimen Ortega-Murillo fue entrevistada por Expediente Público y resaltó que la denuncia del PLC fue “una petición vacía” e hicieron la “solicitud más drástica” cuando debió presentarse además de la fecha y las circunstancias, pruebas testimoniales, audiovisuales, fotográficas, etcétera.
Sin embargo, la solicitud hizo referencia a la norma de violación contra la ley de partidos políticos.
Prado asegura que las acusaciones son inválidas, “violaciones inexistentes” que, sin embargo, fueron admitidas por el CSE, órgano del Estado que debió abrir un proceso administrativo que demostrara con base los argumentos de la cancelación de dicho partido, y califica este acto como “violación a principios, derechos y garantías institucionales” del país.
En 2021 el gobierno de Ortega ha quitado la nacionalidad de nicaragüenses opositores mientras le regala nacionalidad a exfuncionarios extranjeros señalados de corruptos y prófugos de la justicia en sus países, como dos expresidentes de El Salvador.
El expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, fue nacionalizado en Nicaragua junto a su familia una semana antes que la Alianza Ciudadanos por la Libertad fuera cancelada, y en el año 2016 el exmandatario Mauricio Funes Cartagena, quien enfrenta cuatro procesos penales por malversación de fondos en El Salvador, fue nacionalizado en Nicaragua junto a su familia.
