El rostro de Elea Valle es trágicamente famoso, luego que apareciera en varios medios de comunicación de Nicaragua en noviembre de 2017, cuando denunció al Ejército de Nicaragua por el asesinato de dos de sus hijos menores de edad: Yojeisel Pérez Valle y Francisco Pérez Valle. Tres años después de lo acaecido, la luz de la justicia no brilla para su familia y su calidad de vida ha desmejorado debido al desplazamiento forzado y la persecución gubernamental.
Actualmente, vive escondida en un municipio del norte de Nicaragua, porque teme que el gobierno pueda localizarla y matarla. No tiene un empleo, ni una casa propia. Paga el alquiler de las viviendas a dónde se traslada con la ayuda de personas caritativas.
Elea Valle, originaria del municipio de Prinzapolka, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), no cuenta con una cédula de identidad, dos de sus hijos no poseen partida de nacimiento, lo que también ha impedido que gocen del derecho a la salud y a la educación.
Elea considera que el Gobierno emprendió aún más en su contra cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó el 24 de febrero de 2018 medidas cautelares y recomendó al Estado de Nicaragua proveer medidas de protección a favor de su familia. Esta acción en vez de darle seguridad, la convirtió en un objetivo de los operadores del régimen dirigido por Daniel Ortega. Valle anda errante desde entonces. (ver documento de la CIDH)
Valle cuenta lo duro que es alistar las maletas para cambiar de casa, que sus tres niños lloren cada vez que deben irse de un lugar al cual se estaban acostumbrando, además, esta vida casi nómada no le permite mandarlos a la escuela.
Elea se ha mudado de comunidad y de casa continuamente porque no tiene un trabajo estable ni instrucción académica que le permita generar ingresos para pagar el alquiler de una casa. Y lo otro, es el asedio continuo de la Policía, paramilitares y las estructuras políticas del gobierno en los barrios, conocidos popularmente como CPC (Consejos del Poder Ciudadano), que no la dejan vivir en paz.
Los desplazamientos internos forzados suceden cuando ciudadanos, familias o comunidades enteras se ven obligadas a abandonar sus tierras, sus hogares ya sea en el campo o en la ciudad debido a fenómenos naturales, conflictos armados o violencia, provocados ya sea por grupos delincuenciales o por el Estado mismo, según lo define la Agencia de la ONU para Refugiados (Acnur).
“Los desplazamientos internos forzados implican un desarraigo total ya que los campesinos pierden sus casas, sus tierras, sus fincas, pierden su comunidad, sus territorios, la familia se resquebraja. Y pierden su derecho al voto. Se pierden derechos políticos, su participación en democracias”, así lo explica el experto en desplazamientos internos de Colombia de la Fundación Ares, Ariel Ávila.
En Nicaragua el fenómeno de los desplazamientos forzados internos a familias y ciudadanos tanto en el campo como en la ciudad se desbordó en el contexto de las protestas antigubernamentales iniciadas en abril de 2018, ya que había un clima de violencia, persecución e inseguridad ejercida por el régimen de Ortega, explica el doctor Denis Darce, Secretario Ejecutivo de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH).
A diferencia de los refugiados nicaragüenses que han debido abandonar el país, cuya cifra actual ascendería a más de cien mil personas, según una nota de prensa publicada por Acnur el 10 de marzo de 2020 , no hay cifras oficiales ni estudios en Nicaragua del total de personas que sufren de desplazamientos internos desde las protestas de abril 2018.
Darce considera que, en los días más convulsionados de la represión contra los manifestantes, fue cuando más personas se pudieron mover de sus hogares a fin de proteger sus vidas.
Sin embargo, los desplazamientos internos forzados no son un fenómeno nuevo en Nicaragua, pues en la década de los 80, cuando también gobernó el Frente Sandinista, cálculos oficiales sumaban en 354 mil el número de desplazados dentro del país, huyendo de la guerra, esto equivalía al 12.1 por ciento de la población total (ver estudio).
El movimiento campesino estima que solo en el municipio de San Miguelito, del departamento de Río San Juan, al sur de Nicaragua, hay un estimado de 250 familias que han abandonado sus fincas a raíz de la operación limpieza, ejecutada por policías y paramilitares. Esta zona del país al ser una fronteriza, un 90 por ciento optó por irse a Costa Rica, el 10 por ciento restante, unos 25 hogares, se trataría de familias que han tenido que desplazarse a lo interno del país, según esta organización.
En el departamento de Jinotega, una organización no gubernamental registra que de enero a junio de 2020, un total de 80 personas que han debido huir a otros municipios para no sufrir represalias del régimen.
En la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) de Nicaragua también se reporta desplazamientos de indígenas debido a amenazas de colonos. En estos hechos, según los pobladores, el gobierno ha actuado a favor y en complicidad con los invasores de tierras comunitarias.
Según una nota de prensa de El Nuevo Diario, de 10,817 habitantes de 12 comunidades visitadas por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) en 2019, el 35% ha tenido que desplazarse de manera forzosa hacia poblados cercanos a Honduras, y otros a zonas urbanas del Caribe Norte, esto significaría más de 3,000 personas.
En el informe Migración Forzada de Personas Nicaragüenses a Costa Rica, redactado en 2019 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se señala que la mayoría de las 55,000 personas que habían emigrado a Costa Rica debido a persecución política, primero fueron desplazados internos a causa de la represión, pero luego tuvieron que salir de Nicaragua por la inseguridad que genera la crisis sociopolítica actual.
En Nicaragua no hay independencia en los Poderes del Estado y es el Estado mismo que a través de sus instituciones armadas y paramilitares ejercen violencia y violación de derechos humanos a los ciudadanos. Por esta razón, para Ariel Ávila el caso nicaragüense se vuelve particularmente dramático y crítico porque es el Estado mismo y sin ningún tipo de control o contrapeso el que viola, persigue y asesina.
EL DESPOJO A ELEA VALLE
La tragedia de Elea Valle comenzó unos meses antes que reventaran las protestas de abril 2018. Fue el 12 de noviembre de 2017 cuando el Ejército asesinó a dos de sus hijos menores de edad, a su esposo y tres personas más en una comunidad del municipio de La Cruz del Río Grande. Fue un acto que se justificó como un operativo contra una banda dedicada al tráfico de marihuana, en donde hubo enfrentamiento entre la supuesta banda de su esposo, Francisco Pérez.
Elea Valle reconoció públicamente en los medios de comunicación que su esposo se había rearmado contra el Gobierno por el asedio de los militares, pues como otros miles de campesinos en los años 80 se había sumado a la Resistencia Nicaragüense. Elea asegura que su esposo no vendía drogas y dijo que a sus niños los trataron como delincuentes, cuando simplemente andaban visitando a su padre el día que el Ejército arremetió contra el campamento.
Los cuerpos de los niños de Elea fueron enterrados por las autoridades en una fosa común. La imposibilidad de darle sepultura y oficios religiosos a sus hijos quedó marcada en la mente y corazón de esta madre. Entonces tomó la decisión de denunciar lo que había ocurrido con el Ejército en ese pequeño pueblo del Caribe Sur de Nicaragua, en donde, antes nadie se atrevía acusar a los militares.
Sin embargo, en un país como Nicaragua, el remedio terminó siendo el mal. Cuando el rostro de doña Elea se hizo público internacionalmente las represalias del Gobierno no se hicieron esperar, a partir de ese momento ella tuvo que abandonar su comunidad por las amenazas del Ejército en su contra. Ella cuenta que le dijeron que había hecho quedar mal a esta institución.
RODAR POR NICARAGUA
Franklin podría estar en cualquier otro medio de comunicación por su gran capacidad de expresión verbal, pero hoy vive escondido en casas de seguridad y no puede desarrollarse como profesional.
El delito de Franklin como de los más de 800 presos políticos que incriminó el régimen, fue haber participado activamente en las protestas. Fue apresado en octubre de 2018 y liberado en junio de 2019.
Lo que más le duele recordar a Franklin no es tanto los golpes que sufrió de parte de las autoridades de la Policía y el sistema penitenciario y el hambre. Más bien le duele haberse alejado de su familia y novia. El pasar la Navidad y su cumpleaños en la cárcel. Llora al contarlo.
Ahora Franklin anda “rodando”, como popularmente se le dice a Nicaragua a las personas que no tienen donde vivir. Aunque el joven sí tiene hogar, las constantes amenazas a su vida y a la de su familia, una vez que salió de la prisión, lo obligaron a irse de la ciudad de León, “me amenazaron con violar a mis hermanas”, expresa.
Ha cambiado de domicilio unas cinco veces, ha sido alojado en casas de seguridad, pero en ocasiones en viviendas de familias que le han dado posada. Recuerda una estancia muy cómoda con un anfitrión que lo llevaba a pasear en moto, pero tuvo que irse porque el benefactor tenía problemas económicos y no podía apoyarlo más.
ASEDIO NOCTURNO
Javier Carmona, líder del movimiento campesino, está sorprendido de las redes de comunicación con las que cuenta el Gobierno para identificar a cualquier persona en cualquier punto del país.
Carmona tuvo que emigrar a Costa Rica, luego del desmantelamiento a punta de armas realizado por paramilitares, policía y Ejército del tranque de San Pedro de Lóvago, pero decidió regresar a su país, aunque ande escondido.
Siempre he intentado protegerse, usando medidas de seguridad, pero asegura que a dónde ha ido, los CPC siempre lo logran ubicar. Una vez, creyó pasar desapercibido en el municipio de Nueva Guinea, en el centro del país, pero al final lo apresaron.
A pesar de eso, Javier Carmona ha apostado a vivir en resistencia, dice que se regresó asegurando que la mejor lucha se emprende desde dentro del país.
Según Denis Darce de la CPDH, cuando llega alguien nuevo a un barrio o comunidad, las estructuras de control del gobierno lo reportan en las oficinas del Frente Sandinista o en la Policía y es así que logran identificar a los opositores.
Otras personas afirman que cuando van en los buses, los partidarios del gobierno les toman fotos.
A Elea Valle ese acoso de parte de los agentes del Gobierno le ha afectado para conseguir un trabajo. Una vez estaba vendiendo verduras en las calles, los Policías pasaban continuamente por donde ella para vigilarla e interrogarla.
“Yo siento miedo cuando me encuentro militares, no me siento bien, porque la policía pasa y pasa… si un policía me ve caminar, me detiene pregunta por mi esposo, dónde está, cuántos hijos tengo”, comenta.
Las personas desplazadas también se ven vetadas de disfrutar de su derecho al trabajo. Según Darce, la Policía amenaza a los empleadores para que no contraten a los exreos u opositores y esa gente finalmente termina siendo de nuevo asediada, deben esconderse o cambiarse de domicilio y así se inicia el ciclo de revictimización.
El poder desplazarse en el interior de país tiene que ver con los niveles de apoyo con el que cuente el ciudadano, por ejemplo, un familiar o un amigo donde refugiarse. Pero como existe un control exhaustivo del gobierno de las personas que habitan en cualquier lugar del país, esto hace que muchos nicaragüenses más bien opten por quedarse en sus lugares de residencia, explica Darce.
DEJÓ FINCA
Marcos Pineda era feliz en su finca ubicada en la comunidad del El Camastro, en el municipio de San Miguelito, del departamento de Río San Juan. Una propiedad dotada de verde pasto para el ganado, fuentes de agua y paneles solares.
Tiene más de 20 años de tener esa finca. El amor a esta tierra y a su comunidad le hizo ser muy activo en la lucha anticanal. Siendo parte del movimiento campesino, también se unió a las protestas antigubernamentales iniciadas en abril de 2018. Participó en el tranque de San Pedro de Lóvago y tuvo que huir a Costa Rica a raíz del desmantelamiento de esta.
Cuando regresó a Nicaragua, hace nueve meses, no pudo establecerse nuevamente en su finca, debido al acoso. Regresaba a ratos, durante la noche, pero tuvo que irse a vivir en varios lugares del país a fin de proteger su vida y seguir animando al movimiento campesino.
La actual pandemia del nuevo coronavirus lo hizo regresar a su finca, hace dos meses. Su esposa, doña Rosibel comenta que el regreso le ha dado mucha estabilidad a la vida familiar.
Marcos se ha caracterizado por ser un ganadero y agricultor muy exitoso en la comunidad, pero desde que ha participado en las protestas y ha sido perseguido por el régimen su capacidad de ingresos ha disminuido.
Cuenta que ahora produce para el autoconsumo familiar, aunque ha tenido la dicha de que su hijo de 22 años pudo quedarse en la finca cuando él tuvo que huir.
Sin embargo, muchas otras familias en el municipio de San Miguelito han tenido que huir dejando sus fincas abandonadas, dejando perder los animales de granja y la producción. Algunas propiedades han quedado en manos de amigos o familiares, explica el líder campesino.
En el departamento de Jinotega, en los municipios de Wiwilí, Bocay y el Cuá, las familias que participaron en el tranque de La Marañosa han tenido que vender a bajos precios sus fincas a fin de huir para protegerse de las amenazas de paramilitares.
Listen to «Los invisibles: El desplazamiento interno y forzado de los nicaragüenses» on Spreaker.
EL COSTO DE SER DESPLAZADO
“Hay días que aguantamos porque pagamos agua, luz, la basura, donde estoy me toca pagar todo eso. Y si yo no tengo me cortan el agua, la luz, aunque me diga la niña, compremos una libra de pollo, no mi niña lo siento porque nos cortan el agua”, cuenta Elea.
Lo más duro para ella y sus tres niños es que antes del asesinato de los niños mayores y su esposo, ellos eran muy felices en la parcela donde vivían, porque podían criar animales y cultivar granos. Ahora vivir en un pueblo urbano ha sido un choque tremendo porque deben comprar todo.
Cuando Elea huyó de su comunidad, la parcela que habitaban, que había sido comprada sin papeles, fue vendida por los antiguos dueños, dejando a la familia de Valle en la total desesperanza.
“Cuánto deseo tener mi casita, para que el poquito que gane sea para la comida y tenerla para la salud de los niños y para la mía”, expresa.
La madre tiene problemas en la salud, pero no tiene acceso a los hospitales públicos ni privados.
Franklin, el periodista de León también ha pasado penurias. Aunque pertenece a una familia de escasos recursos nunca le faltó la comida. Ahora como desplazado depende del apoyo que le dan sus amigos.
“Hay días que he pasado a punta de mango y agua”, sostiene.
En Jinotega, hay una organización no gubernamental que da apoyo a víctimas de la represión, pero según la coordinadora del proyecto, con el fondo que tienen no se da abasto a las demandas y necesidades de la población. Esta organización trabaja bajo el anonimato. La organización para efectos de esta investigación ha optado por el anonimato porque saben que su trabajo debe hacerse casi en clandestinidad porque las redes de espionaje del régimen están por todos lados.
Otros problemas que se han generado en la crisis política es que los adultos mayores se quedan en las casas, asumiendo los roles y trabajos de sus hijos que andan huyendo.
EL MONSTRUO DEL ABUSO SEXUAL
Según el documento Manual para la Protección para los Desplazados Internos, publicado por Acnur en 2010, el abuso sexual es una de los riesgos que pueden sufrir las personas y familias desplazadas al vivir es espacios de inseguridad y hacinamiento.
Elea cuenta que su hija de 13 años se visto amenazada por depredadores sexuales en las calles del pueblo donde vive: “La niña me la han pedido que vaya a vender. Un hombre de 30 años, la ha andado detrás (la persigue), solo diciéndole ‘de amor’ para arriba a la niña”.
Incluso, el hombre ha llegado a patear la puerta de la casa, por eso, cuando la madre sale, deja encerrada a la adolescente.
Elea ha querido denunciar al acosador, pero ese hombre, aprovechando que conoce su historia ha llegado a decir que si lo hace va a revelar a la policía su identidad.
SALUD MENTAL AFECTADA
“Para mí esto no se ha terminado. Tengo las fotos de ellos (su esposo e hijos asesinados), pero yo no los debería estar viendo, porque me pongo bien mal, me enfermo mucho, y de eso mismo es un dolor de cabeza de tanto pensar”, expone Valle.
Asegura que también habla con ellos en sus sueños hasta por teléfono, como si estuvieran vivos.
La mayoría de las personas que han sido víctimas de violencia estatal tiene afectaciones en su salud mental, las que incluyen depresión, ansiedad, agresividad y en algunos casos estas condiciones pueden llevar al suicidio.
Para la sicóloga Yara Castillo el hecho que las familias sean sometidas a terapia oportuna permitirá que puedan manejar mejor sus traumas y duelos, además, por las características de los eventos acaecidos en Nicaragua en los últimos dos años, la intervención sicológica debe ser más fuerte.
Los desplazamientos interfieren en la salud mental de las personas porque implican un estrés en las personas ya que sufren de un desarraigo de su modo de vida al ser extraídas violentamente de sus territorios, asegura la sicóloga.
DESARRAIGO Y SEPARACIÓN DE FAMILIAS
María López, madre de tres desplazados jinoteganos, a sus 68 años, jala un enorme carretón que lleva del barrio Sandino al centro de la ciudad de Jinotega, a 160 kilómetros de Managua. Vende en las calles frituras de plátano y golosinas.
En esa rutina se le fueron 29 años para poder criar a sus 5 hijos, ya que fue madre soltera. Ahora todos sus hijos son adultos, que le han apoyado en la manutención del hogar. Pero en 2018, tres de sus hijos dejaron sus oficios para participar en las protestas antigubernamentales, cuando la Policía desmanteló los tranques los jóvenes tuvieron que huir de Jinotega, ocultándose en cualquier rincón del país, uno de ellos se fue a Honduras.
De esa manera María López tuvo que convertirse nuevamente en el único sostén de la familia. Se quedó cuidando a los nietos y tuvo que trabajar un poco más para poder apoyar económicamente a sus hijos cuando andaban huyendo.
Dos de sus muchachos regresaron a Jinotega y han empezado a trabajar. Mientras tanto María siempre jala su carretón, sale a vender con la esperanza de que Nicaragua pueda superar la crisis sociopolítica que le aqueja.
SE NECESITAN CAMBIOS
Para el especialista Ariel Ávila de Colombia, lo mejor que se puede hacer actualmente en Nicaragua es documentar estas violaciones de derechos humanos mientras ocurre un cambio de gobierno.
Al haber un mejor panorama político en el país, las organizaciones no gubernamentales tendrán que trabajar en conjunto para promover políticas públicas a favor de las familias desplazadas.
Vea también el reportaje:
El desplazamiento forzado en Colombia: la ausencia de ciudadanía
