- Expediente Público investigó un tema del que muy poco se sabe y se habla en la Nicaragua poslevantamiento civil: los secuestros cometidos por paramilitares en el marco de las protestas
“Todo el mundo me lo daba por muerto, que lo habían ido a tirar al volcán Masaya o quién sabe dónde me lo habían enterrado”, contó María Fuentes, cuyo hijo permaneció secuestrado por paramilitares por más de nueve meses.
María Fuentes no es su nombre real, pues ella pidió a Expediente Público mantenerlo anónimo, al igual que el de su hijo, por motivos de seguridad.
Ella narró la agonía vivida tras la desaparición de su hijo, de 22 años de edad. Porque el que un ser querido de repente se esfume sin dejar rastro, en un contexto de una violenta represión por parte del régimen de Daniel Ortega y su consorte, Rosario Murillo, podría significar la muerte.
¿Cómo sabe ella que fueron paramilitares quienes estuvieron detrás del secuestro de su hijo?
Porque los captores tenían todas las características de los sujetos que conforman esas unidades ilegales del régimen: vestidos de ropa civil, oscura, andaban armados hasta los dientes y conducían camionetas similares a las usadas por esas fuerzas, en las protestas contra el presidente Daniel Ortega. Los vio cuando por fin le entregaron a su muchacho.
La angustia de una madre
En abril de 2018 estalló una insurrección civil contra el Gobierno de Ortega, y a partir de entonces se desató la furia del régimen para aplastar el levantamiento. Comenzó un periodo oscuro de detenciones arbitrarias, desapariciones, asesinatos y exilios.
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Durante el tiempo que el hijo de María estuvo desaparecido, ella dijo que visitó hospitales, el Instituto de Medicina Legal y estaciones de policía en varias ciudades de Nicaragua. Pero los funcionarios de estos centros nunca le informaron sobre la ubicación del joven.
“Mi desesperación era porque no aparecía en la lista (de detenidos), si hubiera aparecido por lo menos yo sabía que estaba adentro (de alguna prisión) y si no aparecía era porque me lo habían matado. Mi angustia era que no sabía dónde estaba”, expresó María.
Pero ella no perdió las esperanzas.
Visitó varias veces las instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional, Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”, en el municipio de Tipitapa a 22 kilómetros de Managua y habló con los familiares de presos. En octubre de 2018 alguien le contó que el joven estaba dentro de esa prisión, sin embargo las autoridades seguían negando que estuviera ahí.
Secuestros S.A.: el lucrativo negocio de los paramilitares
María relató que en los primeros meses de 2019, la llamada misteriosa de un hombre, a las diez de la noche, le comunicó que su hijo estaba vivo, que lo tenían en su poder y que si pagaba por su liberación se lo entregarían.
Eran secuestradores, de esos que comercian con la vida y el dolor de las personas, a cambio de dinero. $600 dólares le demandaron a ella.
Esa cantidad es un dineral para una familia de estratos bajos, o incluso de clase media en Nicaragua. El salario mínimo mensual en esta nación es de US$124 dólares.
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Los captores le dieron un mes para que ella y su familia recolectaran esa cantidad. En el transcurso de ese tiempo llamaban casi a diario a María para saber si lo habían logrado. Con gran esfuerzo, lograron reunir el dinero. La madre dijo que tuvo que vender todas sus pertenencias de valor y pedir prestado dinero para completar la suma exigida.
Varios días después, un joven barbuchín, cubierto por una sudadera con capota, fue lanzado desde un automóvil que se había detenido en un tramo de una carretera del sur de Managua. Este lugar era el que los secuestradores habían señalado para hacer la entrega del joven. Varios hombres encapuchados lo entregaron a los familiares, luego de recibir el pago en efectivo.
Los secuestradores, aseguró la madre, la amenazaron a ella y a sus familiares con matarlos si publicaban en las redes o informaban a periodistas que el muchacho había aparecido en semejantes circunstancias y que fue secuestrado y torturado por casi un año.
El joven regresó a casa distinto, retraído y más delgado, recordó María. Para protegerlo de las amenazas, el padre lo sacó de Nicaragua. Exiliado, en la clandestinidad y sin familia, ni amigos, las secuelas del secuestro siguen golpeándole la mente y el alma.
A pesar de estar en el exilio, el muchacho se ha mantenido en la clandestinidad porque su familia teme que el gobierno mande sicarios a matarlo, como ya ha ocurrido en otros casos, como lo sucedido en Honduras a Edgard Montenegro, un ciudadano nicaragüense, opositor del régimen de Ortega, asesinado por paramilitares estando en el exilio.
La socióloga Elvira Cuadra, especialista en temas de seguridad, dijo a Expediente Público que los familiares deciden esconder a las víctimas “porque no quieren que las lleguen a buscar y que las sigan extorsionando. Porque este tipo de gente, si ya lo hizo la primera vez, lo puede hacer una vez más”.
María narró que hay más casos de secuestros y extorsión en el marco de las protestas contra el Gobierno de Nicaragua.
Ella dijo tener conocimiento de dos casos más: uno en el departamento de Estelí y otro en el de Carazo, porque ha trabajado muy de cerca con una organización presente en las redes sociales, que les ha dado apoyo a las familias con personas desaparecidas y que maneja información de hechos semejantes. Ella mencionó el nombre de la entidad, pero Expediente Público decidió no identificarla para salvaguardar la seguridad del personal.
En definitiva, se trata de secuestros por dinero cometidos por sujetos ligados al régimen que han decidido dedicarse a ese “negocio” aprovechándose del caos y la represión desatada tras el levantamiento de abril de 2018. Es decir, el objetivo es, como cualquier banda criminal, hacer dinero en un contexto de una grave crisis política.
Otros países experimentan, en otros momento, otro tipo de secuestros, como los que estrictamente responden a motivaciones políticas, en los que el pago del rescate no es necesariamente monetario y puede ser, por ejemplo, la liberación de presos políticos o militantes de una organización, como ha sucedido con grupos guerrilleros en todo el mundo.
O incluso si hubiera dinero de por medio, el efectivo es usado para la compra de armas de grupos disidentes y fortalecer su lucha, como los secuestros de acaudalados empresarios realizados por la guerrilla salvadoreña al inicio de la guerra civil en El Salvador.
Amenazan a muerte si se revelan casos de secuestros
Los secuestradores estarían cobrando a las familias, añadió María, según el nivel adquisitivo que posean, e igualmente son obligadas a mantener el hecho en secreto, so pena de tomar represalias. Y probablemente por esa razón poco o nada se habla de ese tema en Nicaragua.
Si el muchacho estuvo, tal como escuchó María, en una prisión del régimen orteguista, eso sería un fuerte indicio de que, en efecto, fueron los paramilitares, o personal policial o militar del gobierno, quienes están detrás del negocio de los secuestros.
Sin embargo, Expediente Público no ha podido confirmar por medios independientes si el joven se encontraba en efecto en alguna mazmorra gubernamental.
Cuadra consideró que antes de los sucesos de abril de 2018, en Nicaragua ya había ciertos casos de secuestros, aunque con otras características, más vinculados a la extorsión. Se daban cuando a ciertos presos en las cárceles del país se les ofrecía dejarlos libres si sus familias pagaban el “rescate” para poderlas liberar:
“Antes de abril, en las prisiones, usualmente se daba una mezcla entre algunos delincuentes vinculados con ciertos policías, porque obviamente no tenían las mismas características de los casos de ahora, pero había gente que estaba presa, y el policía junto con otro, llegaba y decía, a ver soltá, si aflojás (dinero) te vamos a cambiar la acusación” para que pudiera salir, explicó Cuadra.
Para la especialista, en las revueltas de abril lo más probable es que las desapariciones, convertidas en secuestro por dinero, hayan estado vinculadas a policías y paramilitares.
“Ahorita es difícil que se trate de otros grupos (delincuenciales) aprovechándose (de la crisis), ahorita todo lo que veas con esos niveles de organización e de impunidad, está vinculado con paramilitares”, subrayó.
Para Cuadra, el que la policía y paramilitares no den información sobre una persona que fue capturada en el marco de las protestas puede obedecer a varias razones, además de un secuestro.
Los detenidos “están en mala condición física, porque los han maltratado mucho que no los pueden sacar, y finalmente hay otro grupo de esos desaparecidos que podrían estar muertos, y que si llegan a encontrar los cuerpos habría consecuencias más serias”, señaló.
Mientras tanto, el Gobierno de Daniel Ortega, en el informe de la progubernamental Comisión de la Verdad y la Justicia de la Asamblea Nacional, publicado en enero de 2019, solo mencionó como desaparecido a Bismark de Jesús Martínez Sánchez, cuyos restos aparecieron el 28 mayo de este año.
Martínez se convirtió para los seguidores del gobierno en un mártir del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), por ser un militante asesinado por “supuestos” autoconvocados, es decir, la población civil que espontáneamente y sin ningún liderazgo político detrás se reunía para participar en las protestas.
No hay una cifra oficial de desaparecidos
Evidentemente, hay una conexión directa entre personas desaparecidas y los secuestros, pues si han sido plagiadas es casi seguro que los familiares las hayan reportado como desaparecidas o detenidas.
Las listas de detenidos, excarcelados y vueltos a encarcelar y desapariciones varían de día en día, mientras la crisis sociopolítica en Nicaragua no dé visos de salida.
“No hay una lista oficial, solo un trabajo de depurar, por ello la Alianza Cívica pide a la ciudadanía, organizaciones civiles, presos políticos y embajadas apoyar con información, porque eso permitiría saber quiénes están en las cárceles, quienes se refugiaron en otros países o quienes están totalmente desaparecidos”, expresó José Pallais, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
La ACJD publicó una lista preliminar de 113 personas reportadas como detenidas, de quienes hay información escasa e incompleta, pero que sus familiares aseguran que fueron detenidas por policías o paramilitares, aunque el gobierno no quiere aclarar si están o no en las cárceles del país.
Ese listado preliminar de la ACJD, actualizado hasta al 15 de junio de este año, es parte del grupo de presos políticos que aún permanecen en las cárceles de Nicaragua después de que liberaran a 56 en junio pasado, bajo la Ley de Amnistía aprobada por el Gobierno de Ortega.
Esos 113 presos políticos son los que el régimen orteguista niega que estén en las cárceles, de modo que mientras siga negándolo, pueden considerarse oficialmente como desaparecidas, aunque las organizaciones de derechos humanos han logrado ubicarlas en su mayor parte, de manera extraoficial.
Algunos medios y organizaciones han reportado que la lista de desaparecidos sobrepasaba los mil, basados en el informe publicado en septiembre del año pasado por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
No obstante, la abogada Karla Sequeira, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), explicó a Expediente Público por qué en los inicios de las protestas las listas de desaparecidos alcanzaba esas cifras.
“A partir de abril del año pasado, en los momentos más difíciles de la represión, el Gobierno sandinista realizaba detenciones en masa, detenía a 70, 80, 100 personas en un solo día, y todos eran trasladados a la cárcel de Chipote. Entonces la gente salía a buscar a su familiar y llegaban ahí a preguntar por ellos, y les decían que no se encontraban”, aseguró.
Que el gobierno negara su ubicación, aunque estuvieran detenidos, hacía pasar a esas personas como desaparecidas. A medida que fueron liberándolas, la cifra disminuyó.
En el informe de la ACJD, esas 113 personas han sido registradas como capturadas a partir de una denuncia de detención arbitraria, hecha por familiares o amigos, pues no han logrado obtener mayor información de parte de las autoridades judiciales y policiales.
“En ese contexto la gente decía que su familiar había desaparecido, no sabía dónde se encontraba, porque los oficiales negaban su existencia en Auxilio Judicial, en Medicina Legal y en cualquiera de las estaciones de la policía”, apuntó la abogada Sequeira.
Según Pallais, de la ACJD, es preciso actualizar esa lista con información veraz, para saber si esas personas continúan detenidas, fueron liberadas y así determinar su verdadera situación.
Inicialmente la lista de detenidos con escasa información que manejaba la Alianza Cívica ascendía a más de 200 personas, pero a través de una investigación realizada en conjunto con otras organizaciones, se ha logrado depurar el listado a 113.
La ACJD logró ubicar a la mitad de ese grupo, pese a que ni la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, sistema de justicia, ni el sistema penitenciario han querido corroborar su paradero. Es decir, la ACJD obtuvo su ubicación por fuentes no oficiales.
Sin embargo, hay muy poca información novedosa sobre el destino que tuvo la otra mitad de ese grupo, unas 55 personas, cuya situación es calificada de “crítica”, pues solo se cuenta con la denuncia hecha por familiares y amigos de que fueron detenidas por policías.
Esas 55 personas están más cerca de estar desaparecidas, es decir, presas sin ningún registro, secuestradas, en el exilio o muertas.
Cuando se logró identificar que algunos desaparecidos estaban encarcelados en el sistema penitenciario, muchas de esas personas pasaron a la lista de los 85 reos políticos, de los que se sabe con exactitud dónde están y cuál es el proceso legal que enfrentan.
Eso se logró a través del trabajo realizado por la Alianza Cívica. De modo que la mayor parte de los reos que aún permanecen en las cárceles, fueron personas desaparecidas en su momento, explicó Pallais.
María Fuentes, la madre cuyo hijo fue secuestrado, contó que una de las razones por las que nunca le dieron la ubicación de su hijo fue porque no lo tenían registrado por su nombre y más bien los otros presos lo conocían por un apodo.
“La policía no lo reportaba como preso político”, afirmó.
