*La creación de una comisión del Estado de Honduras que deberá proceder a desalojos “con carácter de urgencia” y aplicar medidas que en el pasado han servido para criminalizar a los campesinos, tiene a estos en alerta máxima.
**Según analistas consultados por Expediente Público, el Estado ni siquiera define qué es una comunidad campesina, indígena, organizadas legítimamente, y los grupos que se dedican a invadir tierras para luego venderlas.
***En abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló “el incremento de la violencia y criminalización en contra de comunidades campesinas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente”.
Aimée Cárcamo / Expediente Público
Las medidas anunciadas por el Gobierno de Honduras para “ordenar el acceso a la tierra” ponen al país al borde de un nuevo pico de conflictividad. No solo omiten la responsabilidad del Estado de investigar las violaciones a los derechos humanos en perjuicio del sector campesino así como el despojo del que han sido víctimas los pueblos originarios, sino que aplican acciones represivas y reviven el fantasma de la expropiación.
En cadena nacional de radio y televisión, la presidenta Xiomara Castro anunció el 6 de junio de 2023 la creación en Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, que tendrá la responsabilidad de disminuir la mora agraria, solucionar el problema de las invasiones y garantizar la seguridad jurídica.
“Esa comisión está integrada por toda la institucionalidad importante del Estado (…) o sea que la inoperancia y la indiferencia ha terminado”, declaró a Expediente Público el subdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Rafael Alegría.
Pero el sector campesino y la sociedad civil no han reaccionado con el mismo entusiasmo, sobre todo cuando una de las acciones que se le instruye a la comisión tiene que ver con la ejecución de las órdenes judiciales de desalojo “con carácter de urgencia” en tierras tomadas y la aplicación del delito de usurpación en flagrancia.
La medida se contempla en el decreto 93-2021, uno de los llamados “pactos de impunidad” aprobados en el anterior Congreso Nacional, que reforma la Ley de Lavado de Activos para favorecer la corrupción y criminaliza la protesta social.
Derechos de la propiedad
En septiembre de 2022, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada denunció en un comunicado la agudización de las invasiones, por lo que al conocerse las medidas del gobierno en ese sentido el presidente de esa organización, Mateo Yibrín, agradeció en su cuenta de Twitter la “acción valiente y decisiva en favor de los derechos de propiedad”.
En cambio, la Plataforma Agraria del Aguán y otras organizaciones campesinas se declararon en alerta máxima por el carácter militar-policial de la recién creada comisión, en la que no están presentes los actores involucrados en el conflicto y porque “trata de vincularse al sector campesino real al crimen organizado y otras figuras delictivas”.
Según el Gobierno, las tomas de tierra, que en su mayoría se han registrado en los departamentos de Atlántida y Colón (donde se encuentra el valle del Aguán), son obra de organizaciones campesinas, pero también de grupos irregulares y otros influenciados por el crimen organizado “para crear anarquía en el país”.
Conflictividad por desalojos
Para el analista del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), Kevin Isidro, “estamos frente a un escenario de agudización de la conflictividad”, debido a que el Estado no ha diseñado las herramientas suficientes para establecer diferencias claras entre qué es una comunidad campesina, indígena, organizadas legítimamente, y los grupos que se dedican a invadir tierras para luego venderlas.
En esa “zona gris” se corre el riesgo de que los desalojos y la aplicación del Código Penal impacte en aquellas personas y comunidades que por años, y legítimamente, han reivindicado su derecho de acceso a la tierra.
También la representante de la Coalición Contra la Impunidad, Gilda Rivera, dijo a Expediente Público que los desalojos van a agudizar la crisis agraria “y puede haber graves violaciones a los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida de la población que está ocupando esas tierras”.
Generalmente, los que llevan las de perder son los grupos campesinos que hacen uso de su derecho a la tierra, “en tierras que, además, muchas veces los empresarios se han apropiado de manera ilegal o de manera irregular”, añadió.
Desde la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra se han registrado al menos cinco desalojos, entre ellos el de una comunidad indígena lenca, y varias inspecciones con ese fin, incluyendo territorios garífunas que son reclamados por personas que no son originarias. Y las autoridades del INA han anunciado que vienen más en varias zonas del país.
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Piden investigar tenencia de la tierra
Si bien el Gobierno exige a las empresas afectadas por las tomas de tierra mostrar la documentación necesaria para acreditar su propiedad, para las organizaciones campesinas esto no es suficiente para un desalojo.
En principio, rechazan el calificativo de “invasores” porque en muchos casos lo que han hecho es recuperar tierras que les fueron otorgadas durante la reforma agraria en la década de 1970 y que luego fueron acaparadas por los agroindustriales, a quienes llaman los verdaderos “usurpadores”.
En el caso del Bajo Aguán, escenario de uno de los mayores conflictos agrarios en Honduras con cerca de 200 asesinatos en los últimos doce años, “el Estado asignó 40 mil hectáreas de tierra para procesos de reforma agraria”, dijo a Expediente Público el vocero de la Platarforma Agraria, Yoni Rivas.
Aunque no podían ser ocupadas por quienes no cumplieran con los requisitos para ser beneficiario de la reforma agraria, a partir de la aprobación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola de 1992, que declara de “interés nacional” el desarrollo de la agroindustria y la exportación de productos agrícolas, gran parte de esas tierras volvió a manos de los terratenientes y no siempre de forma legítima.
“Mis abuelos, mis tíos, cuentan las historias de que ellos fueron amenazados, golpeados, algunos fueron sobornados o los mataron para quitarles las tierras de reforma agraria”, compartió la subcoordinadora de la Plataforma Agraria, Wendy Castro.
Jueces en Honduras no protegen a campesinos
De allí que líderes como Wendy Cruz, coordinadora técnica de la Articulación de Mujeres de la Vía Campesina, exigen que antes de realizar un desalojo se investiguen los títulos de propiedad y también los medios de los que se valieron los empresarios y grupos de poder para adueñarse de las tierras.
Pero, además, que se tome en cuenta la parcialidad de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público, que han criminalizado a los campesinos.
“Muchos jueces y juezas de los diferentes departamentos han sido denunciados por grupos campesinos por estar al lado de los intereses de los grupos de poder, entonces quién nos garantiza la imparcialidad de las órdenes de desalojo”, se preguntó Cruz.
También rechazó la aplicación del delito de usurpación en flagrancia con cuatro a seis años de cárcel tipificado en el decreto 93-2021 y de desplazamiento forzado consignado en el Código Penal y con una pena de seis a nueve años, “que surge precisamente para blindar las acciones de los grupos de poder en el país” y con el que “prácticamente estamos reconociendo lo que hizo esa narcodictadura en asuntos de leyes y eso es inaceptable”.
A su criterio, las medidas de la presidenta Castro combinan respuestas a las demandas del movimiento campesino y del empresariado, pero consideró que hay un “doble discurso” cuando se dice que se va a dar a los campesinos acceso a la tierra, pero que van a desalojar a los invasores.
Sin enfoque de derechos humanos
La Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra cuenta con representantes de los tres poderes del Estado y de otras entidades públicas, pero no incluye a ningún representante de Derechos Humanos, ya sea nacional o internacional.
Entre sus mandatos se omite por completo la investigación de los asesinatos y las violaciones a los derechos humanos contra grupos campesinos, indígenas y garífunas, a pesar del recrudecimiento que ha habido en los últimos meses.
En su informe sobre la visita in loco realizada a Honduras en abril de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala “el incremento de la violencia y criminalización en contra de comunidades campesinas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en el Bajo Aguán”, con al menos ocho líderes campesinos asesinados en los últimos meses.
Honduras no cumple sentencias de la CIDH
Solucionar la conflictividad agraria en Honduras “pasa por esclarecer cada uno de los casos de violaciones, ataques a personas defensoras y garantizar que estos hechos no se repitan”, manifestó Kevin Isidro.
Mencionó también el hecho de que en el mensaje que dio Castro no se logra identificar nada relacionado con las tierras de los pueblos indígenas.
Recordó que el Estado tampoco ha avanzado en el cumplimiento de dos sentencias condenatorias emitidas por la CIDH, relacionadas con la violación a los derechos humanos y a la propiedad de la comunidad garífuna, “entonces creo que el tema de derechos humanos, el tema de tierras indígenas son todavía desafíos que tiene que enfrentar esta comisión”.
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Expropiaciones serían una opción
La primera acción del Gobierno para ordenar el acceso a la tierra es la elaboración de un proyecto de ley para que sea enviado al Congreso Nacional, que incluirá la conciliación de los justiprecios pendientes de pago del decreto 18-2008.
Ese decreto fue aprobado en abril de 2008 y facultaba al INA para la expropiación forzosa de tierras ociosas, pero en 2010 fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
Con el decreto 18-2008, señala el Gobierno de Castro, se logró disminuir la mora agraria con aproximadamente 400 resoluciones de expropiación antes del 2009, pero a la fecha existen unos 129 casos pendientes y 40 resoluciones que beneficiarían con unas 4 mil manzanas a igual número de grupos campesinos.
“El problema (de la tierra) se puede resolver por la vía de una nueva ley de que las tierras incultas, ociosas, privadas, sean expropiadas (…) pero puede ser también por la vía de la conciliación”, dijo Alegría.
¿Confiscar en Honduras?
Según Kevin Isidro, el espíritu de ese decreto era que las tierras ociosas podían ser compradas por el Estado a través del INA, para que luego pasaran a manos de los campesinos.
Entonces no se trata de un “ejercicio de expropiación en el sentido ideológico de la expresión, porque siempre se asocia a los gobiernos progresistas o de izquierda con las acciones de expropiación, como quitar por la fuerza la propiedad de los concentradores de la tierra, yo realmente no creo que esto vaya a suceder”.
En parte, porque “si la empresa privada viera y sintiera amenazados sus intereses, su propiedad, con esta iniciativa, pues no tendría tanto respaldo como lo está teniendo en los medios corporativos”.
No obstante, consideró que el estudio y el análisis de la experiencia alrededor de la implementación del decreto 18-2008 “es una necesidad y es una obligación” porque puede ser uno de los mecanismos con los cuales poder avanzar en el cumplimiento de la mora agraria.
El lanzamiento de la comisión por parte del Gobierno es vista como una oportunidad ya que después de casi treinta años el debate agrario se vuelve a posicionar en el país.
Para Alegría, “aquí tienen que aceptar los empresarios y aceptar los campesinos (…) no se trata de unos contra otros, si no de buscar la solución compartida”.
