* Los paralelismos entre Honduras y Nicaragua cada vez son más claros. El partido Libre ya tiene bajo su control el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. En el Congreso Nacional hay muestras de alineamiento. En Nicaragua, todos los poderes del Estado responden a los intereses del régimen sandinista.
***Sumado al estilo de gobierno familiar como el de Nicaragua, los Castro-Zelaya también desarrollan las Mesas de Participación Ciudadana, que recuerdan a los Consejos de Poder Ciudadanos (CPC) en Nicaragua, Venezuela o Cuba usados para reprimir a opositores.
Yarely Madrid / Expediente Publico
Con apenas un año en la presidencia de Honduras, el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro muestra señales de nepotismo, clientelismo político y cooptación de diferentes poderes del Estado que también está presente en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
La familia Castro Zelaya se encuentra esparcida en cargos importantes dentro del Gobierno, el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una estrategia que utilizó Ortega con su familia para formar una red que le garantiza el poder y control absoluto del país centroamericano.
A pesar de que la concentración de poder en Honduras no es algo nuevo, la esperanza para la población hondureña era que al llegar a la presidencia, Castro cambiaría esto, pero sus acciones han encendido las alarmas, sobre todo por su relación estrecha con países violadores de derechos humanos como Nicaragua, Cuba y Venezuela.
Mesas Ciudadanas y CPC
El partido de Gobierno Libertad y Refundación (Libre) al parecer está copiando también el modelo sandinista de los Consejos de Poder Ciudadanos (CPC) a través de las Mesas de Participación Ciudadanas, un modelo para legalizar la participación en el Estado de los llamados Colectivos. En Nicaragua estos grupos funcionan como redes de espionaje locales que sirven para amenazar y criminalizar a las personas que se opongan al Gobierno.
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En las protestas a partir de abril de 2018, estos CPC fueron usados como grupos de choque y paramilitares que apoyados por la Policía y el Ejército atacaron con armas de fuego a civiles, provocando la muerte de al menos 355 personas. Los siguientes meses otras 4 mil personas resultaron heridas de bala en diferentes partes de ese país centroamericano según reportes de organismos internacionales de derechos humanos.
En Honduras se ha explicado que estos grupos legalizarían la participación en el Estado de los llamados colectivos de Libre, que ya operan en colonias y barrios a nivel nacional. Lo que causa desconfianza es que estas Mesas de Participación son dirigidas por el Gobierno. En Nicaragua estos grupos son utilizados para atacar, acosar, espiar, criminalizar y encarcelar a opositores.
Además, Castro ha sido fuertemente juzgada por gobernar a la sombra de su esposo y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales, a quien se le dan atribuciones que podrían rosar en la inconstitucionalidad.
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Parejas gobernando
La candidatura de Castro surgió en el 2013 tras el golpe de Estado a su esposo “Mel” Zelaya (2009) que pretendía impulsar una reelección a través de una consulta popular.
En el 2017 realizó una alianza con el entonces Partido Anticorrupción (PAC), que era liderado por Salvador Nasralla, quien en un mutuo acuerdo sería el candidato presidencial. Pero en esas elecciones ganó por segunda vez el expresidente Juan Orlando Hernández en una reelección que carecía de constitucionalidad.
Con el último período de Hernández se sumaban 12 años que el Partido Nacional gobernaba en el país, pero los graves casos de corrupción en el marco de la pandemia del COVID-19 y los escándalos mediáticos internacionales que vinculaban al expresidente con el narcotráfico, hicieron que la población hondureña se decepcionara y en las elecciones del 2021 teniendo de oponente a Nasry Asfura, Castro, de nuevo junto a una alianza con Salvador Nasralla, ganó las elecciones con 51.12 % de los votos.
En todo ese tiempo anterior a su victoria electoral, su esposo Zelaya estuvo a su sombra tomando decisiones dentro del partido Libre.
Los esposos gobiernan
Ahora como presidenta, al actual asesor presidencial se le dan atribuciones que rozan en lo inconstitucional. Por ejemplo, el pasado mes de febrero de este 2023, Castro viajó a España para realizar una visita al rey de España, Felipe VI, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
Un medio de comunicación filtró un audio en el que la presidenta le delegaba a Zelaya reunirse con los cinco gabinetes de su presidencia para revisar “metas de trabajo”.
El artículo 242 de la Constitución establece que, ante las ausencias temporales del presidente o presidenta, quien deberá sustituirla será uno de los tres designados presidenciales.
Uno de los designados presidenciales, Nasralla, denunció ante los medios de comunicación que la mayoría de esas reuniones las dirige “Mel” porque “no quiere que otros se den cuenta de lo que se maneja ahí» y qué tipo de «ideología se pretende implementar».
Además, se ha visto al asesor presidencial en reuniones decisivas para Honduras, como la primera reunión de Gobierno con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
Rosario Murillo y su poder en Nicaragua
En Nicaragua, en cambio, gobierna Ortega y su esposa Murillo. Desde que el presidente nicaragüense llegó al poder en el 2007, su esposa tomó responsabilidades dentro del Gobierno, convirtiéndose en vicepresidenta electa (2017) y líder en la sombra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Incluso Ortega no duda en confirmar que en la presidencia está distribuida en un 50% para Murillo y el resto para él, como lo expresó en una de sus cadenas nacionales: “más que vicepresidenta, ella (Murillo) ejerce funciones de presidenta de la República de este país, porque aquí lo que hay es una copresidencia”.
“Tendremos que hacer alguna reforma en la Constitución para que quede establecido el principio de la copresidencia”, dijo Ortega en el acto oficial del 9 de febrero tras referirse a la excarcelación y expulsión hacia Estados Unidos de 222 personas que estuvieron ilegalmente detenidas por hasta casi tres años en Nicaragua.
Nada en Nicaragua se mueve sin que Murillo haya dado su consentimiento. Ella administra el día a día del Gobierno, controla los ministerios, alcaldías y la agenda del Ejecutivo. Quien se niega a obedecerla, inmediatamente es destituido de su cargo y tratado como traidor públicamente
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Nepotismo y clientelismo
Al tomar posesión como presidenta de Honduras (el 27 de enero del 2022), Xiomara Castro nombró su gabinete conformado por varios familiares y viejos políticos que históricamente han sido leales a los Castro-Zelaya e incluso fungieron durante la presidencia de “Mel”.
Aparte de que su esposo es asesor presidencial, su hermano Carlos Zelaya y cuñado de la presidenta es secretario del Congreso Nacional y su hija, Xiomara Hortensia Zelaya es diputada del hemiciclo.
Otro de sus hijos, Héctor Zelaya, funge como secretario privado de la presidencia, pero además es básicamente su fiel acompañante en giras diplomáticas por varios países.
Un puesto clave es el de su sobrino político, José Manuel Zelaya, que funge como ministro de Defensa.
En su totalidad el gabinete de Castro está conformado por 35 personas de Libre, dos del Partido Salvador de Honduras (PSH), uno del Partido Liberal, uno del Partido Honduras Humana, y otro sin ninguna filiación política.
¿Por qué conviene el control de la Corte Suprema?
El último nombramiento clave para Libre, abarcó la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En medio de irregularidades en la madrugada del 17 de febrero fue nombrada como presidenta Rebecca Lizette, quien además de ser partidaria del partido de Gobierno, tiene antecedentes de lavado de activos y su hija es relacionada con Juan Matta-Ballesteros, excapo hondureño de la droga que tuvo vínculos con el Cartel de Medellín y quien se encuentra detenido en Estados Unidos.
Encima su esposo José Luis Melara Murillo, es tío del esposo de la hija mayor de la presidenta Xiomara, Zoé Zelaya.
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En Nicaragua la pareja presidencial comenzó a tejer una red con su propia familia, ubicando a al menos 16 familiares en puestos claves.
Por ejemplo, los 9 hijos de Ortega y Murillo, y 6 de sus parejas son funcionarios, desde donde controlan el negocio de la distribución del petróleo, dirigen la mayoría de los canales de televisión y compañías de publicidad privada y reciben fondos estatales. Camila Ortega Murillo es la figura clave en los eventos públicos que realiza el régimen. Mientras que Laureano Ortega cumple funciones hasta de Canciller y es la figura clave en las negociaciones con China y Rusia.
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También: Nueva Corte Suprema de Justicia de Honduras ya es señalada de ilegalidades
Control absoluto de los poderes del Estado
El director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) en Honduras, Luis León, explicó a Expediente Público que “Honduras en sus últimos 15-20 años ha venido funcionando alrededor de la concentración de poderes”.
Algo que evidencia de forma clara la situación es que el expresidente Juan Orlando Hernández pudo reelegirse en el 2017 a través del control de todas las instituciones del Estado.
León explicó que esto además también ocurre en Nicaragua y prácticamente es lo “que los tiene hoy en la situación en la que se encuentran y Honduras ha venido transitando un poco más lento, pero también en caminos de control político”.
No obstante, el problema de ambos gobiernos centroamericanos es que Ortega y Castro se mostraron ante las poblaciones de sus países como candidatos libertadores y bajo la promesa de ser diferentes ganaron procesos democráticos.
En el caso de Castro ganó las elecciones con promesas de que su mandato se diferenciaría de los del Partido Nacional y en el caso de Daniel Ortega, se mostró como un líder que ayudó a derrocar la dictadura de los “Somoza” que tanto daño hizo al pueblo nicaragüense durante cuarenta años.
En Honduras la familia Castro Zelaya tiene el control de los poderes Ejecutivo, Legislativo y la Corte Suprema de Justicia.
La Junta Directiva del Congreso Nacional, que es señalada de ilegal, es gobernada por Luis Redondo, un fiel aliado del Gobierno de Castro-Zelaya. Además, el viceministro es Rasel Tomé, es un seguidor histórico de Libre y el hermano de “Mel Zelaya”, Carlos Zelaya es el secretario de ese poder.
¿Qué pasa con el Congreso?
A pesar de que Libre solo tiene 50 diputados en el Congreso Nacional y no llegan ni a mayoría simple (65 votos) para tomar decisiones, a través de negociaciones con el Partido Nacional (44) y Partido Liberal (22), puede aprobar las leyes que le convengan.
Libre domina la directiva del Congreso al tener a siete diputados de nueve, siendo clave la presidencia que si bien la preside Luis Redondo, electo en la casilla del PSH, ahora abiertamente responde a la presidenta Castro lo que favorece que la agenda del oficialismo se imponga.
Las secretarías legislativas las ocupan todos diputados de Libre, incluido el hermano del expresidente, Carlos Zelaya por lo que solo las leyes que convienen al gobierno pasan a ser prioridad. Otra muestra de que el Legislativo se está alineando a los intereses de los Castro Zelaya es que los diputados del Liberal están votando con el oficialismo, y de mantenerse se le aseguran 82 votos en el Congreso.
Quien controla la Corte define el poder político
La CSJ además de quedar a cargo de Rebecca Lizette, allegada a los Castro Zelaya, también está distribuida de manera estratégica. Libre tiene 6 magistrados (mayoría), los Liberales tienen 4 pero uno de ellos, Milton Jiménez, es cercano al expresidente Mel Zelaya; y los Nacionales tienen 5. Con Jiménez el Gobierno podría tener el control de este poder del Estado.
Asimismo, pasando por encima de la Constitución, se eligieron seis magistrados suplentes o integrantes (dos de Libre, dos nacionalistas y dos Liberales) cuya función es sustituir a los propietarios en las diferentes salas.
Esto puede servir como jugada para tomar futuras decisiones judiciales. Por ejemplo, la Sala Constitucional está conformada por dos magistradas de Libre, una Liberal y dos del Partido Nacional. En caso de ausentarse uno del Nacional, podría sustituirlo uno de Libre y tener mayoría.
¿Debe preocupar la concentración de poder de los Castro Zelaya?
Edgar Gutiérrez Aiza, candidato a doctor por la Universidad de Oxford del Reino Unido, explicó a Expediente Público que el problema de las concentraciones del país “es cuando se le combina con la ocupación de las Cortes, eso ya son banderas rojas”.
Un punto también validado por Úrsula Indacochea, presidenta del programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso. Indicó a Expediente Público que las alarmas no solo se encienden con los “vínculos familiares o como de clan, en puestos dentro del Ejecutivo, uno podría decir son cargos de confianza” si no también y en mayor medida “cuando se está involucrando a otros poderes del Estado”.
De acuerdo a Elvira Cuadra, socióloga nicaragüense, cuando “Daniel Ortega regresó a la presidencia ya tenía un control bastante fuerte sobre eso dos órganos del Estado”.
Luego de las acusaciones de corrupción del líder del Partido Liberal Arnoldo Alemán por desvío de donaciones a los afectados del huracán Mitch que afectó Nicaragua en 1998, Ortega firmó un pacto de impunidad en el que sandinistas y liberales se repartieron las magistraturas de la Corte Suprema y el Consejo Supremo Electoral (CSE), lo que les permitió reformar la Ley Electoral y allanarle el camino a Ortega para ganar las elecciones presidenciales de 2006.
¿Cómo lograron los Ortega Murillo tomar el poder?
Cuadra explicó que aun así Ortega no tenía “la Asamblea Nacional controlada, estaba dividida en varias bancadas donde existía alguna fuerza de oposición política».
Pero el punto crítico fueron las elecciones del 2011 cuando contraviniendo abiertamente lo que estaba dispuesto en la Constitución, que prohibía la reelección presidencial, «él (Ortega) presentó su candidatura al Consejo Supremo Electoral que ya estaba bajo su control, lo que le permitió la inscripción de su candidatura”.
En este paso fue clave, en 2009, la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (controlada por el sandinismo) que declaró inaplicable la prohibición de la reelección presidencial continua.
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La socióloga manifestó que a partir de ahí Ortega logró la mayoría parlamentaria que le permitió reformar varias veces la Constitución, incluyendo la del 2014, que consistió en eliminar el artículo 147 que tenía que ver con la reelección presidencial.
Perpetrarse en el poder
“Cambió algunos elementos que le permitieron reforzar su alianza con el sector privado y también la posibilidad de tener mayor control sobre el Ejército y la Policía que han sido dos instituciones claves para él en la medida que ha avanzado el tiempo”, ilustró Elvira.
“Realmente él (Ortega) ha construido un poder total sobre todas las instituciones públicas y cuando digo todas, me refiero a los otros poderes del Estado”, lamentó.
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A pesar de que Honduras y Nicaragua tienen similitudes, Cuadra cree que sus procesos políticos son diferentes y “tienen que ver con algo que está ocurriendo en toda Centroamérica y que tiene que ver con un giro autoritario”.
Ortega se reeligió en 2021 por quinta vez, cuarta vez consecutiva, en unas elecciones calificadas como fraudulentas y carentes de transparencia ya que no hubo observación electoral, encarceló a todos los precandidatos presidenciales, cerró medios de comunicación, organismos de la sociedad civil y acusó judicialmente a todo aquel que lo criticara.
